La asociación de la Guardia Civil, Jucil, y su secretario general, Ernesto Vilariño, interpusieron el pasado 28 de febrero, sendas querellas por injurias y calumnias y revelación de secretos contra el exsecretario de Comunicación, Agustín Leal, dos secretarios provinciales y otros dos miembros de la organización que tiene representación en Ceuta.
“Estas personas han orquestado una campaña pública de desprestigio contra la dirección de Jucil, utilizando para ello canales internos y externos”, denuncian en un comunicado.
“Durante los últimos meses, los querellados han acusado falsamente a la cúpula directiva de Jucil y, de manera específica, a su secretario general, de presuntos delitos de estafa, apropiación indebida y otros, con el único fin de generar una crisis interna que debilite la imagen de la asociación para desplazarlos de la dirección”, añade.
Denuncias en el juzgado
Ante esta situación, Jucil ha destacado la presentación por la vía legal de dos querellas tanto en nombre de la asociación como a título personal por parte del secretario general. Una de ellas, ya registrada en el Juzgado de Instrucción nº 1 de León, ha sido admitida a trámite.
“Como reacción, las cinco personas querelladas presentaron una denuncia en los juzgados de León, que ha sido archivada provisionalmente mientras se solicita una aclaración al secretario de Finanzas de Jucil. A día de hoy no existe causa abierta alguna contra la dirección. El juzgado número 3 de León se ha limitado a realizar diligencias previas”, insiste la asociación.
Respaldo
El comité ejecutivo nacional de Jucil y su secretario general, Ernesto Vilariño, aseguran contar con el respaldo de la red de secretarios provinciales, “quienes han firmado un documento en contra de la actuación de Agustín Leal y las otras personas implicadas en la campaña de agitación contra la actual dirección, de la que el propio Leal formó parte hasta su dimisión el pasado mes de diciembre”.
“Cabe recordar que en una de sus primeras comunicaciones públicas involucraron de forma manipulada a varios provinciales que habían firmado una carta meses antes. Tras las reuniones informativas y la puesta en marcha de una auditoría externa ya en el mes de enero, de aquellos supuestos 21 integrantes de la plataforma, sólo quedan cinco”, indican.
Expedientes abiertos
“Por otro lado, como parte de este proceso, estas personas han sido expedientadas y apartadas de sus funciones conforme a los estatutos por actos de deslealtad que forman parte de una segunda causa disciplinaria actualmente en curso”, añade la asociación en un comunicado.
Las penas asociadas a los delitos de injurias y calumnias con publicidad pueden alcanzar hasta dos años de prisión y multas económicas significativas, conforme al Código Penal español, especialmente cuando estas se dirigen a representantes públicos o afectan al prestigio de una entidad profesional.
El Código Penal contempla el agravante de publicidad cuando se utilizan medios de comunicación para amplificar las calumnias e injurias, “como ha sido el caso”, expone Jucil.
Advertencia de expediente
Además de ser condenados en los tribunales, “a estas personas se les puede abrir un expediente disciplinario en la Guardia Civil. En el caso concreto de Agustín Leal, esta persona ha sido objeto de varios expedientes disciplinarios por parte de la dirección de la Benemérita, alguno de los cuales sigue su curso en la actualidad. Según la ley disciplinaria de la Guardia Civil, estos procesos pueden terminar en la separación del servicio, es decir, en la expulsión del Cuerpo”, puntualiza Jucil.
Ernesto Vilariño asegura que no van a parar hasta restaurar la buena imagen de la asociación. “Llevamos seis años dejándonos la piel en defensa de los derechos de los guardias civiles, saliendo a la calle con movilizaciones y reclamando lo que por justicia nos pertenece como la equiparación salarial, y lo vamos a seguir haciendo. Quien juega con el honor y la lealtad que nos precede como guardias no es bienvenido en Jucil”.
