La medida principal incluida en la norma es la de habilitar a los empleados y empleadas de Correos a realizar actuaciones de información, intermediación y representación de los afectados para formalizar las solicitudes de las ayudas disponibles en cualquier oficina de la compañía o en los domicilios de las personas afectadas, a través de los carteros, cuando así sea necesario.

Donaciones a entidades sociales

Asimismo, en todas las oficinas de Correos se ha puesto en marcha una campaña de donaciones a Cruz Roja, a través del denominado “redondeo con impacto”, un sistema de microdonaciones que permite redondear el importe final de la compra cada vez que se utiliza la tarjeta como medio de pago y que gestiona la empresa Worldcoo para impulsar proyectos con impacto social.

También se podrán realizar donaciones directas a Cruz Roja a través de la web de esa empresa (correos.worldcoo.com/).

Servicios gratuitos de Correos en zonas afectadas

En base a la norma, Correos ofrecerá también toda una serie de servicios gratuitos en las zonas afectadas por la DANA:

Las oficinas de Correos ofrecerán, de manera gratuita para el ciudadano afectado por la DANA, facilidades para envíos postales y de paquetería a la ciudadanía en zonas afectadas, mediante el establecimiento de apartados postales, reenvíos postales, envío gratuito de paquetes de particulares a ciudadanos y ciudadanas en zonas afectadas, y recepción de envíos a través del buzón ecommerce.

Además, colaborará en la accesibilidad a servicios financieros básicos, estableciendo para los ciudadanos afectados por la DANA la gratuidad de giros postales dirigidos a domicilios o apartados postales situados en la zona afectada.

Por otra parte, colaborará en el Mecanismo Nacional de Respuesta y Reconstrucción frente a la DANA, adscrito a Tragsa, y con las Administraciones competentes para dar difusión a la información a personas afectadas y en todo lo que le sea requerido.

Asimismo, en las zonas afectadas por la DANA y limítrofes, Correos habilitará los espacios disponibles en sus oficinas para que los ciudadanos puedan cubrir sus necesidades de conectividad y, siempre que sea posible, las equipará con espacios para coworking.

No obstante, según recoge la norma, el Gobierno podrá determinar el cumplimiento por parte de Correos de otras obligaciones de servicio público, de acuerdo con la evolución de la situación en las zonas afectadas por la DANA.

Transporte de material básico y almacenamiento

Por otra parte, Correos ha puesto y seguirá poniendo todos sus recursos a disposición del Estado para canalizar el almacenamiento y transporte de materiales básicos y cualquier otra nueva necesidad que surja para ayudar a los damnificados.

Toda la información relativa a la solicitud de ayudas y otras acciones puestas en marcha por Correos puede consultarse en la web correos.es/ayuda-dana.

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Según ha adelantado Alejandro Ramírez los primeros temas a tratar estaban relacionados con la organización de la estructura del personal en cuanto a la gestión del Plan General de Ordenación Urbana.

Sobre ello, “se le ha trasladado que hay una previsión de que, antes de finalizar el año, el Consejo de Gobierno pueda aprobar esa reestructuración, que ya está elaborada, está ya diseñada, del personal del área, también gracias a la incorporación que se prevé en este próximo mes del personal arquitecto que está ahora mismo en fase de desarrollo de sus pruebas selectivas”, ha asegurado Ramírez.

 El anteproyecto de la ley de suelo, ya redactado

También hablaron sobre la situación de la Ley del Suelo, que ya “se ha solicitado al Ministerio que nos puedan remitir a la Ciudad el anteproyecto de ley que nos consta que tiene redactado y que fue contratado casi a finales de la anterior legislatura, al objeto también de poder dar, desde el punto de vista jurídico y técnico, aportaciones por parte de la Ciudad”.

Además, Ramírez ha señalado que la idea es mantener reuniones con las diferentes organizaciones empresariales de Ceuta así como con el Colegio de Arquitectos de la ciudad para que también ellos puedan dar su opinión al respecto.

Todo, con el objetivo “de poder impulsar, de alguna manera, la continuación del desarrollo de esa ley, cuyo paso más importante se tiene ya dado, que no es otro que esa redacción del anteproyecto, que nos consta que, a día de hoy, tiene el ministerio allí en el área que corresponde”, ha reiterado Ramírez.

Reunión con la asociación de promotores

Otro de los temas tratados en la reunión fue el nuevo plan de vivienda que pondrá en marcha la ciudad autónoma, adelantando que también celebrarán una reunión con la Asociación de Promotores para explicarles todos los detalles del mismo.

