Caballas preguntará en el pleno de este mes por qué el Ejecutivo ha reconocido a través de un documento privado una deuda de 1.978.967 euros a la empresa Acciona por una revisión de precios que no cuenta con los informes técnicos ni jurídicos que avalen tal circunstancia por las obras de construcción de las 86 viviendas de las torres del Hacho.
Según mantiene la coalición, en el plan de pago a proveedores se ha incluido una deuda con la empresa Acciona Infraestructuras por importe superior a 900.000 euros, como consecuencia de una sentencia judicial en la que se reconoce una “revisión de precios” a favor de la citada empresa. “Del expediente se deduce que la sentencia desfavorable encuentra su argumentación en un documento privado firmado por el consejero de Hacienda con la empresa el 30 de noviembre de 2008, en el que se reconoce expresamente la existencia de una deuda de 8.624.872,59 euros, en la que figuran 1.978.967,15 euros correspondientes a una revisión de precios. Este documento, que además recoge un calendario de pagos, no se encuentra acompañado de informe alguno”, advierte en su argumento Caballas.
Lo que busca la coalición, y lo hará por boca del concejal Juan Luis Aróstegui, es que la Ciudad dé una explicación sobre estos hechos.
“En el expediente”, añade Caballas, “sí figuran al menos dos informes que cuestionan la procedencia de la revisión de precios, y en los que se hace referencia a la obligatoriedad de computar las penalizaciones para obtener el resultado de la liquidación final. En uno de los informes aparece cuantificada la penalización (alrededor de 2.500.000 euros). El Gobierno se negó posteriormente a cumplir el citado acuerdo, obligando a la empresa a entablar las acciones judiciales que le resultaron favorables”, concluye.
La coalición interesará del Gobierno conocer las razones por las que no se cumplió el acuerdo firmado por el consejero de Hacienda el 30 de noviembre de 2008.
