Pero no solo ha hecho eso, sino que ha querido recoger su pensamiento en torno a estos ciudadanos a los que se les encomendó una tarea complicada.

“Debo destacar la atención, minuciosidad y profundo análisis efectuado por el Tribunal de Jurado, algo insólito a mi parecer en persona legas”, recoge el magistrado.

“Con experiencia en este tipo de procedimientos desde abril de 2003 y con numerosos juicios celebrados, nunca me había encontrado con un conjunto de ciudadanos especialmente atentos y concienciados con la labor que les ha tocado desempeñar, como los que han formado este tribunal, tanto titulares como suplentes”.

“Durante casi dos semanas se han visto apartados de sus labores ordinarias, profesionales y personales. Igual que en otras ocasiones por distintas razones existen críticas a la labor de personas que afrontan con mayor o menor resignación dicha función, considero que también es necesario elogiar la labor de quienes, a cambio de una escasa retribución, afrontan una función ciudadana como la que les ha correspondido a ellos de forma tan comprometida”, expone.

Ellos, esos hombres y mujeres, se encargaron de hacer la parte de la justicia que les habían encomendado. Lo hicieron la noche del 16 de abril con su veredicto. El magistrado Luis de Diego Alegre ha cumplido ahora con su papel, el que le ordena su función como profesional de la judicatura, condenando a casi 25 años de prisión al policía local Alonso G.D.

La condena y las claves

En su sentencia recoge las claves que han llevado a esa resolución. Claves como por qué fue un asesinato y no un homicidio, o el motivo que lleva a considerar que la Ciudad Autónoma es responsable civil subsidiaria. Y aquí, en este último punto, el varapalo a la institución municipal es claro.

La condena es menor que la que se le impuso hace un año, antes de que el TSJA tumbara aquel fallo. Casi 25 años de prisión, en concreto, 24 años, 8 meses y 1 día de cárcel, frente a los 35 años y medio anteriores.

También es menor la indemnización que de manera subsidiaria debe abonar la Ciudad si el agente no lo hace: 373.500 euros frente a los 875.000 contemplados con la sentencia inicial.

En un total de 39 folios, el magistrado Luis de Diego Alegre recoge esas claves que han llevado a sentenciar la acción criminal cometida por el policía local sobre quien era su esposa.

La sentencia no es firme, cabe presentar nuevo recurso ante el TSJA por parte de la Defensa del policía o incluso de la Ciudad Autónoma. 

Lo que sucedió en marzo de 2022

La crónica judicial que ahora culmina, de momento, con la resolución de la Audiencia bebe de los hechos ocurridos el 14 de marzo de 2022. Aquel día, el policía local dejó su trabajo en el mercado de San José y, vestido de uniforme y con la pistola reglamentaria en su poder, acudió a su vivienda.

Una discusión, un ambiente crispado y el desenlace fatal: disparó a quien era su esposa arrebatándole la vida. Mató a Mª Ángeles y dejó marcada para siempre a su propia hija. Lo consideró el Jurado y lo mantiene su señoría en sentencia.

En esas circunstancias, a esa distancia, era más que probable que aquel disparo terminara con la vida de Mª Ángeles, como así pasó.

Casi todo el juicio versó sobre dos puntos principales: la dinámica comisiva y la capacidad mental del acusado.

La declaración de la hija del matrimonio y la ‘ratonera’ de la manifestación del condenado

Sobre el primero, la clave estuvo en si el disparo fue por forcejeo o, al contrario, se ejecutó sin posible defensa de la víctima. Es decir, accidente o ejecución. De ser lo primero, era irrelevante el estado mental del acusado. Solo de asumir la autoría cabía ese debate.

Para concluir que se produjo un asesinato han sido claves dos pruebas determinantes: la declaración de la hija del matrimonio, en su doble condición de testigo y víctima de lo sucedido, y la del acusado.

Este último solo respondió a preguntas de la defensa, metiéndose en una especie de ‘ratonera’, “evitando toda contradicción en su propia versión por lo que se ha permitido a las acusaciones, tal y como pidió el Ministerio Fiscal que se escuchara la versión que ofreció en fase de instrucción conforme a lo señalado en el art. 730 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”, se recoge en sentencia.

La versión de la hija en lo referente a la muerte de su madre y lo sucedido aquel 14 de marzo de 2022 ha sido “bastante elocuente”, mientras que la declaración del policía local se terminó convirtiendo en una especie de discurso no sometido a verdadera contradicción.

“El testimonio de la víctima puede valer como prueba única y válida dirigida a las pretensiones acusatorias, siempre que concurran una serie de circunstancias en dicho testimonio”, avanza Luis de Diego Alegre.

Buen tirador y comportamiento tras el crimen: detalles de interés

El asesino disponía de un arma con un gatillo “anti-stress”, que impedía los disparos fortuitos, además de ser un buen operador y buen tirador, cuidadoso con el arma.

“En esa tesitura consideran poco probable un uso inconsciente o temerario del arma o que se hubiera dejado el arma cargada o sin el sistema de seguridad activado, lo que desmiente su versión autoexculpatoria prestada en instrucción”.

Si el primer disparo hubiera sido accidental, no intencional, la actitud del acusado hubiera sido diferente: hubiera tenido una actitud de auxilio, de sorpresa, de cese del forcejeo. Los miembros del Jurado entendieron por ello que el primer disparo no pudo ser el que alcanzó la nevera, sino el que mató a María Ángeles y que fue un disparo doloso.

Los actos posteriores del acusado, ocultando tanto el arma como una de las vainas percutidas revela la intencionalidad de este, además de postergar el auxilio a su esposa a la ocultación del arma.

