El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha aprobado, en solo 24 horas, el nuevo refuerzo tras la petición trasladada por el Consejo General de la Abogacía Española a solicitud del Colegio de la Abogacía de Ceuta, tras una nueva reunión mantenida ayer entre Abogacía, Colegio y Ministerio.

Con la aprobación de estos 10 nuevos refuerzos, el Colegio de la Abogacía de Ceuta estaría preparado para atender el posible aumento de peticiones de profesionales de la abogacía que podría producirse en la ciudad con el inicio de los procedimientos.

Aumento de la carga de trabajo ante la tramitación de expedientes

La medida se suma al primer refuerzo de cinco cuerpos de guardia adicionales autorizado al inicio de esta situación, solicitud que fue trasladada también por Abogacía Española a petición del Colegio ceutí, y responde al aumento de la carga de trabajo previsto a medida que avanza la tramitación de los expedientes.

Abogacía Española continuará trabajando junto al Colegio de Ceuta y manteniendo una comunicación constante con el Ministerio de Justicia para trasladarle nuevas soluciones, si fueran necesarias.

En unas semanas especialmente exigentes para Ceuta y sus ciudadanos, la abogacía ha querido estar al lado de los ciudadanos, y ha respondido inmediatamente asegurando la asistencia jurídica, protegiendo los derechos y manteniendo en funcionamiento un servicio público esencial incluso ante circunstancias extraordinarias. Una labor que Abogacía Española quiere reconocer especialmente y a la que seguirá prestando todo su apoyo.

Isabel Valriberas: "Estoy enormemente orgullosa de nuestra Junta de Gobierno y de los compañeros del Turno de Oficio"

Isabel Valriberas, decana del Colegio de Abogados de Ceuta: “Ceuta está viviendo semanas muy difíciles y creo que es importante reconocer no solo la respuesta de nuestra abogacía, sino la de toda la ciudad. Desde el Colegio estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para estar a la altura de lo que Ceuta necesita. Estoy enormemente orgullosa de nuestra Junta de Gobierno y de los compañeros del Turno de Oficio, que desde el primer momento se han puesto a disposición del Colegio y están respondiendo con una enorme profesionalidad y compromiso”.

Desde el primer momento, el Colegio de la Abogacía de Ceuta ha realizado un seguimiento continuo de las necesidades del servicio. Su Junta de Gobierno, encabezada por la decana Isabel Valriberas, mantiene un contacto diario con los profesionales del Turno de Oficio y ha ido reorganizando los recursos y planteando nuevos refuerzos a medida que la situación lo ha requerido.

Abogacía Española trabaja estrechamente con el Colegio y mantiene, a su vez, una comunicación constante con el Ministerio de Justicia para agilizar trámites y analizar la evolución de la situación y las necesidades de los profesionales, un trabajo conjunto que continuará mientras sea necesario.

El compromiso de la abogacía de Ceuta

La respuesta del Colegio ha estado respaldada desde el principio por sus profesionales. Más de 30 abogados y abogadas se pusieron a disposición de la institución en las primeras horas para atender las necesidades que pudieran surgir. A ellos se ha sumado la solidaridad de Colegios de distintos puntos de España, que han ofrecido su apoyo e incluso la posibilidad de desplazar profesionales a Ceuta si fuera necesario, a través de sus decanos.

Salvador González, presidente de Abogacía Española: "El Turno de Oficio están demostrando una enorme capacidad de organización y de respuesta"

Salvador González, presidente de Abogacía Española: “El trabajo que están realizando desde el Colegio de Ceuta merece todo nuestro reconocimiento. Su decana, su Junta de Gobierno y los abogados y abogadas del Turno de Oficio están demostrando una enorme capacidad de organización y de respuesta en unas circunstancias especialmente exigentes. Desde Abogacía Española vamos a seguir a su lado, apoyando a los profesionales y trabajando para que cuenten con los recursos suficientes”.

 Mientras tanto, el Colegio, su Junta de Gobierno y los profesionales del Turno de Oficio siguen trabajando cada día al servicio de Ceuta y de sus ciudadanos. Una labor que Abogacía Española seguirá respaldando para que, también en circunstancias excepcionales, el derecho de defensa esté plenamente garantizado.

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Así lo han confirmado este mismo martes fuentes judiciales a El Faro de Ceuta.

La denuncia de Manos Limpias la ha asumido el número 6 y en la misma se imputa al delegado del Gobierno que, teniendo conocimiento por el CNI de informaciones sobre posibles acercamientos de inmigrantes, no hiciera nada para impedir un delito contra la independencia y la seguridad del Estado.

Le atribuyen una prevaricación omisiva en su modalidad de imprudencia grave. La denuncia, de no más de 3 folios, ha caído en el juzgado número 6 de nuestra ciudad.

La denuncia de Manos Limpias

Manos Limpias denunció a Triano al considerar que no adoptó las medidas necesarias para impedir la entrada masiva en territorio español pese a haber sido advertido previamente por los servicios de inteligencia.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, aseguró que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) hizo en Ceuta la labor que le es “exigible” en relación a lo sucedido.

