Y lo ha hecho en forma de sentencia, condenándole por un delito continuado de hurto en grado de tentativa a 18 meses de prisión, así como a indemnizar a la empresa Carrefour con 537 euros.

En sentencia, a cuyo contenido ha tenido acceso El Faro, deniega el beneficio de la suspensión de condena, decretando cinco días para entrar voluntariamente en prisión.

La pena impuesta es la máxima que recoge el Código Penal para este tipo de delitos, decisión que se ha sustentado en la hoja histórico penal del acusado, a quien le constan dos condenas por delitos leves los días 19 y 1 de junio de 2026 y otra condena por un delito de hurto el 20 de marzo de este año; además de otras seis condenas por delitos varios.

“Su trayectoria delictiva denota que pretende hacer del hurto su medio de vida y su total indiferencia por el patrimonio ajeno”, sentencia su señoría.

Los hechos recogidos en sentencia: el vicio de hacerse con altavoces

En el caso de marras, el ahora condenado acudió en distintas ocasiones durante el mes de septiembre de este año al establecimiento Carrefour, en donde se apoderó, quitando previamente la alarma, de varios altavoces expuestos para su venta, ocultándolos entre sus prendas y abandonando el local tras rebasar la línea de cajas sin abonar su importe.

El día 16 de septiembre, a las 09:34 horas, se apoderó de un altavoz valorado en 149 euros y ese mismo día, sobre las 21:08 horas, de otro valorado en 299,99 euros.

El día 23 de septiembre, a las 19:14 horas, se apoderó de un altavoz valorado en 89 euros.

El día 26 de septiembre, sobre las 11:45 horas, cogió otro altavoz valorado en 149 euros, que ocultó bajo sus prendas y con el que rebasó nuevamente la línea de cajas sin efectuar su pago.

Las declaraciones del vigilante y un policía nacional

Esta última sustracción fue advertida por el vigilante de seguridad del establecimiento, quien interceptó al acusado y recuperó el altavoz, quedando el mismo en poder de Carrefour.

Era un auténtico vicio hacerse siempre con esos elementos. En el relato de hechos probados se describen cuatro acciones, todas ellas próximas en el tiempo, con la misma dinámica, lugar y circunstancias.

Se trata de sustracciones que individualmente no superan los 400 euros. Tres fueron consumadas y la última intentada, “si bien el que tengan un grado distinto de ejecución no es obstáculo para apreciar la continuidad delictiva”, mantiene su señoría.

La condena se ha basado en las testificales del vigilante de seguridad y de un agente de Policía Nacional. “Son plenamente creíbles por cuanto no existe ningún motivo para dudar o intuir que los testigos mienten. Además, fueron testimonios detallados, coherentes, complementarios y persistentes”, explica en sentencia.

Ocultaba los altavoces entre sus prendas tras quitar las alarmas

El vigilante contó que se dieron cuenta de la dinámica del acusado porque apareció una caja de un altavoz vacío, revisaron las cámaras y lo identificaron. Lo que hacía era anular la alarma y pasar por la línea de caja con el altavoz oculto entre las prendas.

El policía nacional que declaró aseveró que él vio las grabaciones de las cámaras del día de los hechos y de las ocasiones anteriores.

Frente a la contundencia de la prueba de cargo, el acusado ni siquiera compareció en el juicio, que pudo celebrarse en ausencia al ser la pena solicitada menor de dos años.

Si bien es cierto que hubo una incidencia en la descarga de las grabaciones y algunas no se pudieron recuperar al haber transcurrido el tiempo, esto no quitó credibilidad a los testigos de cargo, “máxime cuando el último altavoz fue hallado en posesión del acusado”.

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La celebración llega este año en un contexto marcado por la presión que atraviesa Ceuta. Una situación que, según trasladan los representantes de la agrupación, exige humanidad y coordinación, pero también el respeto a los derechos fundamentales de todas las personas, incluidos los ciudadanos que residen en la ciudad autónoma.

El presidente de la agrupación, Manuel Jurado Carmona, ha aprovechado esta jornada para reivindicar el papel de los jóvenes abogados, recordando que su trabajo no se limita a la defensa de los derechos ante los tribunales.

