La Plataforma de Infancia pide al Gobierno soluciones para los niños que entraron en mayo

Con motivo del Día Anual dedicado a los Derechos de la infancia por parte del Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, este miércoles 9 de marzo se prevé debatir la adopción de una posible resolución sobre los derechos de la infancia y reunificación familiar. De ahí, que desde la Plataforma de Infancia se haya hecho llegar una carta al Ministerio de Asuntos Exteriores solicitando que, en las negociaciones sobre el texto de la resolución, "España mantenga firme su compromiso con los derechos de la infancia por encima de cualquier otra consideración" y piden al Gobierno "soluciones para los niños y niñas que entraron solos en Ceuta el pasado mes de mayo".

La Plataforma de Infancia considera que este debate en el Consejo de los Derechos Humanos es una "buena ocasión" para reconocer las implicaciones del enfoque de derechos de la infancia en la reunificación familiar, "prestando especial atención a prevenir la separación de los niños y niñas de sus familias, garantizar el interés superior de cada niño y niña, y proporcionar apoyo a los niños y niñas afectados en situaciones transfronterizas".

En concreto, la Plataforma de Infancia pide que, en este debate sobre los derechos de la infancia y reunificación familiar "se reconozcan todas las formas de familia en los diferentes contextos", así como los entornos familiares sin discriminación de ningún tipo; que los niños y niñas "sean considerados ante todo niños, por encima de su condición de inmigrantes, sin que puedan ser detenidos por esta razón"; que los procedimientos de determinación de la edad "sólo se inicien cuando exista una duda razonable sobre la edad de una persona" y que la reunificación familiar en el país de origen no se persiga cuando exista un riesgo para los derechos del niño o niña.

"La Plataforma de Infancia quiere reafirmar la importancia del principio del interés superior del menor, lo cual requiere que, tras la llegada de un niño o niña inmigrante, las autoridades realicen una evaluación individual del interés superior de cada niño o niña para determinar cuál es la solución duradera que mejor responde a sus necesidades y a su bienestar. En este contexto, además, se requiere que los Estados velen por que no se busque la reunificación familiar en el país de origen cuando exista un riesgo razonable de que tal restitución dé lugar a la violación de los derechos del niño", explica Almudena Escorial, responsable de Incidencia Política de la Plataforma.

Es por ello que en este día, las organizaciones de infancia "miran también hacia España y recuerdan que, en Ceuta, hay muchos niños y niñas en condiciones que distan mucho de ser adecuadas, suponiendo cada día una vulneración de sus derechos fundamentales".

"Desde hace meses las organizaciones sociales son testigos de una parálisis de los procesos de repatriaciones, frente a la cual se está reclamando la puesta en marcha de soluciones duraderas para estos niños y niñas. Se trata de niños y niñas que entraron en Ceuta el pasado mayo y llevan casi 10 meses en esta situación. Además, hay que tener en cuenta que, en febrero de 2022, el Juzgado de lo contencioso-administrativo Nº 1 de Ceuta fue muy claro, al reconocer la vulneración de derechos que tuvieron lugar el pasado agosto cuando muchos de estos niños y niñas fueron repatriados sin garantías", han continuado.

Finalmente, la Plataforma de Infancia piden por lo tanto que España "dé pleno cumplimiento, tanto a nivel internacional, como dentro de sus fronteras, a los derechos de los niños y niñas". "Las Administraciones españolas deben tomar todas las medidas necesarias para asegurar la acogida y la protección adecuada de estos niños y niñas, garantizando todos sus derechos, lo que en este momento pasa por buscar soluciones duraderas orientadas a su integración más allá de la repatriación, como el traslado a otras comunidades autónomas o la búsqueda de familiares en la Península o en terceros países", han proseguido.

Para ello, la Plataforma de Infancia insta a las distintas Administraciones a "poner en marcha todos los mecanismos de coordinación y cooperación interterritorial", anteponiendo su condición de menores de edad y asegurando que cada decisión que se toma "es acorde al interés superior de cada niño o niña".