“También se ha hablado un poco de algunas cuestiones, sobre todo relativas a coordinación con otras administraciones en materia del control de construcciones ilegales, así como explicarles el uso que nos trasladaban del medio propio TRAGSA sobre todo en cuestión de obras, que, desde hace ya prácticamente cuatro años más o menos, no se utiliza para ejecución ni en cascos urbanos ni en edificios, como sí se pudo hacer con anterioridad”.

Deudas con pequeñas y medianas empresas

En cuanto a las deudas de la Ciudad con pequeñas y medianas empresas, otra cuestión presente en esta reunión, Ramírez ha asegurado que “los pagos ya se han ido realizando algunos y se pretende que estén totalmente resueltos a lo largo de esta semana”.

Hay que recordar que hace unos días la Asociación de Empresarios de la Construcción de Ceuta se pronunció sobre el estatus de la deuda de la Ciudad con las empresas de este sector, pidiendo priorizar los fondos para los proveedores.

A raíz de toda esta reunión, se ha quedado en seguir trabajando juntos para apoyarse en todo lo que se posible.

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Es lo que mantienen después de años de promesas sin que se haya acometido uno de los proyectos de mayor envergadura, además de necesario sobre todo tras las quejas del sector náutico que advierte de una más que probable tragedia si la situación sigue igual.

Desde la institución municipal se asegura que, “a mediados de julio, después de varios cambios en la documentación entregada y de la ejecución de diversos análisis y ensayos, la Delegación del Gobierno aceptó las modificaciones pertinentes”, tal y como les ha comunicado Tragsa.

En octubre, tras la finalización del periodo turístico en playas, ya no han podido iniciar los trabajos de dragado por coincidir con los temporales, la actividad de la almadrabeta y el periodo de reproducción de la patella.

Es por ello que “en diciembre o enero”, aseguran, “podremos empezar, pero tendremos que estudiar la afección con la obra del cable”, matizan.

Situación límite que se vive

Los propios usuarios del foso advertían a este periódico la situación límite que viven.

“Hasta que suceda una desgracia no actuarán, ¿la esperan?”. Y es que aseguran que cada vez “tenemos menos calado y cuesta más trabajo pasar, los barcos nos la vemos cruda. De 4 o 5 metros de profundidad en el Chorrillo pasas a metro y medio”.

La Ciudad anunciaba en 2019 su intención de dragar el Foso de las Murallas Reales para restituir su calado, reconocimiento que estaba afectado por los últimos temporales. La idea era utilizar la arena de extraída para mejorar las zonas de playa perjudicadas por la misma razón.

“Esta actuación tendrá como marco el convenio suscrito en septiembre de 2017 con el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, que tiene su fundamento en el objetivo del Ministerio de mejorar el entorno medioambiental y en la voluntad de la Ciudad de promover inversiones para facilitar un uso y disfrute de ese entorno a los ciudadanos”, advertía.

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Esa hidrosiembra se ha efectuado en los taludes de Santa Catalina y ha estado formada por balas de mulh de hidromanta, abonos de liberación lenta y orgánicos, ácidos fulvicos y una mezcla de semillas integrada por Festuca arundinacea, Lolium rigidum, Melilotus officinalis, Melilotus alba, Cynodon dactylon, Lobularia marítima, Asteriscus maritimum, Medicago arbórea o Cakile marítima, entre otros.

Previamente se llevó a cabo la enmienda orgánica para transformar el terreno muerto en otro con vida. Así, se trabajó para mejorar las propiedades físicas del suelo, su actividad química o biológica, ayudando a que fructifiquen las plantaciones que se lleven a cabo.

Abonos y mezclas previas sobre el terreno

Sobre la tierra vegetal se echó ya el contenido de 450 bañeras, se perfilaron los taludes sobre los que ahora se ha trabajado y se dispuso un sistema de riego por goteo tras la colocación de 44 kilómetros de esa tubería.

Para elaborar la mezcla se emplearon 988 balas de enmienda orgánica, lo que supone un total de 22.400 kilos aproximadamente. Esa mezcla lleva bioestimuladores de liberación sostenida y otros de acción rápida para permitir que las plantaciones vayan agarrando en la zona.

Lo que se persigue es que la imagen de aquel vertedero pase al olvido, que aquellos restos no asomen nunca más ni con temporales, amén de que esta zona sea un auténtico parque como se difundió en su día.

