La Audiencia de Las Palmas juzgará a los 16 supuestos integrantes de una organización criminal, todos ellos naturales de Marruecos, que presuntamente se dedicaban al tráfico de personas entre el citado país y Canarias en embarcaciones neumáticas o pateras.
Según el escrito de acusación difundido por la Fiscalía, los supuestos componentes de la banda, que se exponen a 8 de años de prisión cada uno por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, entre los años 2018 y 2020 lograron trasladar a Lanzarote a 158 inmigrantes en seis barquillas y a La Graciosa, 31.
Los acusados, puestos de común acuerdo con otras personas no identificadas y movidos por el ánimo de lucro ajeno, cobraron diversas cantidades de dinero a distintos inmigrantes de origen marroquí para llevarlos con ellos a las costas canarias, a sabiendas de que incumplían las normas sobre entrada en el territorio nacional y que, una vez que arribaran, quedarían en situación irregular en España, señala el escrito de la Fiscalía.
Sin chalecos salvavidas, ni comida ni agua
Todas las pateras utilizadas carecían de cualquier sistema de seguridad, así como de chalecos salvavidas, comida y agua, poniendo con ello en peligro la vida de los inmigrantes.
Tres de los encausados supuestamente también planificaron otros viajes que no llegaron a producirse por mal tiempo y por deficiencia en las infraestructuras y la logística, pero sí los cobraron, entre 1.000 y 2.000 euros, y acordaron para ello dar una comisión de 250 euros a otros de los procesados, según indica el escrito de acusación.
En él se precisa que la organización contaba con dos ramas, una en Marruecos con un máximo responsable, L.B., que no figura entre los acusados, y otra en España, que es la que se juzga, liderada por J.O., al que la Fiscalía sitúa como el responsable de la planificación, organización y reserva de plazas en las embarcaciones que llegaron hasta Canarias, así como patrón de alguna de ellas, por lo que obtuvo "un claro beneficio económico".
Una organización criminal afincada en Marruecos
La acusación establece que los acusados asumían distintas funciones en la organización, que contaba también con un lugarteniente, J.O., al permanecer en contacto con el resto de la rama de la organización criminal afincada en Marruecos.
Este procesado supuestamente era el encargado de organizar, planificar y reservar plazas en las embarcaciones que llegaban procedentes del litoral de Marruecos hasta las Canarias, función que también desempeñaban otros de los miembros que se sentarán en el banquillo.
En la trama criminal que describe la Fiscalía, los distintos acusados tenían una misión claramente definida.
Así, uno de los procesados se encargaba de facilitar los puntos o posicionamientos GPS para que los responsables de la navegación de las embarcaciones pudieran entrar en las costas canarias sin ser detectados, además de ser el responsable de la recepción, traslado y acogida de los inmigrantes.
Este acusado también captaba a los inmigrantes y reservaba las plazas en las embarcaciones, pilotando al menos una de ellas a cambio de dinero, función que era desempeñada también por otros de los presuntos miembros de la organización, así como la de pilotar las pateras y encargarse de la recogida de los inmigrantes una vez llegados a las costas canarias, para su alojamiento y posterior traslado.
