Según Solidaridad, este reglamento supone una "grave amenaza" para los derechos de los trabajadores españoles y los residentes legales, además de "promover la inmigración ilegal y precarizar aún más el mercado laboral".

Entre las principales modificaciones impugnadas, Solidaridad destaca la ampliación de visados para la búsqueda de empleo. El reglamento extiende estos visados de tres meses a un año, una medida que el sindicato considera que “fomenta la saturación del mercado laboral y agrava el desempleo entre los trabajadores nacionales”.

También hace hincapié en la autorización laboral para familiares reagrupados: "La normativa permite trabajar a cónyuges e hijos de residentes sin realizar trámites adicionales, lo que genera una competencia desleal para los trabajadores locales".

Nuevas figuras de "arraigo"

Sobre las nuevas figuras de “arraigo”, el sindicato señala que facilitan la legalización de inmigrantes en situación irregular con requisitos significativamente reducidos. Esto, advierte Solidaridad, “incentiva la inmigración ilegal y perjudica a quienes cumplen con las normativas previas”.

"En cuanto a las facilidades para regularizar situaciones irregulares, la disposición transitoria quinta permite a quienes lleven seis meses en situación irregular obtener una autorización de residencia", lo que Solidaridad califica como una “amnistía encubierta”. Y, sobre la priorización de colectivos específicos en desprotección, "la disposición final tercera introduce reformas normativas para proteger a colectivos en riesgo por conflictos políticos, étnicos o religiosos", una medida que Solidaridad cuestiona por su impacto en el equilibrio del mercado laboral.

Solidaridad recalca que seguirá luchando por proteger los derechos de los trabajadores de España frente a normativas que atenten contra su estabilidad laboral y social. “El nuevo reglamento es un paso atrás en la defensa de los derechos de nuestros trabajadores”, critica el sindicato.

“No podemos permitir que se utilicen los reglamentos como herramientas para promover la inmigración irregular y la competencia desleal en el empleo”, ha declarado Rodrigo Alonso, secretario general del sindicato.

Solidaridad reafirma su compromiso con la defensa de los intereses de los trabajadores y exige al Gobierno la retirada inmediata de estas medidas que, de mantenerse, supondrán "un retroceso en la lucha por condiciones laborales justas".

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Otra de las medidas que plantea consiste en subir el número de años necesarios para adquirir la nacionalidad o impedir que las personas en situación irregular sean beneficiarias de ayudas económicas públicas distintas a las de auxilio básico para "evitar el efecto llamada".

Estas son algunas de las medidas que el equipo de NEOS plantea en el Informe 'Inmigración en España: buenismo o eficacia', que ha sido presentado este viernes en una rueda de prensa en la sede de la fundación, en Madrid.

El presidente de la fundación NEOS, Jaime Mayor Oreja, ha advertido de que "el acierto en una política de inmigración va a ser clave" y, en cambio, ha avisado de que "el desacierto" en estas políticas "puede ser letal" para la civilización en Europa y en España.

Entre las propuestas del informe, destaca la relacionada con los menores migrantes que llegan a España solos y, en este sentido, plantea "protegerlos" desde el Estado y "repatriarlos" para que reciban una formación en sus países de origen.

Creación de agencias en Marruecos para que "justamente se puedan repatriar"

"Proponemos que, vía cooperación, se creen agencias en países emisores principales -Marruecos, Senegal, Mauritania- para que justamente se pueda repatriar a estos menores y estén en sus países con unas agencias que les procuren sustento, formación y capacitación y luego ya se podrá pensar en la posibilidad de darles autorizaciones", ha explicado el abogado y estudioso de las políticas de inmigración, Fernando Rosado, uno de los autores del estudio.

Otra de las medidas que recoge el informe es subir el número de años para obtener la nacionalidad ante la "facilidad" para adquirirla.

La "facilidad" para obtener la nacionalidad

En concreto, plantea modificar el Código Civil para aumentar el número de años "en cinco adicionales" para adquirir la nacionalidad por relación "en todas las modalidades de acceso: matrimonio, iberoamericanos y residencia general".

En cuanto a la autorización en España de la residencia de larga duración, consideran que "se debería aplicar los requisitos de renta y seguro médico que sí se establecen para la tarjeta de larga duración tipo UE".

