El episodio terminó en los tribunales y ahora el Ministerio Fiscal solicita un año de prisión para la persona a la que atribuye la organización de este traslado.

Este periódico ha tenido acceso a la calificación fiscal, en la que se sostiene que el acusado habría dirigido al grupo hasta la zona portuaria con la finalidad de facilitar su salida de Ceuta.

La Fiscalía considera que actuó con ánimo de obtener un beneficio económico, aunque el escrito no determina cuál habría sido la cantidad de dinero supuestamente acordada por el traslado.

Según recoge el Ministerio Público, se trataba de personas que carecían de permiso para residir o transitar legalmente por España y que pretendían alcanzar la Península mediante una embarcación que se encontraba preparada para recogerlas. Los hechos son considerados por la acusación pública como constitutivos de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

Más intentos de salida tras la entrada masiva

El procedimiento se produce además en un contexto marcado por la entrada masiva de inmigrantes registrada a finales de julio a través de la frontera del Tarajal.

Desde entonces, los intentos de abandonar Ceuta en embarcaciones con destino a la Península se han multiplicado de manera exponencial, convirtiéndose en una de las vías utilizadas por quienes permanecieron en la ciudad tras aquel episodio.

La llegada de un elevado número de personas en apenas unos días generó una situación excepcional en Ceuta. Con el paso de las semanas, algunos de los inmigrantes que permanecían en la ciudad han buscado distintas fórmulas para continuar su recorrido, entre ellas los intentos de embarque hacia la Península.

Es precisamente en este escenario donde se sitúan los hechos investigados en esta causa. La Fiscalía sostiene que el acusado condujo al grupo hasta las escolleras para facilitar el acceso a una embarcación que se encontraba aguardando en el espigón.

La Fiscalía pide un año de prisión

El Ministerio Fiscal considera que los hechos son constitutivos de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y solicita para el acusado una pena de un año de prisión. A esta condena añade la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la pena, conforme a lo establecido en el Código Penal.

Además, la Fiscalía se opone a una eventual suspensión de la pena privativa de libertad, al considerar que no concurren los requisitos legalmente establecidos para que pueda acordarse esta medida.

El juicio está previsto para celebrarse en las próximas semanas. Será entonces cuando las partes expongan sus posiciones y se practiquen las pruebas correspondientes, antes de que el órgano judicial determine si los hechos y la participación que atribuye la Fiscalía al acusado han quedado acreditados.

La calificación fiscal constituye la posición del Ministerio Público previa al juicio, por lo que será durante la vista oral cuando deberá determinarse la eventual responsabilidad penal.

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La pena ha quedado suspendida por 3 años, al carecer de antecedentes computables a efectos de reincidencia y tras haber acreditado el arraigo en España. Si en ese periodo vuelve a delinquir ingresaría en prisión.

El protagonista de esta resolución judicial fue detenido en septiembre de este año en la playa del Chorrillo, tras protagonizar un altercado con militares de Regulares, que lo detectaron en una de las casetas de socorristas de la playa del Chorrillo.

Los integrantes del Grupo de Regulares número 54 se encontraban uniformados y prestando un servicio legalmente encomendado cuando le requirieron para que abandonara el lugar, momento en el que el acusado adoptó una actitud desafiante y despectiva hacia los componentes de la patrulla, desoyendo las órdenes reiteradas y continuas de los miembros de las Fuerzas Armadas y abandonando inicialmente el lugar en dirección distinta a la indicada, dejando sus pertenencias en la caseta.

Agresión e intervención de la Policía Nacional

Cuando los militares le requirieron nuevamente para que regresara a recogerlas, el ahora condenado acometió contra uno de los soldados agarrándole del chaleco y empujándole, hasta ser detenido por agentes de la Policía Nacional.

Otros componentes de Regulares quedaron perjudicados durante esta intervención.

Reacciones críticas de ATME

Este suceso en cuestión provocó críticas desde la asociación ATME, que puso de manifiesto la situación de inseguridad vivida por los militares tras agresiones, emboscadas o lanzamiento de cócteles molotov.

Las presiones ejercidas desde el movimiento asociativo llevaron a que se activaran los mecanismos para que los militares pudieran utilizar armas de fuego en Ceuta en caso de tener que defenderse de algún ataque.

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Era la época en la que existía el asentamiento desmantelado el pasado fin de semana. El ahora condenado, K.B., era uno de los que allí residía en la suerte de chabolas dispuestas por todo el arenal.

