En dos casos los jueces decretaron el ingreso en prisión de los inculpados, mientras que en un tercero se acordó la expulsión del detenido a su país.

También se instó a la expulsión del hombre detenido tras introducirse en un domicilio particular y meterse en calzoncillos en la cama en la que dormía una mujer ceutí. En este caso el delito cometido fue el de allanamiento de morada.

Todos los casos de agresiones sexuales se cometieron presuntamente sobre mujeres inmigrantes que entraron en Ceuta el 30 de julio. Al haber tenido lugar en diferentes fechas han tenido que ser resueltos por diferentes plazas judiciales y los detenidos fueron conducidos ante los respectivos juzgados que se encontraban en funciones de guardia.

Delito sexual con penetración a una menor y tráfico de drogas

Así, la plaza número 4 de la Sección de Instrucción resolvió los dos primeros procedimientos por agresiones sexuales. En el primero, resuelto el pasado lunes, el delito contra la libertad sexual fue cometido por un inmigrante irregular sobre una mujer mayor de edad y consistió en tocamientos. El juez acordó la expulsión del detenido.

El segundo asunto fue de mayor gravedad y se resolvió ayer, martes. En esta ocasión, el detenido habría cometido presuntamente un delito de agresión sexual con penetración sobre una menor y un delito contra la salud pública dado que, además del hecho que derivó en el delito contra la libertad, el detenido obligaba presuntamente a la menor a vender drogas. El juez decretó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

Fue esta misma plaza judicial, la número 4, la que acordó la expulsión del inmigrante denunciado por una vecina de Ceuta después de advertir que se había introducido en su cama mientras dormía.

Tocamientos a menor de edad

La tercera agresión sexual consistió en tocamientos sobre otra menor de edad. En esta ocasión, el detenido fue conducido hoy, miércoles, ante el juez de la plaza número 5 de Ceuta, en funciones de guardia desde esta mañana. Se acordó su ingreso en prisión provisional por la presunta comisión de un delito contra la libertad sexual.

En todos los procedimientos instruidos los juzgados que han intervenidos han llevado a cabo declaraciones preconstituidas de las presuntas víctimas y de los testigos de los hechos.

Más delitos, por atentado a agentes o lesiones agravadas

Al margen de los episodios de agresiones sexuales y el episodio del allanamiento de morada, la plaza número 5 decretó hoy el ingreso en prisión provisional de cinco detenidos.

En este caso han sido por un delito de atentado a agentes de la autoridad, de otro detenido por la comisión de un delito de lesiones agravadas y de otro por venta de drogas.

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Tal y como han explicado fuentes judiciales, se le ha impuesto una condena de 2 años de prisión por delito de allanamiento de morada, pero esa misma medida privativa de libertad queda sustituida por la expulsión del territorio nacional.

Así termina esta historia que se suma a la hilera de sucesos que se están dando en Ceuta asociados a la entrada masiva por el espigón del Tarajal.

La Policía Nacional fue la que detuvo a este marroquí después de allanar una vivienda en el Paseo de las Palmeras y meterse en calzoncillos en una cama en la que se encontraba una mujer.

Los hechos ocurrieron poco antes de las ocho de la mañana, cuando la familia se encontraba en el interior de la vivienda.

La Policía Nacional actuó de forma rápida, ya que previamente los agentes habían sido alertados de la presencia de un inmigrante por la zona.

Este sábado se ha celebrado el juicio rápido acordándose la condena.

Qué es lo que pasó en este suceso y la rápida acción policial

Tal y como explicó la propia afectada, el inmigrante se fue “por donde entró”.

Así, volvió a saltar por el balcón y salió por las azoteas de las viviendas, hasta ser detenido minutos después por la Policía Nacional bajando por el Hotel Puerta de África.

El individuo se llegó a meter en la cama en donde estaba la víctima que tuvo que sufrir esta desagradable situación en su propio hogar.