El análisis también propone eliminar las regularizaciones extraordinarias, revisar criterios de arraigo, reducir la inmigración neta ajustando los requisitos laborales y ampliando la contratación en origen o crear un programa nacional de formación educativa y laboral, adaptado a las necesidades del mercado, e incremento del apoyo escolar para jóvenes inmigrantes.

Entre otras medidas, incluye asimismo: reforzar las fronteras mediante acuerdos con países de origen, control marítimo y lucha contra mafias, reforzar los Tribunales Superiores de Justicia para agilizar los recursos y reformar la ley de extranjería para permitir la expulsión de delincuentes reincidentes o con penas superiores a un año.

Tal y como ha precisado Rosado, "nadie se plantea inmigración sí o no". "Por supuesto, inmigración sí, pero de una manera ordenada", ha subrayado.

Ni "sí absoluto" ni "no absoluto" a la inmigración

En este sentido, el economista Jorge Soley, coordinador del grupo de trabajo sobre Amenazas Globales de NEOS, ha lamentado que el problema de la inmigración se suele abordar desde "posturas muy polarizadas: sí absoluto, no absoluto" por lo que quieren plantear a los políticos una propuesta con "matices".

Por otro lado, el informe también analiza el fenómeno de la migración en relación con la natalidad y advierte de que "la inmigración no es la solución a la falta de niños españoles".

"Es una ingenuidad pensar que otros de países más pobres nos van a solucionar el problema que tenemos por no tener hijos", ha precisado el ingeniero y experto en demografía Alejandro Macarrón, al tiempo que ha apuntado que, en general, los migrantes que llegan son "poco cualificados" y que tampoco van a solucionar el "problema de la soledad" porque no se puede "importar a un inmigrante para que sea tu hijo".

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Un giro tan radical que, de entrada, pone en peligro el mantenimiento de todos esos contratos. En Ceuta hay algo más de mil personas transfronterizas dadas de alta en la Seguridad Social y con su contrato de trabajo en vigor que se verían afectadas si no hay cambios que varíen esta situación.

Y es que, desde hace unos días, aquellos transfronterizos que cruzan a diario la frontera y tienen que renovar su tarjeta, toda vez que la misma está presta a caducar, se están topando con un grave problema: las autoridades marroquíes no les dispensan el certificado de residente en Marruecos (el padrón) sellado de manera oficial, requisito indispensable en las renovaciones que se tramitan en Extranjería.

Marruecos solo dispensa ese certificado para obtener el DNI marroquí electrónico, nada más. A los transfronterizos que están acudiendo a solicitar ese documento sellado oficialmente para su entrega en Ceuta se les está indicando que ya no se da, que dicho documento ya no se entrega con esos fines.

Ante esta situación, muchas personas que están en trámites de renovación de su tarjeta no pueden hacerlo al no poder conseguir ese documento. La medida se ha adoptado sin previo aviso. Desde hace unos días se responde a todo aquel que va a solicitar ese documento que existe una nueva norma por la que ese certificado no se puede entregar ni validar con esos fines.

Una escalada de vetos que ahoga a los transfronterizos

Ya a principios de diciembre el colectivo de transfronterizos había trasladado su temor a que esto pasara, pero se les aseguró que todo iba a seguir igual. Desde hace unos días se ha constatado que no es así, ya que existe esta traba que impide la renovación de esa tarjeta.

Con anterioridad, a primeros de 2024, Marruecos anuló la dispensa de visados específicos de Ceuta y Melilla para las personas que iban a ser contratadas, lo que impidió de esta forma que se hicieran contratos nuevos. Ahora, con esta medida, lo que se impide es la renovación de los que ya existían.

Por aquel entonces, con el veto de los visados, el Ministerio de Asuntos Exteriores dijo que estudiaría esa negativa para buscar alguna solución que la revocara. Es evidente, dada la realidad actual, que nada se hizo al respecto, sino que, al contrario, la situación ha empeorado.

Tras la reapertura de las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla después de la pandemia, todos los marroquíes que deseaban acceder a ellas debían contar con un visado específico al no consentirse el cruce de esos pasos solo con su pasaporte a los residentes en las regiones de Tetuán y Nador.

En algunos negocios de la ciudad, requieren de trabajadores llegados de Marruecos siendo un grueso de peso, por ejemplo, en la hostelería.

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Para llegar a este resultado final, en una decisión que no es muy común, se han tenido en cuenta las características que han rodeado este caso concreto en el que, a pesar de constar esa condena, se ha podido demostrar con abundante documentación la buena conducta cívica demostrada por su protagonista.

