Se trata de R.J.T., el ceutí que tenía alquilada la nave del Tarajal en donde la Guardia Civil descubrió el primer narcotúnel que enlazaba la ciudad con Marruecos.

Hace solo unos días se ha entregado en la Audiencia Nacional para declarar por vez primera acerca de lo que, desde hace año y medio, se le quería preguntar. Una entrega que ha sorprendido a todos. Ha sido hasta ahora el eslabón perdido de esta cadena.

Tras prestar declaración en calidad de detenido, se acordó medida de prisión eludible con fianza atendiendo así a la petición de la Fiscalía.

En este año y medio que ha permanecido en busca y captura, el arrendatario de la nave que ocultaba un narcotúnel pensó en entregarse, pero su anterior abogado le habría instado a no hacerlo.

Así fue hasta que, con nuevo letrado para defender sus intereses, decidió marchar de Ceuta a Madrid sin que nadie en la estación marítima lo haya interceptado a pesar de encontrarse en busca y captura.

La sorpresa de la magistrada por la libertad de movimientos del más buscado

La magistrada de la Audiencia Nacional que instruye esta causa en el juzgado central número 3 ha mostrado su sorpresa no solo por cómo R.J.T. cruzó en ferry de Ceuta a Algeciras sin ser detenido, sino también por haber pasado varios días en el sur peninsular hasta subir en coche a Madrid para entregarse en la Audiencia Nacional superando todos los filtros habidos y por haber sin problemas.

R.J.T. era uno de los hombres supuestamente más buscados, pero al parecer nadie puso mucho en empeño en localizarlo porque tuvo vía libre para sortear controles en puerto y carretera sin que esa busca y captura saltara en la verificación documental.

“A mi casa nadie ha venido a decir nada”, ha declarado. “He tardado en venir porque el abogado que tenía antes me decía que mejor que no me entregara, que cuando pasara más tiempo era mejor. Yo quería entregarme desde el principio, pero él me decía que no”, ha justificado.

Su señoría, tras escuchar su declaración, dispuso medida privativa de libertad, pero con abono de fianza. También mostró en la comparecencia de prisión celebrada su intención de averiguar cómo una persona en busca y captura pudo hacer vida normal en Ceuta, así como verificar las informaciones recogidas por la UDYCO en la otra investigación abierta asociada al hallazgo del segundo narcotúnel y que está siendo instruidas por otro juzgado, el número 6.

Ambas investigaciones asumidas por la Audiencia Nacional tienen relación no solo porque el responsable de esos túneles es la misma persona, sino porque ambas habrían funcionando teniendo a sueldo a agentes de la autoridad.

La marmolería que no funcionaba y el narcotúnel que nunca vio

Al contenido de la declaración de R.J.T. ha tenido acceso El Faro. Este investigado en la Operación Hades fue informado por su señoría de por qué se le buscaba, aunque reconoce que ya lo sabía por lo leído en medios de comunicación. Ha tenido tiempo, año y medio.

En las manifestaciones prestadas ante la magistrada María Tardón, ha negado saber algo de la existencia de un narcotúnel dentro de la marmolería que había alquilado y en la que pensaba prosperar en este negocio hasta que se topó con la falta de dinero para afrontar las inversiones exigidas por el Ayuntamiento para abrir al público y prestar su actividad de manera legal.

En esa nave, Asuntos Internos de la Guardia Civil encontró documentos que le vinculaban como un contrato de alquiler, declaraciones de la renta… y además contó con el testimonio de la dueña quien manifestó cómo se la había alquilado en junio de 2022 recibiendo pagos mensuales sin problema.

Así fue hasta que la Operación Hades hizo aflorar la existencia de una organización criminal que contaba con agentes a sueldo para introducir hachís por un túnel, esconderlo en camiones o incluso junto a restos de animales muertos, para que llegara sin problemas al otro lado del Estrecho.

R.J.T. ha manifestado no saber nada de la existencia de ese narcotúnel, insistiendo en que cuando alquiló la nave esa infraestructura no estaba hecha. Algo que choca directamente con las investigaciones de la Guardia Civil y las sospechas de que se tuvo que construir en pandemia.

El marroquí que le subarrendó la nave que terminó siendo el dueño de los narcotúneles

Según su declaración, él alquiló esa nave para montar una marmolería, pero se quedó sin dinero para ejecutar una actividad legal ya que le pedían desde el Ayuntamiento una inversión imposible.

Fue entonces cuando se le presentó “un marroquí” que quería seguir con ese negocio de la marmolería por lo que le abonaría mensualmente un dinero.

“Este señor me dijo que iba a seguir con la marmolería y entonces se la cedí a él, no hay contrato ni nada firmado, ese fue mi error”, ha confesado ante la magistrada.

“Yo iba a rescindir el contrato de alquiler, pero no lo hice. Esa ha sido mi equivocación, Mustafa me pagaba el alquiler y yo a la dueña. Él me daba 2.500 euros, yo daba a la dueña 1.800 de alquiler y el resto me compensaba. Esa ha sido mi equivocación”.