El suceso por el que ahora ha sido condenado y ordenada su expulsión se produjo en la mañana del 22 de septiembre, cuando se le aproximaron funcionarios de la Policía Nacional para entrevistarse con él por su conducta con unos periodistas que se hallaban en la zona.

Atentado contra policías nacionales

El protagonista de estos hechos, con ánimo de menoscabar el principio de autoridad de los agentes, apretó los puños y acometió contra uno de los policías con el ánimo de agredirle, algo que no pudo hacer al intervenir otro agente.

Finalmente se revolvió contra ellos violentamente para evitar su detención.

El acusado carece de documentación administrativa que le habilite para la estancia en territorio nacional.

La condena lleva consigo la expulsión de Ceuta, además de la prohibición de acceder a territorio nacional ya que, de hacerlo, sería encarcelado de inmediato.

Otra condena a un argelino por atentado contra una militar de Ingenieros

Esta no ha sido la única condena relacionada con la entrada masiva, ya que también ha sido condenado otro argelino a 1 año y 9 meses de prisión sustituida por expulsión y prohibición de entrada por 5 años por atentado contra una militar, sargento de Ingenieros.

A esa pena se añade, otro delito leve de lesiones por el que penará con 1 mes de multa a 5 euros diarios.

El argelino A.Y. se encontraba en la zona de la carretera de Benítez, frente a la desalinizadora, cuando al percatarse de que a una persona se le había caído una riñonera y un billete de 10 euros al suelo quiso apropiarse de propiedad ajena.

En ese afán se topó con una militar del Grupo de Ingenieros nº 7 de Ceuta que lo impidió, provocando que el ahora condenado acometiera contra ella golpeándola en el pecho, siendo socorrida por otros compañeros de la unidad.

Posteriormente, agentes de la Guardia Civil lo detuvieron. El acusado se encontraba en prisión provisional por esta causa desde el pasado 11 de septiembre.

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El acusado aceptó una pena de 6 meses de multa a 5 euros diarios por los daños causados y 1 mes de multa con cuota de 5 euros diarios por cada delito leve de lesiones.

Además, se le ha impuesto una medida de alejamiento al centro de salud por 2 años, así como a la trabajadora y al vigilante con los que no podrá tener ningún tipo de contacto durante 6 meses.

Los hechos, hace dos años

Los hechos a los que hace referencia esta condena que se dictó por conformidad se retrotraen a febrero de 2024, cuando el ahora condenado, identificado como I.M., estaba en el centro de salud.

Terminó dañando parte del mobiliario, así como varios objetos como una pantalla de ordenador, otra de turnos y un dispensador de tickets, tasándose todo en casi 500 euros.

El acusado se dirigió además al vigilante de seguridad que se encontraba de servicio en el centro de salud, arremetiendo contra él y propinándole una serie de golpes, que derivaron en lesiones no graves.

No terminó ahí, ya que, con ese mismo ánimo de atentar contra la integridad física y desprecio al principio de autoridad, se dirigió a la gerente del centro de salud, portando un objeto de gran contundencia y le propinó una serie de golpes, causándole lesiones y una crisis de ansiedad.

La condena ha sido bastante inferior a la inicial que se le llegó a solicitar, que alcanzaba hasta 7 años y 6 meses de cárcel.

La reacción de la comunidad sanitaria

Los hechos que ahora han recibido condena provocaron una reacción en la comunidad sanitaria. Tanto el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria en Ceuta (Ingesa) como los sindicatos criticaron lo ocurrido y mostraron su solidaridad con las víctimas.

Se reclamaron, de hecho, medidas inmediatas y efectivas para reforzar la seguridad en el centro de salud del Tarajal y en todas las instalaciones médicas de la ciudad.

Además, se puso en valor el trabajo de los vigilantes de seguridad y se reclamaron medios como más arcos detectores de metales.

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Se ha iniciado una auténtica pelea de David contra Goliat y la historia ya demuestra quién ganó.

La decisión de la Audiencia Nacional es importante, toda vez que queda en evidencia la inacción del Gobierno de España en materia fronteriza. Dos meses después de la invasión, no se ha ejecutado ninguna acción física ni hay rastro oficial de que las obras anunciadas se vayan a poner en marcha y que anunció el ministro Fernando Grande-Marlaska.