Ahí ha estado la clave, después de que se hubiera recalcado por la administración que denegaba esa nacionalidad al no haberse demostrado suficientemente la buena conducta por constarle una sentencia condenatoria fechada en 2019.

Se argumentó, de hecho, que, a pesar de tener satisfechas sus responsabilidades penales, no habían transcurrido los plazos para que estuvieran canceladas, evidenciándose con la condena que no existía una buena conducta cívica.

“Debe significarse además el tipo de delito por el que fue condenado, su gravedad y significación social”, expuso la administración en una decisión refrendada por el abogado del Estado.

Frente a ello, la parte recurrente argumentó que la causa penal estaba ya archivada y que los hechos por los que se le había condenado databan de 2011, es decir, siete años atrás de la presentación de la petición de nacionalidad española por residencia. La pena fijada, traducida en 3 meses de prisión e indemnización de 456,32 euros, estaba al límite de un delito leve de estafa ya que la cuantía de lo defraudado superaba en poco los 400 euros.

“Por motivos de innegables dilaciones indebidas en ese proceso, mi representado se ha visto afectado por ello, pues, su condena, al cabo de unos ocho años, le ha truncado el proceso de naturalización, habiendo mostrado por lo demás un comportamiento ejemplar e intachable y buena conducta cívica durante todo el periodo que lleva residiendo en España”, sostuvo.

En sus argumentos expuso además que sería “un ingente retroceso en su crecimiento personal y profesional si se le deniega el derecho a la nacionalidad española por residencia y tuviese que volver a empezar todo el proceso de naturalización, teniendo en cuenta el colapso existente en la tramitación de estos expedientes, toda vez que mi representado”, expone, “ha cancelado esos antecedentes penales habiendo reparado íntegramente el daño causado con sus actos delictivos del pasado”.

El límite de la conducta: el civismo y su valoración

En sentencia, la Audiencia Nacional estudia al detalle esa apreciación recogiendo, en base a resoluciones dictadas por el Supremo, cómo el civismo no consiste solo en no delinquir, sino en respetar unas pautas mínimas de respeto y solidaridad con respecto al resto de la sociedad. De ahí que la Administración “deba tener en cuenta todas las circunstancias que concurran en cada caso, haciendo una razonable valoración de conjunto de las mismas”.

En este caso, el recurrente acreditó la realización entre 2016 y 2022 de multitud de cursos sobre navegación, marinería, protección marítima, seguridad en el mar, supervivencia y emergencias, así como una vida laboral que justifica su trabajo en ese ramo durante años.

Además, pudo acreditar la existencia de un decreto de archivo definitivo de la causa penal dictado en 2019 y el certificado de antecedentes penales de 2021. “Es de reseñar que ambos documentos son posteriores a la petición de nacionalidad española que se presentó en junio de 2018”.

“Tomando en consideración que los hechos delictivos ocurrieron en 2011 (siete años antes de la petición de nacionalidad) y que en la actualidad se hayan extinguidas las responsabilidades pena-les y civiles y cancelados los antecedentes penales, debe valorarse todo ello en relación con el hecho (conocido notoriamente) del retraso extraordinario que se impone a cualquier petición de nacionalidad española que se formule ahora ante el Ministerio de Justicia de España y todo ello a la hora de valorar si se debe imponer al recurrente la carga de volver a solicitar la nacionalidad española una vez que se tiene la constancia de que se han cumplido los requisitos legalmente establecidos”, se recoge en sentencia.

“La buena conducta cívica y la oportuna integración en España deben darse por supuestos en el caso presente puesto que consta acreditada una evidente actividad laboral, el empadronamiento en España, la convivencia en España, la superación de la prueba de conocimientos culturales y socioculturales y el dominio de la lengua española. Además, se ha aportado el certificado de vida laboral. Las pruebas aportadas por el recurrente son evidente prueba de una más que correcta integración en la sociedad española, que es el único obstáculo que el Abogado del Estado reconoce a la concesión de la nacionalidad solicitada”, concreta.

La propia Audiencia Nacional resalta que “no es frecuente, en recursos de análoga significación al presente, que se aporte tan abundante documentación que justifica la actividad laboral del recurrente lo que comporta, a la vez, la correcta integración en la sociedad española”.

“El análisis de todos los elementos de prueba aportados es razón más que suficiente, ante la inexistencia de prueba en contrario, para acreditar dicha integración”, concreta.

