El acusado reconoció los hechos y aceptó una pena de 3 años y 4 meses de prisión, además del pago de una multa de 44.815 euros. En caso de impago de la sanción económica, la sentencia contempla tres días de responsabilidad personal subsidiaria.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 6:00 horas del 29 de julio de este mismo año, cuando el acusado fue interceptado en el control de vehículos del puerto de Ceuta por agentes de la Guardia Civil.

El hombre se disponía a embarcar en un ferry con destino a Algeciras cuando los agentes detectaron indicios de que podía transportar algún tipo de sustancia estupefaciente.

El vehículo había sido marcado por un perro

El vehículo Volkswagen Sharan que conducía el acusado había sido marcado por un perro detector, lo que llevó a los agentes a realizar una inspección exhaustiva del turismo antes de su embarque.

Durante el registro fueron localizados 123 bloques de hachís ocultos en diferentes partes del vehículo, concretamente en el interior del salpicadero y en las aletas traseras. La sustancia fue posteriormente sometida al correspondiente análisis.

Según los datos recogidos en el procedimiento, la droga intervenida arrojó un peso bruto total de 23.838 gramos, con un índice de THC del 44,04 por ciento y un valor estimado de 44.813 euros. El acusado tenía previsto destinar la sustancia a la venta o donación a terceras personas.

La condena se produce después de que el acusado reconociera los hechos y aceptara la pena acordada por el delito contra la salud pública.

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Los dos acusados reconocieron los hechos y aceptaron una condena de tres meses de multa, con una cuota diaria de seis euros, por un delito de hurto de uso de vehículo a motor.

Además, el acusado que conducía la motocicleta, identificado como Y.A., ha sido condenado a seis meses de prisión por un delito de conducción temeraria. La ejecución de esta pena ha quedado suspendida durante un periodo de dos años.

Una moto estacionada en Sidi Embarek

Según recoge la sentencia, los hechos ocurrieron sobre las 17.20 horas del 3 de marzo, cuando ambos acusados, actuando de común acuerdo y con ánimo de utilizar temporalmente el vehículo, se hicieron con una motocicleta KTM 790 Adventure que se encontraba estacionada en la vía pública.

El vehículo estaba en la calle La Reina, en el barrio de Sidi Embarek, y era propiedad de un tercero. Los acusados actuaron sin autorización de su legítimo propietario y, según la resolución judicial, sin intención de apropiarse definitivamente de la motocicleta.

Tras hacerse con ella, ambos emprendieron la marcha. Y.A. conducía la motocicleta, mientras que I.L. viajaba como acompañante, hasta que pocos minutos después fueron observados por agentes de la Policía Local.

Una huida durante un control policial

Los agentes se encontraban realizando un control de verificación de vehículos en la avenida Montesa cuando detectaron a los dos jóvenes. Al percatarse de la presencia policial, el conductor realizó una maniobra evasiva para eludir el control y comenzó la huida.

Durante la persecución, según considera probado la sentencia, Y.A. condujo la motocicleta a una velocidad elevada y manifiestamente inadecuada para una zona urbana, infringiendo las normas básicas de seguridad vial.

La resolución señala que el conductor realizó maniobras peligrosas y puso en riesgo la seguridad de los agentes y del resto de usuarios de la vía, algunos de los cuales tuvieron que apartarse para evitar ser arrollados.

La persecución terminó en el Polvorín del Jaral

La persecución policial se prolongó hasta las inmediaciones del Polvorín del Jaral, donde los dos acusados abandonaron finalmente la motocicleta y continuaron la huida a pie.

El conductor, Y.A., consiguió escapar del lugar, mientras que el segundo acusado, I.L., fue finalmente interceptado por los agentes.

Posteriormente, la motocicleta fue recuperada y devuelta a su legítimo propietario, según consta en la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número 1.

Con el reconocimiento de los hechos y la conformidad de los acusados, la resolución establece las penas de tres meses de multa para ambos por el hurto de uso y, para el conductor, seis meses de prisión por conducción temeraria, pena cuya ejecución queda suspendida durante dos años.

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La Policía Nacional lo interceptó después de que se acercara al coche para golpearlo, procediendo después a su arresto hasta su puesta a disposición judicial.

Hoy también ha acudido al juzgado Ferreras, en donde ha reclamado que se identifique a todos los implicados en el suceso en el que, como ha confesado, pasó miedo. Junto a ella estaban el activista Rafael Borrego y la abogada Sofía Cánovas.