En los últimos días se están registrando varios incidentes de entradas en viviendas o colegios ya que quedan muchísimas personas en la calle que no han retornado a Marruecos tras la entrada masiva.

Contaba con antecedentes judiciales en España por delitos graves

Además de la expulsión, el juzgado le ha impuesto una orden de alejamiento y prohibición de comunicación durante cinco años con la víctima principal, la madre de la familia que habita la casa allanada, que se encontraba durmiendo en su cama cuando el marroquí se metió con ella.

Fuentes cercanas al caso han señalado que el condenado contaba con antecedentes judiciales en España por delitos graves.

En concreto, ha sido condenado anteriormente en tres ocasiones por delitos de agresión sexual y tiene además una orden administrativa de expulsión del territorio nacional dictada por un juzgado de Valencia.

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La medida se ha acordado al existir riesgo para la vida de la persona a la que iba a pasar a la Península.

Y es que hay un dato importante que ayer no trascendió oficialmente: el ahora preso preventivo llegó a arrojar a la inmigrante al agua para buscar una huida que fue imposibilitada gracias a la persecución del Marítimo.

Lo hacen todos. Están poniendo en riesgo la vida de las mismas personas de las que sacan beneficio económico.

Les obligan a arrojarse al agua para forzar a que la Benemérita no les persiga al prevalecer la atención a quien necesita ayuda en el mar. En mitad del Estrecho es lo que hizo este joven, a quien ahora se ha mandado a prisión a la espera de juicio.

En su arresto colaboró la UIR evitando que al llegar a Benítez escapara.

Condenas por otros pases

Distinto destino han tenido los otros detenidos en pases de inmigrantes que fueron abortados por el Servicio Marítimo. En estos casos se ha considerado que no existía riesgo para la vida de los inmigrantes, tal es el caso del operativo que se saldó con la intervención en un yate a la altura de Santa Catalina.

Según fuentes judiciales consultadas por este periódico, se han dictado condenas por conformidad al existir un reconocimiento de los hechos, en concreto 1 año de prisión con suspensión de 3.

En ese periodo no pueden delinquir porque entrarían en la cárcel. Lo que sí quedan es marcados como delincuentes porque han confesado haber estado implicados en el pase de inmigrantes.

Riesgo para la vida y el negocio de este agosto

La avalancha de inmigrantes está llevando a que las mafias busquen pases arriesgados con tal de ganar dinero.

Tan arriesgados que, por salvarse, no dudan en arrojar a los inmigrantes al mar.

Y no hablamos de casos aislados, sino que a diario se están produciendo usando todo tipo de embarcaciones.

La Guardia Civil no cesa en los servicios para detener a estos traficantes que están embolsándose buenas sumas de dinero a costa de una avalancha que ha desestabilizado la ciudad.

A las intervenciones que lleva a cabo el Servicio Marítimo de Ceuta se suman las ejecutadas también en Algeciras.

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Estas condenas han provocado un profundo malestar entre los profesionales del sector del taxi, que considera que la justicia ha atribuido a los conductores responsabilidades "que la ley no les confiere", y han anunciado que recurrirán la sentencia ante el Tribunal de Apelación.

En un comunicado de la oficina provincial del Sindicato Nacional de Taxistas, integrado en la Federación Democrática del Trabajo (FDT) de Tetuán, se indica que las sentencias no tuvieron suficientemente en cuenta las circunstancias excepcionales en las que se produjeron los hechos, ni la naturaleza del trabajo de los taxistas y los límites de sus responsabilidades legales.

El sindicato explica que los conductores se limitaron a desempeñar su actividad profesional trasladando a ciudadanos marroquíes desde Tetuán hasta Castillejos, en un momento en el que no existía ninguna decisión oficial que prohibiera desplazarse a esa ciudad o impusiera restricciones al transporte de pasajeros.

Los límites de los taxistas

Asimismo, recuerda que un taxista no tiene autoridad legal para comprobar la identidad de los pasajeros, interrogarlos sobre su destino o sus intenciones, exigirles la presentación del documento nacional de identidad o realizar investigaciones sobre ellos, ya que esas competencias corresponden exclusivamente a las autoridades competentes.