A ello podría añadirse a sensu contrario, pero dentro de la misma lógica argumental que si el disparo que alcanzó el frigorífico hubiera sido el primero, la posición de la víctima hubiera sido distinta, hubiera acudido con toda probabilidad a auxiliar a su hija, no es imaginable y es menos probable que se quedara quieta en esas circunstancias.

En este sentido, los peritos policiales expertos en balística y las forenses determinaron la imposibilidad de saber a ciencia cierta las posiciones del acusado y de la víctima en el momento del disparo y que la localización de agujeros de impacto de bala en la mesa situada al fondo no indica la trayectoria inicial, sino solo la final puesto que la bala atravesó el cuerpo de la víctima y dado que impactó en la columna de la misma se desvió de la trayectoria lineal coherente, saliendo por la espalda cerca del cuello.

Intención de matar

“Hasta ese punto ha llegado el Jurado en su detallado análisis, pero no solo existe dicha prueba, sino que analizan y añaden la reacción del acusado como dato incriminatorio, no solo al llamar por teléfono, sino en su domicilio y durante la detención tal y como declararon los múltiples funcionarios policiales que acudieron al lugar y que observaron las primeras reacciones del acusado, estando tranquilo, preocupado por su indumentaria, tras haber preguntado si había fallecido su mujer de forma inusualmente calmada”, expone el magistrado.

Por ello considera suficientemente acreditado el orden de los disparos, el ánimus necandi y la intención de asegurar su voluntad homicida de forma alevosa, siendo lógico por todo lo actuado el pronunciamiento condenatorio por asesinato, planteado por las acusaciones.

“La prueba testifical se considere suficiente para enervar la presunción de inocencia que acoge al acusado. Es más que suficiente para alcanzar un pronunciamiento condenatorio. Por lo anterior y en coherencia con lo expuesto el Tribunal de Jurado tiene por acreditada y justificada la participación en grado de autor del acusado en los hechos declarados probados y se le considera autor del delito de asesinato referido”.

Por qué la Ciudad es responsable

Otra de las claves fue el estado mental del policía local y lo que hizo la Ciudad Autónoma.

“Pese al esfuerzo argumental del Letrado de la Ciudad Autónoma de Ceuta, el acusado se encontraba de servicio en su puesto de servicio en el Mercado San José de esta ciudad vestido con uniforme y provisto de su arma de fuego reglamentaria”.

“Y pese a estar de servicio acudió de esa manera a su domicilio, detalle que revela por sí solo cierta culpa in vigilando. Además, los disparos se produjeron con su arma reglamentaria, de titularidad de la Ciudad Autónoma, lo que agrava aún más la responsabilidad de esta”.

En la Policía no había por aquel entonces armero, por lo que los policías se llevaban la pistola a casa. Un argumento que usó el letrado de la Ciudad. La jurisprudencia deja claro que: “Hay responsabilidad civil subsidiaria si existen datos debidamente acreditados de que el arma debió habérsela retirado al funcionario por carencia de las condiciones adecuadas para su posesión”. Y esto es clave.

“El letrado de esta Ciudad, en su exposición” omitió ese detalle y en todo caso, “los miembros del Tribunal del Jurado han tenido por acreditado que al acusado le habían privado de forma temporal del uso del arma por trastornos de ansiedad, tal y como han declarado en juicio tanto el jefe de recursos humanos de la Ciudad Autónoma como el médico del servicio de prevención y se ha acreditado de forma documental y esa es la clave”.

“Además, hubo cierta relajación en la frecuencia de realización de protocolos de salud física y mental y ausencia de control específico de problemas psiquiátricos o psicológicos. Obviamente se actuaba de buena fe y se les preguntaba si tenían algún problema a los examinados y se confiaba en sus respuestas”.

“Pero en el caso del acusado era evidente y así consta documentado, que tenía antecedentes de problemas de salud mental y que era sabido (o debió serlo) por los responsables tanto de la Policía Local de Ceuta como por los servicios de recursos humanos generales del ente local, al estar documentados. Con esos antecedentes hubiera sido adecuado, o bien la retirada definitiva del arma, o bien que el mismo estuviera acompañado en el servicio por otro agente o su adscripción a un puesto en que el arma reglamentaria no fuera llevada de forma permanente”.

“En definitiva, ha existido una evidente culpa in vigilando por parte de la Ciudad Autónoma de Ceuta que hace que haya incurrido en responsabilidad civil, pero de carácter subsidiario al propio acusado”, concluye.

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Lo hace por asesinato, el cometido en marzo de 2022, cuando le quitó la vida a su esposa en la vivienda que compartían en Parques de Ceuta. Todo ello tras el veredicto de culpabilidad emitido por un jurado popular.

En la sentencia, notificada hoy jueves a las partes y contra la que cabe interponer recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la Audiencia condena al policía local por un delito de asesinato, con las agravantes de parentesco y motivación de género y la atenuante de dilaciones indebidas, y le impone una pena de veinte años y un día de prisión, la prohibición de comunicarse y aproximarse a menos de cien metros de sus dos hijos –un varón y una mujer– durante un periodo de veintiséis años, así como la privación de la patria potestad respecto de su hijo menor.

De igual modo, la Audiencia condena al acusado por un delito de lesiones psíquicas graves cometido sobre su hija con la agravante de parentesco y la atenuante de dilaciones indebidas y fija una pena por este delito de un año y seis meses de cárcel y la prohibición de comunicarse y aproximarse a menos de cien metros de su hija por un periodo de tres años, mientras que también lo condena por un delito contra la integridad moral –cometido igualmente sobre su hija– con la agravante de parentesco y la atenuante de dilaciones indebidas a un año y dos meses de prisión y la prohibición de comunicación y acercamiento a menos de cien metros de su hija.

