En este caso, como la justicia ya se ha pronunciado, se procederá a abrir este expediente, reconociendo Hachuel que no se ha hecho antes por cuestiones técnicas, derivadas de la entrada en vigor de la nueva sede digital. No será hasta la mañana de hoy cuando el consejero cuente con al firma electrónica necesaria para que el programa active esta apertura del expediente.

Esta ausencia del puesto de trabajo puede considerarse una falta grave, una vez que se averigüe si hubo o no un abandono, pero sólo se le sancionaría por esta causa en el ámbito laboral, ya que la denuncia por agresión sexual quedó archivada.

El otro caso de blanqueo de capitales

En el caso de la otra agente de la Policía Local, cuya causa aún sigue bajo proceso judicial acusada de un presunto delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, también se procederá a la apertura del expediente disciplinario por parte del consejero de Gobernación.

En este caso, explica Hachuel, se procede de una manera distinta, ya que una vez que se abra, quedará suspendido hasta que la justicia se pronuncie. En caso de ser culpable lo que se hace es simplemente reflejar la decisión judicial en este expediente.

Se hace de esta manera, detalla, porque los expedientes tienen una caducidad de seis meses, lo que obliga a la Consejería a abrir el expediente para después suspenderlo y reactivarlo una vez que la justicia se pronuncie.

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El consejero ha recordado que aquella fue una propuesta del Movimiento por la Dignidad que gozó del respaldo de todos los grupos parlamentarios salvo el socialista, que se abstuvo, aunque este martes el candidato del PSOE a presidir la Ciudad, Manuel Hernández, se mostró partidario de que los técnicos “estudien” su conveniencia y viabilidad.

“Nosotros”, ha dicho en nombre del Ejecutivo local, “estamos a favor de que se ubique una comisaría de la Policía Nacional en el Príncipe, pero la responsabilidad de hacerlo es de la Delegación y los técnicos que deben pronunciarse son los suyos”. Según Hachuel no ha habido ninguna respuesta de la institución de la Plaza de los Reyes “ni tiene por qué haberlo necesariamente, ya que ni siquiera se solicita contestación”.

“Ni sí ni no ni todo lo contrario”

En declaraciones a los medios, el titular de Gobernación también ha asegurado que la Delegación no fue contundente, ni en un sentido ni en otro, en la última reunión mantenida “hace tres semanas” para abordar la cofinanciación prometida del coste de funcionamiento de la explanada para vehículos de Loma Colmenar.

“Queríamos saber la decisión de la Administración General del Estado, que no nos dijo ni que sí ni que no ni todo lo contrario más allá de asumir su compromiso inicial para pagar a medias los 1,2 millones de euros anuales que cuesta”, ha contextualizado Hachuel, que ha repetido que la Ciudad “no va a permitir que ese equipamiento cierre aunque la Delegación no cumpla su compromiso verbal”.

El consejero ha repetido, eso sí, que “esa explanada fue una idea del Gobierno de la Ciudad que la ejecutó con sus recursos, con los que también se sufraga su mantenimiento”, imprescindible para evitar el colapso recurrente de la Carretera Nacional “que genera la frontera”.

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El objetivo de esta licitación es aliviar la presión que sufre el centro de ‘La Esperanza’. “Esta licitación sale a consecuencia de una situación de emergencia que se produce en su momento y que tratamos como tal. Se arbitra una solución, tal y como establece la ley, que en este caso es la estancia de estos menores dentro del centro de ‘La Esperanza’ en unas infraestructuras adecuadas y el servicio lo da una empresa”, ha matizado el portavoz del Gobierno, Jacob Hachuel.

Lo que no ha confirmado es si la licitación de este servicio implica que los menores puedan ser trasladados a la Península. “No tiene por qué, puede ser una empresa de la Península que se erradique en Ceuta y deje los niños aquí”.

El contrato entraría en vigor a partir de junio y su coste total superaría los 800.000 euros.

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“Es una obra importante de las que hacen ciudad. Es un puente atirantado y no hay ninguno de estas características”, ha asegurado.

Esta infraestructura mejorará la comunicación en zonas que, si bien por su situación geográfica se encuentran muy cercanas, están mal comunicadas: Otero, Avenida Ejército Español y Grupos Rocío.

En lo que al trazado se refiere, el proyecto establece un eje longitudinal en consideración a los puntos de conexión con la red viaria en la avenida Otero y la calle Rafael Borrego y el marco de ajuste viene determinado por la situación de la Residencia del Comandante General y del propio centro de salud.

La elección de la tipología de puente atirantado, con mástil inclinado y en posición adelantada, como reza el proyecto, permite una afección mínima de terrenos con interés arqueológico, ya que concentra la cimentación en el otro extremo. Además, al no ubicar apenas elementos en la vaguada, la interferencia en futuros desarrollos urbanísticos, como prevé el planeamiento, queda minimizada.

De acuerdo con el proyecto, en el tronco del puente se dispone una calzada por sentido con carriles de 3,50 metros de ancho cada uno, sin arcenes; entre ambos lados se contempla una mediana de un metro de anchura; y en los lados exteriores del conjunto se establecen los itinerarios peatonales con espacio suficiente, no inferior a los 2,40 metros, para instalar aquellos elementos que sean necesarios.

Por lo demás, esta solución ayuda a mantener un paisaje urbano singular y a establecer una imagen de conjunto con un elemento con suficiente presencia, como es el puente atirantado.

