A tenor delo visto ayer en la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia que convocó el Ministerio, parece improbable que se produzca un acuerdo entre las comunidades autónomas para el reparto de los menores inmigrantes que se encuentran en Ceuta o Canarias. Conforme se van sucediendo los encuentros, la situación es más enconada entre las partes, con lo que con la ley en la mano será el Gobierno central el que determine cuántas de estas personas tienen que acoger las regiones.
Pese a esta falta de sensibilidad por la mayoría de las autonomías, las cifras expuestas ayer por el secretario de Estado Rubén Pérez no dejan lugar a dudas. Así, dio a conocer que cada comunidad debería acoger a uno de estos menores por cada 100.000 habitantes, lo que significaría que a Ceuta le corresponderían 27, frente a los 526 que tiene contabilizados el Ejecutivo en la ciudad a día de hoy.
Por el contrario, hasta 15 comunidades autónomas atienden una cifra inferior de menores a lo que en realidad les tocaría siguiendo la pauta marcada por el Ministerio de Juventud e Infancia. Solo con esos datos debería bastar para que los gobernantes regionales mostraran algo más de empatía con los territorios que, como es el caso de Ceuta, arrastran una realidad insoportable.
Ante este panorama, la Ciudad tiene que seguir firme en su posición de pedir una solución al problema cuanto antes y reclamar al Gobierno que declare la situación de contingencia migratoria en Ceuta, ya que su ocupación triplica la capacidad que debería tener asignada. Esa es una de las condiciones exigibles y ha quedado ratificado que la ciudad cumple con las exigencias para que se produzca esa proclamación.
Es cierto que para el reparto de los menores se tendrán en cuenta otros criterios, además de los poblacionales, pero la gravedad de la coyuntura que está viviendo la ciudad obliga a apremiar al Ejecutivo a que cumpla lo antes posible en la resolución de esta crisis migratoria. Y debe hacerlo además con todas las garantías, tanto para la Administración local como para los propios menores, de acuerdo a lo que dicta la legislación vigente y el respeto a los derechos humanos.
Ceuta, junto con Canarias, merecen todo el consideración, apoyo y solidaridad ante el hacinamiento de personas menores de edad que están padeciendo, algo de lo que no están haciendo gala precisamente el resto de comunidades autónomas. Aún están a tiempo de rectificar.