Aunque desde Ceuta Ya! se indicaba incluso esta misma mañana que eran dos las personas detenidas, al juzgado solo ha sido trasladado uno de ellos, el joven con la bandera de España al cuello a quien los agentes del CNP se llevaron detenido del espacio portuario en donde había tenido lugar una auténtica tangana.

El coche de Ferreras quedó destrozado tanto por la parte delantera como trasera.

La protesta que terminó con cargas policiales

La protesta de ceutíes que habían acudido al lugar quedó marcada por las cargas policiales que se produjeron cuando acudían a recibir a los miembros de Negu Gorriak/Derecho a Techo.

Fue en ese momento cuando comenzaron los insultos, enfrentamientos y cuando, al paso del coche de Ferreras, tuvieron lugar los episodios más graves.

Palabras del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a favor de Ferreras

En el vídeo grabado desde el interior del coche se recoge cómo fue toda esa secuencia y el miedo que pasaron los ocupantes del vehículo mientras les arrojaban piedras y huevos.

El propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha condenado esta agresión, indicando que casos violentos deben responderse con el estado de derecho.

Ha ofrecido su apoyo a la propia Ferreras y a las dos personas que estaban junto a ella.

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Se ha impuesto una orden de alejamiento respecto de la víctima, y queda investigado por delito de lesiones con medio peligroso, al haber atacado a la denunciante con los ladrillos que estaba colocando para levantar una pared.

El menor tendrá juicio en el Juzgado de Menores por estos hechos y mientras tanto no puede tener contacto con la víctima ni aproximarse a ella.

El vídeo que recogió toda la agresión

Una grabación difundida en redes sociales dejó buena cuenta de la violencia empleada para arrojar ladrillos contra la denunciante, que tenía a su hijo pequeño en brazos.

Destrozó los cristales de la ventana, causándole importantes daños en el rostro de los que tuvo que ser atendida en el hospital.

Al regreso del centro sanitario, se encontró con su casa completamente destrozada y ladrillos en su interior.

La víctima protegió a su hijo pequeño

La mujer había protegido al pequeño en sus brazos para evitar que esos ladrillos impactaran en su cuerpo, ya que el resultado hubiera sido demoledor. A este periódico relató que vio la muerte y expuso que quería justicia.

“Lo protegí, lo podía haber matado”, explicaba relatando la forma en la que dio protección a su hijo. A tenor de las lesiones que marcan su rostro, no queda duda de cuál podía haber sido el devenir del chiquillo. La mujer recibió ese golpe en el rostro y otro en la espalda.

Ahora, tras el dictado de esta resolución judicial, habrá que esperar la celebración de la vista oral.

En este asunto en el que el menor ha sido grabado causando esos destrozos, se debe determinar qué adulto lo mandó a perpetrar una acción con consecuencias gravísimas.

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El acusado, que fue conducido por la Policía Nacional ante el órgano judicial, reconoció los hechos y aceptó una pena de dos años de prisión. La resolución contempla la sustitución de esta pena por su expulsión de España durante un periodo de cinco años.

Además, durante esos cinco años, el condenado tendrá prohibido comunicarse con la víctima y deberá mantener una distancia mínima de 100 metros respecto de ella.

Los hechos ocurrieron en septiembre de 2025

Según los hechos declarados probados en la sentencia, el acusado se habrían puesto de acuerdo, tanto en la acción como en el resultado, con otro argelino que se encuentra en rebeldía para actuar contra la víctima. Los hechos tuvieron lugar sobre las 22.00 horas del 27 de septiembre de 2025, en el Paseo de la Marina.

De acuerdo con la resolución judicial, ambos se aproximaron a la víctima y se sentaron junto a ella en un banco. La sentencia señala que actuaron con la intención de atentar contra su libertad e indemnidad sexual.

En ese momento, según recoge el relato de hechos de la resolución, los acusados introdujeron una mano por debajo del vestido de la víctima y le realizaron tocamientos en sus partes íntimas por encima de la ropa interior. La mujer, siempre según la sentencia, se sintió violentada y humillada ante unos hechos que no había consentido.

Uno de los acusados, en rebeldía

La resolución diferencia la situación procesal de los dos acusados. Mientras A.M.A. reconoció los hechos y aceptó la pena impuesta, L.B. se encuentra en situación de rebeldía, según la información facilitada.

