Transparencia Internacional ha denunciado este martes que Marruecos está "sumido en una corrupción sistémica y endémica que amenaza la estabilidad social, económica y política" del país, por lo que pide acciones "de emergencia" para combatirla.
En un comunicado relativo al índice de percepción de la corrupción en 2023 elaborado por la organización, titulado 'Marruecos, atrapado en el pantano de la corrupción', su comité ejecutivo ha indicado que el país ocupa actualmente el lugar 97 entre 180 países, 24 puestos más abajo que hace cinco años.
"Este descenso del índice de percepción de la corrupción va acompañado de otro descenso igualmente significativo del índice de libertad de expresión: Marruecos ocupó el puesto 144 en 2023, frente al 135 en 2022, lo que supone un descenso de 9 puestos", explica la nota.
Casi una treintena de parlamentarios implicados en estos casos
Según Transparencia, los casos de corrupción llevados ante los tribunales marroquíes en los últimos años incluyen a 29 parlamentarios de ambas cámaras (el 5 % del total de escaños), lo que es "un indicador muy importante del nivel de corrupción alcanzado" en el país.
La organización lo ha achacado, entre otras cosas, a las atribuciones del parlamento en materia de legislación y control del Ejecutivo, y afirma que estos indicadores "perfilan un Marruecos sumido en una corrupción sistémica y endémica que amenaza la estabilidad social, económica y política del país" y fomenta "la protección de actividades ilícitas".
Por ello, Transparencia Internacional pide medidas urgentes como que se actualice e implemente la estrategia nacional contra la corrupción, que fue validada en 2015, pero que se encuentra "congelada".
Y que se desarrollen las leyes anticorrupción estipuladas por la Constitución de 2011, en particular la que regula los conflictos de intereses y también la que penaliza el enriquecimiento ilícito, que fue debatida durante seis años, durante la legislatura anterior, y retirada por el actual gobierno, asegura Transparencia.
Para la organización, es también necesario que se revisen la ley sobre el acceso a la información, la de declaración de bienes y la de protección de denunciantes de la corrupción.