Respecto de los trabajos a acometer, se incluyen diferentes desmontes y contenciones de terrenos, la propia ejecución de la estructura del puente, la reforma de los viales existentes y elementos derivados (firmes, acerados, instalaciones urbanas, mobiliario, jardinería y alumbrado) y la construcción de una rotonda por el extremo de la Avenida Otero.

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La ruta de las casetas: El éxodo marroquí en Ceuta

En las labores ha participado la Policía Local y Tragsa, contando con apoyo de la Guardia Civil, al objeto de detectar la presencia de inmigrantes marroquíes que han construido chabolas en toda la zona. Además viven también en propiedades abandonadas.

Estas tareas, que tendrán continuidad en los próximos días, tienen por objetivo detectar los asentamientos y eliminarlos de inmediato, trabajos que se han realizado también en otros puntos de la ciudad, como en la barriada del Sardinero, en los barracones, donde estas inspecciones se realizan de manera periódica.

Ya se han detectado y retirado algunas de ellas, pero otras están muy bien escondidas entre los montes en donde se han llegado a construir hasta pequeños campamentos.

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Así lo ha reconocido el portavoz del Gobierno, Jacob Hachuel, al asegurar que era previsible la entrada de un mayor número de familias de origen marroquí que vuelven a pasar unos días de vacaciones en el país vecino.

El propio Hachuel se trasladó hasta la zona para interesarse por la situación de los más de mil vehículos que llevaban hasta cinco horas para cruzar a Marruecos. A punto de anochecer, se dio orden de activar el protocolo por el cual las familias allí atrapadas recibirían alimentos y mantas.

Una hora más tarde y sin que ningún coche hubiera avanzado, Hachuel se dirigió hacia la frontera marroquí para conocer que el motivo de estas aglomeraciones eran los controles que se estaban llevando a cabo por parte de la policía del país vecino.

“El jefe deAduanas marroquí me prometió que iba a agilizar la situación y que antes de las 12 de la noche estaría despejado. No fue a las 12, sino a las 2 de la madrugada, pero cumplió su compromiso y no fue necesario activar el dispositivo de Protección Civil y Cruz Roja”.

Hachuel ha anunciado que, de ser necesario, la Ciudad está preparada para hacer frente a una nueva acumulación de vehículos el próximo 31, aunque no esperan que esa fecha vuelva a repetirse la situación “ya que el grueso de los vehículos que van a pasar sus vacaciones a Marruecos ya ha cruzado”.

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Hachuel fue certero al afirmar que las decisiones que se toman en la Policía Local “están ajustadas a derecho” y va más allá al advertirle al sindicato que “no es CSIF quien va a decidir qué policía va a determinado servicio”, sino que es decisión del superintendente de la Policía local, que a veces obedece a una decisión política y otras a la viabilidad, como ha ocurrido en este caso.

“Los 15 han ido a la UPAC porque era la unidad que más necesitaba de recursos humanos”. Indicó que de haber salido a concurso el número de vacantes, el proceso se habría dilatado en el tiempo por todo los trámites que requiere y se prefirió asignar de una vez a los nuevos efectivos para cubrir la necesidad existente. “15 efectivos de la Policía Local se pueden distribuir de la forma que creamos, la Jefatura y el consejero de Gobernación, más necesaria y mejor para la ciudad”, apostilló.

Recomendó a los sindicatos a que “no jueguen a ser políticos” y que se dediquen a defender los derechos de los trabajadores, “que además lo hacen muy bien”, pero que no intercedan en las cuestiones de organización interna.

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La futuro pista de atletismo, que se erige en una aspiración de la Ciudad desde hace años, estará preparada para la realización de pruebas acreditadas de competición, con gradas, vestuarios y entre cinco y ocho calles. Después de esta primera fase hay contemplada una segunda para su terminación.

La pista irá situada en los terrenos de la base de Teniente Ruiz y contempla un uso civil y militar, aunque no se ha concretado la forma en que se plasmará el mismo. “Conforme avance la obra se decidirá”, ha explicado el portavoz del Ejecutivo, Jacob Hachuel, a los periodistas.

El Gobierno confía en que ya en 2020, a falta del inicio de esa segunda fase, la pista pueda empezar a usarse. “Probablemente será así”, ha detallado. Aprobado este gasto, el siguiente paso es el encargo del proyecto así como el inicio de la obra.

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Su portavoz, Jacob Hachuel, ha expuesto que este tipo de situaciones “pone en evidencia que el hecho fronterizo, tanto de la ciudad de Ceuta como de Melilla, trasciende lo que está a nivel de calle, como es el hecho transfronterizo, las empleadas de hogar… Tenemos un Código Civil de obligado cumplimiento, no nos apetece que haya una excepción en él para las ciudades de Ceuta y Melilla”, ha razonado, mostrando una opinión bien distinta a la asentada en Melilla que, de hecho, va a ser trasladada al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez.

Negativa con matices

Pero es una negativa con matices. Hachuel reconoce que Ceuta sí está de acuerdo en que, tal como está ese Código Civil” en relación a los derechos para la obtención de la nacionalidad, “habría que estudiarlo, meditarlo y reflexionarlo porque hay una realidad: la diferencia de nivel sociocultural y de asistencia sanitara provoca que las poblaciones limítrofes soliciten asistencia sanitaria sobre todo para dar a luz a este lado de la frontera. Esto lleva a una repercusión a nivel legislativo que, creemos, debe ser reflexionada para impedir que esa solidaridad sanitaria pueda convertirse después en un hecho que no fue deseado cuando se legisló en torno al derecho a la nacionalidad”, ha zanjado.

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