Esto es al menos lo que el departamento de Ana Pastor tiene previsto hacer enbreve, tal y como se especifica en el proyecto de Presupuesto de Fomento para este año, en el que se destaca que, debido al ajuste presupuestario llevado a cabo en 2012 respecto a años anteriores se aplicarán lo que se denominan “mejoras en la gestión”, entre las que se incluye la exigencia de este certificado, que será expedido por la Ciudad Autónoma y por un periodo de validez determinado, así como la supresión de la bonificación para la clase business(club).
Esta medida ha sido acogida con cautela por la Ciudad Autónoma, cuyo portavoz, Guillermo Martínez, solo se atrevió a decir ayer, a falta de mayor información, que habrá que conocer los términos en los que está dictada “exactamente” la resolución y cómo será la fórmula para acreditar la residencia de manera efectiva.
En cualquier caso Martínez consideró que, tal y como están las circunstancias, se trata de un requisito “justo” y que la administración local deberá articular el mecanismo para que los residentes no se vean perjudicados a la hora de obtener la bonificación. A cambio , el Gobierno central ha garantizado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2012, cuyo borrador se ha presentado esta semana, el mantenimiento de las bonificaciones del 50 por ciento en el transporte aéreo y marítimo para los residentes insulares, según consta en el proyecto presupuestario. La titular del Departamento, Ana Pastor, enmarcó esta medida en las mejoras de gestión que pretenden introducir en estas subvenciones, para evitar así una reducción mayor de las mismas. "Se sufragan las deducciones legales que disfrutan los residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, aplicables a las tarifas de los transportes de tráfico regular directo entre las áreas geográficas o ciudades mencionadas y la Península, tanto en trayecto de ida como de vuelta, así como a desplazamientos interinsulares dentro de sus archipiélagos correspondientes", explica el articulado. Pese a todo ello, durante la presentación del Presupuesto de Fomento para 2012 Pastor aseguró que “los residentes no peninsulares mantienen el derecho a percepción de bonificaciones al transporte aéreo y marítimo en condiciones iguales a años anteriores”. Fomento destinará 285 millones de euros para subvencionar los billetes de avión a estos ciudadanos en 2012, un 17% menos que en 2011, y otros 48 millones para ayudar a costear los billetes de transporte marítimo, un 43% menos.
Además, ha programado 12 millones para compensar a distintos operadores por prestación de transportes con carácter de servicio público. Estos servicios son cuatro rutas aéreas intracanarias, una ruta aérea entre Madrid y Menorca, y varias líneas marítimas (Algeciras-Ceuta, Málaga-Melilla, Almería-Melilla y Península-Canarias).
El PSOE augura que causará “mucho perjuicios” a los ceutíes
Los socialistas creen que existe otra manera de luchar contra el fraude, “otros mecanismos que no impliquen dudar del 100% de los ceutíes que van a comprar un billete de barco”, destacó el secretario de Economía y Empleo del PSOE, José María Mas. Este partido considera que es un “tremendo error” cambiar ahora un procedimiento para acreditar la residencia que lleva años funcionando sin causar mayores problemas a los ciudadanos, que a partir de la entrada en vigor del PGE tendrán un billete más caro “porque a su precio de tarifa habrá que sumarle la tasa por expedición del certificado por parte de la Ciudad”.
El PSOE advierte igualmente de la “sobrecarga” de trabajo que la expedición de este documento, imprescindible para salir de viaje, supondrá a los funcionarios de los Registros de la Ciudad, así como “más molestias a la ciudadanía”, que deberá acudir periódicamente a las dependencias
municipales a actualizar su certificado de residencia. El PSOE también lanza otra advertencia: “¿Qué pasará con aquellas personas que deban salir apresuradamente de viaje y no dispongan del certificado en vigor?, Pues que no podrán acogerse a la bonificación”, lamenta Mas, para quien al final este cambio no es sino “poner más trabas burocráticas e inconvenientes al ciudadano” y augura que no tendrá efecto alguno en la lucha contra el fraude.