Ese Mustafa era M.Ch.B., el dueño confeso de los dos túneles, el que se jactaba de tener un agujero para meter la merca.

Tras cederle la nave, R.J.T. se desvinculó completamente de la misma, ni siquiera la visitaba, pero sabe a ciencia cierta que en ese 2023 el túnel no estaba hecho o él nunca jamás lo había visto.

“En la nave no hice ninguna gestión, no iba por allí”, ha explicado. “Nunca vi ese túnel, en ese tiempo solo entraba yo y ese túnel no estaba la nave. En julio de 2023 no estaba hecho”, ha detallado.

¿Cuándo se construyó el narcotúnel?

Su abogado mantiene que ese narcotúnel pudo haberse construido de febrero de 2023 a 2025, por lo que su cliente no tendría responsabilidad en la galería.

La Guardia Civil lo descubrió en febrero de 2025, tras meses de investigaciones en torno a cómo estaba llegando droga a la Península si la Guardia Civil no la interceptaba en Ceuta ni en el puerto ni en frontera, y mantiene que se hizo en pandemia.

Tenía que haber algún agujero. Y ese era el narcotúnel descubierto que comunica Ceuta con Marruecos.

R.J.T. mantiene que en la nave que alquiló no había nada de eso ni se construyó estando él trabajando en su interior de tapadillo, sin licencia. “En mi nave le aseguro que no estaba hecho”.

“Desde febrero o marzo de 2023 no he pasado por la nave nunca. No pregunté nada de la nave, la dueña no sabía que la estaba realquilando. Había una clausula que ordenaba que se lo dijera y no lo hice”.

El arrendatario de la nave niega haberse reunido con el dueño de los narcotúneles de la droga

En su declaración también ha negado que durante el periodo que ha estado en busca y captura llegara a preparar con M.Ch.B. su entrega a la Policía usando el pasaporte de un muerto para decir que era quien realmente tenía la nave alquilada. Ha negado además conocer a quien colaboró con la Guardia Civil para descubrir el narcotúnel, el joven a quien se le puso precio a su cabeza.

Pero todo eso lo asegura la UDYCO en un oficio. La magistrada tendrá ahora que constatar quién dice la verdad, ya que en sonorizaciones captadas por la Policía se llega a decir que se planificó una entrega preparada que nunca se llevó a cabo y esas declaraciones las atribuye la UDYCO a R.J.T.

Se habló de que iban a preparar una declaración en torno al narcotúnel, pero no se pudo hacer porque la operación policial estalló con una cascada de detenciones.

Fiscalía interesó la prisión provisional acordada al entender que como arrendatario de la nave que escondía un túnel tenía el control sobre esta infraestructura, además de haberse ocultado de la acción policial y judicial durante todo este tiempo en busca y captura para evitar dar explicaciones.

Con la entrega de R.J.T. se suma otra pieza a la primera investigación del narcotúnel que dio pie a la operación Hades y que ha terminado relacionándose con la Ares, la de la UDYCO.

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Pensaba que la Guardia Civil no registraría su Fiat 500, pero se equivocó. Tanto que este miércoles, el llamado M.A.A. ha terminado escuchando la condena impuesta por haber pretendido traficar con esa mercancía.

En la tarde del 23 de abril de este año cambió su vida, un giro que le ha hecho perder su libertad, ese margen de hacer lo que uno quiere que ahora se verá reducido a un tiempo entre rejas, nada menos que tres años y un mes de cárcel, además de multa de 514.000 euros y el comiso del coche.

El magistrado titular de la plaza número 2 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia ha leído la condena después de alcanzarse un acuerdo entre la Fiscalía y Defensa que pasó por el reconocimiento por parte del acusado de haber incurrido en un delito contra la salud pública.

 Las sospechas acertadas de la Guardia Civil: Rivotril por todo el coche

Las sospechas de los guardias civiles destinados en el puerto fueron acertadas cuando, tras parar el vehículo en la zona de desembarco, descubrieron la carga de pastillas en el interior de los huecos situados en los laterales traseros.

Allí había hasta 155 paquetes con 6.200 blíster, haciendo un total de 93.000 pastillas de Rivotril con un valor de 514.000 euros.

Cada comprimido era de 2 miligramos, carga que fue analizada por el área de Sanidad de la Delegación del Gobierno.

La condena ha sido impuesta por la comisión de un delito contra la salud pública con la agravante de notoria importancia por el que inicialmente se le pedían 4 años y 1 mes de cárcel.

Los medios para detectar la carga de pastillas y la labor de la UDAIFF

La Guardia Civil siempre sospechó que esta carga de pastillas tenía como destino Marruecos. Fueron componentes de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Fronteras (UDAIFF), pertenecientes a la 1ª Compañía Fiscal y de Fronteras de la Comandancia de la Guardia Civil, quienes llevaron a cabo este servicio.

Para llevar a cabo esta minuciosa inspección, los agentes emplearon medios técnicos especializados de detección y reconocimiento.

