Un agente de la Policía Nacional y otro de la Guardia Civil, además de un gestor administrativo colegiado están entre los siete detenidos en Melilla acusados de facilitar la inmigración con falsos contratos de trabajo a personas de Marruecos.
Ha sido una investigación compleja que ha sacado a la luz el negocio redondo gestado en torno a los falsos contratos de trabajo para favorecer esa inmigración que ahora ha salido a la luz en Melilla, pero que evidencias prácticas delincuenciales que buscan hacerse fuertes en la ciudad hermana al igual que en Ceuta.
A los detenidos se les acusa de pertenecer a una red contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.
Los dos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, uno de ellos perteneciente a la Jefatura Superior de Policía y otro a la Comandancia de la Guardia Civil, ambos destinados en Melilla, han sido puestos este viernes a disposición judicial.
Investigación de la UCRIF
Junto a ellos han sido llevados igualmente ante el juez los otros cinco arrestados en esta actuación llevada a cabo por la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (Ucrif) de la Jefatura Superior de Policía de Melilla, tras una pormenorizada investigación.
La Policía de Melilla ha detallado que "esta organización favorecía la inmigración ilegal de personas de origen marroquí mediante la celebración de falsos contratos de trabajo como empleados de hogar".
Durante las pesquisas, los agentes han realizado dos entradas y registro en domicilios. Además, se han incautado de 30.000 euros en efectivo, "lo que refleja la magnitud de la actividad delictiva".
Lucha contra las redes
El portavoz policial ha subrayado que "la investigación continúa abierta", por lo que no descartan más detenciones en próximas fechas, relacionadas con este caso.
La Policía Nacional ha enfatizado que la lucha contra la inmigración ilegal y los delitos relacionados con la falsedad documental "es una prioridad", destacando que la operación en Melilla "es un ejemplo de los esfuerzos realizados para desmantelar redes que operan en este ámbito, garantizando así los derechos de los ciudadanos".
