La paradoja de los menores migrantes en Ceuta

Ceuta vive un drama que trasciende la política y las leyes: la llegada de menores migrantes no acompañados pone en riesgo vidas y genera un dolor colectivo profundo.

Cada año, decenas de niños arriesgan su vida cruzando el mar en condiciones extremas, confiando en que lograrán llegar a tierra segura. Sin embargo, demasiadas veces, esos riesgos terminan en tragedia: los cuerpos de niños fallecidos aparecen en nuestras costas, recordándonos la vulnerabilidad de los más pequeños y la exposición a peligros que nadie debería enfrentar.

El dolor no es solo de sus familias o de las instituciones: los ceutíes sentimos esa tragedia como propia. Cada niño perdido es un recordatorio de que nuestra ciudad está en primera línea de un drama humano que nos supera. La inmensa mayoría de los ciudadanos entendemos que arriesgar la vida en el mar nunca merece la pena y que estos menores deberían estar con sus familias, protegidos, escolarizados y atendidos en un entorno seguro.

Paradójicamente, las leyes actuales, al impedir la repatriación rápida a Marruecos, crean un efecto llamada: muchos jóvenes sienten que, aunque peligrosa, su travesía puede culminar en protección y recursos en Ceuta. Si existiera un mecanismo seguro de retorno a sus familias en Marruecos, muchos reconsiderarían el riesgo de lanzarse al mar, evitando tragedias que duelen a toda la ciudad.

Este dolor colectivo debería ser un motor para revisar la legislación y las políticas migratorias, equilibrando la protección de los menores con su seguridad real y su derecho a estar con sus familias, evitando que vidas inocentes sigan perdiéndose en nuestras aguas.

Como ciudadano ceutí, he observado durante años cómo nuestra ciudad se ha convertido en un punto de llegada para miles de menores migrantes no acompañados procedentes de Marruecos. Cada año, la noticia de que cientos de jóvenes llegan por la frontera genera titulares, debates políticos y sociales, pero muy pocas veces se explica la verdadera raíz del problema: Y la respuesta es bien sencilla, no es Marruecos quien se niega a acogerlos de vuelta, sino un entramado legal español y europeo que hace casi imposible su repatriación.

Al mismo tiempo, hemos asistido a un fenómeno preocupante: la instrumentalización de los menores migrantes por la extrema derecha. A través de cientos de miles de mensajes y actuaciones públicas, que genera odio, racismo y miedo, responsabilizando falsamente a Marruecos de un problema que es, en realidad, legal y estructural.

Esta combinación de leyes genera efectos visibles en nuestra ciudad: saturación de centros de acogida, presión sobre el Área de Menores: perteneciente a la consejería de Presidencia y Gobernación y conflictos sociales que la extrema derecha explota sistemáticamente. Mensajes en redes, declaraciones de políticos y campañas mediáticas que solo buscan generar miedo, odio y racismo, responsabilizando a Marruecos de un problema que no existe en su voluntad, sino que es consecuencia de la legislación española y europea.

Sin embargo, mientras España y Marruecos colaboran para proteger a los menores, la extrema derecha muestra un desinterés absoluto por la vida de estos niños y por soluciones reales. Lo que verdaderamente les importa no es evitar tragedias ni garantizar retornos seguros, sino sacar rédito político del drama, alimentando miedo, odio y racismo para polarizar a la ciudadanía. Cada titular sensacionalista o mensaje alarmista busca más dividir que ayudar, convirtiendo un problema humano y legal complejo en una herramienta de propaganda política.

La vida humana como valor absoluto

En Ceuta, cada tragedia de menores migrantes nos recuerda que nada puede estar por encima de la vida humana. No hay argumento legal, político o económico que justifique que un niño arriesgue su existencia en el mar. La protección de la vida debe ser la prioridad absoluta, y cualquier medida que ponga en riesgo a los más vulnerables es inaceptable.

Si extrapolamos este principio al ámbito religioso, incluida la perspectiva islámica, avalúan la defensa de la vida ante cualquier situación. La preservación de la vida es un mandato ético fundamental: proteger a los inocentes, garantizar su bienestar y evitar que sean expuestos a peligros innecesarios no es solo un deber legal o social, sino también moral y espiritual.

Es importante subrayar que pedir la repatriación de los menores a su país de origen, por parte de todas las personas de bien, especialmente para que estén con sus familias, no es un acto de odio ni de racismo.

Muy al contrario, se trata de velar por el bienestar del niño, asegurando que crezca protegido, acompañado de sus seres queridos, en un entorno seguro y estable. No debemos olvidar el profundo arraigo que estos niños sienten por su país, y que lo que les empuja a arriesgar sus vidas en travesías peligrosas es precisamente la falta de oportunidades y condiciones de bienestar en su entorno familiar y social.

La verdadera solución al drama de los menores migrantes no pasa por mantenerlos temporalmente en Ceuta ni en otro lugar, ni por prolongar su estancia sin retorno. Sino por garantizarles estabilidad en su país de origen, con atención integral que incluya protección, escolarización, cuidados de salud y apoyo familiar, tal como merecen todos los niños. Solo asegurando estas condiciones se evita que tengan que buscar fuera lo que debería estar garantizado en su hogar.