“El deber de secreto opera como una losa para no dar publicidad a las acciones que realizan. Operativamente en Ceuta realizaron la labor que competencialmente les era exigible. Compartieron información con el personal de la Delegación del Gobierno y las Fuerzas de Seguridad del Estado”, recalcó. La compartieron “y analizaron”, dijo.

Lo que persigue Manos Limpias es que se aclare si supo de ese intento de pase antes de que se produjera.

La versión de la Delegación del Gobierno

La Delegación del Gobierno aseguró en un comunicado “que no recibió, en ningún momento, informe alguno que advirtiera de lo que iba a suceder el día 30 de julio”.

“Lo que sí se transmitió desde esta Institución, desde finales del mes de julio, fueron los datos diarios sobre el aumento de entradas por vía marítima, comunicados a través de los canales correspondientes”, expuso.

“Sin embargo, ninguno de esos reportes permitía prever que fuera a producirse lo ocurrido el día 30”, insistió.

“Esta Delegación del Gobierno insiste en que no tiene competencias en relación con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), organismo que dispone de sus propios canales de comunicación y reporte, ajenos a esta institución”, mantuvo.

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La querella pide investigar quién facilitó los artefactos

La asociación reclama que se identifique a las personas físicas o jurídicas responsables de la adquisición, fabricación, transporte, almacenamiento, suministro o reparto de estos artefactos, así como de las agresiones sufridas por militares, agentes de la autoridad y vecinos.

Quién está detrás de los artefactos

En concreto, la querella solicita investigar quién facilitó entre los inmigrantes dispositivos caseros capaces de provocar deflagraciones o liberar gases, cómo llegaron hasta Ceuta, si existió algún tipo de coordinación o aliento de conductas violentas y la posible participación de integrantes de organizaciones que operan en la ciudad.

La iniciativa judicial también plantea investigar la posible participación de integrantes de organizaciones que operan en la ciudad y determinar, en su caso, las responsabilidades penales que pudieran corresponder.

También piden investigar las agresiones

Hazte Oír solicita, entre otras diligencias, informes policiales, análisis periciales, la incorporación de los atestados sobre los ataques, la identificación de los posibles partícipes, la conservación de grabaciones y registros de venta y la comprobación de subvenciones y pagos públicos a las entidades relacionadas.

La querella ha sido presentada ante los juzgados de Ceuta, que deberán determinar ahora si procede abrir diligencias y qué actuaciones de investigación pueden llevarse a cabo.

La presentación de la querella no implica que los hechos denunciados hayan quedado acreditados ni que exista responsabilidad penal de las personas u organizaciones a las que eventualmente pueda afectar la investigación. Será la autoridad judicial la que deberá determinar si existen indicios suficientes y, en su caso, depurar las responsabilidades correspondientes.

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Andreo está actualmente destinada en la plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Cartagena, con competencia en esa misma materia.

La designación se ha hecho a propuesta de la presidenta (en funciones) del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, Beatriz Pérez Heredia -presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior andaluz- a la vista de que, de los cuatro solicitantes, Andreo es la que más antigüedad tiene en la Carrera Judicial, de su trayectoria en la jurisdicción penal y de que en su actual destino ya tiene competencia en materia de violencia sobre la mujer.

Refuerzo durante seis meses

Andreo reforzará la plaza número 4 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia ceutí por un periodo de seis meses -prorrogables en el supuesto de que se considere precisa la renovación de la medida- ante el incremento de la carga de trabajo por la crisis migratoria sufrida por la ciudad autónoma los pasados días 30 y 31 de julio, especialmente de asuntos relativos a presuntas agresiones sexuales.

En esta plaza, además, continúa como refuerzo un juez en expectativa de destino cuyo cese fue diferido hasta el próximo 30 de octubre por acuerdo de la Comisión Permanente del pasado 18 de agosto.

La comisión de servicio resuelta hoy fue convocada el pasado día 25 de agosto por acuerdo adoptado por razones de urgencia al amparo del artículo 160.7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por la presidenta (en funciones) del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, dando un plazo de cinco días hábiles a los/as interesados/as para presentar su solicitud.

Finalizado ese plazo a las 23:59 horas del pasado viernes 28, el TSJ remitió a primera hora de ayer la documentación al Consejo General del Poder Judicial, donde a continuación -y siguiendo los trámites establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial- el Servicio de Inspección emitió su informe, que fue favorable, y se recabó la autorización económica previa del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Consuelo Andreo Ruiz ingresó en la Carrera Judicial en el año 2012, por el turno libre, y tuvo como primer destino en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, para incorporarse en 2013 al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Lorca.

Desde junio de 2023 era titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Cartagena, ahora plaza número 1 de la Sección de Instrucción de Cartagena.

Otros refuerzos judiciales en Ceuta

El pasado día 28, la Comisión Permanente acordó conceder una comisión de servicio para reforzar las seis plazas de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta al magistrado Miguel Ángel Torres Segura, actualmente destinado en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Málaga, con sede en Melilla.

