La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ha exigido un "cambio urgente" en la legislación para proteger jurídicamente a los agentes, la consideración de "autoridad" y la aprobación como "profesión de riesgo".

Lo reclaman en un comunicado, después de "la nueva agresión" en la que murió un narcotraficante y dos guardias resultaron heridos después de que una patrullera de la Guardia Civil fuera embestida por una narcolancha en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

Al resultado en daños humanos se suman los materiales: la patrullera ha quedado fuera de servicio.

La AEGC denuncia la "situación de abandono" en la que se encuentran los guardias civiles en su lucha diaria contra los narcotraficantes, "peligrosos delincuentes a los que no les importa poner su vida en peligro y la de los agentes" si con ello consiguen salvar su cargamento de droga.

La asociación reclama al Ministerio del Interior y a la Secretaría de Estado de Seguridad que dé "una solución rápida y eficaz" al "grave problema" de seguridad que se vive en la provincia de Cádiz.

Situación extrema

La Asociación de Guardias Civiles dice que los agentes están "cansados" de que, ante el problema del narcotráfico, en el Ministerio del Interior "miren para otro lado" y sólo busquen "soluciones eventuales para lavar la cara ante la opinión pública".

Los guardias civiles afirman que a los narcotraficantes ya no les basta con "lanzar la droga por la borda y salir huyendo", sino que ahora defienden su cargamento "con la táctica de la embestida o con armas de guerra", lo que implica "aún más riesgo para la vida de los agentes".

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No son nuevas. Llevan años pidiendo lo mismo, básicamente que haya seguridad en una ruta dominada por el peligro y la temeridad, que se reconozca la profesión de riesgo y que haya medios suficientes y patrulleras aptas para seguir con éxito al delincuente.

En este caso concreto, el piloto de la narcolancha no dudó en intentar embestir a la Guardia Civil. Tras colisionar con la patrullera Río Irati, escapó. Hubo una acción premeditada que tampoco sorprende a las asociaciones del Cuerpo que llevan años poniendo el foco en una balanza cada vez más desequilibrada en la que el narco dispone de medios y a la Benemérita lo que le sobran son vacíos en recursos humanos y materiales.

Esa jornada había hasta cinco narcolanchas en el lugar. Tras el siniestro mortal los otros tres ocupantes que resultaron ilesos escaparon, aprovecharon después para quemar la embarcación eliminando así las huellas.

Todo estuvo premeditado, tanto el choque como la acción posterior. Las asociaciones lo han denunciado en cuantiosas ocasiones, es evidente el riesgo en la ruta del narco, pero de él solo se habla con suceden sucesos de este tipo.

Atrás en la hemeroteca quedan varios casos. El crimen de Barbate fue el que mayor rabia ciudadana generó. Se está ante la acción de organizaciones criminales que viven del narcotráfico pero que alimentan otros negocios paralelos como el petaqueo.

El petaqueo, base del negocio

Las organizaciones dedicadas al narcotráfico operan en el triángulo conformado entre Marruecos, Ceuta y el Estrecho. Disponen de embarcaciones recreativas que son las que apoyan a las narcolanchas encargadas de traficar con grandes cantidades de hachís. Esos enlaces ejercen una labor determinante para que todo funcione adecuadamente.

“Es bien conocido que las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, en el momento de hacer la actividad delictiva, permanecen un tiempo en alta mar en una zona de espera. Allí aguardan para cargar el hachís en una embarcación y trasladarlo hasta el lugar del desembarco. Esos lugares, los de espera, carga y descarga, son concertados con miembros de la red”, explica el Instituto Armado en uno de sus informes internos que fue trasladado a los juzgados de Ceuta.

Todas las prácticas arman este negocio en el que al final solo existe un interés para el narco: mantener el negocio de la droga aunque para ello haya que abandonar a uno de los suyos.

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Los primeros vídeos que se han podido ver en la Sala han sido los que la Guardia Civil pudo obtener del pantalán del puerto deportivo.

