Según han informado a EFE fuentes del Ministerio para la Función Pública, en el marco de las nuevas condiciones en las que trabajan para volver a licitar el contrato de Muface "podría abordarse la voluntariedad del modelo, que supondría que los empleados públicos ahora cubiertos por el mutualismo puedan elegir estar en el régimen común o en el especial, de una vez y para siempre".

Hasta ahora, cada año los beneficiarios podían elegir si hacer uso de la sanidad privada o pública, de forma que tras estar un tiempo en una modalidad podrían cambiar a la otra. Sin embargo, ahora tras la negativa de aseguradoras como Adeslas, Asisa y DKV depresentarse de nuevo al convenio para los años 2025 y 2026, se baraja esta posibilidad de elegir "de una vez y para siempre".

Asistencia sanitaria asegurada hasta el 31 de enero de 2025

Esta reflexión surge después de que quedara desierto el concurso de Muface para los dos próximos años al entender las aseguradoras que lo prestaban que la subida del 17,12 por ciento propuesta por el Gobierno no era suficiente.

Y esto unido a que, los nuevos mutualistas "se inclinan cada vez más" por acudir a la sanidad pública, hace que el Ejecutivo considere que "es el momento de abrir una reflexión sobre el modelo del mutualismo", que se base en tres principios: transparencia, equidad y sostenibilidad.

Mientras tanto, los beneficiarios de Muface tienen la asistencia sanitaria asegurada hasta el 31 de enero, así que hay plazo suficiente para poner en marcha la segunda licitación, añade el Ministerio.

En todo caso, recuerda, en la Ley de Contratos del Sector Público existen mecanismos que garantizan la asistencia en las mismas condiciones hasta que el concierto vencido sea remplazado por otro.

Para sustentar este proceso de reflexión, añaden, será importante conocer las conclusiones del próximo informe de la AIReF.

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En lo que respecta a Ceuta, se destaca un total general de 2.145 afiliados, 1.371 correspondientes al régimen general, 2 del sector agrario, 7 en el mar, 771 trabajadoras del hogar y 269 autónomos para un total de 2.420.

Desde diciembre de 2019, antes del impacto de la pandemia, el sistema ha contabilizado un aumento de 731.763 trabajadores procedentes de otros países, es decir, casi un 34% más. En el contexto de la afiliación general, los trabajadores extranjeros suponen el 13,6% del total de ocupados.

El registro diario se ha mantenido por encima de los 2,9 millones de afiliados extranjeros durante ocho días en octubre y de forma consecutiva del 21 y al 25 del mes.

Afiliación media

En términos medios y sin desestacionalizar, es decir, en la serie original, la Seguridad Social registró 2.894.629 afiliados procedentes de otros países, lo que supone un aumento de 210.692 en el último año. Se trata, al igual que en la desestacionalizada, de la cifra más alta de afiliados extranjeros en la serie de este mes.

El 31,6% son trabajadores procedentes de países de la Unión Europea. Del conjunto de nacionalidades, Rumanía es el país del que proviene el mayor número de trabajadores, seguido por Marruecos, Colombia, Italia, Venezuela y China.

Del total de personas afiliadas procedentes de otros países, son hombres 1,6 millones y el número de mujeres extranjeras se aproxima a los 1,3 millones, tras crecer un 34,6% desde antes de la pandemia. La cifra de mujeres afiliadas supera el 44% del total de trabajadores foráneos.

Regímenes y sectores

En conjunto, un 83,8% de los afiliados extranjeros se encuadraron en el Régimen General, con 2.425.138 trabajadores. La proporción es similar al conjunto de trabajadores, alrededor de un 84% está encuadrado también en este Régimen General.

En los últimos 12 meses, seis sectores de actividad crecen por encima del 10%: Actividades Administrativas y Servicios Auxiliares (11,8%), Transporte y Almacenamiento (11,2%), Actividades Artísticas, Recreativas y de Entretenimiento (10,8%), Actividades Financieras (10,5%), Hostelería (10,4%) y Actividades Sanitarias y Servicios Centrales (10,38%). Además, otros sectores superan el 9%: Comercio (9,6%), Suministro de Energía Eléctrica, Gas, Vapor y Aire Acondicionado (9,5%), Construcción (9,4%), Industria Manufacturera (9,3%) y Suministro de Agua, Actividades de Saneamiento, Gestión de Residuos y Descontaminación (9%). De esta forma, se aprecia una diversificación en las áreas de empleo con trabajadores de origen extranjero.