Ese equipamiento tecnológico fue adquirido en el marco del programa europeo de ayudas EUAF 2022 (Union Anti-Fraud Programme), impulsado y financiado por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), destinado a reforzar las capacidades operativas en la lucha contra el contrabando y el fraude aduanero en las fronteras exteriores de la Unión Europea.

Con el respaldo de este tipo de medios la labor de los agentes de la Guardia Civil es mucho más efectiva.

Rivotril: una droga 'legal' convertida en amenaza

Las pastillas incautadas no eran cualquier cosa. Se trataba de Rivotril, un medicamento de uso sanitario que, fuera del circuito médico, se ha convertido en una de las drogas más buscadas en el mercado negro también marroquí.

Sus efectos sedantes y alucinógenos lo han situado en el punto de mira de las autoridades, que en los últimos años han visto cómo su consumo se dispara, sobre todo entre jóvenes.

De hecho, las autoridades marroquíes llevan meses aplicando una estrategia de presión constante sobre los puntos clave del norte del país. La frontera del Tarajal está viéndose sometida también a controles constantes para detectar la entrada de esas cargas de Rivotril.

La venta de estas pastillas está siendo explotada por los traficantes por cuanto el precio de venta en el mercado del vecino país es mucho mayor del registro en España.

Con las pastillas sucede lo mismo que con la cocaína, que llega desde la Península para abastecer el mercado local ceutí o el de Marruecos.

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Durante la vista oral, la Fiscalía sostuvo que el acusado actuó con ánimo de enriquecimiento injusto, interesando una condena de 18 meses de prisión, además de que indemnice al comercio con los 980 euros correspondientes al valor del dispositivo, que nunca ha sido recuperado.

El acusado, H.M.M., que según quedó reflejado durante la práctica de la prueba es un viejo conocido de la Policía Nacional y de la Administración de Justicia por sus numerosos antecedentes por robos y hurtos, negó haber sustraído la PDA, aunque reconoció haber estado en el establecimiento el día de los hechos.

Un vídeo centra la prueba

Los hechos ocurrieron sobre las 13:50 horas del 20 de agosto de 2025, cuando el acusado accedió al establecimiento OVS Kids y, presuntamente, sustrajo una PDA marca Zebra, de color gris y negro, que se encontraba en el mostrador de la tienda. El dispositivo estaba valorado pericialmente en 980 euros.

Durante su declaración, el acusado manifestó que ese día entró en el comercio, cogió un juguete y abandonó el local sin abonarlo. Afirmó que no registró los cajones del mostrador ni sustrajo ningún otro objeto.

Sin embargo, durante la vista se reprodujeron las imágenes de las cámaras de seguridad, en las que, según expuso la acusación, se observa cómo el hombre se acerca al mostrador, abre dos cajones, toma un objeto y se lo guarda en el bolsillo.

Tras el visionado, el acusado sostuvo que “sería un juguete” y aseguró que en esos momentos se encontraba bajo los efectos del alcohol y las drogas.

La empleada detectó la desaparición

La dependienta del establecimiento explicó que la PDA se encontraba guardada en uno de los cajones del mostrador y que, por sus dimensiones, cabía perfectamente en un bolsillo.

Según relató, comenzó a buscar el terminal al comprobar que no estaba donde habitualmente se guardaba. Ante su desaparición, revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad y observaron cómo un hombre se introducía un objeto en el bolsillo antes de abandonar el establecimiento.

Tras comprobar las imágenes, el comercio decidió interponer la correspondiente denuncia, al considerar que el dispositivo había sido sustraído.

"Es una de las personas que más hemos detenido"

La investigación fue asumida por la Policía Nacional, cuya agente instructora explicó en el juicio que, tras recibir la denuncia, solicitaron las grabaciones del establecimiento para tratar de identificar al autor.

La policía aseguró que el reconocimiento fue inmediato, ya que el acusado es un habitual en detenciones por delitos de robos y hurtos. “Es una de las personas que más hemos detenido, por lo que lo reconocemos con facilidad”, declaró durante la vista oral.

La agente añadió que el acusado fue detenido cinco días después de producirse el hurto, una vez completadas las diligencias de investigación.

Peticiones de las partes

En su informe final, la Fiscalía mantuvo íntegramente su acusación y solicitó una sentencia condenatoria con una pena de 18 meses de prisión, además de la obligación de indemnizar al establecimiento con 980 euros, importe correspondiente al valor de la PDA sustraída y no recuperada.

Por su parte, la defensa interesó la absolución de su cliente, al considerar que no había quedado acreditada su participación en los hechos en los términos sostenidos por el Ministerio Fiscal.

Con la práctica de toda la prueba, el magistrado dejó el procedimiento visto para sentencia, quedando ahora pendiente de dictar la resolución que ponga fin al proceso judicial.

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Lo será o no según las consecuencias y el alcance de las declaraciones que se vayan a prestar próximamente a criterio de la Audiencia Nacional.

Y hay una muy importante, una que puede dar un giro radical a todo este caso: la de uno de los responsables de la UCO, de esta división de elite de la Policía Judicial de la Guardia Civil.