Por último, lo condena por un delito de maltrato psíquico habitual con la atenuante de dilaciones indebidas a dos años de cárcel, la prohibición de comunicación y acercamiento a menos de cien metros de sus dos hijos por un plazo de cinco años, y la privación del derecho a la tenencia y porte de armas por cuatro años. En concepto de responsabilidad civil, el acusado, que se encuentra actualmente en situación de prisión provisional por estos hechos, deberá indemnizar con un total de 373.500 euros a la familia de la fallecida.

Responsabilidad civil: la Ciudad Autónoma

La Audiencia declara la responsabilidad civil subsidiaria de la Ciudad Autónoma de Ceuta al considerar que ha existido “una evidente culpa in vigilando”, ya que, según consideró probado el jurado, el acusado tuvo retirada el arma en su trabajo como agente de la Policía Local de Ceuta en dos ocasiones, en los años 2001 y 2007, como consecuencia de episodios de ansiedad, pero “pese a esos antecedentes, el día de los hechos tenía su arma reglamentaria en su poder”.

El acusado disparó a la víctima a poca distancia: le tenían que haber quitado el arma

Además, prosigue la Audiencia, “hubo cierta relajación en la frecuencia de realización de protocolos de salud física y mental y ausencia de control específico de problemas psiquiátricos o psicológicos”, subrayando que, en el caso del acusado, “era evidente y así consta documentado que tenía antecedentes de problemas de salud mental y que era sabido (o debió serlo) por los responsables tanto de la Policía Local de Ceuta como por los servicios de recursos humanos generales del ente local, al estar documentados”.

“Con esos antecedentes, hubiera sido adecuado, o bien la retirada definitiva del arma, o bien que el mismo estuviera acompañado en el servicio por otro agente o su adscripción a un puesto en el que el arma reglamentaria no fuera llevada de forma permanente”, argumenta.

Lo que dijo el Jurado

En su veredicto, el jurado consideró probado que el acusado era agente de la Policía Local y estaba casado con la víctima, con quien tenía en común dos hijos menores de edad en la fecha de los hechos, precisando que los mismos tuvieron lugar en la mañana del día 14 de marzo de 2022, cuando el condenado se encontraba prestando servicio en Ceuta vestido con uniforme y provisto de su arma reglamentaria.

De este modo, y sobre las 10,00 horas, el acusado acudió a su domicilio familiar y mantuvo una discusión con su esposa “con motivo de una cita médica, atribuyendo a ella la pérdida”, comenzando la víctima a buscar el papel en la cocina e incluso en la bolsa de basura, “manteniéndose la discusión”, según el veredicto del jurado, que también vio probado que, en un momento dado, el encausado se dirigió al salón de la vivienda, “donde había dejado el cinto con el arma y con la misma apta para el disparo”, tras lo que regresó a la cocina, “manteniéndose el tono alto de discusión”.

Según recoge la sentencia, esta situación provocó que se personara en la cocina la hija de la pareja, la cual, “al ver la actitud de su padre, intentó intermediar y calmarle”, pero el investigado “hizo caso omiso y de forma agresiva la apartó y con intención de acabar con la vida de su esposa o aceptando que en esas circunstancias era muy probable que un disparo pudiera terminar con la vida de la misma, apuntando con el arma empuñada, disparó a poca distancia” a su mujer, “que se encontraba al fondo de la cocina, agachada”.

“Clima de terror y sometimiento”

Seguidamente, la hija de la pareja “reaccionó abalanzándose sobre su padre para intentar arrebatarle el arma, cayendo y produciéndose un disparo que acabó alojado en el interior del frigorífico”, momento en el que padre e hija “cesaron en su pelea” al darse cuenta de que la víctima estaba gravemente herida tras ser alcanzada por el primer disparo, por lo que su hija llamó a los servicios de emergencia y a continuación hizo lo mismo el propio acusado “tras haber descargado y escondido el arma debajo de su cama en el dormitorio del matrimonio”.

Tras indicar que la esposa del acusado falleció a los pocos minutos, el jurado también consideró probado que el acusado “actuó en todo momento siendo consciente que, con el empleo de un arma, las circunstancias de la estrechez de la cocina, y la situación en que se encontraba” la fallecida, “al fondo de la estancia estando agachada y acorralada al estar él ocupando la zona de la puerta, se eliminaban virtualmente las posibilidades de defenderse por parte de su esposa y aseguraba el éxito de su acción”.

Al cometer los hechos sobre su esposa, y según la sentencia, el acusado “actuó con expresión de superioridad y dominación sobre la mujer, con desprecio a la condición de mujer y con intención de humillarla”.

El jurado, igualmente, vio probado que, cuando acudió a la cocina para intentar mediar en la discusión, la hija de la pareja rogó al acusado que no le hiciera nada a su madre, pero, “pese a ello, la empujó y apartó, disparando a la víctima, obligándola a presenciar de forma consciente e intencional la muerte de su madre, con la intención de causarle un trauma mental irreversible o representándose la posibilidad de que lo sufriera y actuando a pesar de ello”, una situación que además le ocasionó “un evidente daño a su dignidad personal”.

La sentencia relata que, durante el matrimonio, y en los años anteriores al día 14 de marzo de 2022, el acusado “sometió a su esposa a un clima de terror y sometimiento, en presencia de los hijos menores, con gritos, actitudes violentas y desprecio hacia la citada, controlando y limitando las personas con las que ella se podía relacionar y los lugares a los que iba, como consecuencia de su idea de predominio sobre su mujer”.

La diferencia con la anterior condena: menos años de cárcel e indemnización

La sentencia dictada por la Audiencia, después de que el TSJA ordenara la repetición de la vista con otro jurado, recoge menos años de cárcel y menos indemnización.