Esas grabaciones se efectuaron a partir de febrero de 2018 y las mismas se refieren a periodos en los que el señalado como cabecilla de la trama, fugado desde que la Guardia Civil efectuó los registros y comenzó a practicar detenciones, introducía petacas de gasolinas, entre otras cosas, acompañado de más acusados.

En esta historia que lleva semanas juzgándose en la Audiencia, todo comenzó con las labores de petaqueo, en una investigación sobre estas prácticas que terminó con un procedimiento de mayor envergadura que llevó a la Benemérita de Ceuta a pedir apoyo al OCON-SUR y a contar con investigadores especialistas en la lucha contra el blanqueo.

El primer visionado data del 14 de febrero de 2018. Ahí se puede ver cómo el acusado prófugo de la Justicia introduce un total de 15 petacas rojas en una embarcación.

Dos días más tarde, el 16 de febrero, se ve a alguno de los acusados entrando con un vehículo al puerto deportivo sobre las 18:30 horas para, minutos más tarde, introducirse en la misma embarcación en la que se habían depositado las petacas y zarpan.

Ya el 22 de mayo de ese mismo año, también se comprueba cómo los acusados introducen un total de 34 garrafas. Ese día tuvo mucha intensidad, ya que otro acusado, introdujo otras 8 petacas más.

Así un continuo en los días sucesivos donde se ven que introducen diferentes garrafas de gasolina hasta un total de 16. Estos vídeos han servido para que el Ministerio Fiscal haya buscado despejar dudas al Tribunal señalando que en esta trama servían de ese gasoil a las narcolanchas en alta mar.

Los vídeos del cabecilla

En el doceavo archivo que ha visto la Sala, se ha podido ver al cabecilla fugado con otro de los acusados introduciendo comida, agua, bebidas y un parasol. Una situación en la que quiere hacer ver el Ministerio Público que llevaban provisión para aguantar hasta altas horas de la madrugada y realizar ese supuesto acto delictivo.

En otros de los visionados, se aprecia cómo introducen 12 petacas de gasolina y, en este caso, zarpan de inmediato del puerto deportivo rumbo a alta mar.

A pesar de que en la embarcación iban varios de los acusados, solo es uno el que llega de vuelta horas más tarde y la deja atracada en el puerto deportivo.

Uno de los letrados, ha señalado que según se ha podido comprobar en los vídeos, se aprecia cómo los acusados portaban las petacas de manera vacía y no llenas como lo indica la Guardia Civil en el atestado.

Una vez finalizado los visionados, el juicio quedó suspendido hasta el 25 y 26 de noviembre cuando se celebrarán las periciales conjuntas.

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Además de esa muerte, dos agentes de la Guardia Civil han sufrido lesiones.

La colisión tuvo lugar en la desembocadura del río Guadalquivir durante un servicio de prevención del narcotráfico. "Los narcos abandonaron a su compañero herido, dejándolo sin asistencia en la orilla de Huelva", han señalado fuentes del instituto armado que recoge EFE.

Fueron los agentes de la Guardia Civil quienes le practicaron maniobras de reanimación y lo trasladaron a la patrullera, aunque finalmente falleció.

Quien ha perdido la vida era uno de los tres ocupantes de la narcolancha que iba a realizar un alijo en la desembocadura del río Guadalquivir, en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). Impactaron lateralmente con una de las embarcaciones de la Guardia Civil.

Huida de los demás ocupantes

Los otros dos ocupantes huyeron hacia el interior del Coto de Doñana. Según han explicado fuentes de la Guardia Civil a Europa Press, los hechos se produjeron en la madrugada de este jueves, cuando una embarcación con tres tripulantes, que transportaba droga, fue interceptada por una embarcación del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, llegando a colisionar lateralmente en un momento de la intervención.

Cuando los agentes llegaron hasta la embarcación, encontraron a uno de los tres ocupantes herido, por lo que comenzaron a hacerle maniobras de recuperación.

Posteriormente, lo trasladaron hasta la embarcación para arribar en la orilla de Sanlúcar donde finalmente falleció a pesar de las constantes maniobras de recuperación realizadas para intentar salvarle la vida.