“La supuesta falta de buena conducta cívica y un deficiente grado de integración es algo que, de existir, debería haber acreditado la administración pues desde la fecha de solicitud de nacionalidad española (en julio de 2018) ha transcurrido tiempo más que suficiente para acreditar dicha exigencia en la forma y modo que hubiera considerado conveniente”, zanja.

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El entramado desarrolló un sistema para la obtención de citas previas "on line" mediante un negocio con el que el entramado, según ha detallado la Policía en una nota de prensa, habría generado ganancias sustanciales, estimadas en 9.000 euros mensuales por cada uno de los integrantes del entramado.

La operación policial, iniciada a mediados de 2023, ha concluido con 21 detenidos en las provincias de Alicante (17), Murcia (1) y Valencia (3) por la comisión de delitos de daños informáticos, falsedad documental, pertenencia a grupo criminal y favorecimiento de la inmigración ilegal.

Según la Policía, la principal investigada es una mujer que, de forma paralela al negocio consolidado con el fraude mediante 'bots', "aprovechaba sus amplios conocimientos en materia de extranjería para falsificar, en connivencia con decenas de extranjeros, documentos esenciales para la obtención de permisos de residencia en territorio nacional".

Los servicios prestados de forma ilícita implicaban el cobro de cantidades por cada reserva de cita que, aunque eran accesibles para la mayoría de las personas (entre 15 y 30 euros por cita), vulneraban el principio de gratuidad que se presupone en el acceso a los servicios públicos.

La investigación comenzó en 2023

La investigación tuvo su origen en una diligencia de entrada y registro practicada en el domicilio de la principal investigada donde se incautaron varios dispositivos informáticos.

Los agentes hallaron multitud de documentos falsificados, de bancos, compañías de seguros y empadronamiento entre otros, que eran utilizados para solicitar la autorización de residencia en España de forma fraudulenta, principalmente en su modalidad no lucrativa.

Modus operandi

La organización criminal desarrolló un sistema de venta de citas “on line” para la realización de trámites de extranjería, accediendo para ello al servidor informático de la subdirección general de servicios digitales, efectuando bloqueos mediante el uso de “bots”.

Este negocio se convirtió en la principal fuente de ingresos y habría generado ganancias sustanciales, estimadas en 9.000 euros mensuales por cada uno de los integrantes del entramado.

Igualmente, se acreditó que varios de los detenidos accedían de forma delictiva al servidor que da soporte a la aplicación de Cita Previa de la Administración General del Estado, con la finalidad de bloquear la oferta pública de citas de extranjería a través de acciones técnicas delictivas para impedir su normal funcionamiento y así evitar al usuario final la obtención de cita para trámites de extranjería de forma gratuita.

Para garantizar la efectividad de la actividad ilícita, además de utilizar el sistema que les notificaba la disponibilidad de citas en la aplicación Cita Previa, era necesario un equipo humano que gestionara el elevado volumen de solicitudes, tanto de particulares como de empresas.

De esta manera, se creó una estructura criminal de carácter casi familiar que involucró a amigos, vecinos y familiares, a quienes instruían mediante tutoriales grabados por la principal investigada sobre cómo obtener las citas para los diversos trámites administrativos.

En este sentido, el grupo criminal presentaba una claro reparto de funciones y varios de ellos tenían como misión acceder al servidor público/estatal para monopolizar toda la oferta pública de citas en determinadas zonas de España y así hacer del todo imposible al ciudadano acceder a una cita que le permitiera iniciar diversos trámites de extranjería.

Por otra parte, y consumado el hecho delictivo de forma plena, otros de los integrantes del grupo se encargaban de introducir en la aplicación Cita Previa los datos de filiación falsos para monopolizar el mayor número de citas ofertadas y del cobro de las cantidades exigidas por la venta de la cita.

Documentos falsificados

El grupo criminal desarticulado, introdujo en las solicitudes de permisos de residencia de ciudadanos extranjeros en varias Subdelegaciones de Gobierno de España un gran número de documentos que ellos mismos falsificaban.

Varios de los ahora detenidos, sabiendo de estas actividades delictivas, pagaban al entramado para que les falsificaran documentos esenciales para su regularización en España, lo que les permitió obtener sus permisos de residencia en territorio nacional. Sin este pago y sin el documento falsificado por la organización criminal no hubiesen obtenido permiso de residencia alguno en España.

