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El Parlamento solicita "promover el traslado a la península" de los MENA

Por Redacción
26/10/2017 - 15:13
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  • En una proposición no de ley

El Parlamento ha aprobado una proposición no de ley (no vinculante) presentada por Podemos sobre Derechos para los menores extranjeros no acompañados, con el voto a favor de todos los grupos a excepción de la abstención PP.

Entre ellos, destaca que, independientemente de su nacionalidad, las Administraciones asuman la tutela de "todos los menores que se encuentren en situación de desamparo".

Además, se propone "otorgar la concesión automática de la autorización de residencia en el momento de la declaración de desamparo del menor de edad", asegurando así "la autorización a los mayores de 16 años a acceder al mercado laboral en igualdad de condiciones que los españoles".

? Aprobada proposición sobre DD de niños y niñas que migran solos (MNA) con apoyo de todos los grupos (excepto abst. PP) #DerechosInfancia pic.twitter.com/pvFAwjHZbJ

— Ione Belarra (@ionebelarra) 26 de octubre de 2017

El texto menciona a Ceuta, en la propuesta número 9. En ella se propone "promover el traslado" de los menores no acompañados que estén en las ciudades de Melilla y Ceuta a la Península, "siempre que sea de acuerdo a su interés superior y tras ser escuchados".

Las 11 propuestas para los 'menas'

1. Reformar la Ley de Protección Jurídica del menor (artículo 12.4) para garantizar que ningún menor que tenga documentación acreditativa de su edad sea sometido a un procedimiento de determinación de la edad, de acuerdo con la ley de Extranjería y la Jurisprudencia del Tribunal Supremo.
2. Reformar el Reglamento de Extranjería (artículo 190) para garantizar la asistencia de un letrado con formación específica de los y las menores no acompañados en el procedimiento de determinación de la edad, desde el momento que llegan al territorio español.
3. Derogar el Protocolo Marco sobre determinadas actuaciones en relación a los Menores Extranjeros No Acompañados y elaborar un nuevo Protocolo que coordine las actuaciones de todas las Administraciones, garantizando los derechos de los menores de acuerdo con la legislación nacional y la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas.
4. Cumplir estrictamente con la reseña y registro de todos los niños que accedan al territorio nacional, independientemente de que haya dudas o no sobre su edad y la documentación que porten.
5. Garantizar que con independencia de la nacionalidad, las Administraciones asumen la tutela ex lege de todos los menores que se encuentren en situación de desamparo.
6. Reformar la Ley de Extranjería y el Reglamento de la Ley de Extranjería para otorgar la concesión automática de la autorización de residencia en el momento de la declaración de desamparo del menor de edad. Asegurar la autorización a los mayores de 16 años a acceder al mercado laboral en igualdad de condiciones que los españoles.
7. Garantizar el derecho a la educación, la asistencia sanitaria y los servicios y prestaciones sociales básicas en las mismas condiciones que los menores de edad españoles.
8. Abordar con urgencia, en coordinación con las CCAA y los Ayuntamientos, la situación de los niños y niñas que viven en las calles a través de programas de intervención comunitaria, social, psicológica para evitar posibles situaciones de desamparo.
9. Promover los traslados de los niños y niñas no acompañados que se encuentren en las ciudades de Melilla y Ceuta a la Península, siempre que sea de acuerdo a su interés superior y tras ser escuchados, con la correspondiente asignación económica a las CCAA para garantizar sus derechos y condiciones materiales de vida.
10. Promover programas de seguimiento y apoyo al desarrollo de estos menores una vez alcanzan la mayoría de edad que incluyan la garantía de acceso a la atención sanitaria, a los programas de garantía juvenil y formación para el empleo.
11. Reforzar las políticas de reasentamiento y reubicación para acoger en España a cuantos menores solicitantes de asilo puedan ser atendidos por nuestras Administraciones. Con este fin, el Gobierno convocará a las Comunidades Autónomas y realizará cuantos esfuerzos políticos diplomáticos sea posibles para acelerar el proceso.

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