La organización sindical ha solicitado al Tribunal de Apelación que revise estas condenas para garantizar una aplicación justa de la ley, respetando los derechos de los profesionales del sector y los límites de sus responsabilidades legales.

La Justicia marroquí ya ha condenado a once personas a penas de cárcel de hasta seis meses y multas de hasta 1.000 euros por su presunta participación en la organización de los incidentes registrados durante el cruce masivo de inmigrantes hacia Ceuta de la pasada semana.

Además, las autoridades continúan ampliando las investigaciones para identificar a quienes habrían promovido estos desplazamientos a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería.

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Triano ha denunciado estos hechos, iniciándose las acciones oportunas por parte de la Policía Nacional para la identificación de la persona que está detrás de los contenidos que, a ojos del delegado, supondrían amenazas contra él como máximo representante de la administración central en Ceuta.

La formalización de la denuncia se produjo cuando Triano decidió no acudir a la ofrenda floral a la Patrona.

La información ha sido confirmada por este periódico y, tras las gestiones policiales centradas en la identificación de la autoría de las amenazas, el caso queda judicializado.

No ha trascendido el contenido textual y concreto de esas amenazas, pero sí que las mismas han sido consideradas de envergadura para que se dé este paso al verse comprometida la integridad física del delegado.

Clima de crispación en alza

La situación que se vive en Ceuta es cada vez más crítica debido a la entrada de miles de personas, lo que se ha traducido en un colapso de los recursos y una gran alarma social para la ciudadanía.

En ese clima de presión se han emitido cuantiosos mensajes en redes sociales críticos contra los mandatarios en la ciudad, especialmente contra la Delegación del Gobierno en Ceuta y, en concreto, su máximo dirigente.

El propio Triano ha dado el paso de acudir a la justicia para determinar la gravedad de esos mensajes que, tal y como puntualizan fuentes consultadas por este medio, no serían amenazas de muerte.

Los agentes especializados en las investigaciones sobre contenidos en redes sociales son quienes han analizado los contenidos denunciados que serán objeto de valoración judicial.

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La jueza ha hecho esta petición al instituto armado -en una providencia a la que ha tenido acceso EFE- en el marco de la investigación que ha abierto sobre lo ocurrido en Ceuta, pesquisas en las que también ha solicitado a la Policía un informe para determinar si se trató de "una acción concertada o dirigida" por algún "grupo criminal".

En el caso de la Guardia Civil, solicita además que le detalle las labores de rescate de personas en aguas territoriales españolas, con identidades y circunstancias personales conocidas, y, en el caso de los fallecidos, si consta la causa de la muerte.

También ha solicitado un informe a la Policía

La magistrada reclama que se le indique "si se hubiese recibido en cualquiera de las unidades de la Guardia Civil de la ciudad autónoma de Ceuta alguna información en los días previos a tales acontecimientos que hubiese podido alertar sobre su posible acaecimiento".

Tardón ha pedido informes a los dos cuerpos policiales tras recibir una denuncia presentada por el partido Iustitia Europa sobre la entrada masiva a la ciudad autónoma de personas procedentes de Marruecos que se saldó, según los datos del Ministerio del Interior, con el acceso de 72.000 personas, de las que 70.000 han vuelto.

Los últimos datos oficiales indican que ha habido al menos 79 muertos en territorio español, pero la ONG Caminando Fronteras afirma que, sumando los fallecidos en el lado marroquí, la cifra se eleva a 141.

La sociedad ceutí, y por extensión el conjunto de España, sigue con interés los acontecimientos que se suceden tras la emergencia migratoria que sacude a Ceuta.

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El escrito reclama "medidas cautelares urgentes para proteger a los residentes, el refuerzo y la supervisión judicial del apoyo de las Fuerzas Armadas en la frontera y diligencias de investigación para conocer lo sucedido, entre ellas la remisión de los informes de inteligencia, de Seguridad Nacional y del Tribunal de Cuentas".

