CCOO ha expresado su “oposición radical” a la reciente decisión del Imserso en Ceuta de externalizar, mediante un contrato menor, parte del servicio de valoración de la discapacidad. El sindicato considera que esta medida es “ilegal” y que responde a la “incapacidad” de la Dirección Provincial para gestionar adecuadamente sus competencias.
Según ha denunciado CCOO, esta privatización afecta a un servicio esencial y se ha materializado mediante la adjudicación directa a una clínica privada local. La medida busca dar salida a más de 1.500 expedientes acumulados con un retraso de hasta un año y medio.
CCOO denuncia falta de voluntad para soluciones públicas
Desde el sindicato aseguran que esta decisión se ha tomado “de manera absolutamente irresponsable e irregular” y advierten de que existen alternativas públicas viables que han sido planteadas sin éxito en sucesivas reuniones de la Comisión Ejecutiva del Imserso.
Entre las opciones propuestas por CCOO se incluyen la movilidad geográfica provisional de personal médico del propio organismo, la colaboración con facultativos del Ingesa a través de encomiendas de gestión, o una reorganización interna del personal disponible.
“Por tanto, no es cierto que no existan medios públicos para desarrollar este servicio”, recalca el sindicato.
“Privatizar informes médicos es renunciar a las garantías públicas”
Comisiones Obreras considera que esta “disparatada privatización” supone una “inadmisible renuncia” por parte de la Administración a ejercer su potestad pública. A juicio del sindicato, esto compromete la imparcialidad del proceso de valoración, así como el cumplimiento de normativas fundamentales como la ley de protección de datos y la ley de incompatibilidades del personal público.
Además, critican la utilización de un contrato menor como fórmula de adjudicación por tratarse del mecanismo con “menos controles y transparencia”. La contratación directa, señalan, vulnera la Ley de Contratos del Sector Público, especialmente si se tiene en cuenta que solo se resolverán 800 de los más de 1.500 expedientes pendientes.
“¿Qué sucederá con los demás?”, se pregunta CCOO, advirtiendo de que una posible reiteración de este procedimiento podría incurrir en “prevaricación por fraccionamiento de contrato”.
“15.000 euros por 800 valoraciones complejas no garantiza rigor”
La organización sindical también ha puesto en duda la calidad de las valoraciones médicas contratadas. Según informan, el contrato menor adjudicado tiene un coste de 15.000 euros, el máximo permitido por esta modalidad. Con ese importe, se pretenden realizar 800 valoraciones médicas, lo que, en palabras de CCOO, implica valorar “informes al peso”.
Desde el sindicato denuncian que este modelo compromete la rigurosidad de un proceso con “enorme repercusión en la vida de muchas familias vulnerables”. En este sentido, recalcan que las valoraciones de discapacidad no son un mero trámite administrativo, sino que afectan directamente a derechos y recursos fundamentales para las personas dependientes y sus familias.
Una llamada a revertir la decisión
Ante este escenario, CCOO exige la revocación inmediata del contrato adjudicado y reclama al Imserso que explore, con urgencia, las vías públicas ya planteadas para solucionar el atasco de expedientes. También solicita mayor transparencia, control institucional y compromiso con los principios de la gestión pública.
Por último, el sindicato recuerda que seguirá vigilante ante cualquier nuevo intento de externalización que, en su opinión, degrade la calidad del servicio y ponga en riesgo derechos sociales fundamentales.
Críticas
El funcionamiento del Imserso ha sido duramente criticado, especialmente por el Partido Popular, que ha calificado la situación de "colapso absoluto", también por Ceuta Ya!, que tildó de "disparate" externalizar las valoraciones médicas.
Para los populares, el retraso en las valoraciones de discapacidad refleja un "abandono total" por parte del gobierno, lo que ha generado una situación insostenible. Además, han exigido medidas inmediatas para abordar la crisis, alertando sobre la posibilidad de denuncias judiciales por parte de familias afectadas. Estas familias denuncian que la falta de una valoración médica oportuna está afectando gravemente su calidad de vida, lo que provoca perjuicios significativos.
Según los datos proporcionados por el PP, más de 1.500 personas en Ceuta aún esperan ser valoradas. En respuesta a esta situación, el Defensor del Pueblo emitió unas recomendaciones al Imserso tras una investigación que abordó las quejas recibidas tanto en Ceuta como en Melilla.