En la primera condena se le impusieron 35 años y medio de cárcel al llamado Alonso G.D. Además, se le condenó al pago de 875.000 euros, cuando ahora la condena es de 373.500 euros.

Al pago se le condena al agente, pero de forma subsidiaria a la Ciudad Autónoma.

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El acusado, identificado como A.M.D., reconoció los hechos que se le imputaban y mostró su conformidad con la pena solicitada por las partes, evitando así la celebración del juicio en su integridad.

Como consecuencia de este acuerdo, el acusado ha sido condenado a una pena de tres años y diez meses de prisión, además del pago de una multa de 95.403 euros, con tres días de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.

Interceptado en el embarque

Los hechos se remontan a las 08:10 horas del pasado 2 de mayo, cuando A.M.D. se encontraba en la Estación Marítima de nuestra ciudad con la intención de embarcar en un ferry con destino a Algeciras.

Según recoge la resolución judicial, el comportamiento del acusado despertó las sospechas de los agentes de la Guardia Civil que prestaban servicio en el control de embarque, por lo que procedieron a inspeccionar el vehículo de su propiedad, un turismo KIA Carens, en el que viajaba.

El acusado mostró su consentimiento para la realización del registro, durante el cual los agentes localizaron diversos compartimentos ocultos en el automóvil.

Droga oculta en la carrocería

La inspección permitió descubrir un total de 99 bloques escondidos en los huecos naturales de la carrocería, concretamente en las vigas, taloneras y en un doble fondo habilitado en el depósito de combustible. Venían con la marca de un ovni.

Tras su análisis, la sustancia intervenida resultó ser hachís, con un peso bruto de 51.100 gramos y un índice de THC del 51,5 por ciento, según consta en la sentencia.

La droga aprehendida habría alcanzado un valor de 95.403 euros en el mercado ilícito, quedando acreditado que el acusado tenía la intención de destinarla a la venta o distribución a terceras personas, motivo por el que ha sido condenado por un delito contra la salud pública.

El acuerdo previo entre las partes evitó la celebración de la vista oral que estaba fijada en la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de nuestra ciudad en la que se contaba con la testifical de los agentes de la Guardia Civil que prestaban ese día servicio en la estación marítima.

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Querían más y tenían buenos contactos. Los tenían en las más altas esferas, con agentes comprados en España capaces de advertirles del desarrollo y avance de las investigaciones, aunque estuvieran secretas, pero también en Marruecos, con jefazos a los que pagaban alquileres de viviendas de verano en Cabo Negro.

En el último informe remitido por la UDYCO a la Audiencia Nacional, los agentes se centran en una pieza del tablero de ajedrez. Es el rey, al menos para ellos. El rey de la partida y el rey de los narcotúneles.

Una o dos toneladas de hachís diarias por el túnel

A Mustapha Ch.B., el patrón de los patrones, el que alardea en conversaciones captadas por la Policía de la cantidad de “merca” que ha colado por los narcotúneles, la UDYCO le atribuye la propiedad de las dos galerías y de la tercera en construcción.

“Se ha logrado la titularidad plena de los narcotúneles, tanto del primero como del segundo”, recoge la UDYCO. Galerías subterráneas por las que entraba la droga, entre una y dos toneladas diarias, dominadas por ese rey en el tablero de ajedrez y usadas por organizaciones que debían abonar un peaje por kilo pasado para servirse de sus servicios.

La idea era monopolizar el mercado, es decir, que quien quisiera meter hachís en Ceuta tuviera que abonar un dinero por usar esas infraestructuras subterráneas.

Las sospechas de existencia de narcotúneles, desde 2024

La UDYCO asegura que ya desde el primer trimestre de 2024 tenían constancia de que estarían construyéndose dos narcotúneles. “Todo ello fruto de un análisis estratégico, táctico y operacional sobre estructuras criminales, así como vigilancias policiales efectuadas sobre diversas organizaciones criminales dedicadas a la introducción de grandes cantidades de hachís en territorio peninsular desde Ceuta”, explica la UDYCO.

Aseguran que sabían de esas construcciones, pero el hecho es que hasta febrero de 2025 no se dio con la primera. Lo hizo la Guardia Civil y fue gracias a la colaboración de uno de los detenidos en la Operación Hades, a quien, después, han intentado asesinar, además de estar denunciado en Marruecos para, si cruza al vecino país, ser detenido al instante.

La UDYCO mantiene que, fruto de “dichas vigilancias e inteligencia operacional”, sospechaban del acopio de grandes cantidades de sustancia estupefaciente en las proximidades del vallado fronterizo, concretamente en las naves del Tarajal y el Príncipe. Droga que después era entregada a diversas organizaciones criminales independientes, pero interconectadas, que conexionan puntualmente en torno a la persona que lidera la organización criminal, que monopoliza la entrada de la droga desde Marruecos.

De las naves partían distintos tipos de vehículos cargados de sustancia estupefaciente. Los dos narcotúneles y el tercero en construcción estaban liderados por el mismo investigado Mustapha Ch.B. junto a otros lugartenientes o socios.

La UDYCO habla de un monopolio del mercado de la droga, pero también sitúa a dos de los más buscados por las fuerzas de seguridad relacionados con este entramado: el apodado ‘Messi del hachís’ y el ‘holandés’. Ambos están escondidos y con órdenes de busca y captura.

La actividad asociada al narcotráfico en los narcotúneles era “incesante”, detalla la UDYCO.

Las filtraciones de operaciones secretas que llegaban a los narcos

La obsesión de las fuerzas de seguridad es que nadie conozca los pasos que están dando para evitar que los buscados se fuguen. Por eso existe el secreto de sumario y por eso, se supone, nadie debe saber lo que hace un policía o un guardia civil.

