La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Nacional, los Mossos d'Esquadra y la Ertzaintza, han detenido a 23 personas como presuntos responsables de haber estafado más de un millón de euros a 1.200 personas en todo el territorio nacional haciéndose pasar por su entidad bancaria en correos electrónicos y llamadas telefónicas. No obstante, en Ceuta no se ha registrado ninguna denuncia.
Los detenidos están acusados de delitos de estafa, tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal y entre todos suman un total de 139 antecedentes por delitos contra el patrimonio y tráfico de drogas.
Fue en octubre del 2023 cuando los agentes detectaron un aumento de denuncias relacionadas con estafas virtuales en las que los autores utilizaban nuevas tecnologías para enviar correos electrónicos y mensajes en aplicaciones de mensajería y redes sociales con el objetivo de obtener datos personales de las víctimas para sustraerles dinero.
Mensajes masivos simulando ser el banco
Los indicios apuntaban que una parte significativa de estas estafas se podrían estar cometiendo desde la comarca de Osona (Cataluña), y más concretamente por parte de un grupo de personas que había establecido su base de operaciones en la localidad de Manlleu.
Según ha informado la Guardia Civil, la estafa consistía en el envío masivo de mensajes de texto a un número indeterminado de víctimas elegidas al azar simulando que se trataba de su entidad bancaria y en los que se les informaba de un acceso ilegítimo a su cuenta corriente. A partir de ahí, si la víctima se creía el mensaje, seguía las indicaciones y accedía a un enlace que la llevaba a una página web falsa con la apariencia de la real.
Los investigadores han destapado una estructura criminal especializada en realizar estafas leves y graves mediante 'smishing' (SMS), 'phishing' (correo electrónico) y 'vishing' (llamadas telefónicas) con una réplica fraudulenta de la página web de la entidad bancaria y una llamada suplantando la identidad de trabajadores de la misma entidad, lograban obtener datos personales de las víctimas para acceder a sus cuentas bancarias. Normalmente, realizaban transferencias de 200 euros, pero en algunas ocasiones vaciaban las cuentas bancarias.
La organización criminal establecida en la comarca de Osona realizaba la mayoría de las extracciones de dinero en cajeros de Barcelona y Girona, pero también en otros puntos, como en cajeros del País Vasco.
El Equipo Conjunto de Investigación que ha desarticulado la organización está formado por investigadores de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil, la Brigada Provincial de la Policía Judicial de la Policía Nacional, la DIC de la Región Policial Central de los Mossos d'Esquadra, y de la Sección Central de Investigación Criminal y Policía Judicial de la Ertzaintza, bajo la coordinación del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CITCO).