La condena acordada para A.M.A. incluye, por tanto, la sustitución de los dos años de prisión por la expulsión del territorio español durante cinco años, además de las medidas de alejamiento y prohibición de comunicación con la víctima por el mismo periodo.

La sentencia considera acreditada la agresión sexual en los términos recogidos en su relato de hechos, si bien la situación procesal de cada uno de los acusados es diferente y no debe confundirse el reconocimiento de los hechos realizado por A.M.A. con la situación de L.B., que permanece en rebeldía.

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Los dos fueron puestos a disposición judicial este jueves, reconociendo ante su señoría la comisión de un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal.

Tras aceptar la condena, la misma quedó suspendida durante un periodo de 3 años. Es decir, en ese tiempo, si delinquen deberán cumplir la pena de prisión, tal y como han explicado fuentes judiciales a El Faro.

De acuerdo con el dictado de una sentencia por conformidad, ambos quedaron en libertad. En la vivienda que tenían en la calle Real número 91, había casi 30 inmigrantes escondidos en condiciones infrahumanas, tal y como puntualizó la propia Guardia Civil, que ofreció las imágenes del interior de esa casa patera.

Hombres, adolescentes y mujeres

La operación, en la que participaron agentes de distintas unidades, se llevó a cabo a primera hora de la mañana del miércoles, procediéndose al traslado de todos los hombres, adolescentes y mujeres que estaban en esa casa previo pago de una cantidad acordada con los que la gestionaban.

En la casa había todo tipo de enseres y camastros. Los vecinos habían alertado de las entradas y salidas continuadas de la casa de gran número de personas, lo que derivó en esta investigación.

Pagos en negro

Los inmigrantes pagan en negro por tener una vivienda en donde dormir o trabajan en obras ilegales que están siendo investigadas. Con esos trabajas pagan prácticamente el tener un techo, cama y derecho a baño y cocina.

Hay quienes están haciendo un negocio redondo a costa de la entrada masiva. Las viviendas patera están operando en muchos sitios de nuestra ciudad.

Los inmigrantes se convierten en víctimas por este tipo de individuos.

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El jurado ha considerado que sí, que ‘Pastilla’ es culpable tanto de asesinato como de un delito de tenencia ilícita de armas. Ambas consideraciones han sido por unanimidad.

Para la Acusación Particular, ejercida por el abogado penalista de Salamanca, Elías Carcedo, ha sido una buena noticia ya que se han hecho valer los intereses de la familia de ‘Tayena’ que pedía durante este tiempo que se condenara al detenido por este crimen.

Las penas de prisión que se piden

Este lunes, tal y como adelantó El Faro, comenzó en Algeciras las sesiones de juicio bajo Tribunal de Jurado en la Sección 7ª. Hoy, se hizo entrega del objeto de veredicto a los miembros de este tribunal no profesional, que no han tenido dudas en la conclusión publicada de viva voz en la Audiencia.

La Fiscalía y la Acusación Particular solicitaban para el ‘Pastilla’ una pena de hasta 27 años de prisión, mientras que su Defensa sostenía que su cliente nada tenía que ver con ese crimen.

Es ahora la magistrada ponente que ha dirigido este juicio quien tendrá que dictar la sentencia con las penas de cárcel que se contemplen.

Lo que dijo el 'Pastilla'

Durante su declaración, Yousef Mohamed Lehrech situó los hechos en la vivienda en la que se encontraba con ‘Tayena’ y su pareja.

El acusado aseguró que en el inmueble había armas, pero que ninguna de ellas era suya.

Según explicó ante el jurado, ‘Tayena’ iba armado con una escopeta y afirmó que la víctima le amenazó con esa escopeta durante una discusión que ambos mantuvieron en el salón de la vivienda.

Reconoció que el enfrentamiento se prolongó durante unos minutos, pero negó que tuviera intención de acabar con la vida de ‘Tayena’.

El acusado insistió en que nunca tuvo intención de matar a la víctima y negó que lo hiciera. El jurado no le ha creído.

Se han cumplido estrictas medidas de seguridad con el acusado, ya que se temía que pudiera intentar una fuga como la que llevó a cabo desde la cárcel de Alcalá-Meco.