La Audiencia Nacional ha autorizado que se le tome declaración, después de haberse escuchado una nueva manifestación (fijada para aclarar términos de su imputación) del exguardia civil detenido por la UDYCO, quien siempre mantuvo que era una especie de enlace con esta Unidad Central Operativa del Instituto Armado.

Fiscalía se había opuesto, pero se ha terminado estimando el recurso presentado por una de las defensas, la ejercida por el letrado Fidel Rodríguez Márquez.

La importancia de la declaración del comandante de la UCO

Esa declaración de uno de los jefes de la UCO es importante porque es quien puede constatar qué es lo que hablaron dos de sus agentes en una reunión que fue captada por la UDYCO en plena fase de seguimientos al exguardia civil detenido y al considerado dueño de los narcotúneles.

Esos dos agentes de la UCO, de la máxima confianza de su jefe inmediato, fueron fotografiados por la Policía y recogidos en un informe con las etiquetas de ‘Desconocido 1’ y ‘Desconocido 2’.

Los dos tenían la obligación de informar a su jefe de todos los movimientos dados, de sus reuniones, de la misión encomendada, de por qué estaban ahí, qué buscaban o desde cuándo se sabía en las altas esferas lo que estaban haciendo y los encuentros en los que participaban.

El responsable de la UCO puede arrojar luz sobre qué hacían sus hombres reuniéndose con los considerados máximos responsables de la red del narcotúnel según la UDYCO. También sobre cómo acudían a esos encuentros y quiénes estaban informados de los mismos, así como si las reuniones estaban grabadas y desde cuándo. 

Los movimientos de la UCO no son para nada accidentales, menos si los mismos son ejecutados por agentes curtidos en investigaciones que si mueven ficha es por algo de suma importancia.

El oficio de la UDYCO

Para las defensas, conocer todos esos detalles resulta relevante en el devenir de este procedimiento en el que ya existe un oficio de la UDYCO en donde informó cómo captó la cita entre los dos principales investigados por el narcotúnel y esos dos agentes de la UCO.

Ese oficio se hizo para responder a la providencia del titular de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 3 de Ceuta con la que se solicitó una aclaración sobre la vigilancia efectuada a la reunión entre el dueño confeso de los dos narcotúneles localizados en naves del Tarajal, el guardia jubilado y estos dos miembros de la UCO.

Un tema del que nada se había sabido hasta entonces y que para las defensas debe ser aclarado hasta el final. De hecho, es la auténtica clave en este proceso ahora en fase de instrucción.

Del 2 al 11 de abril, cómo se pasó de ser desconocidos a guardias civiles y de elite

Lo importante está en lo sucedido entre el 2 de abril, fecha de la captación de esa reunión, y el 11 del mismo mes, cuando la UDYCO dice darse cuenta de que en mitad de su investigación se habían cruzado dos agentes de la Guardia Civil y nada menos que de la UCO.

La UDYCO capta el 2 de abril esa vigilancia, pero recalca que no sabía la condición de agentes de la unidad de elite de la Benemérita. Los dos legan al encuentro en un coche que resultó ser de alquiler.

El 3 de abril, la UDYCO envía oficio a la empresa de alquiler para saber quién había arrendado ese coche con el ánimo de llegar a la identidad de esos desconocidos y es el 4 de abril cuando se recibe mail del CITCO al constatarse una coincidencia especial entre investigaciones: la de la UDYCO y otra de Asuntos Internos. 

Ambos Cuerpos estaban investigando a una misma persona. 

El 7 y 8 de abril se acuerda que cada investigación siga de manera independiente y no es hasta el 11 de abril cuando, según la UDYCO, se tiene conocimiento de que ese coche de alquiler está arrendado por la Dirección General de la Guardia Civil, remitiéndose un mail con nota de carácter reservado para Asuntos Internos, toda vez que esos desconocidos podían ser miembros de la UCO.

La UDYCO deja claro que “no recibe comunicación alguna oficial debidamente acreditada, ni coordinación a través de la Secretaría de Estado de Seguridad (CITCO) competente en la coordinación de las fuerzas de seguridad, sobre esa reunión observada en fecha 2 de abril de 2025, y relacionados con los investigados” a la que asistieron los dos miembros de la UCO.

La llamada del comandante

“Si bien se hace constar que recibe llamada, no pudiendo indicar la fecha exacta, ni número de teléfono, ni si la llamada es mediante aplicación WhatsApp u otro método, debido a la cantidad de llamadas recibidas por motivos laborales. Solamente teniendo conocimiento de que el instructor recuerda que el interlocutor se presenta como comandante de la Guardia Civil, indicando que las personas que estuvieron reunidas son agentes”, expone.

“La investigación en ese momento se encuentra en estado avanzado con resultados tangibles, aprehensiones realizadas, y se vislumbra, a lo largo de la presente, cómo planifican, idean y ejecutan delitos contra la salud pública, contando para ello con la participación o connivencia de guardias civiles u otros agentes, que emplean mala praxis o conductas delictivas en sus oportunos deberes, siendo todo ello manifestado por los mismos investigados”, recoge la UDYCO.