 

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También implica estar presentes cuando la ciudad necesita respaldo, defensa y representación. En este sentido, ha subrayado que la abogacía joven debe contribuir desde sus competencias a responder a las necesidades de la sociedad ceutí.

El mensaje centra también la atención en el esfuerzo que realizan diariamente estos profesionales, que deben compaginar guardias, juicios, plazos y numerosas responsabilidades. La situación actual está suponiendo una carga extraordinaria para el colectivo, aunque también está poniendo de manifiesto su vocación y compromiso con el ejercicio de la profesión.

Jornadas y proyectos aplazados

La situación que atraviesa Ceuta también ha tenido consecuencias en la actividad interna de la agrupación. Para este curso estaban previstas distintas iniciativas, entre ellas jornadas formativas, encuentros y proyectos dirigidos a los jóvenes profesionales. Sin embargo, las circunstancias actuales y las obligaciones derivadas del ejercicio de la abogacía han obligado a suspender o aplazar algunas de estas actividades.

Pese a ello, la organización asegura que mantiene intactas su ilusión y sus ganas de seguir trabajando por el colectivo. La intención es retomar estas iniciativas cuando las circunstancias lo permitan, sin renunciar a los objetivos formativos y de representación que forman parte de su actividad.

La agrupación ha querido trasladar igualmente a las distintas instituciones su plena disposición para colaborar y coordinar esfuerzos, contribuyendo desde el ámbito de sus competencias a garantizar una asistencia jurídica digna, cercana y respetuosa con los derechos de todas las personas.

En su mensaje con motivo de esta jornada, los jóvenes abogados han reivindicado que no representan únicamente el futuro de la profesión, sino también su presente. Por ello, han reafirmado su voluntad de continuar trabajando por sus compañeros, por la justicia y por Ceuta, manteniendo la vocación, la responsabilidad y el compromiso que, aseguran, definen su labor.

La conmemoración concluye así con una reivindicación del papel de las nuevas generaciones de abogados en la sociedad ceutí, especialmente en un momento en el que la asistencia jurídica y la defensa de los derechos adquieren una relevancia especial.

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Se le impuso una sanción de 12 días de pérdida de haberes con suspensión de funciones como autor de una falta grave, consistente en una falta de subordinación al no atender la orden de su jefe, capitán de Policía Judicial.

Los hechos a los que hace referencia esta sentencia, a cuyo contenido ha tenido acceso El Faro, se retrotraen al 1 de diciembre de 2022.

El capitán jefe de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta había reunido en su despacho al recurrente, quien en ese momento era sargento 1º, y a otros dos agentes -un hombre y una mujer-, todos ellos de la Unidad.

El objetivo era exponer lo actuado en cumplimiento de una investigación tras la denuncia de un ciudadano acerca de lo que pudiera suponer un supuesto delito de estafa.

En esta reunión se expuso lo actuado hasta esa fecha y se determinaron las líneas de investigación que se iban a seguir, debiéndose contactar con el presidente de la Asociación Democrática de Guardias Civiles, así como recabar información de las empresas que supuestamente se estaban dedicando a ejercer funciones publicitarias bajo nombre de la asociación.

Tras pedirse la práctica de una serie de diligencias por una de las agentes, el por aquel entonces sargento 1º propuso que se lanzasen ya las diligencias al juzgado para ir adelantando, estando de acuerdo en la solicitud de dos mandamientos judiciales referidos a la titularidad de una cuenta bancaria y una cuenta de correo electrónico, ambas asociadas al investigado.

Fue entonces cuando la agente de la Guardia Civil procedió a disfrutar de un periodo de disfrute de vacaciones, asuntos propios y descanso semanal, por lo que no se incorporaba hasta el día 28 de diciembre.

 La orden del capitán que fue cuestionada

Tal y como consta en la sentencia, el capitán jefe de la Unidad de Policía Judicial, para no demorar innecesariamente la instrucción del procedimiento, ordenó al sargento 1º que fuese el instructor de las diligencias, “oponiéndose a ello, expresando que lo firmasen los otros dos guardias civiles” ya “que él no iba a firmar como instructor las diligencias, manteniendo, de forma determinada y contundente, que únicamente se responsabilizaría de las que faltasen por realizar”.

Esa orden la dio delante del ahora condenado y los dos agentes de la Unidad que estaban encomendados a esta investigación.