Las malas inversiones y equivocados proyectos llevaron a que los trabajos previos hayan venido acompañados del fracaso y derroche del dinero. Tragsa tiene la encomienda de regenerar y transformar toda esta zona.

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La memoria elaborada por Tragsa, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso El Faro, recoge la ambiciosa actuación en este lugar con todo detalle. El objetivo del proyecto no es otro que, “ante las nuevas circunstancias migratorias que van aconteciéndose de manera recurrente en esta ciudad, mejorar los equipamientos, estableciendo un proyecto que potencie los servicios sociales y fomente la inclusión de aquellos usuarios que hagan uso de sus instalaciones”, explica.

Con esta inversión se quiere cubrir una necesidad de prestar asistencia social y sanitaria a menores, algo clave ante el incremento de la inmigración irregular del sector más joven, sobre todo adolescentes. El plan pasa por construir un centro de cinco módulos con 94 plazas. El plazo de ejecución es de 18 meses y contará con un importe de 7,6 millones de inversión.

Los técnicos del servicio de menores son los que definen las necesidades de espacios y usos para el nuevo centro, que tendrá un recurso residencial y de primera acogida distribuido en módulos diferenciados por edades, niveles de desarrollo, vínculos familiares, sexo o interés de los usuarios.

Salas de estar, comedor, juego, deporte…

Para cada unidad independiente residencial se han dispuesto estancias interiores (con salas de estar, comedor, dormitorios, baños) y exteriores (con zona de recreo, salas de juego y deporte).

Para uso general del centro habrá espacios de servicios generales, administración y gestión del centro, recepción, espacios para visitas, cocina, enfermería, talleres multiusos y salón de actos.

El nuevo centro de menores ocupará el espacio que hasta 2017 era una prisión, precisamente de las más antiguas del país. Parte de esa estructura se conservará, pero habrá zonas en las que se han previsto demoliciones.

Tanto los espacios de usos generales como los talleres, usos administrativos y almacenes se ubicarán en la planta baja de los edificios, mientras que los dormitorios se ubicarán en la planta primera.

Los módulos deberán distribuirse con desarrollo independiente del otro e igualmente se proyectarán espacios destinados a integrar a todos los usuarios que harán uso del nuevo centro, como un salón de actos, huertos o una pista polideportiva.

Una “ruina técnica” que se puede sortear

El estado actual del conjunto se ha definido como de ruina técnica, pero tras la visita realizada “parece razonable la conservación y rehabilitación del edificio de acceso, junto con su fachada protegida”, explica en su memoria Tragsa.

Así, las obras de intervención en ese edificio previstas en el proyecto son tanto de conservación, restauración como de mantenimiento de todos los elementos que integran la fachada principal.

Se eliminarán tabiques y particiones interiores, pero habrá un mantenimiento de estructuras horizontales y verticales, “con modificaciones de huecos en el muro de carga intermedio y la fachada trasera, junto con la apertura o rectificación de huecos de ascensor y escalera debido a la reubicación de estos elementos con respecto al estado actual”, se concreta en la memoria.

El lugar donde se interviene es una parcela con una superficie de 6133 m2 en pleno corazón de Los Rosales e integrada en la trama urbana de la ciudad, aunque los edificios que están edificados en ella son exentos unos con otros.

Actualmente el edificio se encuentra abandonado, por lo que urge la adopción de estas medidas de contención debido al estado de degradación sufrido y los incendios que incluso se produjeron en el interior.

“Entendemos que mantener y rehabilitar el edificio de acceso y su fachada protegida puede incluso favorecer la imagen inicial del centro, debido a que su estilo arquitectónico sugiere una cierta escala de hogar y el objetivo del centro es que los menores puedan vivirlo así durante el tiempo que estén en situación de acogida”.

“La localización resulta adecuada para la construcción de un centro de estas características, ya que está elaborado un Plan Parcial en el que se prevé la edificación de edificios de tipo residencial, educativo, y deportivo. La parcela es exenta, queda limitada en el único acceso al recinto por la calle 12 de diciembre y el acceso se mantendrá en el mismo lienzo del muro perimetral donde se ubica el actual, permitiendo así un control único del acceso, salvo en casos de emergencias”, concreta Tragsa.

Actuación en los edificios

En los edificios de la zona posterior se realiza la renovación tipológica conforme a la protección ambiental del conjunto, que permite obras de nueva planta de sustitución de edificios con criterios de respeto a las características morfológicas y el tipo edificatorio que se sustituye, utilizando en este caso edificios que se disponen en módulos de habitaciones que se abren a patios interiores, como en el antiguo centro penitenciario.

