El pasado Viernes Santo, tuvo lugar una agresión a un vigilante de seguridad del centro de acogida de menores de 'La Esperanza'. El vigilante recibió varios puñetazos en la cara, por lo que tuvo que ir al hospital por contusiones en la cara, cráneo y un fuerte golpe en el pie.

Después de los hechos ocurridos en el centro, la Asociación Marea Negra, con su presidente, José Antonio Carbonell, en declaraciones a El Faro de Ceuta ha querido dejar claro que hay que tener "mucho cuidado con la situación que se está viviendo en 'La Esperanza', añadiendo que "como puede ser que en un centro de 180 menores, solo haya dos vigilantes de seguridad, distribuidos en un agente por planta".

Desde la asociación, también han querido expresar que "la Administración es el problema de que el centro se encuentre en esta tesitura, con mínima plantilla y una falta de seguridad que hacen que tanto educadores como vigilantes se encuentren indefensos ante cualquier problema".

De esta forma, Carbonell cree que la administración "está mirando para otro lado y que algo que está fuera de control está pasando".

Marea Negra cree que una de las soluciones es habilitar un control de cámaras

Marea Negra ha insistido en "la creación de una zona de control de cámaras, porque están en una habitación obsoletas sin que nadie las controle".

Por último, José Antonio Carbonell ha afirmado que "cualquier día, pasará algo más grave en el centro porque solo tenemos dos vigilantes de seguridad y los menores podrían sublevarse".

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La asociación Marea Negra ha solicitado a través de un comunicado que la Ciudad anule el contrato que tiene formalizado con la empresa de vigilancia privada Marsegur, la cual presta sus servicios en el Museo del Museo del Revellín de San Ignacio desde el pasado 24 de octubre.

Los principales motivos por los que Marea Negra solicita el cancelamiento del contrato con Marsegur es por el trato que reciben los empleados y por el incumplimiento de los pagos. "Están desquciados y desahuciados por la forma en que se les trata, donde se encuentran sin percibir sus salarios y a la vez de baja psicológica".

Nóminas sin cobrar

Según la información de la que dispone la asociación Marea Negra, los agentes de seguridad privada del servicio del museo y del Hospital Militar, que prestan sus servicios a Marsegur, no ha percibido todavía el cobro de varias nóminas.

Responsabilidades a los sindicatos

Desde Marea Negra preguntan a los sindicatos de UGT y CCOO si  han tomado acciones penales contra esta empresa. "Si nos vamos al código penal aparece como delito contra los derechos de los trabajadores todas estas acciones en materia laboral, en los artículos 311 y 314 con penas de prisión de seis meses a tres años".

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José Antonio Carbonell, vicepresidente de la asociación Marea Negra, irrumpe en la polémica entre la Ciudad Autónoma y la Fase II de los polígonos del Tarajal sobre la duplicidad en el servicio de seguridad privada que controla el comercio transfronterizo.
“Cuando se quieren abaratar precios lo único que conseguimos es que eso vaya en detrimento de los trabajadores y hacia el mismo servicio que se va a ofrecer en el polígono”, afirmó con rotundidad este portavoz del sector.
Carbonell consideró “indiscutible” y “loable” que los empresarios contraten a la empresa de seguridad “más acorde”, “que mejor se adapte a las necesidades del servicio” y cuya financiación “tiene que salir del bolsillo del comerciante”.

Discrepancias

Marea Negra discrepa de la Fase II acerca de la pertinencia de retirar a Eulen del paso de mercancías ‘Tarajal II’, como propone al Gobierno su presidente, Bilal Dadi, quien destaca el ahorro económico que supondría para la Ciudad que la empresa que va a contratar por el Plan de Seguridad asuma también el operativo que Servicios Tributarios tiene en el paso de mercancías.
Esta asociación dio su “apoyo” a Eulen porque, valoró, “en todo momento están haciendo las cosas bien y, hasta donde sabemos, es la empresa que tiene que seguir allí”.