La denuncia, según ha informado Vox en nota de prensa, sitúa al delegado del Gobierno "en posición de garante de cuantas personas se encuentran en su demarcación, por su condición de máxima autoridad del Estado en el territorio y somete a investigación por la comisión por omisión, de delitos contra la vida y la integridad física, la prevaricación (arts. 404 y 408 CP), la denegación de auxilio (art. 412 CP) y los delitos contra el orden público".

El escrito de Vox sostiene que la crisis migratoria "no fue un acontecimiento imprevisible, sino que estuvo precedida por advertencias, alertas y denuncias públicas sobre el incremento de la presión migratoria y la insuficiencia de medios humanos y materiales destinados a la protección de la frontera de Ceuta".

El objetivo de la denuncia es que "sea un juez quien determine si las autoridades competentes cumplieron los deberes legales que les incumbían, qué información tenían antes de producirse los hechos, qué decisiones adoptaron y si existieron omisiones jurídicamente relevantes que contribuyeran a agravar las consecuencias de la crisis".

Apoyo de las Fuerzas Armadas y control marítimo, bajo supervisión judicial

Entre las medidas cautelares se solicita que se comunique al Gobierno, a través del Ministerio de Defensa, la procedencia de mantener y reforzar el despliegue de las Fuerzas Armadas en Ceuta "al amparo del artículo 15.3, en relación con el 16.e), de la Ley Orgánica 5/2005 de la Defensa Nacional", así como el "despliegue de medios navales de la Armada en el perímetro marítimo y en las aguas del espigón del Tarajal".

"La seguridad de los vecinos de Ceuta", eje del escrito

El escrito pone el foco en el "impacto sufrido por los españoles y residentes legales con comercios cerrados, restricciones de hecho a la libertad de circulación y riesgo para la integridad física y el patrimonio".

Se solicita intensificar las identificaciones en la vía pública al amparo del artículo 16 de la Ley Orgánica 4/2015 (LO 4/2015), "con estrictas garantías: criterios objetivos, prohibición expresa de cualquier perfilación étnica o racial y registro documentado de cada identificación a disposición del Juzgado".

Las medidas se piden con carácter perentorio por el peligro en la demora y la irreversibilidad de los bienes jurídicos comprometidos.

Vox exige información

Vox también quiere que "se recabe la documentación que permita reconstruir la cadena de decisiones entre el 20 y el 31 de julio consistente en los planes de contingencia y protocolos de la Delegación del Gobierno; efectivos y medios realmente desplegados; alertas de la Dirección de Seguridad Nacional y, en su caso, del CNI; los informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas; las grabaciones AIS, radar y de videovigilancia del perímetro fronterizo; las comunicaciones diplomáticas con Marruecos; las eventuales evaluaciones de vulnerabilidad de FRONTEX sobre Ceuta; la determinación judicial del número, identidad y causa de muerte de las víctimas; y una investigación policial sobre la difusión de instrucciones para el cruce irregular en redes sociales".

Vox considera que "la gravedad de los hechos, el elevado número de víctimas y el impacto sufrido por los ciudadanos de Ceuta exigen una investigación judicial completa, independiente y rigurosa que permita esclarecer lo sucedido, depurar, en su caso, las responsabilidades que correspondan y garantizar que una situación de estas características no vuelva a repetirse".

Finalmente, la formación reitera su "compromiso con la defensa de la seguridad de los españoles, la integridad territorial de España y la protección efectiva de las fronteras nacionales como frontera exterior de la Unión Europea".

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Su portavoz ha hecho pública en TikTok una advertencia sobre la posible llegada de denuncias contra efectivos en Ceuta.

A través de un vídeo difundido en esta red social, el representante asociativo señala que la labor en la emergencia migratoria podría derivar en procesos judiciales complejos para los soldados.