Este suceso hace recordar el ocurrido en Barbate que terminó con la muerte de dos guardias civiles y el inicio de una cascada de detenciones que ha derivado en la entrada en prisión de tres personas por su presunta relación con los hechos.

AEGC ha puesto de manifiesto la peligrosidad que rodea estas prácticas y cómo las persecuciones pueden terminar de la peor de las maneras.

“A esos narcotraficantes les da igual hacer lo que hacen. Se han estrellado varias veces contra embarcaciones, luego esto se olvida y las condenas son mínimas”, indicaba la asociación tras los sucesos duros como el de Barbate.

Pronunciamiento de AUGC

“El accidente de dos guardias civiles contra una narcolancha pone de relieve la urgencia del reconocimiento como profesión de riesgo”. Este ha sido el pronunciamiento de AUGC tras lo ocurrido en Sanlúcar de Barrameda.

“Dos guardias civiles han resultado heridos en una persecución contra una embarcación de narcotraficantes, evidenciando la necesidad de mayor protección y derechos laborales para los agentes en zonas de alto riesgo”, han recalcado desde la asociación.

Y es que a raíz del grave accidente sufrido por dos guardias civiles en el río Guadalquivir frente a las costas de Bonanza (Cádiz), AUGC ha vuelto a poner de manifiesto “los peligros diarios que enfrentan los agentes en su lucha contra el narcotráfico, sin el respaldo ni la protección que brinda el reconocimiento como profesión de riesgo”.

Al respecto, la Asociación Unificada de Guardias Civiles han insistido en que “este accidente es un claro ejemplo de que los guardias civiles, especialmente aquellos destinados a operaciones de alto riesgo, se exponen cada día a peligros extremos en su lucha contra redes criminales violentas y organizadas, como la del narcotráfico”.

Lo más grave, “sus condiciones laborales” y que “los beneficios en caso de accidente o incapacidad no están a la altura de los sacrificios que realizan”.

AUGC ha asegurado que “a diferencia de otros cuerpos, los guardias civiles siguen sin estar reconocidos oficialmente como profesión de riesgo, lo que deja a los agentes en una situación de vulnerabilidad”.

“Nos resulta inaceptable que los agentes sigan enfrentándose a organizaciones criminales cada vez más peligrosas sin el respaldo adecuado”, ha criticado la asociación.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles ha agregado que “las condiciones de los guardias civiles en lugares de alta conflictividad deben ser revisadas con urgencia, garantizando el acceso a equipos modernos, tecnología avanzada y formación adecuada que les permita realizar su labor en condiciones óptimas”.

Finalmente, el grupo ha exigido al ministro del Interior “que asuma su responsabilidad y avance en el reconocimiento de los guardias civiles como profesión de riesgo con carácter urgente”.

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Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), se les atribuyen "dos presuntos delitos de asesinato, cuatro delitos de asesinato en grado de tentativa, seis delitos de atentado, un delito de contrabando y un delito de pertenencia a organización criminal", explica EFE.

Afirma EFE que, durante su comparecencia judicial, ambos detenidos han prestado declaración.

Esta causa la investiga el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Barbate, que ya ordenó el pasado 20 de septiembre el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de otro detenido por estos mismos hechos, al que se atribuyeron los mismos delitos.

Según informa EFE, uno de ellos ingresará en el Centro Penitenciario Puerto II, en El Puerto de Santa María (Cádiz), mientras que el otro lo hará en Málaga.

Los dos detenidos, de origen marroquí, fueron puestos a disposición judicial a primera hora de hoy en el Juzgado de Barbate después de haber pasado la noche en la Comandancia de la Guardia Civil. Ambos contaban con órdenes internacionales de detención, activas desde el pasado mes de septiembre.

En el mismo mes de septiembre, el juez decretó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para Karim El Baqqali, acusado de ser el piloto de la narcolancha que mató a dos agentes en Barbate.

La investigación por la muerte de los agentes David Pérez y Miguel Ángel González en el puerto de Barbate el 9 de febrero está siendo dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de la localidad gaditana.