La asociación Salvemos Ceuta presentó un recurso ante la Audiencia Nacional por la inacción del Gobierno que ahora ha sido admitido a trámite, requiriendo al Ministerio del Interior, con Fernando Grande-Marlaska a la cabeza, a que dé explicaciones.

Con carácter previo a la presentación del recurso se pidió la adopción de medidas cautelarísimas ante la concurrencia de circunstancias de especial urgencia frente al Ministerio del Interior. Aunque fueron denegadas, se ha admitido el recurso para ser tramitado por la inacción del Ministerio, al que una asociación de Ceuta logra poner contra las cuerdas.

La demanda que presentó 'Salvemos Ceuta' y el paso dado más allá del ámbito penal

Ya lo indicaron en su presentación oficial. Una de las principales preocupaciones de Salvemos Ceuta se centraba en la frontera, en la urgente dotación material y humana tanto de Benzú como de Tarajal.

La asociación presentó una demanda acompañada de documentación gráfica, con imágenes de la invasión. Un impacto que demuestra las condiciones físicas que rodearon a este asunto de tantísima gravedad.

La Audiencia Nacional ha tomado en serio la necesidad de investigar la inacción que pudo tener el Gobierno en el control y atención en frontera, tanto con medios y recursos como en su estructura.

Tras este decreto dictado por la Audiencia Nacional, se requiere al Ministerio del Interior que aporte todo el expediente administrativo de lo que están haciendo o no respecto de la obra de la frontera, así como todo lo relacionado con la protección de la misma con las alertas de las fuerzas de seguridad y el CNI.

Una vez que Interior remita todo lo requerido por la Audiencia Nacional, será la asociación la que disponga de un plazo oportuno para formalizar las distintas peticiones. Al margen del ámbito penal, la Audiencia Nacional pone el foco en algo de tanta relevancia como el estado en el que el Gobierno de la Nación tiene la frontera, el estado de las obras anunciadas y la dotación de personal.

Qué es lo que se tiene que conocer, qué pasa en la frontera de Ceuta

Para la asociación resulta de una necesidad absoluta que de forma urgente se proceda a reforzar y blindar la frontera de Ceuta con medios materiales y humanos que posibiliten contener o rechazar una previsible nueva entrada masiva de inmigrantes.

Salvemos Ceuta ha reclamado en la demanda presentada que se ordene al Ministerio del Interior a que adopte las medidas materiales, técnicas y operativas indispensables para garantizar la vigilancia, seguridad e integridad de las fronteras de Ceuta.

Esto lo pide incluyendo el refuerzo suficiente y permanente de los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y su dotación con los medios materiales adecuados para prevenir, contener y, en su caso, rechazar conforme a la legalidad vigente cualquier nueva entrada masiva e irregular en territorio nacional.

Consideran necesaria la presencia permanente de al menos cien efectivos mientras persista el actual nivel de riesgo.

La obra del espigón del Tarajal y Benzú

En la demanda presentada a la Audiencia Nacional, la asociación solicita ordenar al Ministerio del Interior a que, con carácter urgente y a través de los servicios técnicos competentes, evalúe el estado actual del espigón de la frontera del Tarajal de Ceuta y de la construcción de un nuevo espigón en la frontera de Benzú, y de conformidad con los informes técnicos, adopte de manera inmediata las medidas provisionales de protección y refuerzo que resulten necesarias.

De igual manera solicita que promueva expediente de contratación por el trámite de emergencia para la ampliación, prolongación y elevación del citado espigón en la frontera del Tarajal y de uno nuevo en la frontera de Benzú.

Para ‘Salvemos Ceuta’ las infraestructuras deben tener una longitud de quinientos metros desde la línea de costa y una altura de dos metros y medio, o aquellas dimensiones equivalentes que los técnicos competentes consideren suficientes para garantizar eficazmente la seguridad fronteriza.

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En el momento de la entrada de los guardias civiles, no se encontró a la responsable de la casa, aunque la tenía plenamente identificada. Fue poco después cuando de manera voluntaria acudió a las dependencias de la Benemérita, en la Comandancia de Hadú.

La mujer que regentaba esta casa ha sido condenada a 1 año de cárcel por favorecimiento de la inmigración ilegal, aunque dicha pena quedará suspendida durante tres años. Si en ese periodo vuelve a delinquir entraría en prisión.

Ante su señoría reconoció los hechos, dictándose una resolución judicial por conformidad, tal y como han confirmado fuentes judiciales a El Faro.

