La Policía Nacional es, sin lugar a dudas, uno de los pilares fundamentales de la seguridad en España. Sus agentes están presentes en todo el territorio nacional, realizan funciones clave en la lucha contra el crimen organizado, el terrorismo, la violencia de género, los delitos tecnológicos o la inmigración irregular, y actúan con profesionalidad, rigor y vocación de servicio. Sin embargo, hay una realidad profundamente injusta que no se puede seguir ignorando: los agentes de la Policía Nacional cobran menos que muchos policías autonómicos y locales, a pesar de tener más competencias, una formación más exigente y una oposición mucho más dura.
¿Cómo es posible que un policía nacional que trabaja en condiciones a menudo más complicadas, con una movilidad geográfica constante y mayores responsabilidades, perciba un sueldo inferior al de cuerpos autonómicos como los Mossos d’Esquadra o la Ertzaintza? ¿Por qué se consiente que haya policías locales que, en algunos municipios, cobren mucho más que quienes protegen aeropuertos, vigilan las fronteras o combaten redes internacionales de delincuencia?
Esto no es una cuestión de celos ni de rivalidad entre cuerpos. Es una cuestión de justicia y de respeto institucional. La desigualdad salarial no solo es injusta, sino que desmotiva, genera frustración y deteriora la imagen del propio Estado. Se trata de una brecha que debería haberse cerrado hace mucho tiempo.
Las oposiciones para acceder a la Policía Nacional son notoriamente más exigentes que muchas pruebas locales o autonómicas. La preparación es larga, dura y rigurosa. Los agentes pasan por una formación académica completa en la Academia de Ávila, y continúan especializándose durante años en unidades tan complejas como los GEO, la Policía Científica o la UDEF.
¿No merecen estos profesionales un salario digno, acorde a su nivel de responsabilidad y entrega?
Ya no valen excusas. Los aplausos y reconocimientos puntuales no pagan las facturas ni compensan las horas de sacrificio. La equiparación salarial real y completa es una deuda pendiente con quienes protegen a todos los españoles, sin distinciones territoriales ni colores políticos.
Equiparar no es un privilegio, es un acto de justicia. Es reconocer el valor, la profesionalidad y la entrega de un cuerpo que está siempre en primera línea. Es, en definitiva, reforzar el Estado de derecho y garantizar que ningún servidor público cobre menos por hacer más.