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En una providencia fechada este miércoles, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional da un plazo de doce horas al Ministerio para que aporte el expediente, la resolución y el resto de documentación relativa a ese proyecto.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) pidió la suspensión cautelar de la instalación de 16.000 metros cuadrados prevista para acoger a un millar de inmigrantes en el puerto ceutí alegando razones de seguridad.

La Audiencia Nacional, antes de resolver sobre esa medida cautelar, pide al Ministerio la información pertinente y le informa de que no puede ejecutar la orden.

Medida cautelarísima que impide que el campamento siga su curso

 La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional acuerda la suspensión cautelarísima de los trabajos para levantar el campamento de emergencia destinado a la acogida de inmigrantes hasta estudiar la resolución.

El auto judicial requiere al ministro Óscar Puente que no actúe en la zona hasta que el tribunal examine a fondo las alegaciones de las partes y determine si confirma la suspensión provisional de las obras.

De momento, se estaba preparando dicho campamento para empezar los traslados desde del Trampolín.

Seguridad, argumento a tener en cuenta

Se atiende así el recurso contencioso-administrativo presentado con carácter de urgencia por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), sindicato que había advertido que la puesta en marcha de este campamento colisiona con los protocolos de protección de infraestructuras críticas, generando además inseguridad a las fuerzas de seguridad y al entorno.

Esta decisión judicial supone un jarro de agua fría para los planes del Gobierno de la Nación de iniciar traslados ya al puerto. Habrá que determinar que resuelve su señoría.

Lo que tiene que hacer Puente: informar

La Audiencia, antes de resolver sobre esa medida cautelar, pide al Ministerio la información pertinente y le informa de que "no se puede ejecutar la resolución u orden referidas" hasta que no adopte una decisión.

Necesita informes, entre ellos uno de Interior sobre la seguridad de esta zona debido a las advertencias de lo que puede ocurrir toda vez que hay infraestructuras críticas en el lugar como es el caso de la Dúcar.

El SUP mostró su preocupación tras los incendios registrados durante los últimos días en distintos asentamientos de Ceuta y, si bien no cuestiona la obligación de las administraciones de proporcionar una atención humanitaria adecuada, considera arriesgado concentrar a un millar de personas en una instalación dentro del dominio público portuario sin acreditar previamente que se cumplen todas las garantías de seguridad.

Valoración del SUP: "Es un éxito jurídico y sindical importante"

El Sindicato Unificado de Policía -SUP- ha valorado el paso judicial dado, ya que ahora el Ministerio deberá remitir todo el expediente administrativo con todos los informes.

“Hemos conseguido frenar de forma inmediata la ejecución de una decisión que afectaba directamente al Puerto de Ceuta y sobre la que veníamos denunciando graves dudas y riesgos”, expone el sindicato.

“Es un éxito jurídico y sindical importante del SUP y demuestra que, cuando actuamos con firmeza, fundamento y rapidez, somos capaces de condicionar decisiones de enorme trascendencia”.

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La sentencia, dictada el 1 de julio de 2024 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, reconoció el derecho de un policía nacional a percibir la compensación económica correspondiente a las vacaciones devengadas y no disfrutadas como consecuencia de una situación de incapacidad temporal que concluyó con su pase a segunda actividad.

"Pese a la claridad del fallo judicial y a su firmeza, la Dirección General de la Policía ha mantenido durante más de dos años una actitud de absoluta resistencia al cumplimiento de la resolución. Durante todo este tiempo, los servicios jurídicos de JUPOL han continuado impulsando de forma constante la ejecución de la sentencia, presentando los escritos y actuaciones necesarias para garantizar que se respeten los derechos reconocidos judicialmente a nuestro afiliado", explica el sindicato.

Dos años de incumplimiento judicial

La propia providencia dictada ahora por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias pone de manifiesto la "gravedad de la situación". El tribunal recuerda que la sentencia fue dictada en julio de 2024, que la ejecución forzosa se acordó en mayo de 2025 y que, pese a los numerosos requerimientos realizados por la autoridad judicial, "la Administración continúa sin cumplir lo ordenado ni ha alegado ninguna causa legal que justifique dicho incumplimiento".

"Ante esta situación, la Sala ha acordado iniciar el procedimiento para imponer multas coercitivas personales al director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, advirtiendo expresamente que dichas sanciones económicas deberán ser abonadas con cargo a su patrimonio personal y que podrán reiterarse periódicamente hasta que la sentencia sea ejecutada de forma íntegra".