Se dicta así otra condena por mantenimiento de un piso patera en Ceuta, toda vez que se han producido ya varias intervenciones desarrolladas tanto por Policía como por Guardia Civil al objeto de erradicar una práctica extendida en la ciudad que ha repuntado tras la entrada masiva de finales de julio.

Sospechas que fundamentaron el operativo del piso patera

En este caso en concreto, la Guardia Civil entró en la barriada ante la sospecha de que estaba operativa una casa patera en donde se había apreciado la entrada y salida de inmigrantes.

Cuando la Benemérita se adentró en el Príncipe y en concreto en la casa, localizó a 12 inmigrantes, entre ellos una embarazada, que fueron trasladados a las dependencias policiales para su filiación. 

La Guardia Civil tiene abiertas varias investigaciones para dar con los negocios de pisos pateras en Ceuta, y con quienes cobran dinero por tener hacinadas a personas en condiciones infrahumanas.

En este caso, incluso una mujer a punto de dar a luz y en un principio se pensó también que podía haber menores de edad.

El Príncipe es uno de los barrios más castigados por la presencia de inmigrantes. Estas acciones van en contra de la propia seguridad de la barriada.

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En este caso, la magistrada titular del Tribunal de Instancia, Sección de lo Penal número 1 de Ceuta, ha dictado sentencia condenatoria contra un joven marroquí por un delito de robo con violencia en grado de tentativa sobre una ceutí.

El acusado, conducido por la Policía Nacional, reconoció los hechos y aceptó la pena de 1 año y 11 meses de prisión por un delito de robo con fuerza en grado de tentativa y una multa de dos meses, con una cuota diaria de 5 euros, por un delito leve de lesiones.

El intento de robo

Los hechos tuvieron lugar sobre las 07:00 horas del 23 de agosto, cuando la víctima se encontraba en la rampa de salida de vehículos del aparcamiento situado en la calle Ingenieros.

El acusado, que se encontraba en las inmediaciones, actuó con ánimo de ilícito apoderamiento y con el propósito de arrebatar el bolso que portaba la mujer. Para conseguirlo, inició un forcejeo con la víctima, tratando de hacerse con sus pertenencias.

Sin embargo, la resistencia ofrecida por la mujer, junto con el auxilio prestado por dos amigas que se encontraban con ella, impidió que el acusado pudiera consumar el robo. Finalmente, abandonó el lugar sin conseguir apoderarse del bolso ni de ningún otro efecto.

Lesiones durante el forcejeo

Como consecuencia directa del forcejeo y de la agresión sufrida, la víctima resultó lesionada durante el intento de robo.

En concreto, sufrió una erosión en el codo izquierdo, una erosión en el labio inferior y contracturas musculares, lesiones que requirieron para su curación de una primera asistencia médica.

La sentencia recoge que no constan días de perjuicio derivados de estas lesiones. El procedimiento concluyó con el reconocimiento de los hechos por parte del acusado, quien aceptó las penas impuestas por el juzgado.

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El acusado, que fue conducido ante el juzgado por la Policía Nacional, reconoció los hechos y aceptó una pena de dos años de prisión.

La condena, sin embargo, no supondrá su ingreso en un centro penitenciario. Según recoge la resolución judicial, la pena de prisión fue sustituida por la expulsión del territorio peninsular durante un periodo de cinco años, conforme a lo acordado en sede judicial tras el reconocimiento de los hechos por parte del acusado.

Perseguido por varias personas

Los hechos se produjeron sobre las 22:20 horas del 2 de septiembre, cuando el acusado se encontraba en las inmediaciones del Paseo Alcalde Sánchez Prados. En ese momento, agentes de la Policía Nacional, debidamente uniformados y en el ejercicio de sus funciones, observaron cómo el joven huía a la carrera mientras era perseguido por varias personas que reclamaban su detención.

Los policías le dieron el alto de forma continua, constante y reiterada, según consta en la sentencia. El acusado, con intención de eludir la actuación de los agentes, hizo caso omiso de los requerimientos y continuó su huida, hasta que finalmente fue interceptado por componentes de la Guardia Civil que también se encontraban uniformados.

Patadas y manotazos durante la detención

Fue entonces cuando, según los hechos declarados probados, el joven ofreció una gran resistencia activa a su detención. El acusado habría acometido violentamente contra los agentes, propinando patadas y manotazos con el objetivo de evitar ser reducido y detenido.