Pero el rey de los narcotúneles lo sabía. Y por eso le dio tiempo a limpiar el escenario eliminando las pruebas. Lo hizo, él mismo lo asegura, antes de que Asuntos Internos de la Guardia Civil entrara en la primera galería para pasar hachís descubierta en la nave que servía de marmolería en el Tarajal.

Recibe informaciones por parte de “terceras personas”. “Me han llamado estos días, me han dicho que me tienen en el punto de mira”, llega a exponer en una de las sonorizaciones captadas, señalando directamente al jefe de la UDYCO de quien, dice, que “este no se compra, viene directamente protegido de Madrid”.

En una de las sonorizaciones captadas por la UDYCO el 16 de junio de 2025, a toro pasado del despliegue que dio pie a la Operación Hades en la que se encontró el primer narcotúnel, Mustapha Ch.B. confiesa que le había dado tiempo a cerrarlo. Si la Guardia Civil lo hubiera encontrado abierto, “una desgracia”, reconoce.

“Gracias a Dios y gracias a las bendiciones de los padres que estaba cerrado”

El patrón de los patrones, el jefe de los narcotúneles, sospechaba de la actuación de los guardias civiles y le dio tiempo a extraer la droga que pudiera haber en la falsa marmolería. Alguien le avisó, alguien que sabía que los agentes de la Benemérita iban a llegar hasta esa nave.

“Tenía (mal) presentimiento, he cerrado eso, lo tengo cerrado”, confiesa en una conversación. “Sí, si lo hubiesen encontrado abierto, una desgracia, me tienes que decir ¡viva!”.

Supo que iban a entrar y los agentes no encontraron nada que le comprometiera. “Gracias a Dios y gracias a las bendiciones de los padres”, mantiene, apuntillando que pudo cerrarlo mucho antes del desembarco de unidades especializadas de la Benemérita.

El cooperador marroquí del primer narcotúnel y el soborno de autoridades de Marruecos

El primer narcotúnel descubierto en las naves del Tarajal terminaba en una vivienda ubicada en Marruecos, en terreno militar. En una sonorización captada el 14 de agosto de 2025 se recoge que los marroquíes “encontraron eso cerrado y los cristianos también”.

Al dueño de la parte marroquí del primer narcotúnel le dio tiempo a esconderse en Marruecos bajo la protección de Mustapha Ch.B., quien había sido puntualmente informado de la llegada de los guardias civiles.

En esa sonorización de agosto se capta cómo calma a la familia de su cooperador, a quien manifiesta que tiene una casa con piscina en Cabo Negro para uso de quien lleva, en el país vecino, la investigación sobre este narcotúnel. Un soborno en toda regla.

“El que se encarga del caso, le he alquilado una casa, una casa con piscina”, expone. “Mañana viene el jefe de esa brigada”, añade, resaltando que se le iba a entregar una suma de dinero.

Para la UDYCO, estas conversaciones vienen a evidenciar que el rey del tablero de ajedrez dispone de un alto nivel y mantiene contacto con las autoridades marroquíes a fin de solventar el problema judicial al que se enfrenta.

La figura del guardia civil jubilado y la amistad con el ‘Messi del hachís’

En el informe remitido por la UDYCO a la Audiencia Nacional se recogen sonorizaciones en las que el dueño de los narcotúneles conversa con el agente de la Guardia Civil jubilado que fue detenido tras el hallazgo de la segunda galería.

El 25 de agosto hablan sobre ventas y precios.

“1.400, 1.450, depende si lleva uno, dos, 5”, dice el guardia A.A.

“La cosa está muy fea”, responde el jefe, “está cayendo mucha gente, caen muchos coches. Hay que buscar gente de confianza si pasa algo tú ya sabes”.

“¿Qué hago con los 35 que tengo en Castillejos?, ¿me los metes tú o qué?”, le pregunta A.A.

“Mándame, si tú confías en mí yo mando esto a, cómo se llama, Pontevedra, tengo gente ahí”. “No te preocupes amigo, yo tengo ventas, tengo gente buena de la Línea que está trabajando conmigo”.

“¿Con goma?”, le pregunta el agente jubilado. “Con goma sí, cuatro motores”.

A juicio de la UDYCO hablan de cargas, de cajas y de cómo este exguardia civil mantiene amistad con el ‘Messi del hachís’.

El audio de un “tal Jose”, “presumible guardia civil”

El 16 de enero de 2026, este exagente reproduce un audio que también es captado por la UDYCO.

Es un audio de WhatsApp “de un tal Jose, presumible guardia civil”, apunta la UDYCO en el que le refiere al detenido y preso preventivo A.A. lo siguiente: “Necesitaría el nombre, aunque sea el nombre de pila, del hijo de… del amigo nuestro que… joder macho, que cabeza tengo dios mío, del del túnel, el jefe, el que ha salido rana”.

“¿Tú lo conoces? Como os conocéis hace tanto tiempo, ¿conoces el nombre de pila del hijo? ¿o como le llaman? Si ves que tal… Voy a entrar en una reunión y te llamo cuando salga”.

Indica la UDYCO que se está haciendo referencia al patrón de los patrones, pero meses antes de que se descubriera el segundo narcotúnel.

“Si ese individuo pertenece a la Guardia Civil, tiene conocimiento” de quién es el dueño de los dos túneles. La UDYCO no dice nada más, pero sí recoge en su informe como reseñable el contenido de dicho audio.

9.000 euros para colar al constructor del tercer narcotúnel en patera

En esta suma de odas a la ilegalidad toda vale, hasta las maneras de colar a personas en Ceuta sobre las que no debe quedar registro alguno.

Así se trabaja, por ejemplo, para introducir en la ciudad a quienes trabajarían en la construcción del tercer narcotúnel.