Queda por localizar un cuarto ocupante de la narcolancha que acabó con la vida de los agentes de la Guardia Civil en el puerto de Barbate.

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Según ha informado la Guardia Civil, los dos detenidos contaban con sendas órdenes internacionales de detención, activas desde el pasado mes de septiembre.

La investigación de la muerte de los agentes David Pérez y Miguel Ángel González en el puerto de Barbate, a cargo de la Guardia Civil, está siendo dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de esa localidad gaditana.

Las dos nuevas detenciones se suman a la practicada el pasado 19 de septiembre, cuando Karim El Baqqali, de 32 años y acusado de ser el piloto de la narcolancha que atacó a la embarcación de los agentes, fue apresado en esa misma localidad.

#OperacionesGC | Detenidos 2 tripulantes de la narcolancha utilizada en el asesinato de 2 agentes de la @guardiacivil en #Barbate #Cádiz.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 9 de febrero en la bocana del puerto del municipio gaditano, donde también resultaron heridos otros 4… pic.twitter.com/Wgh9H3ySA0

— Guardia Civil (@guardiacivil) November 8, 2024

Aquella detención se produjo tras siete meses de complejas investigaciones que incluyeron un giro en las pesquisas ya que, en el mes de mayo, los investigadores determinaron que la narcolancha que pilotaba Francisco Javier M. P., alias Kiko el Cabra, no fue la que embistió y mató a los agentes en el puerto de Barbate, como se pensaba inicialmente.

Las investigaciones se enfocaron entonces hacia otra narcolancha que había sido intervenida el 17 de marzo por agentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Huelva, cuando navegaba a 20 millas náuticas al sur de la playa de La Antilla, con 94 garrafas de gasolina y que tenía daños compatibles con el choque que causó la muerte a los dos agentes.

Los investigadores identificaron entonces a su piloto, Karim El Baqqali, y establecieron que iba acompañado por otras tres personas.

El mismo día de la detención de El Baqqali se decidió emitir sendas órdenes internacionales de detención contra sus tres acompañantes, dos de los cuales han sido detenidos ahora.

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Ellos fueron los que participaron en seguimientos, escuchas o transcripciones hechas a los acusados que ahora se sientan en el banquillo. Un total de 12, entre ellos una agente de la Policía Local. El principal cabecilla de esta trama sigue huido tras una investigación que comenzó en 2018 y que derivó en el desarrollo de un operativo en 2019 con entradas, registros y detenciones.

Sobre la forma de llevar a cabo las transcripciones de las escuchas telefónicas, básicamente los agentes han destacado que fueron familiarizándose poco a poco con las voces de los acusados, sin haber posibilidad de margen de error.

Al principio los señalaban con términos como ‘objetivo 1’ o ‘2’, hasta que, sabiendo ya la identidad, se les rolutaba perfectamente. Fue año y medio de trabajo, tiempo suficiente para no incurrir en error alguno.

En eso precisamente ha insistido la Fiscalía, en que no puede haber equivocaciones. Y lo ha hecho ya que las Defensas mantienen entre sus argumentos la posibilidad de errores en las identificaciones de esas voces.

Una funcionaria que trabaja como traductora intérprete adjunta en Policía Judicial ha dejado claro que las identificaciones se hacían sin margen de error.

“Al principio no sabemos quién es” el que habla, pero “después sí vamos cogiendo y sabemos quién es quién”, ha detallado un agente. La investigación duró prácticamente año y medio hasta que se tuvo que actuar, en cooperación con el OCON-SUR, entre otras cosas por la existencia de filtraciones.

Alguien avisó a los acusados de que tenían los teléfonos intervenidos enviando a todos ellos un SMS. Y alguien también dio el soplo de que se iba a proceder al registro de las viviendas, ya que al cabecilla de la trama no solo le dio tiempo a escapar para no ser detenido, sino que, además, pudo retirar algunas cosas.

El petaqueo necesario para las narcolanchas

Fruto de esas escuchas se pudo verificar que los implicados se dedicaban al traslado de petacas de gasolina y las llevaban a embarcaciones en espera dentro del mar, es decir, a narcolanchas que no podían acceder a puerto.