Además, el pasado día 25 la presidenta (en funciones) del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla acordó por razones de urgencia al amparo del artículo 47 del Reglamento 1/2005 de aspectos accesorios de las actuaciones judiciales establecer el refuerzo del servicio de guardia en el Tribunal de Instancia de Ceuta por un segundo juez del partido judicial mientras dure la situación extraordinaria generada por la crisis migratoria.

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El procedimiento se encuentra pendiente de la celebración del juicio en el Juzgado de lo Penal.

El acusado no reconoció los hechos durante la fase de instrucción, por lo que será ahora en la vista oral cuando se determine su responsabilidad penal. El juicio se celebrará en los próximos meses, una vez que el procedimiento avance hasta el señalamiento de la vista.

El relato de hechos recogido por el Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso este periódico, sitúa el incidente sobre las 10:00 horas del pasado sábado, en las inmediaciones del número 90 de la calle Real. Según la acusación, el joven se encontraba en ese momento con su vehículo mal estacionado, obstaculizando el tráfico rodado.

Un vehículo que obstaculizaba el tráfico

Siempre según el escrito de la Fiscalía, en ese punto se encontraban efectivos militares desarrollando labores de control y mantenimiento de la seguridad ciudadana ante la presencia de numerosos inmigrantes y vecinos de la zona. Los militares habrían requerido al acusado para que estacionara correctamente el vehículo y abandonara el lugar.

La Fiscalía sostiene que el joven hizo caso omiso de las órdenes que, según su versión, fueron legítimas y reiteradas, permaneciendo en el lugar y dificultando la actuación de los efectivos. El escrito de acusación atribuye al joven un supuesto ánimo de infringir el principio de autoridad.

El relato fiscal señala que, en ese momento, el acusado habría sacado un cuchillo de grandes dimensiones y lo habría dirigido hacia los actuantes con la intención de provocarles temor. Según recoge literalmente el escrito de acusación, el joven les habría manifestado: “Porque vosotros sin uniforme no sois nada, cuando os pille sin uniforme os vais a enterar”.

La Fiscalía pide seis años de prisión

A partir de estos hechos, el Ministerio Fiscal considera que la conducta del acusado es constitutiva de un delito de atentado y otro de amenazas, según consta en el escrito al que ha tenido acceso este periódico.

Por el presunto delito de atentado, la Fiscalía solicita una pena de cuatro años de prisión, mientras que por el delito de amenazas reclama otros dos años de cárcel. La petición fiscal asciende, por tanto, a seis años de prisión.

No obstante, se trata de una petición de condena y no de una sentencia. El joven permanece en libertad y será el Juzgado de lo Penal, tras la celebración del juicio y la valoración de las pruebas y testimonios de las partes, quien determine si existe responsabilidad penal por los hechos que se le atribuyen.

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Los dos acusados fueron puestos a disposición judicial tras ser detenidos después de, presuntamente, acceder a la vivienda de una vecina de Ceuta y apoderarse de dinero en efectivo y documentación. Durante su detención, a uno de ellos se le intervinieron 200 euros, correspondientes, según la acusación, a parte del dinero sustraído.

Los hechos se produjeron el pasado sábado, alrededor de las 21:45 horas. Según sostiene el Ministerio Fiscal, ambos acusados se habrían puesto previamente de acuerdo para acceder al domicilio y apoderarse de efectos de su propietaria con el objetivo de obtener un beneficio económico ilícito.

Acceso por la parte trasera

De acuerdo con el relato recogido por la Fiscalía, los dos hombres se dirigieron al domicilio de la calle Argentina y accedieron a la vivienda por su parte trasera, después de escalar un muro de cerramiento. Una vez en el interior, habrían comenzado a apoderarse de distintos efectos pertenecientes a la propietaria.

Entre lo sustraído se encontraba dinero en efectivo por un importe aproximado de 1.000 euros, además de documentación. Tras abandonar o intentar abandonar el inmueble, ambos fueron interceptados por vecinos y miembros de la Legión, que procedieron a retenerlos hasta la llegada de los agentes policiales.

En el momento de la detención, los agentes localizaron a uno de los acusados 200 euros en efectivo, distribuidos en cuatro billetes de 50 euros. Según la acusación, dicha cantidad procedería del dinero presuntamente sustraído en la vivienda. La perjudicada, tras recibir el correspondiente ofrecimiento de acciones, manifestó su intención de reclamar por los efectos sustraídos.

Fiscalía pide dos años de prisión

Durante la comparecencia judicial, ninguno de los dos acusados reconoció los hechos. Ante esta situación, la Fiscalía solicitó su ingreso en prisión provisional, a la espera de la celebración de la correspondiente vista y de que continúe el procedimiento judicial.

El Ministerio Público considera que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de robo con fuerza en casa habitada. Por este delito, solicita para cada uno de los acusados una pena de dos años de prisión.

Además, al tratarse, según la Fiscalía, de ciudadanos extranjeros no residentes legalmente en España, interesa que, en caso de condena, la pena privativa de libertad sea sustituida por la expulsión del territorio nacional durante cinco años, con la correspondiente prohibición de entrada en España durante ese periodo.