Advertencia sobre cobertura legal

Aunque por el momento no se ha confirmado la apertura oficial de diligencias judiciales, Gómez asegura que ya existen indicios y 'pantallazos' que sugieren que personas que accedieron de forma irregular están preparando denuncias contra militares en Ceuta.

La principal preocupación de la asociación radica en la responsabilidad individual de cada efectivo.

Según ATME, existe un riesgo real de que, ante la interposición de estas denuncias contra militares en Ceuta, la administración no ofrezca el respaldo jurídico necesario, dejando al militar en una situación de "cara de póker" ante los tribunales.

Confiar ciegamente: error fatal, según ATME

Uno de los puntos más polémicos subrayados en la advertencia es la vulnerabilidad de quienes actúan bajo órdenes directas. ATME avisa de que confiar ciegamente en que la cadena de mando asumirá la defensa en caso de denuncias contra militares en Ceuta puede ser un error fatal.

Gómez utiliza una metáfora crítica al pedir a las tropas que no crean "en las hadas del bosque", sugiriendo que, ante un problema legal grave, es habitual que se intenten "echar balones fuera" desde los niveles superiores.

Para afrontar la posibilidad de denuncias contra militares en Ceuta, el análisis de los expertos apunta a varios factores clave:

• Conocimiento exhaustivo de los protocolos: es vital saber qué actuaciones están amparadas por la normativa vigente en cada momento.
• Asesoramiento técnico previo: contar con expertos que aclaren qué documentos se deben firmar y cuáles no tras una intervención.
• Protección jurídica independiente: la necesidad de disponer de una defensa que no dependa exclusivamente del Ministerio de Defensa ante eventuales denuncias contra militares en Ceuta.

@macmilan14 ATME es la asociación líder de la escala de Tropa y Marinería en España. Nadie tiene más socios. Luchamos por tu futuro, por la dignidad de todos los militares y por una carrera con derechos. ¿Te vas a quedar al margen o vas a dar el paso? Juntos somos más fuertes. ¡Nadie podrá pararnos! La verdad solo tiene un camino.UNETE!!!! #ATME #ceuta #fyp #parati #españa ♬ Starlight Forge - Dust Bin Dancer Echo

Previsión y defensa de la escala básica

El mensaje lanzado busca que el personal de tropa sea consciente de que, una vez finalizada la fase operativa, las consecuencias legales de sus actos pueden perdurar en el tiempo.

El temor a las denuncias contra militares en Ceuta no es nuevo, pero la asociación insiste en que la prevención es la única herramienta para evitar que el soldado se encuentre solo frente a un juez.

La situación de alerta por posibles denuncias contra militares en Ceuta pone de manifiesto la complejidad de la labor militar en esta emergencia migratoria y la creciente judicialización de sus actuaciones.

La realidad que plantea ATME es que, sin una cobertura jurídica sólida y específica, cualquier intervención puede convertirse en un proceso penal de larga duración debido a las previsibles denuncias contra militares en Ceuta.

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La magistrada hace esta petición a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (Ucrif) con carácter previo a resolver sobre si la Audiencia Nacional tiene competencia para investigar una denuncia presentada por el partido Iustitia Europa sobre la entrada masiva a la ciudad autónoma de personas procedentes de Marruecos la semana pasada.

Por el momento, Tardón ha dictado un auto, al que ha tenido acceso EFE este lunes, en el que incoa diligencias previas tras recibir la denuncia del partido, que pide investigar "delitos contra la Seguridad del Estado, delitos contra la Nación, favorecimiento de la inmigración ilegal y tráfico de personas, organización criminal y omisión del deber de perseguir delitos".

En su resolución, la magistrada afirma que "los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal".

Identificación de quienes hubieran podidos participar en tales acciones

Ahora bien, antes de decidir si estos hechos deben ser investigados en la Audiencia Nacional, la jueza solicita un informe para saber "si nos encontramos ante una acción concertada o dirigida por alguna organización o grupo criminal y de cuantos elementos de identificación de quienes hubieran podido participar en tales acciones, de tener alguna constancia sobre ello".