En primer lugar, el equipo de Carbonell preguntó a la Fase II “cuál es la empresa que supuestamente” va a poner al frente del polígono porque le interesa saber “de qué tipo de mercantil se trata” tras la experiencia con otras como Marsegur que tiene a su plantilla “pidiendo limosna y sin cobrar sus nóminas”.
En ningún momento discutió que consulte presupuestos “más asequibles” pero, repitió, “nunca en detrimento del trabajador”. Esta asociación del ámbito de la seguridad privada instó a los empresarios a que contraten a una empresa “que cumpla con requisitos como el pago de nóminas a los trabajadores en su tiempo y forma; el respeto de sus tiempos de descanso; y que no tengan ningún problema a la hora de pedir alguno de sus derechos”, enumeró entre otras.
Con los datos aportados por Dadi, Marea Negra desconoce si el servicio que la Fase II quiere implantar en su polígono será “de calidad” y en el cual los vigilantes de seguridad tendrán que contar con “todos los medios a su alcance para poder llevar a cabo bien un cometido tan especial” porque, a su juicio, “no es un servicio cualquiera”.

Auxiliares de seguridad

Otra de las dudas que genera a Carbonell el anuncio de los comerciantes estriba en si su duración se prolongará durante “24 horas” a fin de que haya un “control en su totalidad”.
Los auxiliares de seguridad que la empresa de los empresarios incorpore al operativo tienen que proceder, añadió el vicepresidente de Marea Negra, de una empresa de seguridad y delimitar sus funciones.
Como recordó el portavoz de la asociación, su papel es de “apoyo a los vigilantes de seguridad y no como se está viendo actualmente que cogen a cualquiera, le ponen un peto amarillo y hace el control de las personas que pasan por allí”.

Baile de cifras en torno al contrato en el ‘Tarajal II’

Ni la Fase II de los polígonos del Tarajal ni la Ciudad Autónoma estuvieron muy acertados este martes a la hora de poner cifras al contrato de seguridad en el Tarajal II adjudicado a Eulen. Mientras que el polígono que encabeza Dadi estimó que la concesión asciende a 500.000 euros, el Gobierno lo cifró en 250.000 euros por una bolsa de 1.000 horas.
El anuncio definitivo de Contratación ofrece otras cantidades: 194.877,31 euros por 12.000 horas de servicio.

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José Antonio Carbonell, vicepresidente de la asociación Marea Negra, lamentó que la seguridad privada sea obviada en las estrategias de lucha contra el terrorismo y tan solo capte la atención de las autoridades en conflictos como el del aeropuerto del Prat.
Este portavoz criticó que, pese al refuerzo de las medidas en el marco del Nivel 4 de alerta, los vigilantes sigan sin recibir los medios necesarios en infraestructuras críticas y prestando servicio “solo con una defensa y unos grilletes”. Una formación adecuada a esta amenaza es otra de las carencias que destapó Carbonell o la falta de información procedente de la las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado además de reprochar que no han recibido unas directrices sobre cómo actuar ni ningún complemento con el que combatir una situación de posible riesgo.
Marea Negra se congratuló de que las administraciones hayan adoptado su propuesta de mejorar la coordinación con la Policía Local en materia antiterrorista pero recordó la “eficiencia” que garantiza un vigilante de seguridad con una buena dotación de material.
Por otra parte, condenó la “oleada de xenofobia” que se ha generado en España, acrecentada después de los últimos atentados terroristas, “con unos brotes también en el colectivo de la seguridad privada”. Carbonell apostó por la convivencia con otros credos y pidió políticas adecuadas en ese sentido.