El recurso interpuesto se centró en que “la resolución funda el reproche disciplinario en una valoración probatoria sesgada e ilógica, que atiende en exclusiva al parte del capitán jefe de la Unidad y prescinde de la prueba de descargo, esto es, de las declaraciones de los dos testigos presenciales, única prueba objetiva de contraste, que corroboran la versión del recurrente y desmienten el elemento nuclear del reproche”.

Añade que “los dos testigos presenciales coinciden en que el recurrente solo se negó a firmar las diligencias practicadas por ellos”.

La base de la sentencia: se opuso o no a cumplir una orden

La idea nuclear sobre la que pivota todo el razonamiento del recurso es que el recurrente no se habría negado a asumir la instrucción del atestado, sino solo a firmar, como propias, las diligencias previamente practicadas por los otros dos guardias civiles.

“En apoyo de esta tesis se afirma que la única prueba de cargo es el parte del capitán, siendo así que el citado parte ha sido desmentido por los testigos presenciales”.

Se expone en sentencia que la sentencia recurrida consideraba probado que la orden del capitán de PJ perseguía no demorar innecesariamente la instrucción del atestado del que estaban conociendo hasta ese momento estos tres agentes, destinados también en la UOPJ.

Las declaraciones de todos los implicados

En las declaraciones, la guardia civil que se iba a ausentar de vacaciones declaró que el capitán ordenó al sargento 1º “que se hiciera cargo de la instrucción de las diligencias”, negándose el recurrente hasta en dos ocasiones “porque decía que ya se habían encargado la guardia y su compañero” y porque tenía mucho trabajo.

En similares términos, el otro guardia civil presente declaró que el capitán ordenó al sargento 1º que se hiciera cargo de las diligencias y que las firmase, negándose el recurrente.

“En definitiva y como se puede apreciar, ni la única prueba de cargo fue el parte del capitán (ampliamente ratificado con todas las garantías procedimentales), ni las declaraciones de los testigos presenciales, por más que se trate de enfatizar lo que de favorecedor pudieran tener a los intereses del recurrente, tienen el sentido exculpatorio o de descargo que se les pretende atribuir, pues sus relatos prácticamente en nada difieren de lo denunciado por su superior”, recoge el tribunal.

“Ha existido, pues, actividad probatoria de cargo -y la hay más que sobrada-, que se ha practicado con todas las garantías y sin vulneración de derechos fundamentales, por lo que constituye material probatorio legítimo para sostener el juicio de autoría”, añade.

“El juicio lógico seguido por el Tribunal de instancia satisface las reglas más rigurosas de la sana crítica y la experiencia, de ahí que deba afirmarse que la sentencia recurrida ha respetado el contenido material del derecho a la presunción de inocencia”.

Las bases de la resolución adoptada

“La orden no consistió en firmar lo hecho por otros. Lo que se ordenó, ante la ausencia prolongada por permiso oficial de una guardia civil y para no demorar innecesariamente la finalización del atestado, fue algo tan razonable y lógico como que el sargento 1º se hiciese cargo de las diligencias”.

“Ignoramos qué diligencias integraban el atestado, en qué estado se encontraban y cuál era su naturaleza, pues no han sido incorporadas a las actuaciones, pero como acertadamente mantiene el instructor del expediente sancionador en su propuesta de resolución, teniendo en cuenta la acreditada experiencia y formación del Sargento 1º en la especialidad de Policía Judicial, disponía de suficientes recursos en cuanto a la forma en que, una vez que se hubiese hecho cargo de la instrucción de las diligencias, podría incorporar a las mismas lo actuado por los otros guardias civiles, toda vez que en ningún momento se ha dicho que no fueran diligencias que no se podrían reproducir”, concreta.

“Bien podría haber optado por realizarlas por sí mismo, bien por asumirlas mediante un traspaso de las diligencias ya confeccionadas, mediante la comparecencia de los actuantes hasta ese momento, o con cualquier otro modo reconocido en derecho”.

“Solo excusa al subordinado de la obligación del cumplimiento de una orden cuando esta entrañe la ejecución de actos manifiestamente contrarios a las leyes o los usos de la guerra, o cuando constituyan un delito”, expone.