Los nuevos edificios se disponen de manera que los propios volúmenes edificados produzcan la compartimentación de los espacios libres, para permitir el control y poder disponer de distintos patios de juego acotados junto con pistas deportivas y zonas ajardinadas, según los requerimientos de los técnicos del servicio de menores.

Desde el punto de vista formal, condiciones de altura, volumen y separación a linderos no suponen ningún impacto visual con respecto al estado actual, al estar adherido al muro perimetral existente, y no superando su altura.

De esta manera, conforme al PGOU de 2023, en la propuesta realizada hacemos compatibles los requerimientos normativos de protección ambiental del conjunto con el uso previsto del centro de acogimiento.

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Entre otros asuntos, también se ha dado luz verde al convenio de colaboración entre la Sociedad Obras, Infraestructuras y Medio Ambiente y la Fundación de Investigación de la Universidad de Sevilla para la aprobación de la memoria de actuación “Monitorización temporal de especies protegidas e invasoras en el litoral de Ceuta”.

En cuanto al primero de los puntos, esta plaga se encuentra declarada en la ciudad autónoma desde hace 15 años y se ha expandido rápidamente llegando a conformarse un total de 15 focos distintos afectando a numerosos ejemplares de palmera canaria (Phoenix Canariensis).

Desde entonces, se iniciaron actuaciones de choque urgentes que han continuado hasta la actualidad. “Años de lucha para conseguir un control exhaustivo de las infestaciones de palmeras y la disminución del nivel poblacional de esta especie, de forma que el objetivo último sea la erradicación definitiva del Picudo Rojo en Ceuta”, explican desde el Gobierno local.

A pesar de la ausencia de nuevas infestaciones de palmeras en los últimos años y de los resultados de monitorización de adultos de Picudo Rojo desde 2015 hasta la actualidad, “resulta absolutamente necesario mantener un estado de continua alerta”, destacan.

Convenio de colaboración

Por otra parte, el convenio para la aprobación de la memoria de actuación “Monitorización temporal de especies protegidas e invasoras en el litoral de Ceuta”, tiene diferentes objetivos, como la realización de estudios biológicos y ecológicos de la lapa ferruginea, incluida desde 1999 con la categoría de en peligro de extinción.

Asimismo, se realizarán estudios de las especies alóctonas de macroalgas y la monitorización temporal de especies-objetivo sensibles a cambios en el medio para el conocimiento de su estado ambiental y la detección temprana de posibles afecciones naturales o antrópicas que pudieran surgir.

Por último, se prestará especial atención al lugar de Interés Comunitario marítimo-terrestre del Monte Hacho como herramienta de gestión.

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Se considera que a pesar de que los aspirantes pudieran haber conocido ese test antes, ya que hay múltiples en internet y en plataformas como youtube, esto no provoca ningún tipo de contaminación toda vez que hay también unas entrevistas personales que se hacen por parte de los psicólogos que fueron dispuestos tras el encargo de la Ciudad a Tragsatec.

Resolución a la espera de más detalles

Así, todo vuelve a su cauce al menos para el Gobierno, porque la oposición sigue esperando respuestas más claras en torno a lo sucedido. El propio Carreira indicó a los periodistas que el tribunal había pedido un informe a Tragsatec para que expliara si el procedimiento incurre en peligro de contaminar el proceso selectivo. Una vez que se tuviera ese informe se actuaría, “porque el consejero y yo no podemos tomar decisiones porque es algo que le corresponde al tribunal”.

Tal y como verifica la Ciudad a El Faro, se ha conocido ya la decisión del tribunal de que esas oposiciones seguirán adelante, sin paralización, ni repeticiones. Se espera conocer el informe al completo para darlo a conocer y saber, así, en que se fundamenta esa decisión final.

“Estamos en el ámbito de decisiones que son del tribunal. Tenemos confianza en él porque son funcionarios que están capacitados para tomar una decisión en función del asesoramiento que reciban por eso han pedido informes. Pero hasta que tome una decisión el tribunal nosotros tenemos que ser prudentes”, advertía Carreira.

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En ello precisamente está, en recuperar el terreno para que, en el plazo máximo de una semana, puedan realizarse las plantaciones de semillas propias de un espacio que arrastra cuantiosas inversiones erráticas.