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Como medidas cautelares se impone la retirada del pasaporte y la prohibición de salida del territorio nacional. La investigación la lleva un juzgado de Elche (Alicante) que continuará con la instrucción.

Agentes de la Policía Nacional procedieron a primera hora de esta mañana al traslado de cinco personas a las dependencias del Palacio de Justicia, previamente la única mujer arrestada había quedado ya en libertad.

La operación está relacionada con la captación fraudulenta de jóvenes sudamericanos para jugar en equipos de fútbol de Ceuta, investigándose asuntos relacionados con la falsificación documental y delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

Detenidos relacionados con el fútbol

Todos los arrestados tenían relación con un equipo de fútbol base de la ciudad que ha sido objeto de investigación por la presencia de futbolistas extranjeros. Uno de los detenidos arrastra además una trayectoria deportiva en equipos de categoría como la AD Ceuta, hay al menos dos que se encargaban de las actividades de entrenamiento.

Tras su presentación en el juzgado se ordenó su puesta en libertad con cargos. Esta operación de la UCRIF se suma a las realizadas en distintos puntos del país en los últimos meses detectándose la presencia de jóvenes con documentación falsificada para entrar en territorio nacional a los que se les hace pasar por estudiantes cuando vienen realmente a jugar en equipos de distintas categorías. Así logran la autorización especial para la entrada.

Las ofertas para captación de jóvenes se llevaban a cabo a través de páginas web con ofrecimientos de “lindas oportunidades” para estudiar y competir, buscando de esta manera la fórmula para traer jugadores con destino a un equipo de fútbol base.

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Organización criminal, delito contra los derechos de los extranjeros, falsedad documental, estafa… Estos son algunos de los tipos delictivos que han sido investigados por la Policía, cuyos agentes han logrado armar un caso que desembocó en la entrada y registro llevada a cabo el pasado miércoles en una vivienda de la Cuesta Parisiana, tal y como adelantó El Faro.

En el mundo del fútbol cada vez son más frecuentes los contratos fraudulentos que terminan con la captación de futbolistas extranjeros, especialmente jóvenes engatusados mediante anuncios en páginas web.

Esta operación de la UCRIF se suma a las realizadas en distintos puntos del país en los últimos meses detectándose la presencia de jóvenes con documentación falsificada para entrar en territorio nacional a los que se les hace pasar por estudiantes cuando vienen realmente a jugar en equipos de distintas categorías. Así logran la autorización especial para la entrada.

Desde Alicante a Ceuta

El origen de esta investigación parte de Alicante, pero ha terminado extrapolándose a nuestra ciudad debido a la aplicación del mismo modus operandi delincuencial y la conexión de ese caso peninsular con uno de los detenidos en nuestra ciudad.

De esa vivienda de Cuesta Parisiana los agentes sacaron a 4 personas. Tres de los arrestados estaban relacionados con un equipo de fútbol base de nuestra ciudad en calidad de entrenadores.

Hasta dos vehículos necesitaron los agentes para sacar a una decena de jóvenes, con aspecto muchos de ellos de menores de edad, del interior de la vivienda que quedó literalmente blindada por la UPR y fue registrada al detalle por los investigadores y componentes de la Policía Científica.

Durante meses la Policía ha estado investigando la presunta existencia de delitos de estafa y falsedad de documentos que eran presentados para traer a estas personas a España. Unas prácticas graves cuando se trata de menores de edad.

“Lindas oportunidades”

Los detenidos han permanecido en las dependencias de la Jefatura Superior sin prestar declaración ante los agentes hasta que sean conducidos al juzgado.

Las ofertas para captación de jóvenes se llevaban a cabo a través de páginas web con ofrecimientos de “lindas oportunidades” para estudiar y competir, buscando de esta manera la fórmula para traer jugadores con destino a un equipo de fútbol base.

La clave está tanto en las promesas que hacían a estos chicos con aspiraciones a jugar en otros equipos como en las condiciones en las que vivían.

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Al menos hay 4 personas detenidas -uno se trataría de un entrenador- y del interior de la vivienda ubicada en la Cuesta Parisiana que ha sido objeto de registro, agentes de Extranjería (UCRIF) desplazados desde Madrid, contando con la cooperación de la unidad de Ceuta, han sacado abundante material intervenido y se han llevado a una decena de adolescentes.

