El Gobierno de la Ciudad se ha movilizado con acierto para trasladar al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, cuya titular prevé visitar Ceuta la semana próxima, como anunció en la última Conferencia Sectorial, la situación de emergencia a la que se asoma de nuevo por la presión migratoria que viene soportando tanto de menores como de adultos desde principios de año. Los cambios de posición de Marruecos, que durante un mes y medio bloqueó el retorno inmediato de sus nacionales adultos interceptados llegando irregularmente a Ceuta, hace doblemente preocupante la coyuntura.
El Ejecutivo de Vivas ha planteado al departamento que dirige Elma Saiz que es imprescindible adoptar medidas urgentes para evitar en primer lugar que niños y mayores de edad sigan jugándose y perdiendo la vida en el mar intentando alcanzar la ciudad autónoma en las peores condiciones meteorológicas, cuando el país vecino baja más los brazos de su vigilancia.
La razón asiste a la Ciudad en que el Estado español debe contar con herramientas legales y operativas para que el control de la presión migratoria no dependa de un tercer país. Es su responsabilidad.
A los ministerios competentes les corresponde ahora definir esas medidas para que sean las que necesitan Ceuta y Melilla no solo a corto plazo, sino también a medio y largo para evitar que las crisis en forma de situaciones de emergencia humanitaria y colapso de los recursos de acogida se consoliden como cíclicas y recurrentes.
La Asamblea debería secundar de manera unánime esta postura sin que ningún grupo político anteponga sus intereses propios orgánicos o electoralistas.