El devenir del caso

La declaración de este responsable de la UCO es importante para que informe cuándo se sabía que había dos guardias civiles teniendo encuentros con los investigados y a qué se debían los mismos en el marco de las indagaciones que lleva a cabo esta unidad para depurar asuntos asociados a la corrupción.

Pero, también, quiénes eran conocedores de que dos agentes del grupo de elite de la Guardia Civil trabajaban ya en un terreno que ha terminado enfangado y por qué se reunían en concreto con los señalados como principales objetivos por la UDYCO en la red del narcotúnel.

Tras esta investigación puede asomar una historia de mayor calado y relevancia que llegue hasta las altas esferas de la Policía y la Guardia Civil.

Es clave conocer si las reuniones de agentes de la UCO estaban grabadas, que su comandante concrete para qué se hacían y quiénes eran conocedoras de las mismas. También está la reunión que fue sonorizada por la UDYCO, que termina con los 4 participantes despidiéndose entre abrazos.

¿Quiénes eran entonces realmente el exguardia civil jubilado y el dueño confeso de los narcotúneles? O, mejor dicho, ¿qué papel desarrollaban?

¿Quién sabía todo esto en plena instrucción de la operación Ares?

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Según han concretado fuentes de la Ciudad a este periódico, esa reclamación fue presentada por uno de los candidatos que quedó fuera de los once incluidos en la lista provisional de seleccionados para pertenecer al Cuerpo de Bomberos.

“La misma la resolverá el tribunal como cualquier otro recurso, siguiendo el procedimiento habitual”, apuntan las mismas fuentes. “Debe ser resuelta por el tribunal, no por el Gobierno”, aclaran ante las críticas vertidas.

“En dicho escrito se exponen unos motivos que el candidato percibe” que se han producido en este procedimiento, por lo que “es el tribunal quien debe dar respuesta”.

Las suspicacias en torno al procedimiento

De momento el PSOE se quedará con ganas de obtener ese pronunciamiento institucional, toda vez que por parte de la Ciudad se hace recaer esa responsabilidad en los componentes de un tribunal colocado en el disparadero.

Y todo ello porque hay sospechas de que todo no se ha hecho correctamente. La reclamación contra esa lista provisional persigue que se acuerde la nulidad del proceso al haberse atentado contra el purismo y la transparencia que deben tener procedimientos de este tipo relacionados con adjudicaciones de la administración pública.

Reclamación para que sea estudiada, pero mientras ya se tallan a los bomberos 'provisionales'

La reclamación se presenta para que sea tenida en cuenta y se dé una respuesta acorde a las dudas planteadas.

Pero, mientras todo esto sucede, ya sobre la mesa se coloca una sombra. Y es que, antes de haberse publicado el listado definitivo-el de ahora es provisional-, ya se habría tallado a los 11 aspirantes el pasado 6 de julio en el parque de Bomberos.

Además, a esas personas se les ha hecho entrega del material.

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 Un procedimiento judicial que partió de una investigación del OCON-SUR y que terminó en nada. Esta resolución supone el final definitivo al macrojuicio más mediático.

Se anula, además, la orden de busca y captura que se cursó contra los dos hermanos, se levantan todas las medidas cautelares y quedan liberados de cualquier tipo de vinculación con el blanqueo.

Carpetazo judicial completo

No tendrán que ser juzgados ni existen medidas de la que deban responder, dándose así carpetazo completo a una investigación de la Guardia Civil que se ejecutó en el año 2019 y ha terminado sin condenas.

La Audiencia ya había absuelto a los 12 acusados que sí se sentaron en el banquillo, entre ellos una agente de la Policía Local. Todos quedaron absueltos, adquiriendo firmeza esta resolución al no presentar recurso la Fiscalía.

No dudaron en mostrar su malestar con el fondo de las investigaciones del Instituto Armado cursadas contra ellos. En el caso de estos dos hermanos, nunca pudieron ser localizados por los investigadores, no se sentaron en el banquillo ni tampoco lo tendrán que hacer ya.

Una sentencia contundente con consecuencias claras

Desde el momento en el que se ha dictado este auto, los dos hermanos no tienen cuentas con la justicia. Uno de ellos, cuyos intereses han sido defendidos por el abogado Fidel Rodríguez Márquez, llegó a ser señalado como cabecilla en el marco de las investigaciones de la Guardia Civil en las que se sostuvo el escrito de acusación de la Fiscalía.

Todo aquello quedó en nada tras la contundente sentencia de la Audiencia, notificada el pasado mes de abril, año y medio después de que terminara la vista judicial cuya celebración se extendió durante semanas.

Las consecuencias de esa resolución del máximo órgano judicial en la ciudad son bastante claras.

Lo que recoge el auto: no hay blanqueo, no hay implicados

En el auto, a cuyo contenido ha tenido acceso El Faro, se hace constar que, a tenor de la interpretación de esa sentencia, absolutoria y firme, tras el juicio celebrado con la mayor parte de los implicados en los hechos investigados, “se puede comprender que no existen indicios suficientes base del tráfico de drogas para poder considerar asistencia de un blanqueo de capitales, que fue lo que se investigó en las diligencias previas de las que dimanan las actuales”.

