Según se desprende de la investigación, el Canal de Isabel II, la empresa pública que lleva la gestión del agua en la Comunidad de Madrid, adquirió por 30 millones de dólares la empresa brasileña Emissao, pese a que esta sociedad perdió su valor hasta los cinco millones más tarde.

El ministerio público siempre ha mantenido que la compra de la empresa brasileña Emissao en 2013 partió de Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, quien estaba totalmente al corriente de la operación y que según la investigación, pudo sacar 5,4 millones en comisiones, que presuntamente se repartió con otros socios. González ha sido también procesado este lunes, junto al resto de acusados.

También han sido procesados, además de Moro y González, el que fuera mano derecha de González en Latinoamérica, Edmundo Rodríguez Sobrino; la exdirectora del Canal de Isabel II, María Fernanda Richmond; el exgerente del Triple A, Ramón Navarro; el exdirectivo de Inassa, Diego Fernando García Arias; y el representante de Emissao, Sebastiao Cristovam.

El propio Luis Vicente Moro, en sede judicial, explicó cómo era el reparto de mordidas en este caso, según publicó este verano el medio lainformacion.com. El exdelegado del Gobierno comentó que fue Edmundo Rodríguez Sobrino quien les prometió “premios” a todos los que participaron en esta operativa de 2013. El que fuera uno de los hombres fuertes de González estipuló los repartos de comisiones ilícitas por esta compra que supuso un desfalco de 25 millones de dólares al Canal, según determinó el primer magistrado instructor, Eloy Velasco.

Según se refleja en uno de los testimonios de García Arias, uno de los investigados, hasta cinco personas se habían llevado 5,4 millones de dólares, entre los que se encuentra Luis Vicente Moro, según la declaración de García Arias, recuerda El Confidencial. Además, ese dinero también se habría repartido presuntamente entre Ignacio González, Edmundo Rodríguez, Ramón Navarro y el propio García Arias.

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Junto a Moro, el Ministerio Fiscal pide también que se procese por malversación de caudales públicos y fraude al que fuera presidente de la Comunidad de Mdrid, Ignacio González, así como al que fuera mano derecha de González en Latinoamérica, Edmundo Rodríguez Sobrino; a la exdirectora del Canal de Isabel II, María Fernanda Richmond; al exgerente del Triple A, Ramón Navarro; al exdirectivo de Inassa, Diego Fernando García Arias; y al representante de Emissao, Sebastiao Cristovam.

El magistrado Manuel García Castellón será el encargado ahora de decidir si transforma las diligencias previas abiertas sobre la compra por parte del Canal de Isabel II de la empresa brasileña en procedimiento abreviado contra Moro y estas otras seis personas por delitos de fraude a la administración y malversación de caudales públicos.

Según recoge el diario El Mundo, que cita fuentes fiscales, Anticorrupción cree que de las diligencias realizadas hasta el momento se desprenden indicios de criminalidad, algo que sería suficiente para continuar con el procedimiento penal contra el que fuera exdelegado del Gobierno de Ceuta y contra los otros seis responsables, entre los que destaca el expresidente de la Comunidad de Madrid.

Según se desprende de la instrucción, el Canal de Isabel II, empresa pública que lleva la gestión del agua en la Comunidad de Madrid, adquirió por más de 21 millones de euros la empresa brasileña Emissao, pese a que un mes después, el patrimonio neto de Emissao era de 10,6 millones de euros, lo que supone una depreciación del 50%.

Según se refleja en uno de los testimonios de García Arias, uno de los investigados, y que recuerda el diario, hasta cinco personas se habían llevado 5,4 millones de dólares, entre los que se encuentra Luis Vicente Moro, según la declaración de García Arias, recuerda El Confidencial. Además, ese dinero también se habría repartido presuntamente entre Ignacio González, Edmundo Rodríguez, Ramón Navarro y el propio García Arias.

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Así lo confirman al diario lainformacion.com fuentes de la investigación presentes en el interrogatorio practicado este martes a Moro, citado a petición propia. En el mismo, el investigado señaló directamente al que fuera presidente de Inassa como la persona que estipuló los repartos de comisiones ilícitas por esta compra que supuso un desfalco de 25 millones de dólares al Canal, según determinó el primer magistrado instructor, Eloy Velasco.