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José Antonio Carbonell, vicepresidente de la asociación Marea Negra, conoció por el PSOE que la Ciudad Autónoma ha adjudicado a la empresa Marsegur la vigilancia del Museo de las Murallas Reales, la misma que tiene abierto un conflicto laboral con su plantilla en la Clínica Militar y que ha sido criticada por esta organización en ocasiones anteriores.
La entidad en defensa de la seguridad privada reprobó que el Ejecutivo de Vivas sea “permisivo” con las “atrocidades” y “tropelías” de una mercantil “low cost” que, denunció de forma pública su portavoz, “incumple el convenio y abona sueldos bajísimos sin pagar lo que se les debe a sus trabajadores en pleno siglo XXI”. Una denuncia pública que también dirigió a la Delegación del Gobierno y al Ministerio de Defensa en el caso del Hospital Militar en O’Donnell.
Para Marea Negra, resulta “miserable” que las administraciones permitan que Marsegur permanezca en Ceuta en vez de “ponerla fuera” de la ciudad porque una empresa “de esta calaña no se merece estar aquí”. La asociación reprochó la concesión a la empresa de marras por un periodo que comprendería “nada más y nada menos que cuatro años”.
De “poca vergüenza” y “falta de empatía” tildó las decisiones gubernamentales pese a las advertencias del vicepresidente de la asociación, “porque a los dirigentes muchas veces se les olvida que hemos depositado nuestro voto de confianza en ellos para que defiendan nuestros derechos”.
Un “retroceso” en los derechos de los trabajadores que llevan a estos vigilantes, a juicio de la asociación, “a la época en la que se trabajaba de sol a sol sin descansar”.
Ante el panorama descrito por Carbonell, este representante del colectivo animó a las fuerzas políticas en la Asamblea a “recoger el guante” y trasladar esta cuestión a Pleno. Las preguntas de Marea Negra serían las siguientes: “¿Por qué se le dan servicios a Marsegur? ¿Por qué se permite que estos vigilantes estén pasando necesidades? ¿Qué ocurre con el empresario –por llamarle de alguna manera– Miguel Ángel Ramírez para que se le adjudiquen contratos a pesar de que debe dinero a la Seguridad Social y se le han rescindido servicios?”.
La posibilidad de cancelar la relación contractual con Defensa y la Ciudad Autónoma “por la vía de urgencia” se antoja a Marea Negra como la única opción para desbloquear la situación de los vigilantes de seguridad que tiene en plantilla. “No se le puede dar más pábulo con la vulneración de derechos que está cometiendo”, reiteró Carbonell.
El “juego” con el dinero público al destinarse a empresas como Marsegur es “inadmisible” porque es un dinero “de todos los contribuyentes”, sentenció el portavoz de la entidad. “Es vergonzoso que una partida que tendría que ir a otros menesteres acaben en el bolsillo de Miguel Ángel Ramírez y enriquecerle aún más de lo que ya es”, sopesó Carbonell. Este representante del sector de la seguridad privada consideró que es una cuestión “denunciable” ya que ese montante se invierte en una empresa que tiene “esclavizados” a sus empleados y, además, trabajan “en precario”. Quejas que hizo extensibles a la contratación por parte de la Ciudad y la Administración General del Estado.

Convocatoria de huelga como en el aeropuerto El Prat

La asociación Marea Negra en defensa de la seguridad privada, a través de su presidente, José Antonio Carbonell, consideró que como respuesta a estos “favoritismos” de las administraciones hacia Marsegur, “tendría que convocarse una huelga, cumplir con los servicios mínimos y hacer como los compañeros en el aeropuerto de El Prat porque es lo último que les queda, aunque haya muchas críticas hacia su actitud”. Este portavoz del sector de la vigilancia criticó las “palmaditas en la espalda” a un empresario que, aseguró, incumple la normativa en unos servicios cuya concesión “no es lícita”.

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José Antonio Carbonell, vicepresidente de Marea Negra, exige al Ministerio de Defensa que rescinda el contrato con la empresa Marsegur para la seguridad privada de la Clínica Militar por la “situación penosa” y “desesperada” en la que se encuentran los vigilantes, cuyos derechos laborales están “en retroceso en pleno siglo XXI”.
La asociación instó a sacar un “contrato de emergencia” que cancele la relación con esta empresa y salga del Hospital Militar “de ipso facto” como ya ocurrió con Sinergia en Andalucía. Carbonell se preguntó si la intención es “consumir el tiempo” hasta la finalización del contrato “en diciembre” y que el dueño de la mercantil “siga llenándose los bolsillos de dinero público” sin ofrecer el servicio para el que su oferta fue seleccionada por concurso.
“No puede ser que el servicio esté con solo un vigilante armado cuando la legislación dice que tienen que ser dos y que los trabajadores estén pasando necesidades verdaderas”, expuso Carbonell.
Marea Negra echa en falta “mayor presión” desde la clase política como mediadores ante la Delegación del Gobierno. Este servicio, recordó el vicepresidente de la entidad, “tiene que importar a todo el mundo porque es una seguridad que se le da al ciudadano de a pie”.