“Si no existe delito base no pueden concurrir los requisitos de blanqueo, y no procedería tampoco tomar declaración en calidad de investigados” a estos dos hermanos, “debiendo sobreseerse libremente las actuaciones de conformidad con lo establecido en artículos 637 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”.

Con esta resolución se pone el punto y final a una investigación con la que la Guardia Civil dijo haber desmantelado una organización dedicada al blanqueo de capitales, realizando registros en Ceuta y puntos del Campo de Gibraltar.

La intervención del OCON-SUR y lo que sentenció la Audiencia

Intervino la Comandancia de la Guardia Civil de nuestra ciudad en apoyo a los agentes del OCON-SUR que fueron los que lideraron las investigaciones.

De todo aquello se pasó a la nada, ya que la Audiencia dejó claro que los investigados en este macrojuicio no tenían ninguna responsabilidad en el delito por el que venían siendo perseguidos.

La Audiencia consideró que ninguna de las acusaciones contra los señalados como blanqueadores de capitales estaba fundamentada, al no haberse podido probar esa vinculación delictiva. No había conexión entre propiedades y dinero localizado con el mercadeo de estupefacientes.

 El tribunal resaltó que “no solo no se podría a condenar a acusado alguno como autor de un delito de organización criminal para la comisión de delitos relativos al narcotráfico”, sino que “en los hechos probados habría de prescindirse en todo cuanto sea posible de las referencias a la existencia de un entramado plural y estructurado de todos ellos tendentes a la realización de operaciones de narcotráfico”.

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Durante la vista oral, el Ministerio Fiscal mantuvo que el acusado actuó como cooperador necesario en la estafa al poner a disposición de los autores del engaño una cuenta vinculada a una plataforma de apuestas. Por eso mismo le pide prisión ya que calificó que actuó como mula en un delito de estafa

La defensa sostuvo que no existe prueba suficiente y que toda la acusación se sustenta en conjeturas, sin una investigación completa sobre el destino del dinero.

La causa tiene su origen en un cargo de 2.990 euros efectuado el 10 de mayo de 2023 desde la cuenta bancaria del perjudicado hacia una cuenta de Electraworks Ceuta S.A., asociada al número de teléfono del acusado. El afectado ya fue resarcido por BBVA, entidad que asumió el perjuicio económico y que reclama ahora la devolución de esa cantidad.

La versión del acusado

Durante su declaración, el acusado explicó que abrió una cuenta en Electraworks Ceuta S.A., aunque aseguró que no era él quien la utilizaba cuando se produjeron los hechos investigados.

Asimismo, afirmó que presentó una denuncia ante la Guardia Civil al percatarse de la situación. Según manifestó, cuando comprobó el estado de la cuenta apenas quedaban 80 euros y el resto del dinero había sido transferido a otra tarjeta cuya existencia, aseguró, desconocía, insistiendo en que detrás de los movimientos existía otra persona.

El perjudicado relata el fraude

El perjudicado explicó que detectó varios cargos no autorizados en su cuenta bancaria, motivo por el que interpuso una denuncia.

También indicó que su teléfono móvil fue analizado y que posteriormente ese examen fue remitido a la Policía como parte de la investigación abierta para esclarecer el origen de la operación fraudulenta.

La empresa de juego explica la actividad de la cuenta

La representante de Electraworks Ceuta S.A. declaró que la cuenta del acusado fue creada en 2014 y que durante los primeros años registró un patrón de actividad habitual.

Según expuso, hasta 2019 las apuestas eran de importes reducidos, alrededor de 50 euros, aunque posteriormente comenzaron a cambiar tanto el volumen como la dinámica de las operaciones. Añadió que en 2020 se produjo un parón en la actividad y que en 2023 se detectó un patrón inusual de apuestas.

Finalmente, señaló que fue en 2024, tras recibir un requerimiento policial, cuando la empresa procedió al cierre de la cuenta vinculada al acusado.

La investigación policial

El agente de la Policía que intervino en la investigación explicó que las diligencias practicadas permitieron comprobar que el acusado era el titular de la cuenta utilizada para recibir el dinero.

Además, precisó que esa titularidad había sido verificada tanto por la empresa de juego como por la compañía telefónica asociada al número facilitado por el acusado, indicando que este tipo de plataformas utilizan sistemas de identificación mediante vídeo selfie para validar la identidad de sus usuarios.

La Fiscalía mantiene la acusación

En su informe final, la Fiscalía solicitó una sentencia condenatoria al entender que ha quedado acreditado que los 2.990 euros acabaron en una cuenta cuyo único titular era el acusado.

El Ministerio Público sostuvo que, aunque no se le atribuye haber ejecutado directamente el engaño, sí considera que actuó como cooperador necesario, al facilitar una cuenta donde se recibió el dinero procedente de la estafa.

Añadió que, en caso de no apreciarse esa participación, los hechos serían igualmente constitutivos de un delito de blanqueo de capitales, al considerar que el acusado recibió el dinero, no lo devolvió y obtuvo un enriquecimiento injusto.