Ante esta conducta, los funcionarios tuvieron que emplear la fuerza imprescindible para proceder a su reducción. La sentencia señala que, pese a la resistencia protagonizada por el acusado durante la intervención, ninguno de los agentes policiales llegó a sufrir lesiones.

El acusado reconoció los hechos ante la autoridad judicial y aceptó la condena de dos años de prisión por el delito de atentado. La pena quedó finalmente sustituida por la expulsión del territorio peninsular durante cinco años, en los términos establecidos en la sentencia.

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Fuentes de la Ciudad confirman que van a remitir la certificación notarial de las comunicaciones (se hizo el pasado viernes) que fueron realizadas en los días previos a la entrada masiva del 30 de julio desde el teléfono móvil del jefe de Gabinete de la Presidencia a Moncloa.

La documentación incluye tanto las llamadas y mensajes efectuados como los intentos de contacto realizados con distintos responsables de la Administración General del Estado.

Ahí radica la novedad, en que no solo se van a remitir las llamadas de auxilio cursadas a Moncloa, sino que se aportarán todas las comunicaciones con ministerios. Se ha esperado a que Tardón lo solicitara para remitirlo.

Los ministerios a los que se llamó

Al listado de llamadas se han añadido las comunicaciones mantenidas con varios ministerios, entre ellos Interior, Asuntos Exteriores, Defensa y Política Territorial, que igualmente se han certificado para ser incorporadas al expediente.

La existencia de estos contactos fue adelantada por el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, durante su declaración como testigo ante la Audiencia Nacional.

Posteriormente, en distintas comparecencias ante los medios de comunicación, el presidente también hizo referencia a las gestiones y comunicaciones realizadas por la Ciudad en los días previos a los sucesos del 30 y 31 de julio.

Fueron diez llamadas y solo diez minutos de conversación. Todas están registradas, con sus fechas, la hora en que se efectuaron y lo que duraron en los casos de ser atendidas, siete no lo fueron.

 Se llamó al director del gabinete de la Presidencia del Gobierno, Diego Rubio, quien tuvo que informar sí o sí al presidente, Pedro Sánchez, del terremoto que se avecinaba al otro lado del Estrecho. Era su obligación.

Entre el 27 y el 30 de julio hubo una hilera de llamadas, de las que ya se hizo eco El Faro de Ceuta en un análisis cronológico sobre los preludios de la entrada masiva y la reacción del Gobierno de Sánchez. Ahora la jueza Tardón quiere tener ese registro.

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Así lo ha requerido Tardón, "a la mayor urgencia", mediante una providencia a la que han tenido acceso los medios de comunicación, tras la declaración de Vivas el pasado miércoles en el marco de la investigación que indaga la entrada masiva de personas a Ceuta desde Marruecos los días 30 y 31 de julio.

Durante su declaración como testigo, el presidente ceutí aseguró que llamó en varias ocasiones al Gobierno en los días previos a llegada de personas a la ciudad autónoma para advertir de la gravedad de la situación, y que Moncloa minimizó la crisis migratoria.

10 llamadas y solo 3 con respuesta

Vivas señaló que fueron diez las llamadas en total a Moncloa para hablar de la situación de las que habría obtenido respuestas en tres y siempre por parte Rubio, según fuentes jurídicas.

Y relató que mantuvo una llamada con el entonces delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, el 25 de julio, cuatro días antes del ingreso de decenas de miles de inmigrantes en territorio español.

Dos días después, según su declaración a la jueza, ambos se reunieron y el presidente ceutí le solicitó reforzar los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, declarar la emergencia nacional y establecer un mando único para afrontar la crisis.

La primera de las llamadas a Sánchez, el 27 de julio

Vivas remarcó que ese mismo día, 27 de julio, llamó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero no obtuvo respuesta, y que posteriormente fue atendido por su jefe de gabinete, a quien le advirtió de la gravedad de la situación, de acuerdo a las mismas fuentes.

Asimismo, aseguró que en días posteriores llegó a hablar con los ministros de Defensa, Asuntos Exteriores, Interior y Política Territorial y Memoria Democrática, Margarita Robles, José Manuel Albares, Fernando Grande-Marlaska y Ángel Víctor Torres, respectivamente. En concreto, Albares le habría trasladado que la situación con Marruecos era buena.

Vivas aseveró que la primera vez que habló directamente con Sánchez sobre la situación fue el 30 de julio por la tarde, cuando miles de personas ya habían cruzado a España, para pedirle que acudiera a Ceuta para transmitir confianza en el Estado a la ciudadanía.

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