Una reclamación de 1.000 euros

En materia de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que ambos acusados indemnicen conjunta y solidariamente a la perjudicada con 1.000 euros, cantidad que corresponde al dinero sustraído y que no habría podido ser recuperado.

A esta cantidad se sumaría, en su caso, el importe que se determine durante la ejecución de sentencia por los perjuicios ocasionados a la propietaria de la vivienda.

La entrada Cárcel para dos marroquíes que entraron a robar en una vivienda aparece primero en El Faro de Ceuta.

La rodearon pasadas las tres de la tarde de este pasado jueves cuando descendía las escaleras que conducen al parque Juan Carlos I desde la Marina.

Entre los tres quisieron arrancarle la cadena de oro que llevaba al cuello. El forcejeo de la víctima impidió que se consumara esa acción y la intervención de la Policía Nacional permitió el arresto de los implicados.

Se enfrentarán a 2 años de prisión en la vista oral que tendrá que celebrarse en los juzgados de lo Penal, sumándose a la hilera de casos que van a pasar a partir de este septiembre por los penales.

El colapso en prisión

El aumento de delitos protagonizados por personas que cruzaron el espigón del Tarajal en avalancha ha tenido una consecuencia directa en la prisión. El colapso por la cantidad de presos preventivos ha dado pie a traslados a prisiones de la península, más de 50 hasta el momento.

Los propios sindicatos han denunciado la saturación que se está registrando en Mendizábal por la entrada de estas personas, que han hecho disparar una ocupación que siempre era menor de 300 internos.

Expulsiones y aumento de delitos

Y eso que los condenados por determinados delitos terminan siendo expulsados lo que ha evitado que se produjera una auténtica presión imposible de ser asumida.

En cuanto al repunte de delitos, el pico mayor se ha producido en los que tienen que ver con peleas, robos, agresiones o atentados de todo tipo, en los que se están viendo implicados estos varones.

La entrada A prisión 3 marroquíes tras intentar el robo de una cadena a una mujer en el centro aparece primero en El Faro de Ceuta.

Está al frente de un equipo que ha tenido que asumir una importante carga en esta crisis que ha azotado la ciudad. Carga por la hilera de delitos que se han sucedido hasta desbordar los juzgados; carga por la cantidad de menores que llegaron y la exposición de las niñas a cualquier tipo de agresión.

Todo ello sin olvidar a su gente, porque como bien dice Rojas en esta entrevista con El Faro, hay que atender a los menores que llegaron, pero también a los de aquí, a los de Ceuta, a los que vieron mermada su libertad.

La Fiscalía trabaja caso por caso, apuestan por traslados a la península de menores como vía para desmasificar Ceuta, sin que ello vaya a suponer descartar la reagrupación familiar.

En esta entrevista, Rojas habla de esto, del trabajo desde la Fiscalía, de la apuesta por las expulsiones de los delincuentes y de cómo se han sentido los que, desde el interior de los juzgados, prestan servicio para los demás.

"Enseguida vimos que la dimensión de la situación era completamente extraordinaria y además nada parecida a lo ocurrido en otras situaciones"

- Desde la Fiscalía se ha afrontado un gran reto derivado de la entrada masiva de personas. No sabemos exactamente el número, miles, hay algunos datos que apuntan a 80.000, 70.000. Esto también se ha traducido en una carga de trabajo para vosotros, para los fiscales.

¿Cómo asumisteis esta situación, cuando empezaron ese 30 de julio las avalanchas y empezasteis a ser conscientes de lo que estaba pasando?

- El reto para la Fiscalía es de enorme responsabilidad y compromiso con la sociedad. Enseguida vimos que la dimensión de la situación era completamente extraordinaria y además nada parecida a lo ocurrido en otras situaciones.

Los fiscales se pusieron en marcha, sobre todo en los primeros momentos, primero para ver la situación de primera mano y después vimos que la carga de trabajo que se venía encima era importante.

Eso ha motivado que desde esta Fiscalía y a través de la Fiscalía Superior de Andalucía nos pusiéramos en contacto con la Fiscalía General. Enseguida han estado pendientes de nuestra situación y han dotado de medios personales a la Fiscalía.

- ¿Qué refuerzos se han autorizado?

- Se ha autorizado tres fiscales de refuerzo, en principio de la bolsa de sustitutos que no han acudido al llamamiento, y recientemente se han autorizado comisiones de servicio a Ceuta con el incremento de tres fiscales, fiscales que puedan venir de la península a apoyar en este destacamento, mediante comisiones de servicio, a la labor que tenemos por delante.

"El trabajo de la Fiscalía ha aumentado exponencialmente porque la carga de trabajo no solamente viene derivada del aumento significativo del ámbito delincuencial, lo que supone por tanto que los fiscales tenemos que atender el servicio de guardia de los mayores detenidos, también de los menores detenidos"

Se acordó también un refuerzo en los funcionarios, se han acordado tres funcionarios más, un gestor y dos tramitadores y además se ha dotado a la Fiscalía de un intérprete propio permanente en la sede.