En una de las sonorizaciones captadas, el patrón de los patrones M.Ch.B. indica que quiere meter a un chico de Alcazarquevir porque lo necesita muchísimo. Tarea bada complicada porque hay quien se dedica a ello, a cobrar 9.000 euros por pasar a individuos en pateras de pesca.

Lo recogen en Rincón, llevándolo hasta una zona en donde esperan para trasladarlo a una casa.

En octubre de 2025, se recoge en otra sonorización cómo se pueden introducir a personas por 12.000 euros a través de la frontera sin problemas.

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Ya se cuenta con el informe definitivo de la autopsia llevado a cabo por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Antes, en octubre, se había trasladado uno provisional en el que se indicaba que la muerte del bebé era de carácter violenta.

Las conclusiones de este informe final ratifican, con los resultados de todos los estudios complementarios realizados, que la muerte del bebé fue de origen violento, de etiología médico-legal homicida.

Síndrome de sacudida o zarandeo y traumatismo craneal

El bebé sufrió el síndrome de sacudida o zarandeo, además de un traumatismo craneoencefálico. Esas conclusiones son ya definitivas y se conocen después de que, el pasado mayo, llegaran los informes sobre restos de ADN de la víctima.

Los padres del bebé se encuentran presos preventivos y a la espera de que se celebre la vista para concretar la imputabilidad, es decir, la concreción de los delitos.

Los dos permanecen en centros penitenciarios peninsulares desde octubre del pasado año, tras su arresto en la vivienda en donde la Policía Nacional localizó el cuerpo sin vida del prácticamente recién nacido.

Inspección ocular de la Policía: le cambiaron la ropa al bebé

En la inspección ocular que realizaron los agentes de la Unidad Científica del CNP se conocieron datos de interés para la investigación por cómo se encontraron el interior de un hogar en el que durante toda la jornada se habían suscitado peleas, hasta el punto de que vecinos llamaron en varias ocasiones al 112.

Cuando los agentes llegaron al recibir el aviso del tío del bebé ya estaba muerto y además le habían cambiado la ropa. La presencia visual de lesiones llevó a activar de inmediato el protocolo, girándose aviso a su señoría y a los forenses que se encontraban de guardia. Al lado de la cuna, la Policía encontró ropa del bebé con manchas de sangre, la que se le había retirado.

Los agentes comprobaron la existencia de importantes daños físicos dentro de la casa como, por ejemplo, mobiliario y puertas rotas.

De los indicios de criminalidad a la confirmación de una muerte violenta

De las conclusiones iniciales que apuntaban ya a la existencia de indicios de criminalidad y de muerte violenta del bebé, de solo días, se pasó a la recepción de los informes objetivos en los que se concluyen datos de interés para el caso porque verifica lo sucedido.

Cuando judicialmente se habla de una muerte de origen violento viene a significar que tuvo que intervenir alguien externo para provocar esos traumas.

Las lesiones sufridas por el pequeño han sido confirmadas en el informe forense, como también se ha descartado la presencia de tóxicos en su cuerpo. El hecho de que el bebé fuera tan pequeño lo expuso aún más a esos daños, tratándose de un ser extremadamente vulnerable.

La autoría de una persona y adulta

Como se había indicado desde un principio, el bebé sufrió lesiones producidas por un zarandeo y después golpes contra una superficie dura, que tuvieron que ser provocadas por una sola persona y además adulta, al haberse producido ambas acciones de continuado, en la misma secuencia.

Ya en el informe preliminar que adelantó este periódico, los profesionales forenses consideraron que el bebé fue agarrado por una persona adulta, y que las lesiones no fueron producidas por caída sino por golpes contra una superficie.

El escenario en el que se produjo todo esto estuvo marcado por la violencia de la discusión, estando el bebé en el foco de esos menosprecios y amenazas.

Una vez que se concrete la imputabilidad se dará paso al conocimiento de los escritos de acusación. La prisión permanente revisable que puede ser solicitada exige unos requisitos que, hasta lo que se conoce, se cumplen en este caso en el que se investiga un delito de asesinato con la agravante de parentesco, cuya víctima además es menor de 16 años.

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Un varón identificado como R.P.B. se enfrentaba a prisión acusado de esa triquiñuela, pero la falta de pruebas contundentes ha llevado a que termine absuelto, tal y como se recoge en la sentencia dictada por la magistrada titular de la Plaza número 1 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia, a cuyo contenido ha tenido acceso El Faro.

Los intereses del acusado han estado defendidos por el abogado Juan de Dios Ruiz. 

Los hechos que se consideran probados

En la resolución judicial se considera probado que en la noche del 24 de septiembre de 2025 una tercera persona identificada como Jixu Deng envió al teléfono de la denunciante un SMS en el que decía “Hola mamá, mi teléfono se ha roto, escríbeme por WhatsApp”, iniciándose así una conversación que escondía la estafa del hijo en apuros.

En el transcurso de la misma, le solicitaron a la víctima, bajo el pretexto de que su hija se encontraba en apuros, el pago de diversas cantidades de dinero, realizando una transferencia de 6.911 euros a la cuenta de la entidad BBVA, de la que era titular exclusivo el acusado.

En el juicio celebrado la semana pasada se pudo contar con la declaración de la víctima, que ratificó la denuncia y explicó que recibió un mensaje de alguien haciéndose pasar por su hija, señalando que estaba en apuros y que requería de esa ayuda urgente.

Este tipo de estafas juegan con lo emocional, tocando la vena sensible de unos padres que sospechan que sus vástagos están en un aprieto.

El teléfono, la cuenta, los mensajes…

La versión de la víctima fue corroborada por las capturas de las conversaciones de WhatsApp y por el extracto bancario en el que figuraba el importe de la transferencia y la cuenta de destino de esa cantidad.