La orden no era “ilegítima ni arbitraria”

“El recurrente no solo mantuvo una abierta y manifiesta oposición al cumplimiento de dicha orden, que tuvo que ser reiterada hasta en dos ocasiones, imponiendo su propio y particular criterio sobre el de su superior, sino que además se produjo en presencia de dos guardias, lo que confiere al comportamiento del suboficial sancionado la gravedad requerida para incardinar los hechos en la falta grave del artículo 8.5 LORDGC”.

“La orden no era ilegítima ni arbitraria, como juiciosamente ha razonado el Tribunal de instancia. Lo que indudablemente es contrario a cualquier concepción de la disciplina es entender que el cumplimiento de las órdenes de los superiores se limita a los supuestos en los que el subordinado esté de acuerdo con ellas, pudiendo negarse a su cumplimiento, como hizo el recurrente, cuando la orden no se corresponde con su propio y particular criterio”, mantiene en sentencia el tribunal.

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El acusado, que compareció desde prisión por videoconferencia, reconoció los hechos y aceptó las penas.

La sentencia impone nueve meses de cárcel por el delito continuado de quebrantamiento de condena, seis meses por amenazas y otros 15 meses por un delito contra la integridad moral. Además, establece una prohibición de aproximación y comunicación con la víctima por cualquier medio durante tres años.

El condenado también deberá abonar 3.000 euros en concepto de responsabilidad civil. Los hechos se produjeron pese a que el acusado conocía la vigencia de la orden judicial que le prohibía acercarse a su expareja y comunicarse con ella.

Llamadas y mensajes pese a la prohibición judicial

Según los hechos recogidos en la resolución, el hombre contactó telefónicamente con su expareja el 11 de julio de 2025, a pesar de tener vigente la prohibición de comunicación. Durante la llamada, le dijo que se encontraba en Madrid y que quería verla.

Días después, el 24 de julio de 2025, volvió a contactar con ella y le envió diez mensajes de audio. De acuerdo con la resolución, lo hizo con la intención de incumplir la orden judicial, humillarla e infundirle temor y desasosiego.

En las grabaciones, el acusado profirió insultos, amenazas de muerte y advertencias de violencia extrema. Entre otras expresiones, aseguró: “El día que te coja te voy a matar” y “donde te vea, te voy a atropellar”.

Amenazas de muerte y amenazas de quemarla

Los audios incluían también amenazas de prender fuego a la víctima, así como referencias a la posibilidad de utilizar gasolina. En uno de los mensajes, el hombre afirmó: “Lo único que quiero es que vengas a mí para matarte, quemarte con gasolina”.

Además de las amenazas contra su integridad física, los mensajes contenían insultos reiterados y expresiones vejatorias, dirigidas a menospreciarla y humillarla. El acusado también amenazó con difundir vídeos y afirmó que disponía de los contactos de personas de su entorno.

El contenido de las grabaciones refleja una sucesión de amenazas, humillaciones e intimidaciones que, según los hechos declarados probados en la resolución, se produjeron pese a la prohibición judicial de mantener cualquier tipo de contacto con la mujer.

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El Tribunal de Instancia número 6 ha acordado la práctica de una serie de diligencias tras admitirse la querella formulada por esta entidad, en el marco de la investigación seguida por ataques a miembros de las Fuerzas Armadas haciendo uso de artefactos como cócteles molotov caseros.

El juzgado ha ordenado librar oficios a la Policía Nacional para recabar los atestados, análisis y grabaciones sobre todos los hechos que han sido denunciados.

Algunos de los atentados recopilados

Figuran entre ellos la emboscada en Benzú, cuando fueron atacadas patrullas del Ejército a pedradas. Se detuvo a algunos de los implicados, que ya fueron condenados y expulsados a Marruecos. Queda uno en prisión preventiva a la espera de juicio.

Hay más episodios denunciados en las Murallas Reales y Villajovita, con lanzamiento de artefactos caseros, además de San Amaro.

En esta última barriada tuvo que intervenir la Guardia Civil tras arrojarse un cóctel molotov casera a una patrulla de las Fuerzas Armadas que se encontraba apostada en el lugar.

Lo que ha acordado el juzgado

El juzgado ha acordado que se remita copia de los atestados, actas con los informes de análisis técnicos y antecedentes relativos a los hechos.