Defender el derecho de los menores a estar con su familia es un principio universal de protección infantil, respaldado tanto por la legislación española y europea como por la Convención de Derechos del Niño.

Ceuta sufre, Marruecos no es el problema

Es hora de dejar de disfrazar la realidad: Marruecos no se niega a acoger a sus menores, y las autoridades marroquíes están dispuestas a colaborar con España para garantizar que vuelvan a sus familias o a centros de acogida seguros.

Existen acuerdos bilaterales que contemplan expresamente este retorno, pero la legislación española y europea bloquea cualquier repatriación rápida, creando un vacío que se paga con el sufrimiento de los niños y el drama diario en nuestras costas.

Cada cuerpo que aparece en nuestras aguas nos recuerda que las leyes actuales no solo son insuficientes, sino que generan riesgos innecesarios. Mientras tanto, la extrema derecha manipula esta tragedia, señalando falsamente a Marruecos como culpable y difundiendo miedo y odio con fines políticos. Nada de esto protege a los menores; solo sirve para dividir a nuestra sociedad y sacar rédito electoral de la desesperación ajena.

Debemos llamarlo por su nombre: el problema no está al otro lado de la frontera, sino en cómo nuestra propia legislación impide que estos niños regresen a casa y estén seguros con sus familias. Ceuta merece una política honesta, que priorice la vida y el bienestar de los menores por encima de intereses políticos y campañas de miedo.

Es por ello nos preguntamos: ¿Por qué los menores migrantes no regresan a su país de origen, aunque Marruecos esté dispuesto a recibirlos?

El “muro” legal español

En España, la legislación de protección infantil, incluida la Ley Orgánica de Extranjería, establece que todo menor debe quedar bajo la tutela de los servicios sociales. En Ceuta, esta responsabilidad recae en el Área de Menores, dependiente de la Consejería de Presidencia y Gobernación. Cualquier retorno debe respetar siempre el interés superior del menor, conforme a la Convención de Derechos del Niño. Esto implica que:

• Cada caso se evalúa de manera individual; no se permiten devoluciones colectivas.
• Es necesaria la participación de fiscales especializados y la audiencia del propio niño.
• Deben comprobarse garantías de acogida en el país de origen: familiares, centros de protección, escolarización y acceso a la salud.

Sentencias recientes del Tribunal Supremo español han confirmado estas exigencias, anulando devoluciones exprés a Marruecos. En la práctica, esto dificulta la repatriación inmediata, aunque Marruecos esté dispuesto a acoger a sus menores.

Marco europeo y exceso de proteccionismo

La legislación europea, a través de la Carta de Derechos Fundamentales y la Directiva de Retorno 2008/115/CE, añade capas de protección que hacen prácticamente imposible la repatriación rápida. La normativa prohíbe devoluciones colectivas y exige que el retorno respete la integridad física y psicológica del menor, garantizando un entorno seguro y familiar.

Esto crea un efecto legal que, aunque protege a los menores, se convierte en un obstáculo administrativo real.

Colaboración España-Marruecos para proteger a los menores en el mar

A pesar de las dificultades legales para la repatriación rápida, España y Marruecos trabajan conjuntamente para reducir los riesgos que enfrentan los menores que intentan llegar a Ceuta.

La Guardia Civil marítima española y la Gendarmería Marina marroquí coordinan operaciones de vigilancia, rescate y devolución segura en el mar, arriesgando sus propias vidas, con el objetivo de evitar tragedias y minimizar la pérdida de vidas humanas.

Esta cooperación permite intervenir de manera rápida cuando los menores se encuentran en situaciones de peligro en la frontera marítima, asegurando que reciban atención inmediata y protección. Gracias a este trabajo conjunto, muchas entradas potencialmente dramáticas se resuelven sin víctimas, demostrando que la prevención y la coordinación internacional son esenciales para proteger la vida de los niños antes de que intenten riesgos innecesarios en el mar.

Ceuta no puede más

La tragedia de los menores migrantes en Ceuta ha dejado de ser un problema lejano para convertirse en una crisis que nuestra ciudad ya no puede soportar. La extrema derecha explota el drama para sembrar miedo y odio, mientras la legislación española y europea, diseñada para proteger, termina bloqueando soluciones rápidas que podrían salvar vidas.

La realidad es clara: los niños merecen regresar a sus familias en un entorno seguro, y Ceuta necesita que se actúe con responsabilidad, valentía y humanidad. No se trata de culpables imaginarios al otro lado de la frontera, sino de una gestión legal y política que debe priorizar la vida y el bienestar de los menores sobre intereses electorales.

Cada día que se prolonga esta situación, cada niño que arriesga su vida en el mar, Ceuta sufre más. Nuestra ciudad exige soluciones reales, coordinación efectiva con Marruecos y políticas que protejan de verdad a los más vulnerables. No podemos permitir que la vida de los niños siga siendo moneda de cambio en campañas políticas.