La ONG Solidary Wheels ha denunciado el "limbo" que sufren más de 2.000 marroquíes en situación irregular en Melilla, ya que no pueden renovar sus pasaportes y la tramitación del documento de identificación sustitutivo es una cédula de inscripción por un año cuya gestión supone más de 1.700 euros y un “laberinto administrativo” que se prolonga durante meses.
En su último informe, titulado ‘El precio de los derechos. Excepcionalidad y burorrepresión: la cédula de inscripción en Melilla’, Solidary Wheels ha afirmado que quienes están en esta situación no pueden ir a renovar el pasaporte al consulado de Marruecos más cercano, en Algeciras (Cádiz), por la imposibilidad de viajar a la península.
La ONG afirma que estas personas tampoco pueden cruzar hacia Marruecos porque después no podrían volver a Melilla, dada la necesidad de presentar un visado desde mayo de 2022, cuando la frontera terrestre reabrió con restricciones tras su cierre en 2020 por la pandemia.
Eso ha provocado que a muchos marroquíes que estaban en Melilla se les haya caducado el pasaporte en este tiempo y ahora no puedan renovarlo, y que aquellos que hayan tenido hijos desde el cierre fronterizo no hayan podido registrarlos ni expedir su documentación marroquí.
Según la ONG, ello supone “una situación de desprotección absoluta” y una “vulneración de los derechos de la infancia” para cientos de niños que viven actualmente en Melilla.
Ha apuntado que la única alternativa que tienen actualmente estas personas en situación administrativa irregular es la tramitación de una cédula de inscripción, que supone un coste superior a los 1.700 euros entre gastos de notaría, abogados, costes de solicitud y traducción de documentos oficiales en Marruecos y tasas de la administración, además de varios meses de burocracia.
Frente a ello, la expedición o renovación de un pasaporte marroquí en la península tiene un coste de 78,82 euros y tiene una validez de 5 años, a diferencia del año de duración de la cédula de inscripción, según denuncia Solidary Wheels.
Asimismo, ha señalado que para expedir ese documento hay que cumplir unos requisitos, como carecer de antecedentes penales, de prohibición de entrada en el territorio español y no tener dictada una orden de expulsión, que se dé una razón excepcional de índole humanitaria, interés público o cumplimiento de compromisos de España y tramitarla de manera simultánea a la solicitud de una autorización de residencia.
Según afirma EFE, la ONG ha denunciado públicamente que esta falta de documentación impide que las personas afectadas tengan pleno acceso a la sanidad, la educación o los servicios sociales y que disfruten de una ciudadanía plena, y ha lamentado que, ante la complejidad administrativa y los altos costos, muchos abandonan su intento de regularización, “viendo sus derechos básicos vulnerados”.
Ante esta situación, la ONG ha reclamado “el cese de las actitudes racistas” que, según ha asegurado, se producen en las administraciones públicas y la notaría hacia los afectados, que se adapten los procedimientos de extranjería “a la realidad territorial de Melilla”, la reducción de los costes de los honorarios de abogados y el respeto al derecho de libre circulación.