En los registros llevados a cabo en distintas fases de la operación no fue fácil dar con todo. De hecho, uno de los agentes de Policía Judicial ha recordado que fue gracias a un can especialista como se dio, en un registro llevado a cabo en avenida Lisboa, con dinero oculto debajo de un mueble.

Los guardias civiles habían registrado toda la casa, de no ser por la entrada del perro y el guía no habrían localizado ese montante económico.

El agente ha recalcado la eficacia del can a la hora de hallar el dinero. “Si no es por el perro no lo encontramos” ya que estaba en un lugar para nada habitual, es decir, se buscó evitar que se diera con él.

La investigación estuvo marcada por la realización de gran cantidad de informes, transcripción de escuchas telefónicas y el apoyo del OCON.

El divorcio simulado y el patrimonio no acorde a los sueldos

¿Estaba el cabecilla fugado y la policía local acusada separados, como mantiene su Defensa? La Guardia Civil insiste en que no. Una agente ha declarado que estuvieron valorando la veracidad de esa convivencia y que la misma existía.

Y esto se fundamenta por ejemplo en detalles como que la acusada hacía la comida que su marido llevaba a los ‘clientes’ a quienes servía petacas y enseres. Eso se deduce de las escuchas practicadas, en las que también se hacía mención a conversaciones propias de un matrimonio.

“Se comunicaban diariamente para hablar de los hijos”, ha indicado la agente. “Se hablaban para ver quién recogía a su hijo, salían juntos en coche y vuelven juntos. Hablaban de los horarios que tenían…” o se indicaba cómo se pasaban el teléfono uno a otro, lo que verifica que estaban juntos.

Fue casi un año de escuchas y en ese periodo, ha dicho la integrante del Instituto Armado, “hicimos consultas a las navieras” y comprobaron que “viajaban juntos muchas veces. Era una pareja normal, un divorcio no se asemeja a la vida que llevaban”, además de que en el registro del chalé compartido en la barriada de Postigo hallaron elementos que verifican la existencia de esa convivencia.

La Guardia Civil mantiene además que las posesiones del matrimonio no se corresponden con el sueldo que aporta una agente de la Policía Local y un empleado de Obimasa.

La investigación desempeñada aportó indicios de que los acusados daban logística a las embarcaciones que pasaban droga, aportando petacas, enseres, personas, víveres… cobrando 500 euros por traslado de personas y 10.000 por garrafas. La Benemérita sostiene que este entramado aspiró sin éxito a más, es decir, a traficar con hachís, pero no pudieron dar ese paso. De hecho, nunca se halló droga.

Un modo de comunicarse en clave para hablar de la droga

Durante la vista celebrada esta mañana los distintos agentes que han declarado han puesto de manifiesto que, fruto del análisis de las intervenciones llevadas a cabo, no tienen duda alguna sobre que se estaba hablando de narcotráfico.

Usaban expresiones como “dar de comer al vehículo”, “echar el vehículo al agua”, para referirse al manejo de narcolanchas o “dar de comer” para aludir a aprovisionarse de hachís en Marruecos.

Para los agentes no hay duda de que se estaba hablando de tráfico de hachís, aunque empleaban claves para comunicarse y no ser evidentes en los términos usados.

Así, aludían a preparativos de embarcaciones, comisión de alijos… Está claro que no podían estar hablando ni de submarinismo ni de pescar por el uso de “motes” o por la actitud y lenguaje mostrados.

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Fue una de las actuaciones más complejas para la Benemérita, que tuvo que pedir apoyo al OCON-SUR. Se hicieron seguimientos, se controlaron intervenciones telefónicas y por vez primera se usaron en Ceuta medios tecnológicos nunca antes aplicados para, por ejemplo, captar las conversaciones que los investigados mantenían a bordo de una embarcación usada para el petaqueo de las narcolanchas.

Hoy, cinco años después, se ha ahondado en los detalles de una de las más importantes operaciones contra el blanqueo de capitales que ha dado pie a un macrojuicio que sienta a 12 personas en el banquillo de los acusados, entre ellos una agente de la Policía Local.