De acuerdo con las fuentes consultadas, Moro ha admitido ante el magistrado que instruye el bautizado como caso 'Lezo' que a él le 'tocaron' 300.000 euros, a otros intervinientes de la operación 600.000 euros y al principal acusado de la trama, Ignacio González, 1,8 millones de euros. Con todo, no es la primera vez que se admiten en sede judicial las jugosas mordidas que se repartieron con la compra de Emissao Engenharia e Construçoes, ya que el propio Rodríguez Sobrino expuso que efectivamente se desviaron más de 5 millones de euros, gracias al abultado sobrecoste de la operativa.

Dinero oculto en República Dominicana

No obstante, el expresidente de Inassa señaló en su declaración judicial a Moro como la persona que le pidió que incluyera en el reparto de comisiones al expresidente de la Comunidad de Madrid, el cual por su parte, se desvincula de estos hechos. El exdelegado del Gobierno de Ceuta admitió a preguntas de la Fiscalía Anticorrupción que ocultó los 300.000 euros percibidos en cuentas bancarias de República Dominicana. De hecho, confesó que se ayudó para este cometido del exdirectivo de Inassa Diego García Arias.

El mismo confesó ante la Justicia española no solo el abultado precio de la compra de Emissao sino también los viajes a paraísos fiscales para esconder las cuantías ilícitas. Sobre este asunto concreto, Moro reconoció que viajó al país centroamericano acompañado de García Arias, el cual le asesoró directamente en torno a este asunto, si bien también depositó otra parte de estas mordidas (de más de 100.000 euros) en cuentas del Banco Santander y Deutsche Bank en España. En cualquier caso, ha negado a preguntas de la fiscal Anticorrupción del caso, Ana Cuenca, que llegase a percibir 900.000 euros por esta operación.

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"Son dos millones para mí y un millón de dólares para una persona que me trajo el negocio y me ha ayudado mucho y que es alguien a quien quiero ayudar, que se llama Luis Vicente Moro". Según el arrepentido del caso Lezo, ese es el tenor literal de las palabras que el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González empleó a la hora de repartir una comisión de seis millones de dólares por los negocios de Canal con varios de sus cómplices.

Lo ha publicado este jueves el diario digital El Español. Según la información, el empresario arrepentido de esta trama habló a finales del año pasado en la cárcel colombiana de La Picota, todo ante un fiscal español. En su declaración, esta persona, Diego Arias, señaló a González por repartir lo que luego en España se conocería como la mordida de 900.000 euros que presuntamente cobró Moro, el exdelegado del Ejecutivo central en Ceuta.

La mordida de la que habría disfrutado Moro parte de una comisión de seis millones de dólares que muñió González, y que llegó a ser rebajada por el pago de un 10 por ciento de impuestos en Brasil. Siempre según el digital y según la declaración a la que ha tenido acceso, Arias señala cómo esta comisión se repartió entre cinco: Ignacio González (1.800.000 dólares), Diego García, Ramón Navarro, Edmundo Rodríguez y Luis Moro (cada uno de ellos, 900.000 dólares tras el citado 'pago de impuestos').

El artículo también relata cómo la investigación del caso se ha polarizado en dos bandos: por un lado, el arrepentido, Diego Arias, dispuesto a colaborar con Fiscalía. Por otro, el bando de Ignacio González. Moro llegó a negar conocer a Diego Arias. Y sin embargo, según consta en la documentación del caso a la que ha tenido acceso El Español, se atestiguan incluso viajes de Moro junto a Arias hacia el país carioca.

Luis Vicente Moro, 'Chiquitín'

En otro artículo del mismo medio, también firmado por Carmen Lucas-Torres y Daniel Montero, se asegura que la Unidad de Crimen Organizado de la Guardia Civil está rastreando en República Dominicana los fondos del exdelegado en Ceuta en busca de las comisiones de Canal, la empresa pública de aguas de Madrid y epicentro de la trama corrupta descubierta en 2017.