Las ofertas para captación de jóvenes se llevaban a cabo a través de páginas web con ofrecimientos de “lindas oportunidades” para estudiar y competir, buscando traer jugadores para un equipo de fútbol base de la ciudad.

Esta operación no es novedosa ya que en los últimos meses se han desarrollado operativos similares en otros puntos del país, tras detectarse la presencia de jóvenes con documentación falsificada para entrar en territorio nacional a los que se les hace pasar por estudiantes cuando vienen realmente a jugar en equipos de distintas categorías. Así logran la autorización especial para la entrada.

El desarrollo de la operación policial

La Policía Nacional se desplegó esta mañana en el entorno de la Cuesta Parisiana para llevar a cabo un operativo relacionado con asuntos de extranjería.

La única entrada y registro que ha trascendido ha sido en una vivienda ubicada en este punto de la ciudad, por lo que los agentes llegaron a cortar el tráfico evitando de esta manera el tránsito de vehículos por el lugar.

En el escenario del operativo policial se pudo ver tanto a agentes de la Unidad de Extranjería, uniformados y de paisano, así como efectivos de la Policía Científica y componentes de la UPR, encargados de garantizar un cordón de seguridad ante la posibilidad de que se produjera cualquier incidente o altercado.

Sobre las diez de la mañana terminó la operación con el traslado de adolescentes y detenidos.

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De acuerdo con los datos a los que ha tenido acceso El Faro, en la intervención se cuenta con unidades desplazadas desde Madrid, que cuentan con apoyo de efectivos de la Jefatura Superior de Ceuta pertenecientes a la UCRIF.

Al menos se ha producido una entrada y registro en una vivienda ubicada en el inicio de la Cuesta Parisiana, por lo que los agentes han cortado al tráfico la carretera evitando de esta manera el tránsito de vehículos por el lugar.

En el escenario del operativo policial se ha podido ver tanto a agentes de la Unidad de Extranjería, uniformados y de paisano, así como efectivos de la Policía Científica y componentes de la UPR, encargados de garantizar un cordón de seguridad ante la posibilidad de que se produjera cualquier incidente o altercado.

De momento no han trascendido más datos sobre el resultado de esta operación ya que la Jefatura espera a su finalización para comunicar aspectos como el número de detenidos (FaroTV ha visto cómo sacaban a 4 personas arrestadas), material decomisado, así como la concreción de los delitos que estaban bajo investigación todos ellos asociados al campo de análisis de la UCRIF.

El despliegue policial organizado a primera hora de esta mañana ha llamado la atención de los cuantiosos vecinos que salían de sus viviendas hacia sus trabajos o a los colegios y se han topado tanto con la elevada presencia de agentes como con las vías de comunicación cortadas.

Sobre las nueve de la mañana la Policía ha sacado a varios menores del interior de la vivienda que han sido trasladados en un furgón de extranjería y fronteras. Se trata de menores extranjeros.

Durante la mañana se han efectuado hasta tres viajes distintos de unidades del CNP para sacar a menores del interior de este inmueble, entre ellos había tres niñas.

Descenso de la criminalidad

Esta investigación se enmarca en las ejecutadas por la Policía Nacional de manera rutinaria por medio de sus diferentes grupos de investigación. Intervenciones todas ellas orientadas a la lucha contra la delincuencia.

Según los últimos datos sobre criminalidad facilitados por el Ministerio del Interior, esta estadística bajó en la ciudad autónoma casi un 1%, mientras que a nivel nacional se produjo un ascenso del 3%.

En cuanto a la tipología delictiva, en estos primeros meses del año aumentaron notablemente los delitos contra la libertad sexual (pasan de 16 a 28, es decir un 75% en comparativa del mismo periodo de 2023 y 2024), las agresiones sexuales con penetración (se pasa de 0 casos a 4) y otros delitos relacionados con la libertad sexual, de 33 a 41 (un 24,2% más).

Asimismo, también hubo un incremento de los robos con violencia e intimidación, que pasaron de 33 a 41 (un 24,2%), y los practicados en domicilios, de 8 a 13, un 62,5%.

Por otra parte, descendieron asesinatos consumados y homicidios, pero en cambio subieron los cometidos en grado de tentativa.

De la misma manera, descendieron los delitos de lesiones y riñas tumultuarias, de 35 a 31, es decir, un 11,4% menos, así como los robos dentro de establecimientos y otras instalaciones, que pasan de 21 a 18, es decir, bajan un 14,3%.

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