La historia de la promoción de viviendas de alquiler para jóvenes con menos de 35 años se remonta a 2005, cuando el Pleno cedió la parcela a Emvicesa para mantener ese uso durante treinta años.
El consejero de Fomento del Gobierno de Ceuta, Néstor García, va a promover una modificación del Acuerdo Plenario adoptado el 21 de febrero de 2005 con el objetivo de dejar sin efecto el requisito establecido de destinar las 45 viviendas protegidas (VP) de Serrano Orive a “jóvenes menores de 35 años”. De esta forma, el Ejecutivo local quiere “no limitar el acceso de los actuales arrendatarios a la compraventa siempre cumplan los requisitos previstos en la Resolución del 10 de octubre de 2013 de cambio de régimen de cesión”.
La Viceconsejería de Vivienda y Rehabilitación acordó hace tres años modificar la calificación de esa promoción de régimen de alquiler a compraventa.
Al año siguiente, Emvicesa inició las actuaciones previas para la enajenación (finalmente no consumada) de las viviendas, procediendo a la división horizontal de las fincas y comunicando a los arrendatarios el cambio de régimen de ‘sus’ casas, así como la “voluntad” de la empresa pública de no renovar los contratos una vez cumplido el plazo de cinco años de duración.
Según la Consejería de Fomento, en la promoción hay actualmente 39 inquilinos con “arrendamiento prorrogado” y media docena de viviendas devueltas a Emvicesa y sin ocupar.
La historia de esta promoción se remonta a 2005, cuando el Pleno de la Asamblea acordó ceder el terreno a Emvicesa para la construcción de viviendas protegidas para jóvenes con la obligación de construir las casas en un lustro y mantener su destino “durante los treinta años siguientes”.
Las casas se adjudicaron a jóvenes menores de 35 años mediante un proceso de selección establecido por la Comisión Local de la Vivienda y no exento de polémica, ya que entre los requisitos establecidos para poder ser seleccionado como arrendatario se exigió “acreditar unos ingresos familiares corregidos inferiores a 5,5 pero superiores a 2,5 veces el IPREM, que en 2010 ascendía a 532,5 euros al mes para “garantizar la suficiente capacidad económica para hacer frente a las necesidades básicas y al pago de la renta”.
Además era necesario ser mayor de edad y menor de 35 años, “acreditar la necesidad de vivienda” y demostrar una residencia en Ceuta mínima de 48 meses “ininterrumpidos y anteriores a la presentación de la solicitud”. Dadas las características de las viviendas, la unidad familiar solicitante no podía exceder de 4 miembros.
Hace dos años se estableció que los precios máximos para la venta de las casas deberían ser “el resultado de multiplicar la superficie útil de la vivienda por el módulo básico estatal [758 euros] por 1,56 y por 1,10”. Es decir, los precios que no podrían superarse en la enajenación van desde 76.300 euros (solamente hay cuatro casas de tipo A y 58,6 metros cuadrados de superficie útil) hasta 72.159 euros (las cinco viviendas de tipo H y 40,20 metros cuadrados). La inmensa mayoría se encontraban en un arco de precios máximos que no superaba los 52.700 euros.
Entre los requisitos estipulados para la enajenación de las viviendas se encontraba que sus posibles compradores pudieran “acreditar unos ingresos inferiores a 5,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)” y demostrar “no ser titulares del pleno dominio o de un derecho real de uso o disfrute sobre otra vivienda sujeta a algún régimen de protección pública ni sobre una vivienda libre en Ceuta”.
También “no haber obtenido previamente financiación cualificada, al amparo de Planes Estatales de Vivienda durante los diez años anteriores a la compra de la vivienda”. Aquellos compradores que fueran, en el momento en el que pueda formalizarse la compraventa, inquilinos de las mismas, podrían “acreditar que cumplían dichos requisitos en la fecha de la firma del correspondiente contrato de alquiler”.
De acuerdo con los últimos informes técnicos evacuados durante los últimos años, sobre al menos una de cada tres viviendas han existido sospechas de un uso no correcto.
LAS CLAVES
Adjudicación
Para jóvenes y por menos de 200 euros al mes
Las viviendas de Serrano Orive se entregaron en 2010 a sus adjudicatarios por rentas inferiores a 200 euros al mes. En 2012 y dos años después la Administración local intentó, con una fuerte oposición vecinal y política que logró hacerla desistir de sus intenciones, deshacerse de la promoción para hacer caja, la última vez en un paquete con otro edificio de propiedad municipal ubicado en González de la Vega.
Requisitos
Edad y otras exigencias mínimas
La Consejería de Fomento pretende suprimir el requisito de tener menos de 35 años para poder comprar las casas. Otros requisitos son “acreditar unos ingresos inferiores a 5,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM, 532,5 euros mensuales)” y demostrar “no ser titulares del pleno dominio o de un derecho real de uso o disfrute sobre otra vivienda sujeta a algún régimen de protección pública ni sobre una vivienda libre en Ceuta”.
Promoción
Media docena vacías
Actualmente hay 39 viviendas con arrendamiento prorrogado y seis devueltas a Emvicesa sin ocupar.
Durante los últimos años se han sucedido los informes apuntando irregularidades en el uso de la promoción de 45 VP de Serrano Orive sin consecuencias conocidas. Hace dos años se supo que más de diez adjudicatarios estaban empadronados en otras viviendas situadas tanto en la ciudad autónoma como en la Península. Sobre una docena de pisos, no siempre coincidentes con los anteriores, había una alerta porque su consumo mensual de agua caliente era casi nulo o no coherente con la media que gasta una familia de similares dimensiones a las que ocupan esas casas, con uno o dos dormitorios. Durante las visitas realizadas por técnicos tampoco se localizó a más de una decena de supuestos residentes.
El antiguo responsable de la Viceconsejería de Vivienda y de Emvicesa, Antonio López, remitió a finales de febrero de 2014 una remesa de cartas a los inquilinos de las 45 viviendas protegidas de alquiler para jóvenes de Serrano Orive para comunicar “formalmente” que la “voluntad” de la sociedad era “no renovar” los contratos vigentes y avanzarles que “cumplido el quinto año de prórroga, el arrendamiento quedará extinguido”. Un mes después, la consejera competente, Susana Román, se comprometió a: 1) cambiar el régimen de las casas de alquiler a venta; 2) menos aún proseguir ese camino de enajenación sin aclarar los posibles fraudes detectados “con el riesgo de incentivar la especulación”; y 3) “de ninguna manera excluir a los actuales adjudicatarios que no pudiesen comprar por no poder acceder a financiación bancaria”. Igualmente prometió “revisar” los pasos dados por López encaminados al objetivo de enajenar las viviendas en una licitación con el edificio de González de la Vega, operación frustrada con la que la Ciudad Autónoma esperaba obtener alrededor de 2,5 millones de euros a razón de menos de 53.000 euros por casa de Serrano Orive.
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