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La Asociación Marea Negra propone que el dispositivo de seguridad anunciado para la Feria de agosto cuente con una dotación de vigilantes de seguridad privada que colabore tanto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como con la Policía Local en las labores “de filtro y control en cuanto a cualquier problema que pueda acontecer”. Una planteamiento que estimó “ventajoso” por los beneficios que, a su juicio, reportaría al empleo en el sector de la seguridad privada y a la protección de la población.
José Antonio Carbonell, vicepresidente de la entidad, formuló estas consideraciones al conocer que la Ciudad Autónoma ha encomendado a la Policía Local que blinde los accesos al tráfico rodado en el recinto ferial tras los últimos atentados en los que se han usado vehículos suicidas, los casos más cercanos, en la misma Unión Europea. Una medida novedosa respecto a años anteriores que exigirá a los usuarios de vehículos de reparto y discapacitados que quieran entrar en la Feria a estar inscritos previamente en un listado que obrará en poder de la Policía Local y el 112.
De aceptar su propuesta, planteó el representante de Marea Negra, las administraciones “liberarían” a los agentes de estar “inmersos” en la Feria y podrían estar “pendientes” del resto de una ciudad como Ceuta, con 84.000 habitantes más todos los visitantes que recibe, una alerta nivel 4 de amenaza terrorista a nivel estatal y donde los “efectivos policiales que existen en la ciudad no son los adecuados porque son los mínimos”. Como aseguró este portavoz, “cuando son estas fiestas, casi toda la Policía va para allá –Feria– y, con esto, ¿qué conseguimos muchas veces? Que dejemos descuidada a la ciudad y a la ciudadanía de Ceuta”.
Un servicio “bajo las órdenes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado” que, indicó Carbonell, en ningún momento está reñido con la legalidad “aunque esté en vía pública” puesto que, con la nueva ley, los vigilantes “pueden realizar este servicio perfectamente”. La Delegación del Gobierno, añadió el representante de Marea Negra, “no tendría que tener ningún inconveniente” en conceder un incremento de efectivos para el dispositivo de las Fiestas Patronales mediante vigilantes privados. “Esta sería una manera efectiva de tener presencia policial tanto en la Feria como en la ciudad que también es muy importante”, reiteró el portavoz al afirmar que la Feria absorberá la mayor parte de los recursos disponibles.
Una idea “nada descabellada” a ojos de Carbonell porque en otras ciudades que mencionó como Sevilla, Granada o Jaén, “hacen un refuerzo con vigilantes de seguridad que trabajan con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado así como con Policía Local”. Antes del comienzo de esos servicios, explicó Carbonell, las instituciones involucradas convocan una correspondiente reunión similar a una junta de seguridad donde marcan pautas y directrices sobre cómo tiene que funcionar el operativo.

Medidas a ejecutar en un plan de seguridad

Marea Negra sugirió una serie de medidas, "a ejecutar en un plan de seguridad", como es la pertinencia de que los agentes patrullen con los vigilantes de seguridad privada tanto dentro como fuera del recinto ferial. Asimismo, Carbonell apostó por la instalación de cámaras en "puntos ciegos" donde sea imposible un control continuado y establecer un "centro de atención con una carpa de primeros auxilios aparte de las ambulancias". Por otra parte, abogó por la "ubicación de un parking" a través del cual "dar entrada a los vehículos" pero que esté "alejado" del recinto ferial para que, en caso de que surgiese algún incidente, algo que nadie quiere, "la Feria no se viese afectada". Otra propuesta de la asociación consistió en la difusión de mensajes dirigidos a la población a fin de que usen el transporte público con el objetivo de evitar los atascos. Unas medidas que las autoridades competentes, entendió Carbonell, "tendrán sujetas a un plan de autoprotección de seguridad y actuaciones ante emergencias para evacuar a los asistentes a la Feria" ante cualquier incidente y con un "aforo establecido para que no haya una masificación" en el mismo recinto.