Actividades de alto valor añadido

Por otra parte, este aumento interanual es también muy destacable en actividades de alto valor añadido donde se observa un crecimiento notable en sectores como como Actividades Financieras (10,51%), Información y Comunicaciones, que aumenta casi un 7 % y en Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas, con un incremento en el último año del 6,5%.

Por actividades, los trabajadores nacionales de otros países suponen más del 20% del total de los afiliados en sectores como: Hostelería (28,3%), Actividades de Organizaciones y Organismos Extraterritoriales (28,1%), Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca (24,2%), y Construcción (21,3%). En el Sistema Especial del Hogar, cerca del 44% son trabajadores foráneos, y en el Sistema Especial Agrario, más del 35%.

Por su parte, el Régimen de Autónomos contabilizó 463.767 cotizantes de otras nacionalidades, es decir, el 13,7% del total de autónomos. En el último año, los afiliados extranjeros en este régimen han aumentado un 7,8%.

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Al respecto, la ARP ha recordado que “la Ley Orgánica 9/2015, 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional, ha sido modificada, mediante Real Decreto del Gobierno” y publicada el pasado 12 de noviembre destacando la aprobación de la ampliación de la edad de jubilación para el puesto de trabajo de la Dirección Adjunta Operativa, del Cuerpo Nacional de Policía.

En este sentido, la Agrupación Reformista de Policías ha reconocido que “es cierto que muchos policías nacionales solicitan continuar trabajando a pesar de llegar a su edad de jubilación, por diversos factores, la situación económica en la que quedan una vez jubilados y la falta de años de cotización para conseguir una jubilación acorde con los parámetros mínimos establecidos en el Régimen General de la Seguridad Social”.

A lo que ha agregado que “se debe reconocer por el Gobierno la necesidad urgente de que determinados puestos de trabajo dentro del Cuerpo Nacional de Policía, permitan continuar a sus integrantes, desempeñar la función profesional, a pesar de cumplir la edad de 65 años”.

Asimismo, ha dejado saber que existen colectivos de empleados públicos “que ya tienen reconocidos el derecho de jubilación después de los 65 años sin ninguna condición, se les amplía la edad hasta los 70 años si lo solicitan de forma voluntaria, nos referimos a los funcionarios de cuerpos docentes universitarios; los magistrados, jueces, fiscales y secretarios judiciales, y los registradores de la propiedad”.

Solicitud voluntaria

Partiendo de este contexto, la ARP ha señalado que “en el Cuerpo Nacional de Policía, hay puestos de trabajo, que están ocupados por policías muy cualificados y con gran especialización”, añadiendo que “su partida significa una gran pérdida en determinados puestos de la organización policial”.

Es por ello que desde la Agrupación Reformista de Policías defienden que, “si se solicita de forma voluntaria por los interesados y cumplen unos requisitos previos, éstos pueden continuar al igual que otros funcionarios civiles de la Administración Pública”.

Pero para ello, “hace falta una definición y un reconocimiento de todas las especialidades existentes en el colectivo, incluido el Servicio de Seguridad Ciudadana, hasta ahora, el de más dificultad real en la atención al ciudadano, en definitiva, a quien servimos”.

En este sentido la ARP ha explicado que “existen tareas dentro de las Brigadas, sin exponerlos en la vía pública, que darían un plus de experiencia y eficacia”.

Puestos que se pueden seguir desempeñando

“Hay puestos de trabajo de Dirección, como podría ser el mando de una Jefatura, Brigada o Grupo, como de Investigación, el trabajo realizado dentro de los Grupos de Ciberdelincuencia o Blanqueo de Capitales que, a pesar de la edad de jubilación obligada actualmente, pueden ser desempeñados de la misma manera que se ha tenido en cuenta con el DAO”, ha asegurado el grupo agregando que “la experiencia, los conocimientos y la profesionalidad durante su trayectoria, justificaría una reforma colectiva”.

Otra de las críticas que hacen desde la Agrupación Reformista de Policías tiene que ver con que “el Catálogo de Puestos de trabajo, hoy obsoleto tras años sin su actualización, no debe esperar a ninguna situación extraordinaria para acometer su diseño de futuro”.

