Este miércoles el tribunal de la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta había sentado en el banquillo a 10 acusados de formar parte de ese entramado. Entre ellos los apodados ‘Piolín’ y ‘Laika’, que han sido conducidos presos hasta la sede del máximo órgano judicial en nuestra ciudad bajo importantes medidas de seguridad.

Se ha contado con agentes de la UIP y de la UPR para labores de vigilancia y control en el entorno del edificio Ceuta Center y en su interior.

Otros investigados están declarados en rebeldía.

La vista no se ha podido celebrar dictándose su suspensión por problemas de varios acusados con su representación procesal.

Algunos han renunciado hoy a sus letrados; de hecho, uno llegó a decir que él mismo se defendería para luego comunicar que quería uno de oficio.

Hoy iba a ser la primera vez que se juzgaba una red dedicada al uso de los drones para el tráfico de hachís, un sistema delincuencial que se ideó en Ceuta con motivo de la pandemia, haciéndose fuerte con posterioridad hasta instaurarse como nuevo modus operandi.

La vista, suspendida, ha sido señalada para julio.

¿Qué fue la Operación Etxea?

Fue en noviembre de 2021 cuando la Guardia Civil decidió reventar un operativo que se saldó con varias detenciones. La Fiscalía pide en su escrito de calificación inicial 8 años de prisión para el presunto cabecilla de esta organización criminal y uno menos para el resto. Contempla la existencia de delitos contra la salud pública y organización criminal.

El trabajo desarrollado por la Guardia Civil puso en evidencia la existencia de una organización que había burlado las trabas de tener una frontera cerrada y se dedicaba a traer hachís de Marruecos a Ceuta así como a trasladar pastillas desde la ciudad al vecino país, especialmente Rivotril y Tranquimazin.

Se servían de drones, los llamados Remotely Piloted Aircraft System, y disponían de una estructura perfectamente organizada en la que cada integrante desempeñaba un rol concreto. Si los drones eran inhibidos por la Benemérita la red era capaz de sustituir esos elevadores con rapidez. El negocio era próspero.

Los beneficios de la organización

El tráfico de drones constante les estaba generando muchos beneficios. La organización se sentía impune y coordinaba la mayoría de las salidas de elevadores cargados de droga desde esas viviendas.

Antes de desarrollarse el operativo, el Instituto Armado decomisó varios drones e hizo seguimientos visuales y mediante intervenciones telefónicas hasta que, para evitar riesgos, optó por intervenir ejecutando registros en puntos del Príncipe como Maestra María Jaén, Agrupación Fuerte y antiguo Poblado Legionario.

Una de las casas era utilizada para las labores de pilotaje de drones; otras pertenecían a dos de los acusados y desde allí se controló la salida de algunos de los elevadores de acuerdo con los seguimientos que hizo el Instituto Armado.

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El acusado no acudió a la mesa electoral

El acuerdo previo entre la Defensa y el Ministerio Fiscal evitó la celebración de la vista oral que estaba fijada para este martes en la sala de lo Penal número 1 de nuestra ciudad. Un acuerdo que le sirvió para una reducción de la pena, ya que en un principio el Ministerio Fiscal solicitaba multa superior a la impuesta.
No es la primera vez que en nuestra ciudad se condena a una persona por no acudir a la mesa electoral que le ha sido designada. Es una obligación para cualquier ciudadano y, en este caso, el acusado no alegó ningún excusa para su ausencia.
El ahora condenado deberá hacer frente al pago de multa, una cuantía de 900 euros por no comparecer en la jornada electoral de junio del año pasado.

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El visionado de las cámaras

En ese sentido, los policías nacionales explicaron que no les dio tiempo a enseñarle los vídeos y ya ese testigo de cargo señalaba al acusado como culpable. “Decía que era él, sin género de duda, que habían tenido una mala relación en el pasado y que por eso se la había quemado”.
Tras esa manifestación, los agentes decidieron señalar una composición fotográfica, que fue puesta en duda por la Defensa.
Todo cambió este martes, cuando ese testigo de cargo declaró que “en ese momento de calentón” dije que era el acusado pero que a día de hoy tiene “dudas” de que hubiera sido él. “Se parece físicamente en las imágenes pero no puedo decir que sea él”, expuso.
El acusado, por su parte, negó la autoría y señaló que él se encontraba en su domicilio cuidando a su hermano pequeño.
Finalmente quedó absuelto del delito de daños por el que se le pedía pena de prisión y una multa de más de 12.000 euros.

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Al existir un acuerdo entre Defensa, Fiscalía y Acusación Particular, que ha pasado por el reconocimiento que ha hecho el acusado del delito, no ha sido necesaria la celebración de vista oral.

El llamado S.L.D.R. ha reconocido que atentó contra la indemnidad sexual de la menor, aprovechándose de su condición de tío de la víctima.