Además, el Tribunal advierte expresamente de la posible responsabilidad penal por desobediencia a la autoridad judicial derivada de esta conducta.

Una actuación inadmisible en un Estado de Derecho

"Desde JUPOL consideramos extremadamente grave que quienes tienen la obligación de garantizar el cumplimiento de la legalidad y el respeto a las resoluciones judiciales sean precisamente quienes se sitúan al margen de ellas", ha proseguido JUPOL en un comunicado de prensa.

"Resulta intolerable que la Dirección General de la Policía obligue a los funcionarios a acudir a los tribunales para defender derechos que posteriormente se niega a reconocer incluso cuando existe una sentencia firme que así lo ordena. Más grave aún es que esta actitud haya obligado al Tribunal Superior de Justicia a adoptar medidas coercitivas personales contra los máximos responsables administrativos encargados de ejecutar la resolución".

"La actuación de la Dirección General de la Policía supone un preocupante desprecio hacia la tutela judicial efectiva, hacia los derechos de los policías nacionales y hacia el propio poder judicial, generando una situación que nunca debería haberse producido en una Administración pública sometida al principio de legalidad".

JUPOL seguirá defendiendo los derechos de los policías

"Desde JUPOL reafirmamos nuestro compromiso de continuar utilizando todas las herramientas jurídicas a nuestro alcance para garantizar que los derechos de los policías nacionales sean respetados y para exigir responsabilidades cuando las resoluciones judiciales no sean cumplidas".

"Este nuevo pronunciamiento judicial demuestra una vez más la eficacia del trabajo desarrollado por los servicios jurídicos de JUPOL y evidencia que la perseverancia en la defensa de los derechos de nuestros compañeros acaba dando sus frutos, incluso frente a la resistencia injustificada de la propia Administración".

JUPOL continuará "vigilando el cumplimiento efectivo de esta sentencia y de todas aquellas resoluciones judiciales que reconozcan derechos a los policías nacionales, exigiendo que nadie, independientemente del cargo que ocupe, quede al margen del cumplimiento de la ley y de las decisiones de los tribunales".

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Estos inmigrantes accedieron a la ciudad durante la entrada masiva del 30 y 31 de julio.

El traslado se ha llevado a cabo bajo un amplio dispositivo de la Policía Nacional, con la participación de efectivos de la Unidad de Intervención Policial (UIP). Los inmigrantes fueron trasladados inicialmente desde el CETI hasta las dependencias de la Jefatura de la Policía Nacional.

Esta noche, tras pasar por el juzgado, han sido llevados en celulares a la Jefatura en donde esperaba un autocar para llevárselos fuera.

Los trámites judiciales correspondientes se han llevado a cabo para su eventual internamiento en un CIE de la península y posterior expulsión.

En el caso de los argelinos tiene que llevarse a cabo este trámite, sin embargo, en el caso de los marroquíes, sí se puede expulsar por la frontera.

Un procedimiento que continuará durante los próximos días

Este procedimiento está previsto que continúe durante los próximos días con otros inmigrantes que se encuentran actualmente en el CETI. El objetivo es avanzar en los trámites necesarios para ejecutar, cuando corresponda, las expulsiones previstas por la legislación de extranjería.

La medida permitirá también aliviar la ocupación del CETI, especialmente después del incremento de llegadas registrado a finales de julio, cuando se produjo una entrada masiva de inmigrantes.

Una vez completados los correspondientes trámites y obtenida, en su caso, la autorización judicial, los inmigrantes podrán ser trasladados a la península para su internamiento en un CIE, desde donde se continuarían las gestiones necesarias para hacer efectiva su expulsión a Argelia, conforme al procedimiento establecido.

Con todas las garantías judiciales

El operativo se desarrolla bajo la supervisión de las autoridades competentes y con el cumplimiento de las garantías judiciales previstas para este tipo de procedimientos. La intervención del juzgado constituye uno de los pasos necesarios antes de acordar el internamiento de una persona extranjera a efectos de expulsión.

El traslado hasta la península se produciría una vez finalizados los trámites correspondientes y de acuerdo con las resoluciones judiciales que se adopten en cada caso.

Con estas actuaciones, las autoridades buscan avanzar en la gestión de los expedientes pendientes y en la descongestión del CETI, tras el aumento de llegadas registrado durante las últimas semanas.

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