Atendiendo a la solicitud cursada por Hazte Oír, también se ha pedido información sobre los efectos intervenidos y su custodia y, por otro lado, solicita al juzgado que instruye las DP 64/2026 que informe del estado de esa causa y remita las actuaciones relacionadas, para comprobar si hay hechos coincidentes.

Son actuaciones acordadas en el auto del 4 de octubre cuya ejecución ordena ahora la resolución del 28 de octubre.

Notificación a la Fiscalía

Además, en una providencia separada, la jueza del número 6 da dos días a Fiscalía para informar sobre otras diligencias solicitadas por Hazte Oír en su querella: información policial, coordinación de los repartos en Ceuta, subvenciones y pagos públicos a entidades, e identificación de responsables de organizaciones –oenegés– sin inscripción española.

Fiscalía también debe pronunciarse sobre medidas de conservación de pruebas aún pendientes; el juzgado decidirá sobre esas peticiones después.

La querella de Hazte Oír

Hazte Oír ha ido recopilando las distintas informaciones alusivas a sucesos que tienen que ver con ataques a militares, en hechos que se produjeron tras la entrada masiva de finales de julio.

Y no solo por ataques, sino por informaciones como las publicadas sobre colocación de trampas en el Recinto para mermar la efectividad de esas patrullas.

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"Con la inminente entrada del mes de noviembre, crece la preocupación y el malestar entre los trabajadores ante la falta de pronunciamiento por parte del Ministerio, que aún no ha emitido la resolución correspondiente al escrito presentado el pasado 19 de octubre por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), en el que se reclamaba una ampliación extraordinaria del plazo para el disfrute de las vacaciones anuales y los días de permiso por asuntos particulares correspondientes al presente año", explican en nota de prensa.

CSIF exige una respuesta urgente del Ministerio

Ante este "persistente silencio", el sindicato ha registrado formalmente este jueves, 29 de octubre, un "escrito de reiteración urgente" ante la Dirección General para la Eficiencia del Servicio Público de Justicia para exigir que "se rompa el silencio de manera inmediata" y de respuestas a la inquietud de los trabajadores.

"La normativa ordinaria que rige para el personal de la Administración de Justicia sitúa el límite temporal para el disfrute de estos derechos el 31 de enero del año siguiente. Sin embargo, la dilación del Ministerio en resolver la petición formal del sindicato está bloqueando la capacidad de los trabajadores para programar sus descansos y organizar la conciliación familiar, un escenario crítico a falta de dos meses para que expire el año natural", han continuado.

La "sobrecarga" judicial dificulta el disfrute de las vacaciones

Desde CSIF, se incide en que la necesidad de planificar estos descansos "no obedece a un capricho de la plantilla", sino a una "acumulación forzosa de jornadas motivada por la necesidad de la adecuada prestación del servicio".

"El Tribunal de Instancia de Ceuta atraviesa una crisis de dimensiones extraordinarias que ha provocado un incremento exponencial en el número de expedientes judiciales. Para evitar el colapso del servicio público de Justicia en la ciudad autónoma, la plantilla ha tenido que priorizar la tramitación inmediata de los expedientes", ha seguido el comunicado.

Esta "sobrecarga de trabajo", según ha explicado CSIF, ha obligado a los empleados públicos a "anteponer las necesidades del juzgado a sus propios derechos legítimos, viéndose forzados a fraccionar, interrumpir o aplazar sus vacaciones y permisos por asuntos particulares".

El sindicato alerta del riesgo de perder derechos laborales

"Llegados al mes de noviembre, resulta materialmente imposible que la totalidad de la plantilla pueda compaginar la carga de trabajo actual con el disfrute concentrado de los descansos acumulados dentro del estrecho margen que dicta el plazo ordinario (31 de enero)".

Por ello, CSIF advierte de que, "si no se aprueba la flexibilización solicitada, se producirá un embudo organizativo que abocaría a los funcionarios a perder sus derechos laborales por causa de fuerza mayor totalmente ajena a su voluntad, o bien generaría disfunciones severas en la correcta prestación del servicio".

En el escrito remitido el pasado 19 de octubre a la Dirección General para la Eficiencia del Servicio Público de Justicia y a la Gerencia Territorial de Andalucía, "CSIF fundamentó su petición en el precedente dictado por la propia Dirección General con fecha 6 de noviembre de 2025".

