Hasta el 90% de las migrantes que llegan a Ceuta podría sufrir trata

• Una oenegé presenta en Málaga un estudio sobre “víctimas y supervivientes” en Andalucía y la ciudad

El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga acogió ayer una jornada  con motivo de la puesta en marcha de la campaña de sensibilización social ‘Rompe con las cadenas de la trata’ en la que la oenegé Mujeres en Zona de Conflicto (MZC) presentó su ‘Estudio sobre prevención, persecución, protección y asistencia. Estrategia de intervención con víctimas y supervivientes de la trata en Andalucía y Ceuta’, un informe coordinado por Carla Cingolani en el que se citan fuentes del personal de ACNUR adscrito al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) local que estiman que “alrededor del 90% de las mujeres que llegan al recurso, todas ellas subsaharianas, son víctimas de trata y que existen claros indicios al respecto”.

Entre los indicadores que permiten llegar a tal conclusión “se encuentra el hecho de que las mujeres vienen acompañadas siempre de un hombre al que presentan como su marido quien es, a su vez, marido de otras 2 ó 3 mujeres”. Dichos acompañantes, explica el estudio, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso ‘El Faro’, permanecen también en el centro lo que, junto con la falta de conciencia de ser ‘tratadas’, incrementa la dificultad de intervenir con las víctimas”.

El informe detalla que “aunque llegan sin ninguna posesión, al cabo de un par de días ya cuentan con móvil y dinero”. Los celulares se convierten de esta forma en “los instrumentos de control utilizados por los tratantes para tener localizadas a las mujeres en todo momento”.

Las mujeres provienen “mayoritariamente de Nigeria”, así como de Costa de Marfil,     Sudán, Eritrea, Guinea Conakry, Camerún, la República Democrática del Congo, Tanzania y Marruecos.

“Es difícil estimar porcentajes ya que las nigerianas afirman proceder de otros países dado que el delito de trata de seres humanos está duramente castigado en su país y el personal del CETI sospecha que reciben instrucciones de los tratantes al respecto”, advierte el estudio realizado por MZC.

Explotación sexual, la gran mayoría

El estudio de MZC acredita que la trata de seres humanos en Andalucía y en Ceuta “está dirigida casi en su totalidad a la explotación sexual, claramente vinculada a la prostitución, en línea de lo que sucede en el resto del Estado español donde alcanza el 91,66% del total de los casos” aunque también se han detectado casos “con fines de explotación laboral o de mendicidad”.  “Se desconoce” la incidencia de otras tipologías como los posibles casos de extracción de órganos y los matrimonios forzados pero algunos profesionales “manifiestan ciertas sospechas sobre su existencia en estos territorios”.

Contra la “visión reduccionista” policial y judicial

El estudio insta a la Junta de Andalucía y al Gobierno central, “para el caso de Ceuta”, a “abandonar” el “enfoque reduccionista que considera la trata de seres humanos una cuestión principalmente policial y judicial en la que la víctima y/o superviviente corre el riesgo de ser considerada más como un medio en la investigación policial y judicial que como sujeto de derechos”.

Los autores estiman que “es preciso que las instituciones públicas asuman su responsabilidad y tomen el liderazgo en la aplicación efectiva de un enfoque basado en derechos y la equidad de género, velando y garantizando la adecuada atención integral y protección de las víctimas y supervivientes de manera diferenciada en función de las diversas modalidades de trata, así como desarrollando actuaciones de prevención y persecución dirigidas a la erradicación de esta lacra”.

MZC llama la atención sobre  el hecho de que a ambos lados del Estrecho “apenas existen recursos públicos específicos dirigidos a la asistencia y acogida de las víctimas de trata en Andalucía y Ceuta, encontrándose los principales servicios y recursos mayormente gestionados por el sector no gubernamental”, que tras la crisis “se ha visto obligado a reducir personal, programas y servicios con el consiguiente menoscabo de la calidad y cobertura de los servicios prestados”.