Al respecto, se ha ampliado que “el ministro de interior, debe establecer sin más dilación, una mesa de trabajo para determinar las normas reguladoras y contemplar se regulen peticiones voluntarias de jubilaciones anticipadas y ampliatorias, y que, a su vez, no signifique un perjuicio para el ascenso profesional de otros funcionarios”.

Se ha dejado saber que “el Modelo Policial presenta claras diferencias con el resto de las policías europeas, en materia de jubilación”, por lo que “es necesario que el Catálogo de Puestos de Trabajo (CPT) de la Policía Nacional sea la solución a las problemáticas reales de cada plantilla policial”.

Definir la plantilla policial

“No se puede continuar con una plantilla policial sin definir desde el año 2008, ampliaciones obligadas ante la realidad que se presenta en el día a día, para atender a una sociedad que aumenta y evoluciona con el paso de estos años”, ha recalcado la ARP.

Para finalizar, la Agrupación Reformista de Policías ha pedido que “se definan claramente parámetros objetivos que disten del arbitrio de la Dirección General de la Policía para la prórroga de los años en el Cuerpo Nacional de Policía”, argumentando que “se debe afrontar un modelo policial basado en la adecuación social actual, en la definición de la carrera profesional no solo con el ascenso sino también en la especialidad”.

Ha cerrado afirmando que “la determinación de requisitos en su transparencia lejos de prácticas que solo conducen a empañar la imagen de un cuerpo que necesita reformas” y que “la sociedad exige eficacia y transparencia al Cuerpo Nacional de Policía y la Agrupación Reformista de Policías, como no podía ser de otra manera, se debe como sindicato policial a ello”.

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En la ciudad han sido 4.036 los expedientes aprobados y en cuanto al tipo de beneficiario, 8.498 han sido adultos y 7.459 menores.

Sobre el tipo de hogar, predomina en la ciudad con una cifra de 487 trámites los compuestos por 2 adultos y más de 2 menores. Mientras que el menor número de beneficiarios son los hogares integrados por 1 adulto y más de 3 menores con una cifra de 20 tramitaciones.

Datos nacionales

La cuantía media de la prestación es de 473,41 euros al mes por hogar y, en conjunto, la nómina de este mes ha ascendido a 511,2 millones de euros.

En octubre, hay 125.469 prestaciones activas más de las que había hace un año en este mismo periodo, lo que supone un incremento del 24%. Enestos hogares conviven 427.685 beneficiarios más que los registrados en octubre de 2023 (un 27,8% más).

En términos acumulados, desde junio de 2020, cuando se puso en marcha esta prestación, en plena pandemia, el IMV ha llegado a 913.361 hogares y ha protegido a las 2.713.241 personas que forman parte de ellos. Donde cerca de 1,2 millones son niños y adolescentes, en concreto, 1.180.216, el 43,5% del total.

En cuanto al perfil de los beneficiarios del IMV, el 68,4% de las unidades de convivencia receptoras de esta prestación en octubre son hogares con menores (443.295). Entre ellos, hay 113.331 hogares monoparentales. Así, el 41,3% de los beneficiarios del IMV son menores, un total de 813.125.

Los beneficiarios del IMV también se caracterizan por tener un marcado perfil femenino. En octubre, el 67,3% de los titulares y el 53,5% de los Los beneficiarios del IMV también se caracterizan por tener un marcado perfil femenino. En octubre, el 67,3% de los titulares y el 53,5% de los

Ayudas también para los pueblos afectados por la DANA

La Seguridad Social recuerda que para responder a la situación de los beneficiarios de las localidades afectadas por la DANA, en las próximas nóminas se sumará a su prestación un complemento especial del 15 por ciento durante al menos tres meses.

Esta medida, que se aplica también a las pensiones no contributivas, va a beneficiar a las solicitudes del IMV que ya se hayan presentado en estas localidades y no hayan sido resueltas, y a las solicitadas antes del 31 de diciembre de este año, siempre que se cumplan los requisitos exigidos.

Por otra parte, recuerdan, todos los beneficiarios del IMV ya tienen a su disposición el teléfono corto 020 donde se proporciona información de este subsidio, con un incremento del 40 % en su personal.

Desde la entrada en vigor de esta política, la Seguridad Social ha destinado 12.641,6 millones de euros al abono de las nóminas de las prestaciones del IMV.