"En aquella ocasión, con motivo de la implantación de los Tribunales de Instancia, se autorizó de manera extraordinaria la extensión del plazo de disfrute hasta el 31 de marzo de 2026".

CSIF reclama ampliar el plazo hasta marzo de 2027

CSIF recuerda que la resolución de 2025 se justificó expresamente por la Dirección General bajo el razonamiento de "compatibilizar la adecuada prestación del Servicio Público de Justicia con el legítimo disfrute de los derechos profesionales de los funcionarios... evitando que la concentración del periodo pueda provocar disfunciones".

Así, CSIF sostiene que la actual situación de excepcionalidad y urgencia que se vive en los juzgados de Ceuta reviste, como mínimo, la misma gravedad que la recogida en dicha resolución.

Por todo ello, el sindicato apela a la" responsabilidad de la Dirección General para la Eficiencia del Servicio Público de Justicia para que rompa su silencio de forma inmediata y dé curso a la solicitud formulada el pasado 19 de octubre".

"La plantilla del Tribunal de Instancia de Ceuta requiere certidumbre y un marco temporal claro (hasta el 31 de marzo de 2027) que les devuelva la posibilidad de planificar sus descansos tras meses de máxima presión laboral y organizativa", concluyen.

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Así lo ha manifestado en un encuentro con periodistas el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, que ha explicado que en cumplimiento del pacto europeo de migración y asilo por primera vez los abogados de Ceuta están asumiendo la figura del representante provisional del menor para velar por sus intereses.

"Por parte de algunos abogados tenemos quejas de que todavía hay algunos cientos de menores sin filiar y sin ser tutelados y acogidos y esto es grave", ha comentado el presidente de la Abogacía.

Refuerzo de abogados para tramitar los expedientes de los menores

Salvador González ha recordado que para realizar los trámites que establece la ley para resolver los expedientes de cada inmigrante, sea de asilo o de devolución, se incrementó el número de abogados en Ceuta para estos procesos.

Ha destacado que el trabajo de estos letrados del turno de oficio de Ceuta "se está produciendo con normalidad pero con mucha intensidad y mucho compromiso porque las jornadas son interminables y el número de asuntos que están llevando adelante es muy importante".

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El magistrado titular de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Ceuta ha dictado sentencia condenatoria contra este joven, que ha aceptado la pena impuesta por los hechos.

El acusado, que fue conducido desde prisión por agentes de la Policía Nacional, reconoció los hechos y mostró su conformidad con una pena de un año y seis meses de prisión por un delito de atentado.

Sin embargo, la condena ha sido sustituida por la expulsión del territorio español durante cinco años, por lo que no podrá regresar a España durante ese periodo.

Los hechos que han motivado esta sentencia ocurrieron el 10 de agosto, cuando el joven huyó de los agentes policiales.

Durante la persecución, cayó al suelo y, cuando los funcionarios se acercaron para proceder a su detención, comenzó a propinarles patadas, según los hechos recogidos en el procedimiento judicial.

Ingresó en prisión de forma provisional

El incidente se produjo en un periodo marcado por la sucesión de sucesos relacionados con las entradas irregulares registradas en la ciudad.

Tras lo ocurrido, la autoridad judicial acordó el ingreso en prisión provisional del acusado, una medida que se mantuvo hasta la celebración del juicio.

Este jueves, el joven compareció ante la Justicia y reconoció su responsabilidad en los hechos, aceptando tanto la condena como la sustitución de la pena de cárcel por su expulsión de España. La resolución implica que deberá abandonar el territorio nacional y que tendrá prohibida la entrada durante los próximos cinco años.

Esta sentencia se suma a otras resoluciones judiciales que han terminado con la expulsión de ciudadanos marroquíes que accedieron a Ceuta durante las entradas masivas registradas a finales de julio.

Desde entonces, los juzgados han tramitado procedimientos por distintos delitos cometidos en la ciudad, algunos de ellos relacionados con enfrentamientos con agentes policiales.