La Fiscalía insistió en que la investigación no reveló la existencia de un tercero utilizando la cuenta y defendió que los movimientos se realizaron siguiendo un patrón habitual de funcionamiento, recordando además que la apertura y utilización de la cuenta exigía superar distintos mecanismos de verificación de identidad.

BBVA respalda la acusación

El letrado de BBVA, entidad que asumió el reintegro del dinero al perjudicado, se adhirió íntegramente a las conclusiones expuestas por el Ministerio Fiscal.

Además, argumentó que el acusado era el único autorizado para operar con la cuenta y sostuvo que, tras el ingreso de los 2.990 euros, se produjo un incremento en el importe de las apuestas realizadas, lo que, a su juicio, evidencia que el dinero fue empleado para continuar apostando.

La defensa pide la absolución

Por su parte, el abogado de la defensa solicitó la libre absolución del acusado al entender que no existe una prueba de cargo suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia.

El letrado criticó que toda la investigación se limitara a acreditar la titularidad de la cuenta, sin realizar un seguimiento completo del recorrido del dinero ni practicar otras diligencias técnicas, como el análisis de las direcciones IP desde las que se realizaron las operaciones.

Asimismo, sostuvo que, de haberse llevado a cabo una investigación más exhaustiva, podría haberse demostrado que la cuenta del acusado había sido hackeada y que el verdadero responsable de los movimientos era un tercero.

Petición de condena

La Fiscalía solicita una pena principal de tres años de prisión por un delito de estafa en calidad de cooperador necesario.

De forma alternativa, interesa la condena por un delito de blanqueo de capitales, con una pena de dos años de prisión, una multa de 600 euros y la obligación de indemnizar a BBVA con los 2.990 euros correspondientes a la cantidad defraudada.

El magistrado ha dejado el procedimiento visto para sentencia.

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El acusado, conducido desde la prisión, reconoció los hechos y aceptó la pena de 3 años y 4 meses de prisión, así como al pago de una multa de 196.362 con 3 días de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.

Este hombre fue interceptado sobre las 8:00 horas del pasado 13 de febrero en el control de vehículos del puerto de Ceuta, cuando se disponía a embarcar en el ferry con destino a Algeciras.

Los agentes de la Guardia Civil actuaron después de que el vehículo en el que viajaba fuera marcado por un perro detector de drogas, al existir indicios de que podía transportar alguna sustancia estupefaciente.

Droga oculta en las ruedas

Tras una inspección exhaustiva del Citroën C4 que conducía el procesado, los agentes localizaron la droga oculta en el interior de las cuatro ruedas del turismo. En total fueron intervenidos 72 bloques de hachís, perfectamente escondidos para dificultar su localización durante los controles.

El análisis posterior determinó que la sustancia intervenida alcanzaba un peso bruto de 28.499 gramos y presentaba un índice de THC del 51,7%, una concentración que confirmó la naturaleza del estupefaciente incautado.

Valor de la sustancia

La sentencia recoge que el valor de mercado del hachís intervenido ascendía a 196.362 euros.

Asimismo, considera acreditado que la droga estaba destinada a su venta y distribución a terceras personas, finalidad que el acusado admitió al reconocer los hechos durante la vista oral.

El acuerdo previo entre la representante del Ministerio Fiscal y el letrado de la Defensa evitó la celebración de la vista oral que estaba fijada para este lunes en Sección Penal del Tribunal de Instancia.

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La serie histórica muestra que el número de infracciones con sentencia judicial correctiva ha pasado de 1.192 en 2021 a esas 1.410 anotadas el año pasado, lo que supone un incremento del 18,3% en un lustro.

El año 2025 es el quinto consecutivo en el que la cifra crece en Ceuta, ya que tras las 866 personas condenadas de 2022 se pasó a 908 en 2023, en el ejercicio 2024 fue de 940 y finalmente 959 del pasado 2025.

Los datos que ha dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que los asuntos contra la seguridad colectiva vuelven a ser la principal categoría delictiva en Ceuta, con 358 condenas, con un incremento del 66,1% respecto a 2024, cuando se registraron 215. Este aumento convierte a esta tipología en una de las causas del crecimiento de la delincuencia con condena durante el último año.

Delitos contra la salud pública

Dentro de este grupo destaca especialmente la subida de los delitos contra la salud pública, tráfico de drogas, que pasan de 98 condenas en 2024 a las 220 anotadas en 2025, lo que supone un aumento del 124,5% en un solo ejercicio. Se trata de la cifra más elevada de toda la serie del último lustro y refleja el peso que siguen teniendo este tipo de infracciones en una ciudad fronteriza como Ceuta.

Por el contrario, los delitos contra la seguridad vial mantienen una tendencia descendente. El año pasado se contabilizaron 138 sentencias, frente a las 150 registradas en 2021, una reducción del 8%, aunque continúan situándose entre las infracciones más frecuentes.

La segunda gran categoría corresponde a los casos de lesiones, que alcanzan las 297 condenas. Aunque la cifra supone una caída del 16,6% respecto a las 356 anotadas en 2024, continúa situándose por encima de los niveles de 2021, cuando se contabilizaron 263, lo que representa un incremento del 12,9%.

