El Ejecutivo Local tiene intención de impulsar con el próximo Gobierno del Estado las negociaciones suscritas en 2006 con el extinto Ministerio de Vivienda cuando se celebró se firmó un acuerdo marco para la ejecución de viviendas de protección oficial a la ciudad. Cinco años más tarde, el objetivo es más ambicioso. El consejero de Hacienda, Francisco Márquez, viajaba estos días a Madrid para abordar con SEPES la entrega de unas viviendas que primero deben ser subsanadas para, posteriormente, ser recepcionadas por la Ciudad y seguidamente entregadas a los demandantes de acuerdo al reglamento de adjudicación estipulado por la Comisión Local de vivienda. Pero este viaje pretendía también otro encuentro, el de retomar el acuerdo que en 2006 la Ciudad planteaba con la entonces titular de la cartera de Vivienda, Beatriz Corredor. “Queremos llevar hasta el límite ese acuerdo que dio comienzo con el cumplimiento de ese acuerdo y que el resto de viviendas se vayan incorporando a los presupuestos de cada año”.
Promoción
Según explica Márquez a ‘El Faro’, ya existe una promoción de viviendas que está adjudicada, “con más de 300 viviendas cuya construcción esperamos que empiece en breve y que es una aportación importante para aliviar el déficit de vivienda protegida en la ciudad”.
El responsable de Hacienda confía en que el próximo Ejecutiva central confíe en la “reivindicación de la Ciudad de volver a la situación anterior a la llegada del Gobierno socialista”, en cuanto era la propia Ciudad Autónoma la que tenía competencias en esta área contando con transferencia de fondos por parte del Estado, “está claro que no tiene capacidad para financiar la construcción de viviendas necesarias en esta ciudad”.
Márquez recuerda que la Ciudad incluso tiene ya planteado la zona en la que se podría edificar: Pozo Rayo o antiguas Caracolas del Príncipe, entre otras.
Cubrir la demanda local necesitaría una media de cien viviendas anuales, lo que supondría alrededor de 500 ó 600 en total para la próxima legislatura.