Lo que aspira a ser un auténtico parque antes era un vertedero. Tras su sellado se acometieron acciones equivocadas que buscan subsanarse actuando en dos fases distintas.

Tragsa trabaja ahora en una enmienda orgánica para mejorar las propiedades físicas del suelo, su actividad química o biológica, consiguiendo que permita fructificar las plantaciones que se lleven a cabo. Con anterioridad todas murieron al no contarse ni con una base rica ni ser las idóneas para el clima que se da en este lugar.

Para tal función se emplea un camión especializado dotado con un cañón que dispone de una bomba para hacer un proyectado.

Tal y como explica la Ciudad a El Faro, recopilando informaciones aportadas por Tragsa, sobre la tierra vegetal se ha echado ya el contenido de 450 bañeras, se han perfilado los taludes y dispuesto un sistema de riego por goteo tras la colocación de 44 kilómetros de esa tubería.

Así se ha echado la enmienda orgánica, un producto procedente de materiales carbonados de origen vegetal o animal con el que se aumenta y mantiene el contenido de materia orgánica del suelo.

Para elaborar la mezcla se han utilizado 988 balas de enmienda orgánica, lo que supone un total de 22.400 kilos aproximadamente. Esa mezcla lleva bioestimuladores de liberación sostenida y otros de acción rápida.

Con ese compuesto se busca que el suelo degradado se recupere. Así, un suelo que ha perdido toda la materia orgánica que tenía y que presentaba niveles de salinidad alta, puede quedar recuperado.

Plantación de especies propias del norte de África

En unos días, tras la finalización de estos trabajos, se hará la hidromanta, una mezcla de semillas que son características del norte de África, como hinojos marinos o limonio, para recuperar la zona.

Estos pasos, la culminación la red de riego soterrado, el aporte de tierra con una capa vegetal y nutrientes, y la siembra de semillas y especies arbóreas, conforman la primera fase del proyecto.

La segunda fase consistirá en definir los usos que se darán al espacio y que estarán enfocados al deporte.

La obra del parque tiene un presupuesto de 4 millones de euros, de los que 700.000 se dedicarán a mantenimiento repartidos en los años 2025 y 2026 y los 3,3 millones restantes se han invertido en realizar los drenajes del terreno, hacer los revestimientos o reforzar los muros de contención.
Así también se han instalado tuberías de riego para realizarlo por goteo y dispersión en todo el parque y se ha realizado el primer gran aporte de tierra de calidad, con más del 3% de materia orgánica.

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Prohibición de hacer fuegos en el monte

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En este sentido, explican que son contratos “en los que no se especifica el nombre de la persona sustituida”, ni la causa de dicha sustitución. Además, señalan que la denuncia se ha realizado “tras varios intentos de conciliación que no han llegado a buen término”.

“La situación actual refleja una problemática recurrente en la que los trabajadores afectados han tenido que acudir nuevamente a la vía judicial para defender sus derechos laborales”, apunta Solidaridad en su comunicado.

En este caso, el representante de este sindicato en la entidad pública, José Antonio Martín Lucena, ha subrayado la necesidad de “una revisión exhaustiva de las prácticas contractuales de la empresa en sede judicial”.

En este sentido, ha recordado que “el fraude de ley en contratos temporales es una práctica que vulnera los derechos de los trabajadores” y han defendido que estos “merecen estabilidad y seguridad en sus empleos”.

Así ha explicado que, según el Estatuto de los Trabajadores, los contratos temporales “deben cumplir con requisitos específicos para ser considerados válidos”. En caso contrario, Han advertido desde el sindicato, “se presume que la relación laboral es indefinida”.

“La empresa Tragsa ha sido señalada en varias ocasiones por estas prácticas, lo que ha llevado a los trabajadores a buscar justicia a través de los tribunales”, ha informado la formación sindical que, además, ha señalado que “la reiteración de estas denuncias pone de manifiesto la urgencia de tomar medidas correctivas para garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente”.

Piden investigar este asunto

Por todo esto han realizado también un llamamiento a las autoridades competentes para que “investiguen a fondo” estas denuncias y tomen las acciones necesarias para proteger los derechos de los trabajadores.

“Es fundamental que se establezcan mecanismos efectivos para prevenir y sancionar el fraude de ley en los contratos laborales”, han reclamado desde Solidaridad.

Por último, han dado a conocer que se ponen a disposición de todos los trabajadores que se encuentren en la misma situación y ofrecen su área jurídica para proporcionar asesoramiento y respaldo “en la defensa de sus derechos laborales”.

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