El trabajo de la Fiscalía ha aumentado exponencialmente porque la carga de trabajo no solamente viene derivada del aumento significativo del ámbito delincuencial, lo que supone por tanto que los fiscales tenemos que atender el servicio de guardia de los mayores detenidos, también de los menores detenidos.

Y el incremento o la carga de trabajo más significativa para la Fiscalía de Ceuta viene arrastrada por la entrada de menores en situación irregular que eso supone sobre todo un incremento de los expedientes de protección así como de las determinaciones de edad, porque cuando un menor entra irregularmente en Ceuta pues se tiene que determinar si hay dudas acerca de si es mayor o es menor, se incoan expedientes en la Fiscalía en la que se puede examinar la documentación que traigan, en la mayoría de las ocasiones no han traído documentación o no traen documentación alguna.

Se realizan entrevistas individualizadas a cada uno de los menores, hay una coordinación con la policía, con la entidad pública, así como una coordinación con los servicios facultativos del hospital y con los médicos forenses que emiten un informe y después los fiscales adoptamos una decisión que afecta decisivamente a ese menor y al sistema de protección, porque determinamos en ese decreto si se trata de un menor de edad y, por tanto, entra en juego ya el sistema de protección de menores.

Esa es la carga más importante que afronta esta Fiscalía actualmente.

- Ya, en la Fiscalía, el trabajo estaba rodado por la experiencia de 2021 cuando se produjo una entrada masiva de menores, pero es que esta vez ha sido muy superior. ¿Qué es en concreto lo que se va a hacer con los menores?

- Cuando un menor entra y permanece en Ceuta, entra ya en juego el sistema de protección de menores de Ceuta, que son los encargados de atenderle, asistirle y de garantizar sus derechos.

"Ceuta y la Ciudad y la entidad pública de menores no tienen una capacidad ilimitada. Yo creo que nos encontramos ante uno de los hitos sin precedentes en nuestra ciudad. Me atrevería a decir incluso de España y fíjate lo que te digo, me atrevería a decir incluso de Europa"

Ahora bien, Ceuta y la Ciudad y la entidad pública de menores no tienen una capacidad ilimitada. Yo creo que nos encontramos ante uno de los hitos sin precedentes en nuestra ciudad. Me atrevería a decir incluso de España y fíjate lo que te digo, me atrevería a decir incluso de Europa.

Y con la capacidad con la que cuenta Ceuta, pues tenemos que afrontar el reto primero de atender a más de 1.600 menores que en principio se dicen y están en Ceuta, más los que pueda haber que todavía están sin identificar.

"Y con la capacidad con la que cuenta Ceuta, pues tenemos que afrontar el reto primero de atender a más de 1.600 menores que en principio se dicen y están en Ceuta, más los que pueda haber que todavía están sin identificar"

Ten en cuenta que la ciudad por sí, por su propio Real Decreto, tiene asignada una capacidad de 29 menores. Se considera que es una situación extraordinaria ya el que haya 87 menores.

Afrontar el reto de atender a los menores, porque atenderlo no es solamente darle un centro, es asistirle educacionalmente, atenderle por parte de unos educadores, darle asistencia sanitaria y facultativa, darle asistencia mental, porque tenemos que tener en cuenta que son menores, hay menores, muy menores, y el hecho de emigrar de su propio territorio al nuestro supone también una incidencia significativa en su salud mental, con lo que no es solamente abrir centros.

Todo eso hay que conjugarlo con el reto de que Ceuta no cuenta con espacios, no tenemos zonas periféricas que permitan acoger de una manera importante y como merecen todos estos menores, y todo ello unido al hecho de que la ciudad está afrontando esto que ha supuesto que entren más de 70.000 personas en nuestra ciudad y la ciudadanía se encuentra atacada, digámoslo así, en su día a día.

"La Ciudad no puede afrontar por sí sola esta situación y necesitamos de la ayuda de otras comunidades. Es el momento en el que la nación en sí, España, sea solidaria con Ceuta y para ello contamos con un mecanismo muy ágil y eficaz"

Entonces, ¿cómo podemos aliviar esta situación? Pues la Ciudad no puede afrontar por sí sola esta situación y necesitamos de la ayuda de otras comunidades. Es el momento en el que la nación en sí, España, sea solidaria con Ceuta y para ello contamos con un mecanismo muy ágil y eficaz.

"El Real Decreto del año 2025 de contingencia migratoria permite distribuir territorialmente a los menores, a otras comunidades, para precisamente darles en otros lugares la asistencia y la protección que ellos necesitan"

El Real Decreto del año 2025 de contingencia migratoria permite distribuir territorialmente a los menores, a otras comunidades, para precisamente darles en otros lugares la asistencia y la protección que ellos necesitan.

"La ciudad de Ceuta necesita de centros seguros y adecuados en la península porque debe ser una solución provisional a una decisión que se tenga que tomar definitivamente"

La ciudad de Ceuta necesita de centros seguros y adecuados en la península porque debe ser una solución provisional a una decisión que se tenga que tomar definitivamente.