Con esa información, los periodistas trazan un perfil del personaje en base al sumario judicial, que arroja detalles incluso de las conversaciones telefónicas entre Edmundo Rodríguez, el director del Canal de Isabel II en Latinoamérica, con su secretaria. Es esta mujer quien le pregunta a Rodríguez por Moro, al que llama el 'Chiquitín'.

"¿Pero esto no lo dirigía nuestro amigo, el que iba y venía?", apunta en la conversación telefónica pinchada, en referencia, según el periódico, a las "idas y vendias que hacía al despacho de Rodríguez en las etapas de negociaciones de la compra de Emissao", la empresa latinoamericana de la que, según la investigación judicial, nacería, por una operación de compra, la comisión de seis millones.

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El exdelegado del Gobierno en Ceuta Luis Vicente Moro, que trabajó dos años en Constructora Hispánica, una de las sociedades que aparecen en los papeles de Bárcenas como donante del PP, ha explicado que la empresa contrataba a jóvenes del partido como contraprestación.

Moro ha declarado hoy como testigo, junto con el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, en el marco del caso sobre la supuesta caja b del PP que se destapó a raíz de la publicación de los papeles del extesorero del PP con donaciones de empresarios a cambio de adjudicaciones.

El exdelegado del Gobierno ha explicado que él trabajó dos años (de 2006 a 2008) en Constructora Hispánica como técnico y que las relaciones de su expresidente Alfonso García Pozuelo con los extesoreros del PP Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, y también con el exsecretario general del PP Francisco Álvarez Cascos, eran muy fluidas.

García Pozuelo es uno de los empresarios arrepentidos en Gürtel que se encuentra a la espera de sentencia de la primera época de la trama y ya compareció hace un año como investigado en el caso Bárcenas, si bien se acogió a su derecho a no declarar.

En la contabilidad paralela del partido de Bárcenas se refleja que García Pozuelo habría pagado al PP al menos 72.000 euros en el año 2000 y otros 90.000 más en 2003 y 2004.

Moro ha dicho hoy al juez que en la constructora todo el mundo intuía que se trabajaba de modo opaco y había dinero negro que generaban los negocios en gasolineras de García Pozuelo y que, según él deduce, ese dinero se pagaba al PP.

Según ha indicado, los dirigentes de la constructora mantenían reuniones en la sede del PP de la calle Génova y la empresa contrataba a jóvenes del partido, aunque nunca a gente relevante, como contraprestación.

Moro ha explicado que era amigo del expresidente madrileño Ignacio González, con quien mantuvo varias conversaciones pinchadas en el caso Lezo (en el que está imputado) que hoy ha relatado ante el juez del caso Bárcenas, José de la Mata.

González le contó, según la versión del testigo, que Lapuerta le dijo que las adjudicaciones las controlaba el PP de Génova y, cuando pasó a ser vicepresidente madrileño en 2003, el extesorero intentó hacer lo mismo con las adjudicaciones públicas de la Comunidad de Madrid.

Lapuerta incluso llegó a sacar una placa de policía al expresidente madrileño amenazándole de que le podía detener, pero, según le relató González, no cedió a sus presiones e incluso se las comunicó a la entonces presidenta Esperanza Aguirre, quien intentó mediar.

Moro apunta que González veía una especie de pugna por controlar las adjudicaciones entre las tesorerías nacional y regional

Así, según ha explicado hoy Moro, González consideraba que había una especie de pugna por controlar las adjudicaciones entre la tesorería nacional y, o bien la regional, o bien las propias consejerías madrileñas.

Hoy también ha comparecido el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, que ha ratificado ante el juez De la Mata su declaración como acusado en Gürtel en la que dijo que Lapuerta le llamó para que favoreciera al empresario Joaquín Molpeceres, que aparece como donante del PP en los papeles de Bárcenas.

Él, ha dicho hoy al magistrado, no accedió a la petición de Lapuerta y por ello cayó en desgracia.

Las declaraciones de Moro y Ortega se han producido a petición de la acusación que ejerce IU y con ellas se cierra esta ronda de comparecencias de cinco testigos esta semana.

