El juez titular del juzgado de lo contencioso administrativo número uno de Ceuta dejó visto para sentencia un juicio contra un hombre acusado de verter sustancias contaminantes en plena naturaleza del Monte Hacho.
Los hechos que se le imputan al hombre, cuyas iniciales son J.S.A. y que se enfrenta a una pena de sanción, se remontan al diez de agosto del pasado año 2010, cuando el acusado se encontraba en el Monte Hacho llegado incluso, como él mismo reconoció ante el juez, a verter residuos sobre la naturaleza pero negó que se tratara de sustancias que pudieran ocasionar algún prejuicio al desarrollo natural del entorno.
En concreto, manifestó J.S.A., los artículos arrojados a la pradera eran papeles y folletos. En el juicio intervino un agente del Seprona, el cuerpo de la Guardia Civil encargado de cuidar la naturaleza, que acometió la labor de recogida de inspección de la zona afectada, toda vez que fuera alertado, junto a otros compañeros del cuerpo, por otros agentes forestales, llegando a declarar en el juicio que a raiz del trabajo realizado en el lugar así como de una exhaustiva inspección ocular encontraron, además de otros vertidos, restos de aceite, tonillaje e incluso documentación de la empresa en la que trabajaba el acusado.
Asimismo, otros miembros del Seprona, pusieron una denuncia tras alcanzar a averiguar la matrícula del vehículo desde el que se arrojaban materiales, un Mercedes, aunque sin determinar con exactitud la identidad ni los detalles físicos de sus ocupantes. No obstante, J.S.A., tras conseguir sus identificación, acudió a la zona para emprender tareas de limpieza, admitiendo el expediente que le abrió la administración.
Por este motivo, el abogado defensor arguyó que la denuncia del agente forestal se trata de una deducción pero no de una constatación y que su reprsentado ha obrado con buena fe amparándole presunción de inocencia.
Para la sentencia definitiva habrá que aguardar hasta la próxima semana.
Dos africanos recurren sentencia de expulsión del país por cinco años
Dos hombres oriundos de República Guineana se encuentran a la espera de que el juez titular de lo contencioso administrativo dicte sentencia sobre la orden de expulsión que recae sobre ambos, y que se encuadra en la ley de extranjería, después de que fueran detenidos en marzo de 2011 sin documentación y en condición de ilegal. Tanto N.S. como su compatriota S.K. aguardan a que el juez se pronuncie acerca de las resoluciones de orden de expulsión, por espacio de cinco años, tras ser detenidos y comprobarse que eran ilegales. Asimismo, ambos tienen una prohibición de entrada al país para los próximos cinco años.