- Ahí está la clave o la importancia de los traslados.

- Es decir, esta solución que se expone de traslado de los menores a la península se necesita para que de uno a uno se pueda estudiar y valorar la situación de estos menores y proponer una decisión definitiva para ellos, que puede pasar por el retorno de los menores a su país de origen, una reagrupación familiar, porque haya familiares que se encuentren en la península o incluso que haya menores que necesiten de protección internacional.

"El traslado de los menores a la península se necesita para que de uno a uno se pueda estudiar y valorar la situación de estos menores y proponer una decisión definitiva para ellos, que puede pasar por el retorno de los menores a su país de origen, una reagrupación familiar, porque haya familiares que se encuentren en la península o incluso que haya menores que necesiten de protección internacional"

La valoración sobre el destino definitivo de los menores no es una decisión política, no la adoptan los políticos, es una decisión que se toma por un órgano colegiado, la Comisión de Atención a la Infancia, que está formada por profesionales técnicos que son quienes deciden el destino y la solución definitiva para cada uno de los menores.

Ahora bien, eso no es incompatible con que desde ya se pueda ir pidiendo la información que se precisa del país de origen, en este caso de Marruecos, para que podamos valorar la situación familiar en el país de origen, el compromiso del país de origen, en este caso Marruecos, de hacerse cargo del menor y en el caso de que no se cuente con familiares, de una institución en Marruecos que pueda hacerse cargo de la protección y tutela de estos menores.

Es decir, el retorno al país de origen de los menores que han entrado no es una solución inmediata, no es automática ni tampoco colectiva, debe hacerse de una manera individualizada con un procedimiento que es garantista y no es la solución inmediata.

Pero también quiero decir que esto no es incompatible y de hecho la Fiscalía, el Ministerio Fiscal, considera que debe haber una coordinación porque es perfectamente compatible el hecho de dar protección, trasladar a los menores a centros adecuados a la península y al mismo tiempo activar el mecanismo de dar una solución definitiva para qué hacer con estos menores.

Porque una cosa es dar protección provisional, que es una medida provisional para ellos, y otra es la solución definitiva que debe adoptarse, que puede pasar por la reagrupación en su país o el traslado o el retorno al país de origen. Uno es una solución provisional y la otra es una solución definitiva.

Ambas son perfectamente compatibles y por tanto, no se debe entender que el traslado de un menor a la península suponga una decisión definitiva de que el menor va a estar definitivamente en la península.

Eso no es así. Son medidas absolutamente complementarias. Creo que además con ello sería una solución para el sistema de protección de Ceuta, que se encuentra muy colapsada, hay mucha presión.

Ceuta no puede asumir sola la responsabilidad de dar la asistencia a estos menores.

"Hay que tener en cuenta también que menores son los que llegan, pero también son menores los que están. Hay que tener en cuenta que los menores que están han visto coartada también su propia su seguridad, porque no pueden jugar en espacios públicos"

Hay que tener en cuenta también que menores son los que llegan, pero también son menores los que están. Hay que tener en cuenta que los menores que están han visto coartada también su propia su seguridad, porque no pueden jugar en espacios públicos, porque estamos viendo que hay inseguridad en las calles, porque no podemos cerrar los ojos ante el hecho de que ha habido un aumento de la criminalidad, además de una criminalidad que viene acompañada por robos con violencia, agresiones sexuales…

Y esa inseguridad que hay en la familia también es una forma de protegerlo. Es decir, creo que aliviando el sistema de protección de esta forma daríamos una ayuda a Ceuta y podríamos aliviar incluso los sistemas sanitarios, el sistema educacional, ten en cuenta que ahora empieza el periodo de escolarización y que para estos menores también es obligatoria, por lo que entiendo que sería una forma importante ágil y eficaz de aliviar toda esta situación en la que se encuentra Ceuta.

- Acostumbrados a escuchar que los menores deben ser devueltos, pueden darse consideraciones llevadas por la visceralidad. que llevarlos a su país, pero no es tan fácil. Decirlo es sencillo, pero hay que cumplir con los procesos para no toparnos al final con otro proceso judicial con condena…

- Sí, efectivamente, somos un país democrático, la protección a la infancia está siempre por encima de todo, incluso ha habido reglamentos que se han aprobado en el seno del Pacto de Asilo y Migración del año 2024 que no quitan garantías a los retornos de los menores a sus países de origen.

"¿Que el sistema de retorno de los menores a sus países de orígenes pueda quedar bloqueado por la falta de respuesta de Marruecos? Puede ser, pero porque también te digo, no tenemos precedentes de que Marruecos haya contestado por escrito nunca a los requerimientos que se le han hecho desde la ciudad de Ceuta"

Al revés, son procedimientos garantistas, son procedimientos individualizados en los que no se puede hacer de una manera colectiva ni automática y requiere el estudio de la situación familiar, sobre todo de los menores.