Acuerdo previo y medidas a cumplir

Antes de esta conformidad, había satisfecho una indemnización de 4.000 euros a favor de la víctima y, desde los hechos, por orden del juzgado de instrucción número 1, ya cumplía una medida cautelar de prohibición de aproximarse a su sobrina de 15 años a menos de 150 metros.

Se ha tenido en cuenta una atenuante muy cualificada de reparación del daño. Se le impone una pena de 2 años de prisión, así como una medida de libertad vigilada de 5 años.

Se la ha impuesto también una prohibición de acercamiento a la menor a una distancia inferior de 50 metros por un plazo de 5 años superior al establecido en las penas impuestas en la sentencia dictada hoy de viva voz (es decir, siete años).

Evitar contactos con menores y asistencia a ludotecas

De igual forma se impone una inhabilitación especial para el ejercicio de derecho de patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento durante 2 años e inhabilitación para desempeñar cualquier profesión, oficio o actividad que conlleve un contacto con menores de edad durante un periodo de 5 años al de la duración de la pena de cárcel impuesta (es decir, 7 años hasta 2032).

Las partes no se han opuesto a la suspensión de la pena de prisión al cumplirse los requisitos legales, pero siempre y cuando cumpla la realización de un curso de educación sexual, la pena de prohibición de acercamiento a la menor (que está vigente hasta 2030) y la prohibición de acudir a ludotecas o espacios de concentración de menores.

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Las Jornadas Jurídicas son una cita que se vienen celebrando de forma anual en la Ciudad Autónoma de Ceuta desde 2010 y tienen como objetivo “la realización de actividades de formación y perfeccionamiento para miembros de la carrera judicial, técnicos de la ciudad y otros operadores jurídicos”, ha detallado el portavoz accidental del Gobierno, Alberto Gaitán.

La misma se celebran gracias a un convenio de colaboración en materia de formación entre la Consejería de Cultura y el Consejo General del Poder Judicial, que ha sido aprobado este martes en Consejo de Gobierno.

Fomento de la cultura

Esta misma consejería, también ha dado luz verde “a la renovación del convenio de colaboración entre la Ciudad Autónoma y la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, por el que se regula la adhesión de Ceuta a la Red Andaluza de Teatros Públicos”, ha indicado Gaitán.

El objetivo de este programa es fomentar la colaboración entre la Agencia Andaluza y los ayuntamientos para desarrollar “la programación de compañía de teatro, de danza, circo, formaciones musicales andaluzas, contribuyendo al desarrollo del tejido empresarial, principalmente andaluz, de las artes escénicas y de la música, y con una especial incidencia en espectáculos que van dirigidos al público infantil y juvenil a través del programa Abecedaria”.

Cabe destacar que esta es la tercera vez que la Ciudad Autónoma de Ceuta, a través de la Consejería de Cultura, se suma a la Red Andaluza de Teatros Públicos.

Este convenio supone un gasto de 16.200 euros por parte de la Ciudad, misma cantidad que también aporta la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Por su parte, para el programa Abecedaria la Ciudad destina 4.000 euros, aportando la Agencia 8.000, ha indicado el portavoz accidental.

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Los hechos ocurrieron en septiembre

Una situación que llegó a atemorizarles logrando así apoderarse de sus teléfonos móviles marca Apple, modelo iPhone 11 de color rojo, y un Redmi, note 9, color azul. Los dos móviles eran propiedad de los menores.
El teléfono móvil marca Apple, modelo iPhone 11, ha sito tasado pericialmente en un valor de compra de 250 euros y un valor depreciado a fecha de sustracción de 212,50 euros. El teléfono móvil marca Redmi, note 9, ha sito tasado pericialmente en un valor de compra de 140 euros y valor depreciado a fecha de sustracción de 126 euros.
El juicio no pudo celebrarse, lo hará en el mes de febrero. Al acusado se le pide una pena de hasta 5 años de prisión.
El juez le concedió al acusado una semana para que su abogado se presentará en la causa. De no hacerlo, el Juzgado le volvería a asignar uno del turno de oficio pero en este caso no podría ser rechazado.

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El juicio contó con varias testificales, pero se ha suspendido hasta febrero para contar con los dos testigos que no acudieron este lunes. El acusado M.Y.M.A. está acusado de un delito de receptación y el Ministerio Fiscal solicita una pena de 12 meses de prisión.

La principal víctima de este suceso narró que su padre había cogido la motocicleta y que tras dos días guardada en el garaje cuando acudió para usarla ya no estaba. “Mi padre me dijo que no recordaba si se había dejado las llaves puestas, pero la moto no estaba ya en el garaje”.

