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El Pleno acuerda someter a informe jurídico la mejor redacción normativa para evitar que sean beneficiarios de VPO
El Pleno acordó ayer con los votos a favor del PP y Ciudadanos someter a estudio jurídico cómo incluir en las Ordenanzas entre los motivos para no ser adjudicatario de una VPO el haber “ocupado” una casa sin título suficiente y cómo lograr que Emvicesa se encargue, “de oficio o a instancia de parte", de “registrar y excluir a aquellos demandantes de viviendas que hayan sido identificados como okupas”, aunque no podrá ser con efecto retroactivo
El consejero de Fomento, Néstor García, recordó que lleva meses trabajando en los nuevos Reglamentos de Adjudicaciones en materia de vivienda y del Registro de demandantes. Además, se mostró “totalmente de acuerdo” con el fondo de la iniciativa de Cs, que incidió en que “las ocupaciones a la fuerza de viviendas y los intentos de ocupación que se produjeron los días 25 y 26 de septiembre fueron hechos muy graves que generaron una importante alarma social" y considera que "merecen todo nuestro rechazo por lo que suponen de desprecio a las leyes y a los derecho de los demás”.
Para Varga, mantener el Reglamento con su actual redacción “termina incentivando no sólo la ocupación de viviendas sino también todo tipo de infraviviendas que no sólo no contribuyen a solucionar el problema sino que, a nuestro entender, lo agravan”.
“Ni nadie tiene más necesidad que nadie ni nadie es quién para imponer sus derechos avasallando los de los demás”, apuntó Cs, que estima que “lo que ocurrió esos días supuso el cruce de una línea roja en nuestra ciudad y puso de manifiesto la necesidad de establecer medidas que atajen esta manera de resolver los problemas de vivienda que existen en Ceuta".
A juicio de Varga todavía "menos conveniente" es que desde el Gobierno y la Asamblea "se termine dando a quienes ‘ocupan’ preferencia sobre otros demandantes de vivienda que, puede que con mayores necesidades, esperan pacientemente la vivienda social solicitada", ya que "buscando este “derecho preferente” se ocupan en nuestra Ciudad, a la fuerza o por vía de hecho, terrenos, viviendas, locales o cualquier construcción, tanto de propiedad privada como municipal”.
Caballas abogó por limitar el acceso a viviendas públicas a los “condenados por usurpación” pero sin correr el riesgo de perjudicar a las personas que llevan “décadas” en viviendas como las promociones del Príncipe Felipe sin título habilitante pero sin haber accedido a ellas por la fuerza.
La portavoz del MDyC, Fatima Hamed, se opuso a la “criminalización” de personas desde el ámbito político “porque, en la mayoría de los casos empujadas por la desesperación, hacen actos con los que posiblemente no estén ni sus protagonistas de acuerdo”.