"Con la apertura de estas diligencias, Iustitia Europa considera que la Justicia reconoce la necesidad de investigar unos hechos de extraordinaria gravedad que afectan a la integridad de las fronteras españolas y al interés general, iniciándose así un procedimiento destinado a esclarecer la posible existencia de responsabilidades penales", indica el partido en un comunicado.

Este lunes, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta ha elevado a 88 la cifra de personas que han aparecido muertas en las inmediaciones del espigón fronterizo del Tarajal como consecuencia de la entrada masiva de miles de personas el pasado 30 de julio.

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Una madre ha decidido alzar la voz para pedir una oportunidad para su hijo, condenado a tres meses de prisión tras reincidir en un delito relacionado con la conducción de una motocicleta sin permiso. Su petición nace desde la desesperación y con un único objetivo: evitar que el joven entre en la cárcel.

El origen del problema se encuentra en una primera condena en la que se le impuso una multa que nunca llegó a abonarse. Posteriormente volvió a ser sorprendido conduciendo una motocicleta sin carné, lo que derivó en un segundo procedimiento judicial. En esta ocasión, el juez acordó una condena de tres meses de prisión y ordenó su ingreso en la cárcel.

Tras conocerse la resolución, el joven abandonó Ceuta y se encuentra en Marruecos, donde permanece junto a su pareja y su hijo de apenas un año. Su madre asegura que la familia atraviesa una situación muy complicada y que cada semana intenta ayudarles económicamente para que puedan salir adelante.

Una petición desde la desesperación

Rachida, madre del condenado, insiste en que no pretende cuestionar el trabajo de los jueces ni el funcionamiento de la Justicia. Su llamamiento busca únicamente que se le permita afrontar el pago de la multa pendiente para evitar que su hijo tenga que ingresar en prisión cuando regrese a Ceuta.

“Estoy haciendo un llamamiento al señor juez con todo el respeto. Le pido, por favor, que me deje pagar la multa. Yo haré todo lo posible para que mi hijo no vuelva a coger una moto sin carné”, explica emocionada.

Reconoce que su hijo cometió un error, incluso dos, al conducir sin permiso, y admite que esa conducta supone un riesgo tanto para él como para el resto de la sociedad. Sin embargo, considera que la entrada en prisión tendrá consecuencias mucho más graves para el futuro del joven.

"No quiero que la cárcel marque su vida"

La madre sostiene que su hijo no ha cometido delitos relacionados con la violencia, el tráfico de drogas o los robos. Lo define como un joven trabajador que intentaba sacar adelante a su familia y que ahora vive fuera de Ceuta por miedo a ser encarcelado.

“Mi hijo tiene un niño de un año y una familia que depende de él. Yo solo quiero que tenga una oportunidad para rectificar. Si hace falta, vendo mi casa para pagar la multa”, asegura entre lágrimas.

Rachida teme que el paso por prisión pueda cambiar el rumbo de su hijo. Cree que cumplir la condena podría marcarle para siempre y dificultar todavía más su reinserción. Por eso insiste en que está dispuesta a asumir personalmente cualquier esfuerzo económico con tal de evitar ese escenario.

El compromiso de una madre

Además del pago de la multa, la madre lanza una promesa que repite en varias ocasiones durante su conversación con este periódico. Asegura que será ella misma quien se encargue de impedir que vuelva a conducir una motocicleta sin permiso.

“Yo me responsabilizo. No volverá a montar en una moto sin carné. Solo pido que pueda regresar a Ceuta sin tener que entrar en prisión”, afirma.

Su mensaje concluye con un ruego cargado de sentimiento y dirigido directamente al magistrado que dictó la resolución. “Solo pido un poco de humanidad. No discuto la decisión de la Justicia, solo suplico una oportunidad para que mi hijo pueda corregir sus errores sin que la cárcel condicione el resto de su vida”, concluye.

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