El teléfono utilizado para el engaño era de la persona que no se ha podido identificar y la cuenta de destino de la cantidad defraudada, que tenía como titular al acusado, se abrió un día antes de los hechos a través de Banca a Distancia Móvil, es decir, de manera telemática, aportando la dirección IP desde la que se realizó la operación y el número de teléfono asociado al cliente.

Esa cuenta se formalizó accediendo con su contraseña desde su propio usuario online al ser titular de productos anteriores en la entidad, por lo que no se le solicitó la verificación de la identidad desde el Área de clientes.

El acusado negó los hechos y la investigación policial no fue profunda

El acusado negó los hechos, haber incurrido en la estafa del hijo en apuros, e incluso haber tenido conocimiento de la apertura de la cuenta.

El agente de Policía Nacional que declaró en calidad de testigo ratificó el atestado y explicó las líneas de investigación, que se habían centrado en la identificación del titular de teléfono desde el que se perpetró el engaño y la titularidad de la cuenta de destino de la cantidad defraudada.

Nunca se investigaron los movimientos de dicha cuenta, presumiendo que el titular de la cuenta beneficiaria es el autor de la estafa.

En sentencia se recoge que, si bien es cierto que ser titular de la cuenta bancaria de destino del dinero transferido mediando engaño constituye un indicio incriminatorio fundamental para sospechar la participación del acusado en el engaño previo a la transferencia o para sospechar la intención de ayudar a los autores del delito antecedente a ocultar el origen ilícito de la transferencia, no es suficiente para una condena.

No, al menos, con la fuerza como para enervar la presunción de inocencia del acusado, máxime cuando no existe ninguna prueba sobre el destino de la cantidad defraudada y concurren otros indicios que pueden ser exculpatorios.

¿Dónde está el dinero?

Por ejemplo, el acusado no era el titular del teléfono desde el que se realizó la maniobra engañosa y no consta ninguna relación entre ambos.

La cuenta beneficiaria se abrió un día antes de los hechos, pero sin verificar la identidad del acusado. Tampoco se hizo ninguna investigación respecto de la dirección IP desde la que se abrió la cuenta.

La prueba practicada es insuficiente para acreditar que el acusado cooperara en la estafa del hijo en apuros, quedándose con una comisión, es decir, ejerciendo de mula.

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Ambas acusaciones coinciden en la petición de cárcel: 10 años de prisión, a lo que suman imponer al acusado la prohibición de aproximarse a una distancia inferior a 50 metros en cualquier lugar en que se encuentre la denunciante, así como a su domicilio, lugar de trabajo, centro de estudios o cualesquiera otros frecuentados por ella.

Esa medida incluye la prohibición de comunicarse con la denunciante por cualquier medio, directo o indirecto, por 10 años.

Las peticiones de las dos acusaciones, que ya han sido notificadas al médico, recogen además la imposición de una medida de libertad vigilada por tiempo de 10 años que se ejecutaría con posterioridad a la pena privativa de libertad.

Tanto Fiscalía como Acusación Particular recogen en sus escritos la inclusión de una petición de inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividad, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad, por tiempo de 20 años.

Difieren, únicamente, en la petición de responsabilidad civil al acusado: 15.000 euros, de acuerdo con la Acusación Particular, y 5.000, de acuerdo con el escrito de la Fiscalía. 

Los hechos denunciados y calificados como agresión sexual con acceso carnal

Los escritos de acusación presentados se refieren a los hechos ocurridos el 26 de abril de 2025 en el hospital universitario, concretamente en la zona de pediatría, considerados como una agresión sexual con acceso carnal.

Según lo que mantienen Fiscalía y Acusación Particular, el médico estaba de guardia y contactó con la denunciante por Instagram después de que esta le refiriera que tenía molestias en la espalda.

Aprovechando dicha circunstancia, le habría ofrecido realizarle una valoración médica en el hospital, facilitándole su número de teléfono personal y acordando con ella que acudiera al centro sin cita médica, con el pretexto de explorarla mientras se encontraba ejerciendo sus funciones.

Una vez en la consulta, el acusado introdujo a la denunciante en la misma, cerró la puerta con pestillo y le indicó que se quitara la ropa, que permaneciera en ropa interior y que se tumbara en una camilla.

Exploración médica y denuncia posterior

La agresión sexual se habría cometido bajo la apariencia de una exploración médica. Es lo que mantiene tanto Fiscalía como Acusación Particular, produciéndose tocamientos sin que existiera consentimiento válido para actos de naturaleza sexual y sin que tales maniobras respondieran a una actuación médica legítima.

En los escritos de ambas acusaciones se recogen los detalles que se habrían producido en esa sala médica, incluyéndose comentarios de contenido sexual hasta la comisión de esa presunta agresión cometida contra la perjudicada que, por respeto, no se especifica.

Mantiene la Acusación Particular que en todo momento la denunciante manifestó su voluntad de no continuar, de vestirse y de abandonar la consulta. Al intentar marcharse, la puerta se encontraba cerrada con pestillo, por lo que tuvo que pedir al acusado que la abriera.

Tras los hechos, este le habría remitido a la perjudicada un mensaje por WhatsApp preguntando si estaba todo ok, además de dos llamadas que no fueron contestadas. 

Las consecuencias de todo esto

Tras la detención de Faisal Hamed y la orden de entrada en prisión, el PP envió un comunicado a los medios para indicar que se abría un expediente disciplinario y se le suspendía de militancia.

El PP indicó en una nota que reiteraba su condena ante cualquier forma de agresión sexual.

La entrada en prisión de Faisal Hamed se produjo en abril de 2025, y no fue hasta mayo cuando la Audiencia dictó en un auto conceder la libertad bajo fianza de 150.000 euros.

