La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha denunciado que el descenso de llegada de inmigrantes en la Frontera Sur está directamente relacionado con la “subcontratación de la violencia en Marruecos”. Y es que, con datos en la mano, la asociación pone cifras al hablar de casi 12.000 personas que han sido desplazadas hacia el sur para que no se aproximen a las vallas de Ceuta y Melilla siendo víctimas de robos, palizas y torturas. Unas vallas que son solo “pilares visibles de la arquitectura de la frontera euro-española”.
Dice APDHA que el hay que poner “el foco en las causas y los efectos” para entender a qué se debe el descenso en las entradas de personas hasta un 31%. “El Gobierno español era plenamente consciente de que poner en manos del régimen marroquí la gestión de la frontera sur europea implicaba el uso intensivo y extensivo de una desatada represión extremadamente violenta contra las personas de origen subsahariano”, denuncian en el transcurso de la presentación del informe sobre Derechos Humanos en la Frontera Sur 2020.
La Unión Europea ha librado 140 millones de euros para que el régimen marroquí controle la inmigración. Una parte de ese presupuesto es gestionado por el Gobierno español. En el informe se recogen cifras y periodos concretos de aprobación de las partidas: por ejemplo los 26 millones destinados a Marruecos, aprobados en Consejo de Ministros, para la compra de 750 vehículos, 15 drones y decenas de escáneres” para las fronteras.
En dicho documento se hace referencia también a la “desquiciada violencia” en los campamentos de los bosques cercanos a las fronteras de las dos ciudades hermanas, en donde “la vida cotidiana de los aventureros se caracteriza por el miedo a las fuerzas de seguridad marroquíes”. “Una medida necesaria para construir la tercera valla en suelo marroquí sobre la que están montando las mismas concertinas que se están desmantelando del vallado en territorio español, las cuales van a incrementar su altura y contar con nuevos elementos disuasorios”.
“Teniendo en cuenta las razones que justifican el descenso en las llegadas de pateras, resulta deplorable cómo todavía existen dirigentes públicos o partidos políticos que se congratulan de que el descenso siga produciéndose. Y ello además, a pesar de que 585 personas perdieron la vida o desaparecieron en el mar durante 2019, y de que, según el seguimiento de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, en 2020 son ya 109 las que han perdido la vida, sobre todo en la ruta de las Islas Canarias”.
Aunque en Ceuta el descenso de entradas marítimas ha sido de 569 personas, se ha producido un aumento de 230 por vía terrestre. Concretamente a Ceuta han llegado 864 personas en 85 embarcaciones y 1.361 a través de la frontera y perímetro fronterizo, aunque casi siempre fue por el Tarajal. Se hace mención específica a las entradas con vehículos kamikaze de mayo, con una joven herida grave que perdió una pierna, y de noviembre, cuando se pasó a 52 personas dentro de una furgoneta.
En cuanto a la valla, en agosto cruzaron los famosos 155 por Benzú, contando con 8 devoluciones en caliente y apertura de expulsión para el resto. “La reducción de los intentos de acceso a través del vallado fronterizo no solo tiene que ver con los acuerdos en control migratorio que ha establecido el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska con Marruecos; en octubre de 2019, se hizo pública la sentencia sin precedentes por la que se condenaba a nueve de las 602 personas que accedieron en agosto de 2018 y que resulta la primera condena a inmigrantes que cruzaron la valla”, aunque la misma no condenó el salto en sí, sino que se condenaron los daños a guardias civiles. “Tal y como denunciamos, esta sentencia no sólo pretende seguir criminalizando a las personas migrantes, sino que además, su intención es la de lanzar el mensaje de un castigo ejemplarizante; aunque no es un delito acceder por un punto no habilitado, desde este Gobierno se seguirán utilizando todas las estrategias necesarias para que así se considere. Lejos del objetivo que se decía pretender –lanzar un mensaje a las mafias– lo que se produce es un efecto sobre el aumento de los mensajes xenófobos y racistas al acusar directamente a determinadas personas elegidas al azar de ser los promotores y organizadores del salto a la valla”.
El término boza proviene de las lenguas de África Occidental y significa la victoria, el logro de los africanos que llegan al territorio de la Unión Europea. Antes de cruzar la frontera los inmigrantes se organizan en los campamentos, siguiendo una estructura y un orden para que, en el caso de haber una redada, se establezca un sistema de alerta y escape en “el que las personas migrantes utilizan sus experiencias cotidianas en el bosque como ventaja”.
Los habitantes de estos campamentos utilizan el tiempo “para probar las rutas de escape, dificultando la labor de la Policía. Es la invisibilidad de los campamentos lo que permite transformarlos en lugares de resistencia cotidiana”. “Las personas organizan su viaje mediante redes transfronterizas. A través del teléfono móvil, las personas migrantes están en permanente intercambio con sus familias en el país de origen, sus compañeros en Marruecos y las estructuras de apoyo en el país de destino. Mientras que la política migratoria tiene como objetivo registrar los movimientos de las personas y detenerlas a más tardar en el norte de Marruecos, el teléfono móvil crea espacios transnacionales de comunicación y solidaridad. También en el proceso preparatorio del Boza en Marruecos, los teléfonos móviles y los medios de comunicación constituyen un instrumento importante para la apropiación táctica de la movilidad fuera del campo de visión de las autoridades represivas. Todas las noches se observa en él el parte meteorológico. Antes de cruzar las aguas del Estrecho, los viajeros esperan las condiciones adecuadas de viento. Al saltar las vallas, se da preferencia a los días en que la visibilidad es difícil para las fuerzas de seguridad. Los acontecimientos políticos en Marruecos y Europa también se siguen a través del teléfono móvil”. Perder esos teléfonos supone perder la esperanza.
En el informe elaborado por APDHA se recogen también esos datos de las crónicas de sucesos protagonizadas por personas, con nombre y apellidos, muertas o desaparecidas en las distintas rutas. En la del Estrecho han sido 65, en Alborán, 262; en la ruta canaria, 200 y en la de Levante, 58. “Son numerosas las familias que esperan esa autorización, perdida entre los laberintos burocráticos y descoordinación de las competencias entre las Administraciones y que además impiden a los organismos encargados para ello ejercer su trabajo, con el objeto de poder despedir con un mínimo de dignidad a sus seres queridos, que aguardan tras una lápida con el nombre de ‘inmigrante’, los más ‘afortunados”.
“Y esta no es la única consecuencia. Las políticas de rechazo y criminalización son la base de esta deriva antidemocrática, racista y xenófoba que la ultraderecha ha impuesto en su agenda contra las personas migrantes y que está calando en la sociedad. El incremento de los discursos de odio basados en bulos crece y la universalidad de los derechos humanos es cuestionada y esta predisposición a la criminalización de las personas migrantes mantenida por todos los gobiernos no hacen más que alimentarla”, denuncia la oenegé.
El conflicto entre los taxistas de distintas categorías que ofrecen servicio a los usuarios desde…
Una patrullera de la Marina Real de Marruecos encalló este jueves en aguas de Melilla,…
El más reciente informe del Observatorio de las Ocupaciones del SEPE ‘El ajuste de la…
La Asociación Al Almal y la Plataforma Solidaria de Ayuda Humanitaria se han unido de…
La Guardia Civil ha rescatado a unos 20 inmigrantes que se han echado al mar…
Si camina por plena calle Real se puede encontrar la suerte con apenas 1 euro.…