El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, no presentó ayer casi ninguna novedad sobre la ejecución de las medidas con más trascendencia del Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico de Ceuta aprobado en octubre de 2022 para su implementación a lo largo de cuatro años que tiene la competencia para coordinar.
En su comparecencia ante los medios tras reunirse con el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, el político canario solamente concretó que la segunda fase de ampliación de la carretera nacional que llega hasta la frontera ya está adjudicada y que el proyecto del cable eléctrico submarino sigue a expensas de informes del Ministerio de Transición Ecológica que espera estén listos “antes de verano”.
El miembro del Ejecutivo de Pedro Sánchez no descartó nada, pero tampoco concretó más allá de mostrar su máxima voluntad para seguir los temas pendientes si la ‘Ciudad de la FP’ sigue siendo o no un proyecto en el que se puede creer de forma realista a corto o medio plazo, si la reversión del sistema de bonificaciones a la Seguridad Social desmantelado será o no un hecho, si habrá más inversiones en Sanidad o Educación, si existe alguna estrategia para abaratar las comunicaciones marítimas o extender las bonificaciones al tren, si se materializará el blindaje y mejora del Régimen Económico y Fiscal para acompañar la apuesta por un nuevo modelo económico “verde, azul e inteligente...”.
Torres perdió la ocasión de desbrozar el panorama o de establecer un nuevo calendario más certero sobre la implementación de las medidas anunciadas hace un año y medio. Más contundente estuvo, animado quizá por el respaldo de Vivas, a la hora de dejar clara la apuesta del Gobierno central por hacer obligatorio el reparto solidario de menores no acompañados, un tema que debe respaldar el PP.