¿Que el sistema de retorno de los menores a sus países de orígenes pueda quedar bloqueado por la falta de respuesta de Marruecos? Puede ser, pero porque también te digo, no tenemos precedentes de que Marruecos haya contestado por escrito nunca a los requerimientos que se le han hecho desde la ciudad de Ceuta.

Pero es una vía que está contemplada, que es garantista porque el procedimiento exige la intervención de la entidad pública de menores que valora el interés superior del menor, exige la intervención del Ministerio Fiscal que de igual forma valora el interés superior del menor y esa situación que se le tiene que exponer existente en su país de origen, exige una audiencia a cada uno de los menores y en el caso de que el menor no estuviera de acuerdo incluso exige una defensa letrada por su parte.

- Hablamos de menores. ¿De cuánta edad más pequeñita os habéis encontrado?

- Pues yo creo que han entrado niños muy pequeños. Hay un grupo que son niños muy pequeños.

Y bueno, son muchos, entonces sí que hay otro grupo que no lo son tanto, pero es verdad que han entrado un grupo muy numeroso de niños muy pequeños, hablamos de 10, 11 años, que son niños muy pequeños, muy vulnerables.

"La primera medida que se ha adoptado con las niñas, por supuesto, al considerarlas más vulnerables porque existe un problema de trata, de agresiones que está ahí, ha sido apartarlas del resto y darles una protección más eficaz"

- Y muchas niñas también…

- Muchísimas más. Muchas niñas, sí. De hecho, la primera medida que se ha adoptado con las niñas, por supuesto, al considerarlas más vulnerables porque existe un problema de trata, de agresiones que está ahí, ha sido apartarlas del resto y darles una protección más eficaz.

"No ha habido nunca un número de agresiones sexuales tan elevado y además casi a diario. Entonces, es una situación de especial complejidad"

- Ahí entramos con los temas, desgraciadamente, que se han producido de agresiones sexuales. Registradas 17 y 7 que se consideraban más graves. La Fiscalía creo que no se había encontrado antes nada así, ¿no?

- Pues la verdad es que no, no ha habido nunca un número de agresiones sexuales tan elevado y además casi a diario. Entonces, es una situación de especial complejidad.

Atendemos también a que son víctimas vulnerables la mayoría de todas estas agresiones y hay víctimas que incluso son menores de edad y es una situación grave.

La Fiscalía atiende en la medida de las posibilidades porque no siempre los autores son conocidos, pero cuando se pone a disposición detenidos por este tipo de temas, siempre que se den las condiciones, adoptamos medidas graves para los infractores, pasando desde la prisión provisional, que proponemos esa medida a los juzgados de instrucción, como expulsiones del territorio nacional en los casos que sean más leves.

- La frustración, en aquellos casos en los que no se puede identificar al autor de esos delitos, que tiene que ser para vosotros como fiscales, porque también sois padres, ¿no, en este delito tan sangrante?

- Pues sí, porque, como dices, somos profesionales, pero somos padres y sabemos que la inseguridad también está en las calles, entonces es un problema grave al que tenemos que dar solución y una solución contundente, siempre amparada en el marco que nos permiten nuestras leyes.

- Habéis tenido que asumir una carga de trabajo espectacular antes casos de lesiones, tentativas de homicidio, mucha riña, mucho robo con violencia, casos que son de envergadura. Se han adoptado muchas medidas que han pasado por la expulsión. ¿Se han producido muchas más expulsiones, se ha adoptado esa medida como más eficaz respecto a otros casos?

- Sí, bueno, nosotros celebramos una junta de fiscales y vimos que la situación requería de doblar un esfuerzo en la contención de estos sucesos y entonces decidimos que en aquellos delitos que permitiera siempre dentro del marco penal la expulsión del territorio nacional de las personas infractoras, la decisión por parte de la Fiscalía iba a ser proponer como medida la pena de prisión sustituida por expulsión del territorio nacional.

Y en aquellos casos en los que no fuera posible, pues medidas graves, siempre que, como digo, los hechos encajen dentro de nuestra legislación, los hechos más graves instamos la adopción de las medidas de prisión provisional.

- Vosotros, los fiscales, sois una pequeña familia. Esto nos ha desbordado a todos, a todos nos ha noqueado mentalmente, en nuestros equipos de trabajo lo hemos pasado mal, nos hemos llevado nuestro pesar a las casas. Aquí vosotros, que habéis echado más horas que un reloj, como se dice popularmente, que sois, como decía, una pequeñita familia, ¿cómo habéis vivido todo esto?

- Con unión y con serenidad. Y manteniendo la calma. Hay que mantener la calma y hay que confiar en las instituciones.

"Tenemos que ser fuertes porque, sobre todo en los momentos en los que más dificultades se nos ponen, es cuando tenemos que exigir más contención"

Entonces, tenemos que ser fuertes porque, sobre todo en los momentos en los que más dificultades se nos ponen, es cuando tenemos que exigir más contención.

Y bueno... La imagen que tenemos que dar es de un estado fuerte, de una ciudad fuerte y creo que hay que llamar a la calma y a la serenidad para que todo funcione y para que se puedan adoptar soluciones ágiles y convenientes para toda la ciudad.