Ayer declaró como testigo el ex director general Calidad Ambiental de la Comunidad Ignacio López-Galiacho, imputado en Lezo, y Pedro Catalina, quienes dijeron desconocer por qué Rafael Palencia (empresario que afirmó en una grabación que había pagado comisiones ilegales al PP) explicó que María Paz González (exviceconsejera de Medio Ambiente) le había dicho que se reuniese con "un tal Ignacio" (presuntamente López-Galiacho) y con "Pedro Catalina".

Sí que admitieron que quizá pudieron reunirse en alguna ocasión con Palencia, si bien no precisaron cuál fue el motivo de la reunión.

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Ignacio González quiere evitar que Luis Vicente Moro declare como testigo para aclarar si un “amigo del CNI” intentó frenar las comisiones rogatorias solicitadas por el Juzgado de Estepona para investigar la compra de su dúplex de lujo en la localidad malagueña, según ha avanzado OkDiario.

La acusación popular del caso ha solicitado la comparecencia de Luis Vicente Moro tras su declaración en el caso Lezo, en la que se pidió su prisión provisional para evitar “el archivo de las comisiones rogatorias” remitidas al extranjero sobre la causa.

El objetivo es aclarar si el CNI o el propio Luis Vicente Moro pudieron cometer un presunto delito de “obstrucción a la justicia” en la investigación del origen del dúplex de lujo de González.

La reticencia del ex presidente de la Comunidad de Madrid

Ignacio González ha presentado un escrito ante el Juzgado de Estepona oponiéndose a la citación de Luis Vicente Moro por parte de la magistrada Isabel Conejo.
“Lejos de procurar la dilación en la instrucción ha instado en todo momento que la instrucción se disperse en cuestiones más propias de un proceso inquisitorial que de lo que realmente a nuestro entender interesa, que no es otra cuestión que concluir la realidad de la compra del denominado ‘Atico de Guadalmina’. Este hecho a nuestro entender es incuestionable”, apunta el documento al que ha tenido acceso el periódico de Eduardo Inda.

Después de que se incautara en el domicilio del ex delegado del Gobierno documentación relativa a las comisiones rogatorias y otras informaciones privilegiadas relacionadas, Moro negó ante Anticorrupción la idea de que haya intercedido en esas comisiones rogatorias.
El ex delegado del Gobierno de Ceuta alegó a que tenía un "amigo", que era "freelance", al que pidió que mirara si llegaban las comisiones rogatorias al Estado de Delaware (EEUU). Ante la prgunta de dónde trabajaba ese amigo, respondió que, creía, era "del CNI" y aseguró que no quería que se parasen esas comisiones rogatorias, sino que se aceleraran.

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La acusación popular de Izquierda Unida en el caso de la caja B del Partido Popular ha solicitado al juez José de la Mata que cite a declarar a Luis Vicente Moro, ex delegado del Gobierno de Ceuta, como testigo.
Su acusación se basa en los pinchazos en los que habla de dinero negro con Ignacio González, por los cuales ya declara en el Caso Lezo.
Además, Izquierda Unida ha solicitado que se incluya como investigados a otras personalidades, entre ellas Esperanza Aguirre, después de que Ignacio González asegurase que fue ella quién le instó a que se reuniera con el tesorero del PP Álvaro Lapuerta, quien el expresidente de la Comunidad de Madrid señaló como el hombre que controlaba los contratos de la Autonomía con constructoras y otras empresas.

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El exdelegado del Gobierno, Luis Vicente Moro, ha hablado. Mucho se ha escrito de él a colación del ‘caso Lezo’ y de las acusaciones sobre cobro de comisiones. Ahora se conoce la declaración prestada en calidad de investigado en el transcurso de estas investigaciones.

Según Moro, el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, habría recibido ayuda de “amigos del CNI” para las comisiones rogatorias del caso Lezo y de la causa abierta por su dúplex de lujo, asunto investigado por el Juzgado número 5 de Estepona, tal y como adelanta Okdiario.

Moro ha negado la comisión de irregularidad alguna. En su domicilio, además de dinero, la UCO encontró comisiones rogatorias e información reservada sobre asuntos judiciales relacionados con González.