Más de 500 expulsiones por distintos delitos

La cifra de expulsiones supera las 500 personas, según los datos recogidos en el balance al que hace referencia esta información. Entre los delitos que han dado lugar a estas condenas figuran varios atentados contra miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como contra militares que participaron en las actuaciones desarrolladas durante aquellos días.

Las resoluciones judiciales responden a procedimientos individuales y a las circunstancias de cada caso.

En este contexto, la expulsión del territorio español constituye una de las consecuencias acordadas en determinadas sentencias, como la dictada contra este joven, que no cumplirá la pena de prisión impuesta al haberse sustituido por la prohibición de regresar a España durante cinco años.

La medida pone fin a su procedimiento penal en los términos acordados por el órgano judicial, sin perjuicio de las condiciones legales aplicables a su eventual regreso una vez transcurrido ese periodo.

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El acusado reconoció los hechos y aceptó un año de prisión por un delito de contrabando, así como al pago de una multa de 19.400 euros con 3 días de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.

La pena le queda suspendida por un plazo de 2 años, periodo en el que el acusado no podrá volver a delinquir.

En cuanto a los hechos que ha reconocido, agentes de la 1ª Compañía Fiscal y de Fronteras de la Comandancia de la Guardia Civil lo interceptaron en la frontera del Tarajal mientras conducía un coche con matrícula diplomática de Sudáfrica.

Tras analizarlo en cuyo interior transportaba una gran cantidad de tabaco de shisha, así como perfumes.

Un vehículo diplomático

El automóvil implicado pertenece al cuerpo diplomático que suele ser empleado por trabajadores de la embajada de Rabat, en Marruecos.

En concreto, se trataba de un turismo de la marca Mercedes y color gris que era conducido en el momento de los hechos por una persona de nacionalidad guineana.

La intervención policial se llevó a cabo en estrecha colaboración con los funcionarios de Aduanas en el carril de salida de la frontera, donde procedieron a interceptar el vehículo con matrícula diplomática tras infundir sospechas sobre su posible dedicación al transporte ilícito de género.

Más de media tonelada de tabaco requisada

Tras realizar un minucioso reconocimiento del turismo, las autoridades localizaron en su interior una importante cantidad de mercancía oculta. 

Una vez extraída y debidamente contabilizada, se intervinieron un total de 851 paquetes de tabaco de shisha de diferentes formatos, arrojando un peso conjunto de 512,9 kilogramos, además de una gran cantidad de perfumes y mercancía variada.

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Ambos reconocieron los hechos y aceptaron una pena de un año y nueve meses de prisión por un delito de resistencia grave a la autoridad.

La condena no se traducirá en cumplirla en prisión, ya que la pena quedó sustituida por la expulsión del territorio nacional durante un periodo de cinco años.

Los hechos se produjeron en torno a las 12.00 horas del 6 de septiembre, cuando, según el relato de los hechos, los dos hombres se encontraban en el Paseo del Revellín alterando el orden público, increpando a los viandantes y tratando de coaccionar a varias personas para que les entregaran limosna.

Intervención policial en el Paseo del Revellín

A la llegada de los agentes, varios vecinos estaban increpando a los dos hombres por su comportamiento. Entre las expresiones que les dirigían se encontraba la siguiente: “Dejad de molestar a las mujeres mayores. Si no os quieren dar dinero, no las podéis obligar”.

Los agentes trataron de identificar a los dos individuos y realizarles un cacheo superficial. Sin embargo, de acuerdo con el relato de los hechos, ambos adoptaron una actitud desafiante y desobedecieron las indicaciones policiales.

Ante esta situación, los dos hombres intentaron zafarse de los agentes, que tuvieron que recurrir a los métodos de contención necesarios para asegurarlos y poder llevar a cabo el correspondiente cacheo superficial.

Reconocimiento de los hechos y expulsión

El procedimiento judicial concluyó con el reconocimiento de los hechos por parte de los acusados, que aceptaron la pena de un año y nueve meses de prisión por un delito de resistencia grave a la autoridad.

La resolución establece la expulsión de España durante cinco años como sustitución de la pena privativa de libertad, de acuerdo con los datos facilitados sobre la sentencia.

El caso se enmarca en unos incidentes registrados a plena luz del día en pleno centro, donde la intervención policial se produjo después de que varios vecinos recriminaran a los dos hombres su comportamiento con los viandantes.

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