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José Antonio Carbonell, vicepresidente de la asociación Marea Negra, reclamó ayer al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que inste a las empresas de seguridad a invertir en que los vigilantes de seguridad estén preparados ante la amenaza terrorista mundial. Este portavoz aseguró ayer que los vigilantes privados destinados en las infraestructuras críticas de la ciudad autónoma carecen de una formación especializada con la que hacer frente a este desafío internacional porque “solo reciben unos cursos básicos”. Una denuncia pública que realiza a raíz del último ataque perpetrado en Londres aunque supone una de sus líneas de reivindicación permanente.
La dotación al profesional de “solo una defensa y unos grilletes” se ha quedado “obsoleta”, indicó Carbonell, quien apostó por equiparles de chaleco antibalas y su arma reglamentaria porque, en estas instalaciones, “la ley dice que tiene que ir armado”. Como ejemplos de ese incumplimiento, este portavoz de la seguridad privada se refirió a Dúcar y al Hospital Universitario.
La inversión de la empresa de seguridad en el campo tecnológico, criticó Marea Negra, se limita a “evitar los robos” motivo por el cual reclamó que empleen recursos también a medios antiterrorista.
La función principal del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas (CNPIC), del Ministerio del Interior, es custodiar y actualizar los planes de seguridad de las 3.500 instalaciones de este tipo a nivel estatal. Tres de las infraestructuras críticas a las que Carbonell aludió son, en el sector transporte, el Puerto de Ceuta; dentro de las instalaciones hídricas, aquellos depósitos, embalses, tratamiento y distribución de agua; y, en el ámbito sanitario, el Hospital.
Carbonell explicó que los vigilantes del clínico adolecen de protocolos de actuación, medios y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado “solo les han dicho que estén pendientes”. No obstante, alabó los golpes al nuevo terrorismo internacional de Policía Nacional y Guardia Civil.

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El Ministerio de Defensa y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) han prorrogado su convenio de colaboración para la prestación de la asistencia sanitaria en Ceuta y en Melilla, tal y como anunció ayer el Boletín Oficial del Estado (BOE). Una ampliación del acuerdo por el cual los titulares con derecho a recibir esta atención tienen acceso a la cobertura sanitaria “mediante la utilización de los recursos sanitarios de ambas partes”.
Sin embargo, esta prórroga tendrá un corto recorrido, apenas unos meses, ya que Defensa recuerda que tiene prevista la “integración de las clínicas militares en unidades sanitarias de los Ejércitos, con lo que, en principio, se contempla la desaparición de las clínicas militares en Ceuta y Melilla, siendo la fecha de ejecución el 31 de diciembre 2017”. Un plan recogido en el anexo X del Plan de Acción de Sanidad Militar, para el periodo 2015-2024, aprobado por la directiva del ministro en mayo de 2015.
La resolución, ratificada por Arturo Romaní Sancho, subsecretario de Defensa, y José Julián Díaz Melguizo, director de Ingesa en Madrid, establece una prórroga del actual convenio hasta final de año, “sin perjuicio de que durante este periodo pudiera producirse un cambio es esta decisión, que pudiera favorecer la suscripción de otra posterior”.
La financiación máxima con cargo a Ingesa, y del mismo modo al Ministerio de Defensa, será de 33.750 euros. El convenio de colaboración se suscribió el 4 de abril de 2014, pudiéndose prolongar de mutuo acuerdo hasta tres años más. La ampliación actual comprende del 4 de abril al 31 de diciembre de 2017.

Las condiciones de los vigilantes

La asociación Marea Negra criticó ayer las condiciones laborales que impone a sus trabajadores Marsegur, la empresa adjudicataria de la seguridad privada en la Clínica Militar. La entidad remitió a una carta de despido “disciplinario” de la mercantil en Madrid en la que esgrime “bajo rendimiento” para dejar en la calle a un vigilante que solicitó información acerca de qué derechos les ampara. Marea Negra denunció que la uniformidad que manda es “de invierno”, el sueldo es de “726 euros por convenio, sin paga de marzo, antigüedad congelada, festivos y nocturnidad a dos perras...”.