El exdelegado confiesa que tenía “un conocido amigo que trabaja en seguridad” al que sí le pidió que mirara si esas comisiones rogatorias de Estados Unidos llegaban o no. “Es un freelance, creo que del CNI”, responde a la magistrada.

Implantes de boca de su mujer

Sobre el hallazgo en su casa de billetes de 500 euros en sobres, además de una tarjeta de Ignacio González, Moro ha dado su explicación particular. “No eran comisiones” para el expresidente madrileño sino dinero para pagar “los implantes en la boca” de su mujer.

Se hallaron sobres con anotaciones de pago y billetes, pero Moro dice: “Eso es de mi mujer. Eran sus ahorros porque estaba haciéndose implantes y tenía ahorrado 13.000 ó 18.000 euros en casa. Es aficionada a tener dinero en efectivo”.

A esto añade que “tiene una habilidad extraordinaria para encontrar billetes de 500 euros en los bancos, los cambia. Siempre ha querido tener dinero cash y yo ni sabía donde estaba, me enteré por el registro”.

La Fiscalía llega a preguntar por la existencia de anotaciones de 1.500 euros y 3.500 en sobres, pero Moro insiste en que es dinero para los implantes de su mujer, que es de ella, que está pagando “a plazos”.

“Todo lo que cogía y pudiera hacerme daño lo metería en el sobre”

Sobre la tarjeta de González, Moro replica que “sería una de las tarjetas de visita que me darían a mí de Ignacio González y ella todo lo que cogía y pudiera hacerme daño pues lo metería en el sobre”.

Moro no entró en prisión a pesar de haberlo solicitado la Fiscalía, que en su informe puntualizó que el investigado “es una persona que tiene acceso a información reservada, ya tuvo una condena por esa revelación de información reservada”.

“Tiene amigos que le pueden ayudar en el tema de las comisiones rogatorias”, añade. “Hemos visto que aparecen comisiones rogatorias en su domicilio incluso información reservada”, concluyó Anticorrupción.

La Fiscalía sostiene que las manifestaciones de Moro son surrealistas y en su informe final concluye que “se han recabado pruebas de que ha podido recibir dinero en efectivo, además de alguna transferencia en concepto de comisión por intermediar y estar velando la participación de Ignacio González en la compra” de una de las sociedades.

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La figura del que fuera delegado del Gobierno, Luis Vicente Moro, y autoridad omnipresente en esta ciudad sigue siendo objeto de polémica, fruto de las investigaciones llevadas a cabo por la UCO de la Guardia Civil en torno a pagos de comisiones y mordidas que implicarían al expresidente madrileño, Ignacio González.

Según publica OKdiario, el Canal de Isabel II pagó 22 millones de euros en Suiza desde dos cuentas fiducia colombianas no autorizadas para comprar la sociedad brasileña Emissao en el año 2013. Se pactó repartir una comisión de 5,4 millones de la que Moro tenía que llevarse 900.000 euros.

Emissao fue adquirida por 21 millones y un año y medio después su valor apenas superaba los 5,5 millones. Según este diario gran parte de las mordidas se desviaron desde Suiza a Colombia, Brasil o Santo Domingo.

Entrega de dinero

Según el testimonio del exgerente de Inassa, Diego García Arias, el expresidente de la misma, Edmundo Rodríguez, le habría “pedido ayuda para canalizar la comisión” correspondiente a Moro. García habría recibido 1,5 millones y se pactó la entrega de 40.000 en efectivo en la República Dominicana para Moro.

El exdelegado habría ingresado ese dinero en el Banco BHD 25. García Arias destaca que el motivo por el cual “la gente de Colombia” recibía y canalizaba las cuentas correspondientes a las comisiones de González y Moro se debió a la dificultad de estos a la apertura de cuentas bancarias “con motivo de las causas legales y antecedentes penales”.

Por su parte el diario El Español también sitúa a Moro como protagonista de sus informaciones. Lo hace al desvelar la declaración voluntaria ante la justicia que prestó Rodríguez Sobrino, en la que dijo que Moro le había informado “textualmente” de que parte de un dinero que se le iba a transferir era para Ignacio González.

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