El Gobierno que preside Juan Vivas abrirá a finales de mes o en abril, cuando cierre el proceso de reordenación del sector público local que se debe encauzar definitivamente en el Pleno del día 26 con la aprobación de un Plan de Sostenibilidad a diez años vista el melón de la nueva reducción de altos cargos que prevé acometer en su estructura actual.
La consejera de Presidencia y Gobernación, Yolanda Bel, tiene previsto incluir en esa reestructuración el retorno a su plaza del superintendente titular de la Policía Local, Ángel Gómez, para suplir a su ocupante accidental, José Antonio Sorroche, al que no dejan de lloverle críticas desde las centrales sindicales y ya hasta desde los escaños de la oposición.
Próximo a su jubilación, para que le quedan pocos años, Gómez ejerce actualmente como director general de Protección Civil y Emergencias de la Administración local, cargo que se amortizaría con su salida para terminar de refrendar la voluntad de austeridad del Ejecutivo ceutí, tal y como han adelantado a esta redacción fuentes del mismo.
El retorno de Gómez al frente de la Policía Local en lugar de Sorroche está en los mentideros de la ciudad desde hace meses, aunque la titular de Gobernación ha desmentido en reiteradas ocasiones que estuviese en sus planes inmediatos.
Durante la última semana de febrero, Bel recibió un escrito de los sindicatos arremetiendo contra Sorroche y sugiriendo la conveniencia de su reemplazo. La consejera intentó entonces templar gaitas pidiendo a CCOO, UGT y CSI.F, firmantes de la misiva, que aparcasen durante un tiempo el conjunto de sus peticiones porque en las próximas semanas habría una reestructuración dentro del organigrama policial que no les detalló, tal y como informó ‘El Faro’ en su edición del día 27 del mes pasado.
Este martes fue el primer grupo de la oposición en la Asamblea, la coalición Caballas, el que arremetió contra el Ejecutivo y Sorroche por igual. Al primero le afeó prometer a los ceutíes una reorganización del Cuerpo que según su criterio “no es más que un nuevo engaño a la ciudadanía". Al superintendente accidental le acusó de haber dado “sobradas muestras de incompetencia" con la toma de decisiones “arbitrarias” que, además de rectificaciones judiciales, sólo han conseguido "generar un profundo malestar en amplios sectores de la plantilla".