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La Asociación Marea Negra critica que sea la empresa Marsegur la que se haga con la seguridad privada en la Clínica Militar de Ceuta ya que, asegura, en su accionariado está presente Miguel Ángel Ramírez, propietario de su predecesora en el servicio, Seguridad Integral Canaria. Una mercantil, esta última, que aún tiene contraída una deuda con los 12 vigilantes del antiguo Hospital Militar. La previsión es que Marsegur comience a operar a “principios del mes que viene” ya que los efectivos están a la espera de recibir la uniformidad y de elaborar los cuadrantes.
Los afectados han dirigido a la Delegación del Gobierno un escrito en el que ruegan a Nicolás Fernández Cucurull que interceda por sus familias, “que están pasando tantas penurias”, con el fin de que este tipo de empresas que “maltratan” a sus trabajadores no se hagan con los “contratos públicos de la Administración”. Asimismo, solicita al titular de la institución de la Plaza de los Reyes que intente “todo lo posible” para que la nueva empresa que ha accedido al contrato de su centro de trabajo les trate “con dignidad” a ellos y sus familias.
Esta docena de vigilantes trasladan a Fernández Cucurull que están pasando “muchas dificultades económicas” en sus hogares porque Seguridad Integral Canaria, hasta ahora la contrata de la Clínica Militar, no paga ni a tiempo ni en las cantidades que vienen en convenio, “accediendo a los contratos con la Administración siempre mediante ofertas temerarias que hacen que después no pueda atender sus obligaciones con los trabajadores”.
José Antonio Carbonell, vicepresidente de Marea Negra, atendiendo a los informes del Hospital Militar de Zaragoza a los que ha tenido acceso, avanzó que irán a la huelga los próximos 30 y 31 de mayo como protesta por no haber cobrado la nómina de abril ni los finiquitos los trabajadores que pasaron subrogados el 1 de mayo a Marsegur. “El problema se va a sufrir a nivel nacional y es lo que le espera a Ceuta en cuanto entre”, advirtió Carbonell, quien tildó a Marsegur de empresa de seguridad low cost.
Desde Marea Negra avanzaron que esta nueva mercantil –adjudicataria por el Ministerio de Defensa– se comprometerá a hacerse cargo de la deuda con los vigilantes de la Clínica Militar de Ceuta pero la asociación teme que, finalmente, incumpla. Marsegur, denunció Carbonell, aplicará su propio convenio por el cual “ni paga nocturnidad, ni festividades y el sueldo del vigilante es de 700 euros cuando la ley expone que son 1.000”. Cuando el impago que vaticina Marea Negra por parte de Marsegur sea insostenible, “entre sueldos y Seguridad Social”, se marchará “habiendo ganado dinero mientras que quien resulta perjudicado es el trabajador”.
El trasfondo de la seguridad low cost es la precarización de los empleos, del servicio que se presta a la ciudadanía en los edificios oficiales y la connivencia de la Administración en la adjudicación de los contratos públicos a empresas sin capacidad para ocuparse del servicio pero que acceden mediante bajas temerarias. Miguel Ángel Ramírez, el empresario al que Marea Negra acusa de estar detrás del tormento que atraviesan tantas familias de vigilantes en todo el país, “está imputado como presunto autor de fraude millonario a la Hacienda Pública –9 millones– y la Seguridad Social –12 millones–”, destacó Carbonell en base a los hechos que, indicó, recogen las hemerotecas y los informes de Inspección de Trabajo.
Carbonell recordó que cuando las empresas pujan por una licitación algunos de los requisitos que se les exige suponen estar libres de deudas con la Seguridad Social, con Hacienda y ser solventes. “A empresarios como Miguel Ángel Ramírez, la propia Administración les extiende un certificado negativo con el que pueden presentarse a cualquier concurso”, señaló el vicepresidente de Marea Negra. “Por eso denunciamos que la Administración, de una vez por todas, cumpla con la ley de contratación de servicios públicos”, concluyó.
Una situación que no solo afecta a los trabajadores por incumplimiento de la normativa laboral o la conciliación de la vida familiar, alertó Carbonell, sino que va “en contra del futuro de todos los españoles porque toca la caja de las pensiones donde está nuestro bienestar social” y, al declararse insolventes, estas empresas “acaban en el  Fogasa”.

Acogerse al manual europeo de buenas prácticas

Para acabar con esa ‘ruleta rusa’ en la contratación pública, Marea Negra propone acogerse al manual de buenas prácticas a nivel comunitario de CoESS y Euro-FIET. Una ‘hoja de ruta’ a seguir que, según las directrices europeas, contempla que debe basarse en unos precios competitivos pero acordes a unos servicios de calidad. “En la baja temeraria prevalece el convenio de la empresa y la contratación de trabajadores con menos formación y sin medios suficientes, lo cual da mala imagen y peor servicio al ciudadano”, expuso su vicepresidente. España, resaltó Carbonell, “ocupa el último puesto en su cumplimiento en la contratación de servicios públicos”.

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