El diputado de Caballas, Juan Luis Aróstegui, culpó ayer al Gobierno local de estar fomentando lo que considera un “fraude de ley” al sustituir contratos laborales por otros de prestación de servicios, “esto es, contratando a trabajadores autónomos”, explicó. Este era el objeto de una interpelación presentada por Caballas para conocer el número de contratos administrativos de estas características que hay en la Administración. El diputado del primer partido de la oposición advirtió de la “ilegalidad manifiesta” que supone este tipo de contrataciones, así como por el hecho de que “permiten eludir los principios de igualdad,mérito y capacidad que rigen en la Administración”.
Por su parte el portavoz del Ejecutivo, Guillermo Martínez consideró que estos contratos, que cifró en 24, no suponen una práctica habitual en la Ciudad, sino que se reservan para determinados servicios, “por lo que ni sustituyen una relación laboral no son un fraude de ley”.
Servicios “puntuales”
Martínez precisó que se trata de prestaciones relacionadas fundamentalmente con el ámbito social y educativo, cuestiones “puntuales y complementan a servicios públicos”, aseveración que fue contestada por el diputado de Caballas al advertir de que, entre este tipo de autónomos se encuentran desde un ordenanza “hasta la mecanización de las becas, vamos el que las mete en el ordenador”, dijo.
“Esto es un espanto”, añadió para conminar al Gobierno de Vivas a que cese en este tipo de prácticas, “que son suficientemente graves como para cortar de raíz”.
El diputado de Caballas también consideró que, con esta fórmula se consigue un acceso a la administración “por la puerta falsa y de forma indebida”, a lo que el consejero respondió que al tratarse de contratos mercantiles no generan derechos y tampoco cargas para la administración, como por ejemplo, una indemnización, “por lo que se no se trata de una actividad fraudulenta”.