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Así lo han confirmado fuentes judiciales a El Faro, como resultado final y privativo de libertad a la espera de juicio de los arrestados.

Del servicio se dieron cuenta las patrullas operativas de la 2ª Compañía de Fiscal y de Fronteras que realizaban labores de vigilancia de costas en las inmediaciones del faro.

Allí, fueron alertadas por varios ciudadanos sobre la presencia sospechosa de una embarcación próxima a la orilla organizándose un dispositivo para proceder a la detención de los pasadores, contando con el apoyo del Servicio Marítimo.

Así también fueron localizados los dos inmigrantes y se intervino la patera. Las pruebas de la comisión del delito.

Pescadores, el camuflaje para los pases de inmigrantes

Las pateras de pescadores de Marruecos se erigen en el camuflaje utilizado por algunos individuos para trasladar a inmigrantes. Los tapan con las propias redes e intentan introducirlos en la ciudad evitando controles de la Benemérita.

En esta ocasión buscaron burlar a los agentes de la Guardia Civil, pero no lo lograron y ahora esperan en una celda a que sea el juicio.

Este tipo de acciones tienen su condena. De hecho, este mismo año, dos pescadores marroquíes eran condenados a 3 años de prisión por colar inmigrantes en febrero de 2025.

Pase de inmigrantes, pero también de drogas

Los agentes del Instituto Armado han sorprendido en varias ocasiones pateras de pesca no solo asociadas al intento de pase de inmigrantes, sino también de drogas.

La clave, en el primero de los casos, es poder asociar a los pescadores con los sin papeles, toda vez que la línea entre lo que es la comisión de un delito de tráfico de personas y un auxilio humanitario queda en ocasiones poco definida.

La Guardia Civil lleva a cabo controles para detectar la introducción de hachís que es escondida mediante la técnica del fondeo.

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Durante la vista judicial, celebrada mediante videoconferencia, el acusado reconoció los hechos que se le imputaban y mostró su conformidad con la pena solicitada por las partes, aceptando una condena de tres meses de prisión.

La resolución judicial acuerda la suspensión de la pena privativa de libertad durante un periodo de dos años, condicionada a que el condenado no vuelva a delinquir durante ese plazo y al abono de la responsabilidad civil, fijada en 1.894 euros.

¿Qué ocurrió?

Según se recoge en la sentencia, los hechos tuvieron lugar sobre las 17:00 horas del 3 de julio de 2022, cuando el acusado actuó de común acuerdo con una tercera persona que no ha podido ser identificada.

Ambos fueron sorprendidos por agentes de la Guardia Civil cuando se encontraban sobre una embarcación propiedad del denunciante, ubicada en la playa de Benzú, mientras sustraían distintos objetos y componentes de su interior.

Entre los efectos robados figuraban un volante de acero inoxidable, un soporte de batería, una batería, un juego de herramientas JBM y una bomba hidráulica SEASTAR Classic Inclinación 1,7 Marine, elementos que posteriormente fueron valorados pericialmente en 1.894 euros.

Huida y reclamación

Al percatarse de la presencia policial, el ahora condenado abandonó rápidamente la zona, logrando huir del lugar. No obstante, la actuación de los agentes permitió identificar a uno de ellos, ahora condenado por estos hechos.

Los objetos sustraídos no pudieron ser recuperados, por lo que el perjudicado ejerció las acciones legales correspondientes y reclamó la indemnización derivada de los daños sufridos.

La sentencia recoge que el denunciante solicitó la compensación económica por el valor de los efectos sustraídos, cantidad que deberá ser abonada por el condenado como parte de la responsabilidad civil impuesta en la resolución judicial.

El acuerdo previo entre las partes evitó la celebración de la vista oral que estaba fijada para este martes en la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de nuestra ciudad.

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El titular de la plaza número 2 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Ceuta dictó sentencia condenatoria después de que el acusado reconociera los hechos que se le imputaban durante una comparecencia celebrada por videoconferencia.

El ahora condenado aceptó una pena de un año y ocho meses de prisión y el pago de una multa de 6.837 euros. En caso de impago, la sentencia contempla una responsabilidad personal subsidiaria de tres días.

Conformidad entre las partes

La pena privativa de libertad ha quedado suspendida durante dos años, por lo que el condenado no tendrá que ingresar en prisión siempre que durante ese periodo no vuelva a delinquir y cumpla las condiciones impuestas por la autoridad judicial.

El acuerdo alcanzado entre la Defensa y el Ministerio Fiscal evitó la celebración del juicio oral. La conformidad fue posible después de que el acusado admitiera su participación en los hechos y aceptara la pena solicitada.

Los hechos se remontan al pasado 3 de mayo, cuando el ahora condenado se encontraba en la estación marítima de Ceuta con la intención de embarcar en un buque con destino a Algeciras.

Interceptado en el control de pasajeros

Los hechos a los que se hizo referencia en esta conformidad ocurrieron sobre las 10:20 horas el hombre levantó las sospechas de los agentes de la Guardia Civil que prestaban servicio en el control de pasajeros.

Ante esta situación, los agentes le indicaron que debía someterse a un registro corporal externo en una zona habilitada para ello, actuación a la que accedió voluntariamente.

Durante la inspección, los guardias civiles localizaron adosado a su espalda un bloque de hachís de color marrón que, tras ser analizado, arrojó un peso bruto de 1.007 gramos.

Más de un kilo de hachís

El análisis de la sustancia determinó un índice de THC del 43,7 %. Asimismo, los peritos estimaron que la droga intervenida habría alcanzado un valor de 6.837 euros en el mercado ilícito.

La sentencia considera acreditado que el acusado transportaba la sustancia con la intención de destinarla a su venta o distribución a terceras personas, motivo por el que ha sido condenado por un delito contra la salud pública.

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