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A partir de ese punto, influyen tanto las bases de cotización de los últimos años de vida laboral como el total de años registrados en un régimen de la Seguridad Social. Sin embargo, ¿qué ocurre con quienes no cotizaron en ciertos periodos, como aquellos que realizaron prácticas?

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha implementado un nuevo convenio que permite a determinados trabajadores sumar gratis hasta cinco años adicionales de cotización, siempre que cumplan ciertos requisitos relacionados con la etapa formativa de la trayectoria laboral.

Este convenio, impulsado por el Ministerio de Elma Saiz, busca reconocer la cotización de aquellos que en el pasado realizaron prácticas formativas, prácticas académicas externas o participaron como graduados universitarios en programas formativos.

Qué requisitos hay que reunir

Para beneficiarse de este convenio, la Seguridad Social exige que los trabajadores cumplan con los siguientes requisitos:

El solicitante debe demostrar que ha realizado prácticas formativas o académicas externas en relación con su titulación. Esto se acreditará mediante un certificado emitido por la universidad, centro educativo, o, en su defecto, por las empresas o entidades donde se desarrollaron las prácticas.

El trabajador deberá suscribirse al convenio especial en un plazo de dos años desde la entrada en vigor de la orden. La solicitud se presenta a través del registro electrónico de la Seguridad Social, aportando la documentación que certifique las prácticas, su duración y la solicitud de suscripción al convenio.

Cómo suscribirse al convenio especial paso a paso

Quienes deseen acogerse a este convenio podrán presentar su solicitud entre el 1 de junio de 2024 y el 31 de diciembre de 2028. Este trámite se realiza en los canales habilitados por la Seguridad Social, en la sección 'Trámites y Gestiones', dentro del apartado 'Alta, baja o variación de datos del convenio especial'.

Es fundamental reunir toda la documentación que acredite las prácticas realizadas y su duración. Una vez presentada la solicitud, la Seguridad Social evaluará cada caso y notificará a los solicitantes la resolución final.

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Según ha informado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, los ciudadanos pueden solicitar desde esta web (https://prestaciones.seg-social.es/) prestaciones, acceder a los simuladores de jubilación e Ingreso Mínimo Vital (IMV), consultar el estado de sus solicitudes, gestionar sus citas, y comunicar o realizar cambios en sus datos personales, entre otras cuestiones, "de manera rápida e intuitiva".

El secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, ha destacado que esta iniciativa "es un paso más en la estrategia de poner al ciudadano en el centro, acercar nuestros servicios, hacerlos más accesibles y fáciles, tanto a la hora de localizarlos como a la hora de utilizarlos".

"El lenguaje que hablamos en este nuevo portal es el de los ciudadanos, no el de la Administración. Un cambio de paradigma que ya hemos visto que da muy buenos resultados. La nueva app de Importass, que presentamos hace unas semanas, ya acumula más de 230.000 descargas", ha indicado Suárez.

El secretario de Estado ha recalcado que muchos ciudadanos prefieren utilizar los servicios electrónicos cuando estos son fáciles de usar, y que, además, permiten aumentar la calidad en la atención a través de los canales tradicionales para quienes, por alguna circunstancia, no pueden hacer uso de los trámites digitales.

Servicios del nuevo portal

Según el Ministerio, el nuevo portal ofrece un buscador de servicios y trámites, además de accesos directos a los más consultados y demandados, "ordenados de manera muy visual, con una estructura clara y un lenguaje directo". Además, está diseñado para que se adapte perfectamente al dispositivo desde el que se acceda, ya sea desde un ordenador o un dispositivo móvil.

Seguridad Social ha subrayado que la navegación por estos servicios es más sencilla e intuitiva, guiando al usuario a través de un sistema de preguntas y respuestas que lo acompaña hasta el servicio electrónico adecuado.

Estos cuestionarios inteligentes, que pretenden orientar al usuario de una manera personalizada, y solicitarle sólo la información necesaria, ya han sido utilizados, por ejemplo, en el trámite de solicitud del IMV, "dando unos resultados excelentes", apunta el Departamento que dirige Elma Saiz.

Para mejorar la experiencia del ciudadano, se ofrecen contenidos informativos y guías que ayudan a los usuarios a entender mejor los diferentes tipos de prestaciones y los requisitos para acceder a ellas, al tiempo que evita gestiones innecesarias.

