El Gobierno de la Ciudad ha aprobado un gasto plurianual de más de 28 millones de euros para sufragar el servicio de gestión de la planta de transferencia de residuos a la península durante parte de este ejercicio y los próximos cuatro años. Ese es el horizonte mínimo que le queda a un modelo que el Ejecutivo local se había propuesto redirigir durante los primeros meses de la legislatura que comenzó hace algo menos de un año hacia otro esquema de gestión de desechos más sostenible.
El Gobierno de Vivas se ha propuesto concretar “el traslado y sustitución de la actual planta para el tratamiento de residuos por otra en la que la mayor parte de dichos residuos sea objeto de reciclaje y reutilización”. De acuerdo con sus previsiones ello “supondría, por una parte, reducir de manera drástica el transporte a la península y, por otra, aumentar el empleo local asociado al funcionamiento de la misma”.
Esa es una de las condiciones que pone la Administración General del Estado para asumir su obligación legal de sufragar el coste del transporte de basuras desde territorios extrapeninsulares a la península: la existencia de programas de prevención y planes de gestión que demuestren que se están adoptando las medidas necesarias para minimizar la cantidad de desechos objeto de transporte. Su simple traslado cuesta ahora 2,5 millones cada año.
Es urgente que la Ciudad concrete la implementación de un nuevo modelo de gestión de residuos más eficaz tanto en términos económicos como ambientales.