Y los fiscales velamos también porque es que esas soluciones se produzcan de una manera rápida Y afrontamos esto con mucha unión entre nosotros y sabiendo que esto es un equipo y que hay que remar todos en el mismo sentido.

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Entre los procedimientos resueltos figura el de H.M., un ciudadano marroquí que ya se encontraba en la ciudad antes de la entrada masiva registrada a finales de julio, que ha sido condenado por un delito de atentado y dos delitos leves de lesiones tras protagonizar un violento incidente en su domicilio.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 14.30 horas del 26 de agosto, en una vivienda de la calle Zurbarán, hasta donde acudieron una dotación sanitaria y agentes de la Policía Nacional después de que el acusado sufriera, según recoge la resolución, un brote psicótico.

Los agentes, debidamente uniformados, requirieron a H.M. para que colaborara en su traslado sanitario al hospital. Fue entonces cuando, siempre según los hechos declarados probados, el acusado desoyó reiteradamente las órdenes y comenzó a ofrecer una fuerte resistencia.

El acusado intentó clavar un cuchillo al agente

Durante el incidente, H.M. intentó clavar un cuchillo de grandes dimensiones en el abdomen de uno de los agentes. Además, lanzó puñetazos y patadas contra este policía, otro agente y el técnico sanitario que también se había personado en la vivienda.

La resolución señala que el acusado actuó con ánimo de infringir el principio de autoridad, utilizando violencia y fuerza contra los funcionarios que intervenían en el domicilio. Ante la resistencia activa, los agentes se vieron obligados a emplear la fuerza mínima indispensable para reducirlo y detenerlo.

Como consecuencia de la agresión, el agente sufrió erosiones en distintas zonas del rostro, cuello y miembro superior izquierdo. Las lesiones precisaron una primera asistencia facultativa y requirieron diez días para su curación, cuatro de ellos impeditivos, sin que quedaran secuelas.

Diez días de curación para el sanitario

El técnico sanitario también resultó lesionado durante la intervención. En su caso, sufrió cervicalgia de ritmo mecánico, unas lesiones que precisaron igualmente una primera asistencia facultativa y diez días para su curación, cuatro de ellos impeditivos, sin secuelas.

El acusado reconoció los hechos, circunstancia tras la cual se acordaron las penas correspondientes. Por el delito de atentado se le impuso una pena de seis meses de prisión.

1.260 euros de indemnización a los perjudicados

Por cada uno de los dos delitos leves de lesiones, la condena establece un mes de multa, con una cuota diaria de seis euros. La resolución contempla, además, una responsabilidad personal subsidiaria de un día de prisión por cada dos cuotas no satisfechas.

En concepto de responsabilidad civil, H.M. deberá indemnizar con 420 euros al agente de la Policía Nacional por las lesiones sufridas y con otros 420 euros al técnico sanitario, lo que eleva a 840 euros la cantidad total fijada en concepto de indemnización.

La condena pone fin al procedimiento derivado de un incidente ocurrido en pleno mes de agosto, en el que la intervención policial y sanitaria estuvo motivada inicialmente por el estado de salud del acusado y terminó con la agresión a los funcionarios que acudieron al domicilio para proceder a su traslado hospitalario.

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Esa pena de prisión se sustituye por expulsión durante 5 años. Y esto es, precisamente, lo que se ha ordenado ejecutar. Así lo han confirmado fuentes judiciales a El Faro.

Los once marroquíes que serán expulsados a su país han reconocido los hechos, es decir, que arrojaron piedras de manera indiscriminada contra los militares de Regulares a los que se les había tendido una emboscada cuando entraban en Benzú.

Lo tenían todo preparado, esperaban que pasara un vehículo para atacarlo y tocó que fue el de Regulares.

Uno de los 12 detenidos niega los hechos y va a prisión

Solo uno de los doce detenidos no se ha conformado con los hechos. Al no aceptar la pena acordada entre Fiscalía y Defensas, que sí han asumido los otros arrestados, se ha dado orden de entrada en prisión preventiva a la espera de juicio que tendrá lugar en los penales.

En su declaración ha indicado que estaba durmiendo cuando lo detuvieron y que él no participó en ninguna agresión a los militares.

Denuncia contra Defensa: que se investigue la cadena de mando

Esta resolución judicial se conoce el mismo día en el que la asociación Hazte Oír ha pedido que se investigue la cadena de mando, las órdenes y los medios proporcionados a la patrulla de Regulares que se vio emboscada.Ha presentado ante el Ministerio de Defensa una denuncia administrativa por la posible desprotección operativa de los cuatro militares atacados.

Hazte Oír solicita la apertura de actuaciones previas para esclarecer la cadena de mando, la evaluación de riesgos, las órdenes recibidas, los medios de protección disponibles y el tratamiento dado a las advertencias formuladas antes del ataque.

También reclama la conservación inmediata de las pruebas y la revisión urgente de los protocolos y medios de las patrullas desplegadas en zonas de especial tensión.

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