Debido a eso, la víctima fue a denunciar a la Jefatura Superior de la Policía Nacional, así como, a través de su marido, pusieron diferentes mensajes en las redes sociales para ver si alguien daba con la moto.

Anuncios por redes sociales

Esos anuncios dieron sus frutos y dos días después recibieron una llamada de una persona que decía saber de su moto y que les dijo que estaba en Marruecos. “En principio me dijo de quedar para ir a recogerla, pero luego fue dándome evasivas y no me decía exactamente dónde estaba”.

Gracias a un familiar, la víctima pudo contactar con la comisaría de Rincón (Marruecos) que le confirmó que la motocicleta se encontraba allí. “Fuimos a recogerla y el policía nos dijo que el acusado había proferido que era amigo mío y que se la había prestado”.

El acusado señaló que a él le dejó la moto un amigo para ir a Marruecos y que estando circulando por el país vecino cuando fue sorprendido por las autoridades marroquíes.

“Les expliqué que me la había dejado un amigo y que yo era desconocedor de que fuera robada. Llamé a mi amigo y me dijo que lo arreglaría”.

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La diferencia entre uno y otro estado lo ha marcado la droga. Unos 8 kilos de hachís que ocultaba en el coche que ocupaba, en distintos recovecos, para burlar el control de la Guardia Civil.

No lo logró. En la noche del sábado, cuando se constató que ocultaba esa sustancia estupefaciente en su coche, se procedió a su arresto por un delito contra la salud pública.

El titular del juzgado de instrucción número 1 dictaba auto en la mañana de ayer de prisión preventiva. Conducida a la cárcel de Mendizábal esperará la celebración de vista oral por estos hechos.

Se enfrenta a 4 años de cárcel por delito contra la salud pública en su modalidad de notoria importancia. Es un eslabón más en la cadena del tráfico de drogas que no cesa y que sigue apostando por el embarque en huecos ocultos en vehículos teniendo que pasar varios filtros.

Los pasadores del hachís acarrean a sus espaldas distintas historias y motivaciones que les hacen caer en las redes del narcotráfico. Son los que terminan detenidos y los que cumplen prisión a costa de un negocio que mueve millones.

En este caso, la mujer detenida pasó la noche en los calabozos de la Compañía Fiscal en el puerto, procediéndose a su traslado a los juzgados en la mañana de ayer.

Tanto el coche usado como la droga quedaron intervenidos, en el caso de la sustancia estupefacientes a cargo del área de Sanidad de la Delegación del Gobierno para su análisis y emisión del informe que se elevará a Fiscalía para sustentar su escrito de acusación.

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Tras la celebración de comparecencia de prisión esta misma semana por delito de malos tratos en el ámbito de la violencia de género y doméstica además de amenazas graves, se ha ratificado dicha medida privativa de libertad, tal y como se recoge en la resolución judicial a la que ha tenido acceso El Faro.

Esta es solo una de las causas pendientes que tiene el ‘Canty’, quien no había podido ser localizado ni policial ni judicialmente para responder por esta y otras búsquedas judiciales hasta que el CNP dio con él en el mismo operativo en el que se arrestó al apodado ‘Ratón’, en la barriada del Príncipe.

Le esperan otras comparecencias por requisitorias pendientes además del cumplimiento de sentencias condenatorias ya firmes.

Amenazas graves y riesgo de fuga

La medida adoptada por el Juzgado especializado en asuntos de violencia de género se basa en la gravedad de los hechos recogidos en las diligencias que dieron pie a este caso, además de en el contenido de las amenazas vertidas.

Así, se hace constar la existencia de mensajes enviados por el ‘Canty’ hacia quien fuera su pareja en los que le expone que iba a mandar a que le quemaran la vivienda o a que le dispararan por la calle, advirtiéndole de que a las malas la situación podía empeorar.

La medida de privación de libertad resuelta en este auto se adopta en base a la declaración de la denunciante, que ha sido “persistente” además de mostrar un relato “claro y preciso” sin “incongruencias” ni contradicciones sobre la situación que estaba viviendo, además con un menor a cargo.

"Situación de peligro"

“Existen mensajes amenazantes y una situación objetiva de peligro dada la violencia de los hechos denunciados y las expresiones proferidas, así como los antecedentes penales y causas pendientes del investigado, en busca por sumarios de tentativa de homicidio y causas relativas a amenazas y tenencia de armas”, dictamina el juzgado.

Añade además que hay un claro “riesgo de que actúe contra bienes jurídicos de la víctima y riesgo de fuga” al objeto de fundamentar la medida de prisión que es “proporcionada, necesaria y útil” además de “no sustituible por otra medida”.

La pena a la que se enfrenta por estos hechos puede ser superior o igual a dos años de prisión, de ahí que la privación de libertad busque, también, asegurar la presencia del investigado en el acto de juicio oral.

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