El tribunal de primera instancia de Tetuán ha condenado a dos agentes de seguridad a tres años de prisión efectiva cada uno, mientras absolvió a un empleado de la Universidad Abdelmalek Essaâdi, entre otros. Todo ello en el marco de una causa contra una red criminal que utilizaba puertos recreativos para el tráfico internacional de drogas.
Este mismo caso vio confirmadas por la Corte de Apelaciones de la ciudad las condenas a un empresario e inversor en el sector marítimo de recreo a seis años de prisión efectiva, y a seis guardias de seguridad privados del puerto deportivo de Estrecho a tres años de cárcel cada uno, así como al propietario de un yate de recreo a otros tres años de prisión efectiva, sumando un total de 33 años de cárcel repartidos entre todos los implicados.
La sesión de debate judicial estuvo marcada por extensos alegatos de la defensa de los acusados, que negaron los hechos que se les imputaban, junto al examen minucioso de los indicios y pruebas que llevaron a la condena por parte del tribunal.
También se revisaron los detalles de las operaciones criminales de tráfico de drogas a través de embarcaciones de recreo, que partían del puerto turístico del Estrecho.
Algunos guardias de seguridad privados del puerto de Cápita llegaron a reconocer haber participado en operaciones de tráfico de drogas y haber ayudado a cargar los paquetes para ocultarlos en yates y embarcaciones de recreo. Además, afirmaron que los agentes de seguridad estaban al tanto de los entresijos del tráfico de estupefacientes.
Hechos ocurridos en 2022
Los hechos se remontan al verano de 2022, cuando patrullas de la Marina Real interceptaron paquetes de droga en alta mar frente al Estrecho. Las autoridades españolas lograron entonces desarticular una importante operación de tráfico internacional de drogas, incautando un yate de recreo que transportaba paquetes de hachís.
Se constató que dicha embarcación había partido del puerto turístico del Estrecho. La investigación posterior llevó a la Brigada Nacional de Policía Judicial a interrogar a los agentes de seguridad, mientras que la Brigada Nacional de la Gendarmería Real se encargó del resto de acusados e inversionista.
Las autoridades competentes y los servicios de inteligencia de la región de Tánger-Tetuán-Alhucemas siguen apretando el cerco a las redes que explotan los puertos turísticos para actividades delictivas, a través del intercambio de información sobre las actividades sospechosas de algunos empresarios que usan el ocio náutico como tapadera para el transporte de cargamentos de drogas hacia los enclaves ocupados o para entregar la mercancía a lujosos yates en alta mar por métodos tortuosos.