Menos hurtos en el último lustro

También mantienen un peso importante los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, con 284 condenas en el último ejercicio.

Aunque esta cifra es inferior a las 319 registradas un año antes (-11%), es superior a la de 2021, cuando hubo 212 fallos judiciales (+34%). Dentro de esta categoría sobresalen varios comportamientos.

Los hurtos experimentan una reducción, pasando de 163 condenas en 2024 a 84 en 2025, un descenso del 48,5%. Sin embargo, los robos aumentan hasta las 69 sentencias, frente a las 48 de 2021 (+43,8%), impulsados principalmente por el incremento de los robos con violencia, que prácticamente se duplican al pasar de 25 a 47 casos en cinco años.

Las estafas también muestran una tendencia ascendente. En 2021 se registraron en Ceuta 26 casos, mientras que en 2025 ascienden a 57 (+119,2%). Los delitos contra la libertad también aumentan. El ejercicio pasado se contabilizaron 148 condenas, frente a las 88 del año 2021, un incremento del 68,2%. Las amenazas siguen concentrando la mayor parte de estas infracciones, con 120 resoluciones judiciales.

Otra categoría que mantiene una evolución al alza es la de los delitos contra la Administración de Justicia. Las condenas pasan de 57 en 2021 a 95 en 2025, lo que representa un incremento del 66,7%. El aumento se explica principalmente por los quebrantamientos de condena, que crecen desde 48 hasta 83 casos durante el mismo periodo.

En cambio, los delitos contra el orden público muestran una evolución a la inversa. Tras alcanzar las 131 condenas en 2024, en 2025 descienden hasta 86, es decir, una reducción del 34,4% en un solo año y los sitúa incluso por debajo de las cifras registradas en 2021.

Sentencias por sexos y casos de reincidencias

La estadística consultada por este periódico también recoge un ligero aumento de los delitos de homicidio y sus diferentes modalidades. En 2025 se contabilizaron ocho condenas, el doble que las anotadas en 2021, aunque continúan representando una parte muy reducida del total de infracciones.

En cuanto al perfil de las personas condenadas en Ceuta, el predominio masculino continúa siendo mayoritario. De las 959 sentencias del ejercicio anterior, 784 son de hombres, lo que representa el 81,8% del total, mientras que 175 son mujeres (18,2%). Esa distribución apenas ha variado durante los últimos cinco años.

Eso sí, la evolución muestra que el incremento de condenados afecta a ambos sexos. Entre los hombres se pasa de 741 condenados en 2021 a 784 en 2025, un aumento del 5,8%. Entre las mujeres el crecimiento es algo mayor, al pasar de 155 a 175 condenadas (+12,9%).

El perfil más habitual continúa siendo el de personas condenadas por un único delito. En 2025 esta situación afecta a 726 personas, es decir, al 75,7% del total. Otras 145 personas fueron condenadas por dos delitos, 47 por tres y 41 por cuatro o más.

Respecto al número de penas impuestas, la distribución es diversa. Solo 241 personas recibieron una única pena, mientras que 144 acumularon seis o más penas, una cifra muy superior a la registrada en 2021, cuando fueron 85. Este incremento del 69,4% pone de manifiesto un mayor peso de los procedimientos con múltiples sentencias o de los delincuentes reincidentes.

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La ahora condenada tenía una orden de prohibición dictada por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer que le impedía acercarse a menos de cien metros de otra fémina, así como comunicarse con ella.

A pesar de saberlo y de que la orden estaba en vigor en el momento de los hechos –octubre de 2024–, a la acusada le animó la intención de transgredir dicha resolución judicial cuando estaba en el Burger King encargando una comida.

Llamada a la Policía y comprobación de los detalles

Pese a ver a la otra joven, la acusada decidió no abandonar el local del Burger King hasta recibir la comida que había encargado, por lo que la otra mujer tuvo que salir y avisar a la Policía Nacional, puesto que se estaba incurriendo en el quebrantamiento de una medida impuesta y debidamente notificada.

La denunciante, cuyos intereses han estado defendidos por el abogado José Luis Pizarro, tuvo que salir del local ante la intención de la acusada de no moverse de allí hasta recibir su comida.

Su testimonio fue corroborado por los agentes de la Policía Nacional tras atestiguar que fueron comisionados por la posible violación de una orden de alejamiento y al llegar encontraron a la requirente fuera del local Burger King.

Ella les contó que la ahora condenada llevaba diez minutos dentro y no se marchaba.

No se va sin su comida y se lleva una condena

Ésta, precisamente, les reconoció que se iría cuando recibiera su pedido de comida, situándose evidentemente a menos de cien metros de distancia.

En sentencia, a cuyo contenido ha tenido acceso El Faro, se considera que existe prueba de cargo suficiente para poder declarar, más allá de toda duda razonable, que la acusada estaba en el local Burger King de Ceuta cuando llegó la otra joven y, sabiendo de la vigencia de la orden de alejamiento, no abandonó el lugar, sino que se dispuso a completar su pedido y esperar hasta su entrega.

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