Y aunque, en efecto, el caso no se dio por concluso, al no procederse a su celebración y por ende sí a su posterior suspensión debido a que el acusado, un empresario ceutí, no acudió hasta las dependencias judiciales al no ser citado para la vista oral, sí que pareció darse un paso de gigantes en pos de que finalmente haya resolución, un supuesto que sería posible siempre y cuando las dos partes, acusación y acusado, terminen de cerrar posturas, letrados mediante.
Suspendido pues el juicio contra un hombre, empresario de la ciudad y que opera en ella, perteneciente al sector de la construcción y cuyas iniciales son M.A.L., acusado de cometer un delito de falsedad en documento público, después de la celebración de otro juicio con la misma persona.
El caso es el siguiente: el denunciante trabajaba en la empresa de M.A.L., cuando estando aún en plantilla, denunció a susodicha empresa por un presunto impago de las cantidades estimadas y firmadas en contrato en el período de dos meses –concretamente en los dos últimos meses de aquel momento, anterior a la denuncia–, razón por la cual ambas partes se citaron en juicio.
Durante la celebración del mismo, el denunciado aportó unas pruebas, en un principio y a la espera de este segundo juicio, válidas, ya que mostró un contrato en el que aparecía una firma idéntica al del trabajador, quien supuestamente daba así su visto bueno al pago de la nómina de los dos meses en cuestión.
No obstante, en este preciso instante, el trabajador consideró oportuno volver a denunciar a su antiguo jefe al considerar y asegurar que la firma que aparecía en el contrato de los dos meses eran, según mantuvo desde un principio, rúbricas falsas y que había sido víctima de una falsificación en el documento.
Por tal motivo ambos se enfrentan ahora en un caso en el que todo hace indicar a una resolución en conformidad pero que mientras se celebre y se adopte una postura definitiva, algo que sucederá ya a comienzos del próximo año, cuando se está citando para la celebración de los juicios suspendidos, se mantiene con la petición efectuada por el Ministerio Fiscal que solicita para el empresario dos años de prisión así como una indemnización económica por cometer un presunto delito de falsedad en el público.