Otra novedad importante, explica el Ministerio, es que esta nueva interfaz permite guardar el resultado de las consultas formuladas y conservar la información obtenida para facilitar futuros accesos.

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La Seguridad Social dispone que la mayoría de las pensiones en España se distribuyen en 14 pagas al año. Esto significa que, además de las 12 mensualidades regulares, los pensionistas reciben dos pagas extraordinarias: una en verano, coincidiendo con el mes de junio, y otra en noviembre, previa a las fiestas navideñas.

Este dinero adicional representa un alivio económico importante para los pensionistas, quienes las reciben automáticamente junto con la mensualidad correspondiente.

El importe de la paga extraordinaria no es fijo, sino que puede variar dependiendo de ciertos factores, como la cuantía de la pensión regular. Los pensionistas que hayan percibido su pensión de manera ininterrumpida durante los seis meses anteriores al pago de la extra, recibirán una cantidad equivalente a su pensión mensual.

Sin embargo, las pagas extraordinarias no son iguales para todos, ya que su cuantía final depende del valor de la pensión que cada beneficiario recibe habitualmente.

Para este 2024, la segunda paga extra será abonada entre las siguientes fechas: días 22 y 26 de noviembre, según los plazos establecidos por las entidades bancarias. Esos días, los pensionistas verán reflejado en sus cuentas el ingreso correspondiente a la paga de Navidad, lo que les permitirá hacer frente a los gastos propios de esta época del año.

Más de 6.000 euros entre pensión y paga extra

Sin embargo, no todos los pensionistas recibirán la misma cantidad de dinero. Los que se benefician de la pensión máxima, fijada para este año en 3.175,04 euros mensuales, obtendrán más de 6.000 euros en su cuenta bancaria entre la pensión de noviembre y la paga extra.

Este grupo, aunque reducido, podrá contar con una suma considerable a finales de mes. Para la mayoría de los pensionistas, esta paga extra representa un respiro económico que les ayuda a cubrir los gastos adicionales que suelen surgir durante las fiestas navideñas.

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“Esta medida, crucial para apoyar a las empresas y fomentar el empleo, fue cerrada en falso por el PSOE. Pese a que nuestra iniciativa ya fue impulsada en el Senado, la Mesa del Congreso, presidida por Francina Armengol, ha bloqueado su tramitación”, exponen.

“Ante esta situación, hemos decidido presentar la propuesta directamente desde el grupo parlamentario del Congreso, con el objetivo de que sea debatida y votada entre diciembre y febrero. Confiamos en que esta vez la iniciativa siga adelante y logre el respaldo necesario para beneficiar a las empresas y trabajadores”.

“Ha quedado expresamente derogada a 1 de septiembre del año en curso para las empresas de Ceuta y Melilla la bonificación del 50% a las cuotas patronales de la Seguridad Social para ser sustituida por un nuevo sistema de cotización, desconocido y eminentemente más perjudicial, del que estaba en vigor, para el sector productivo de ambas ciudades”, advierten los populares.

“En un intento de corregir los efectos negativos y la inseguridad jurídica que la aplicación del nuevo Real Decreto estaba provocando en el sector empresarial y de los trabajadores, se publicó un nuevo Real Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones a las empresas de Ceuta y Melilla con actividad en los sectores determinados por la Ley que tengan personas trabajadoras con contratos indefinidos”.

Advertencias que cayeron en saco roto

“La intención de subsanar el error, tras las muchas advertencias hechas al efecto por parte de las organizaciones empresariales y formaciones políticas de las dos ciudades, se ha traducido en un agravio que, lejos de solucionar el problema de fondo, lo ha enquistado, dando lugar a una ralentización en las contrataciones y, por tanto, produciendo el efecto contrario al objetivo de la ley, que era el mantenimiento del empleo existente y la generación de nuevos puestos de trabajo”, exponen.

Los populares insisten en la necesidad de mantener las bonificaciones al ser un sistema que ha funcionado, siendo “coherente y conveniente seguir profundizando en ellos, manteniendo en vigor lo que han venido funcionando, ya que son elementos clave del sistema económico especial de Ceuta y de Melilla”.

De hecho, los populares recuerdan que además de esta medida, Ceuta y Melilla, como territorios específicos, necesitan de otras ayudas como es la incorporación en la Estrategia de Seguridad Nacional o un Plan Estratégico para el desarrollo económico y social de ambas ciudades.

Desde el PP se destaca también el efecto fronterizo perjudicial en ambos territorios en donde no se ha instaurado la aduana comercial.

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Así lo anunció este jueves Elena Rodríguez, secretaria General de Inclusión, en una rueda de prensa, quien explicó que esta medida busca evitar que los solicitantes pasen meses sin recibir la ayuda mientras tramitan su solicitud.

La pasarela, que estará operativa a partir del 22 de noviembre, tiene como objetivo agilizar el proceso entre el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), permitiendo una transición más rápida entre ambas ayudas.

Aun así, Rodríguez aclaró que los beneficiarios no pasarán automáticamente a recibir el IMV, ya que deberán cumplir con una serie de requisitos establecidos.

Rodríguez también señaló que un 40% de las personas que podrían beneficiarse del IMV todavía no lo han solicitado y, por tanto, están perdiendo ingresos.

Potenciales beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV)

La mayoría de estos potenciales beneficiarios son personas que provienen del subsidio por desempleo y no han completado el trámite para acceder a esta prestación.

La secretaria subrayó la importancia de esta nueva herramienta para reducir la brecha de ingresos de estos colectivos vulnerables.

En línea con esta estrategia, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, también anunció este jueves la puesta en marcha de un nuevo servicio telefónico.

Nuevo servicio telefónico en el número 020

El número 020 estará disponible en noviembre y servirá para reforzar la información sobre el IMV, así como para resolver las dudas de los ciudadanos acerca del procedimiento y los requisitos necesarios para acceder a la prestación.

Esta medida busca mejorar la accesibilidad y comprensión del IMV y garantizar que los potenciales beneficiarios no queden sin asistencia.

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Después de la intervención del presidente de Gobierno en el 'World in Progress Barcelona' sobre la situación de los alquileres, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes el reparto de los 200 millones de euros del Bono Alquiler Joven, de los cuales 600.000 euros serán para Ceuta.

Desde el año 2018, Ceuta ya ha recibido 11 millones de euros del Gobierno de España para políticas públicas de vivienda, señala el Gobierno en nota de prensa.

Requisitos para solicitar el Bono Alquiler Joven

El Bono Alquiler Joven se concederá durante un período de 2 años, lo que supone una cantidad de 6.000 euros en total (250 euros al mes). Los requisitos que deben cumplir las personas que quieran solicitar esta ayuda son los siguientes:

• Tener entre 18 y 35 años.
• Deberán acreditar que están trabajando.
• Que sus ingresos anuales no superen los 24.318 euros (2.026 euros al mes en 12 pagas o 1737 euros en 14 pagas)
• Que la renta mensual de la vivienda no supere los 600 euros. En el caso de ser un alquiler de una habitación, que la renta no supere los 300 euros.

Cabe recalcar que serán las Comunidades Autónomas las que asumirán la gestión de esta ayuda. Por ello, todas aquellas personas que quieran solicitar el Bono Alquiler Joven deberán rellenar y enviar el formulario en las fechas que cada región indique.

La ayuda, además, no estará disponible en País Vasco y Navarra, que ya tramitan sus propios programas debido a su régimen foral.

Compatibilidad con otras ayudas

El Bono Alquiler Joven es compatible con otras ayudas destinadas al mismo objetivo a beneficiarios especialmente vulnerables. "También es compatible con las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social y el Ingreso Mínimo Vital", añade Europa Press. La suma del Bono Alquiler Joven y estas ayudas tendrán como límite el 100% de la renta arrendaticia.

Por otra parte, también es compatible con la ayuda del Programa de ayuda del Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025. En este caso, la suma del Bono Alquiler Joven y esta ayuda tienen como límite el 75% de la renta arrendaticia.

Alquileres turísticos

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha apuntado además a la responsabilidad de ayuntamientos y comunidades para poner coto a los alquileres turísticos.

El Gobierno también ha aprobado este martes el reglamento por el que se crea la Ventanilla Única Digital para regular los alquileres de temporada, turísticos y de habitación, que se estima esté listo antes de que acabe el año.

"Todas aquellas viviendas turísticas, de temporada o de habitación que no hayan pasado por este registro, no podrán comercializarse. Vamos a perseguir todo el fraude que se está produciendo", ha asegurado Isabel Rodríguez. Además, en el caso del alquiler de temporada se exigirá causalidad.

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