Procesados con relaciones familiares entre sí, en muchos de los casos, que conforman un procedimiento en que el se mantiene en busca y captura al considerado cabecilla de toda esta trama.

El componente de la Guardia Civil de Ceuta que ejerció de instructor de la causa ha recordado cómo comenzó esta investigación en febrero de 2018, partiendo de la vigilancia establecida sobre una semirrígida que estaba ejerciendo la conocida como actividad del petaqueo.

Fue ahí cuando se detectó al considerado líder de esta organización de blanqueo de capitales llegando al puerto deportivo e introduciendo en una embarcación de su propiedad petacas homologadas de las usadas para portar combustible.

Tal y como ha puntualizado el instructor, llevar gasolina como tal no es ilegal, pero las embarcaciones usadas para introducir hachís necesitan de ese avituallamiento para funcionar ya que deben permanecer en alta mar. Por eso requieren de alguien que abastezca de ese combustible, pero también de teléfonos, aparatos de comunicación especializados, recursos personales y materiales que son “imprescindibles para que se produzca el delito de tráfico de drogas”.

Por eso, esa función del petaqueo es determinante “para que el delito” del narcotráfico “se consuma”.

La Guardia Civil pudo investigar a los miembros de la organización durante más de año y medio, a pesar de la dificultad de toparse con personas que eran muy celosas y adoptaban importantes medidas de seguridad.

Cambios de teléfonos, vigilancias…: el celo de la organización

Así, cambiaban constantemente de teléfonos móviles, “era una cosa bárbara”, ha puntualizado el instructor. Variaban tanto de terminal como de tarjeta, además de tener teléfonos a nombre de personas que nada tenían que ver con ellos.

Usaban un sistema de comunicaciones encriptado, imposible de ser detectado. También se intercambiaban vehículos entre ellos y usaban un lenguaje convenido. Por ejemplo, en vez de hablar de la embarcación de la Guardia Civil, usaban términos como “dos motores, tres patas…” o, si se referían a bultos, hablaban de “cajas”.

Usaban para comunicarse el sistema EncroChat, buscando así “un ambiente seguro” y manteniendo además “muchos contactos personales” y empleando incluso teléfonos marroquíes. Todo con tal de hacer complicada la detección de la Benemérita.

La Guardia Civil logró cuantiosas intervenciones telefónicas. Cuando inició la investigación no se tenía conocimiento de que se estuviera ante una organización criminal de esta envergadura.

El control sobre la embarcación y los registros

Los investigadores dieron un salto importante en las investigaciones cuando se logró instalar medios en la lancha propiedad del cabecilla y destinada al ‘petaqueo’ con los que permitieron grabar conversaciones, accediendo así a cuantiosas confidencias entre personas que, considera la Guardia Civil, estaban vinculadas al narcotráfico.

“Allí hablaban bien porque se creían en un ambiente seguro”, sin sospechar que estaban siendo grabados. Esas conversaciones fueron determinantes hasta que fueron descubiertas.

Aunque se ha insistido por parte de las defensas en que no se ha encontrado hachís y no se comprobó nunca qué contenido había en las garrafas, desde la Benemérita se ha insistido en la existencia de indicios de peso para sostener todas sus conclusiones, siendo impensable que, por ejemplo, en petacas de ese tipo hubiera agua.

En la fase estelar de la operación, se llevaron a cabo varios registros en viviendas y propiedades de los acusados, hallándose recursos curiosos como, por ejemplo, una “raqueta” debajo de una televisión. Se trata de un localizador de todos los dispositivos que emiten una señal y es, por tanto, una medida de seguridad idónea para detectar balizas en una embarcación, vehículo… Algo que no tiene cualquier persona en su hogar.

Para la Guardia Civil, esta organización nació de una inicial operativa centrada en avituallar embarcaciones, pero era un recurso que necesitaban para lograr materializar así la otra parte que buscaban, el tráfico de drogas. Por eso trataban bien a las personas con las que trabajaban porque les era necesario tener contactos para avanzar en el siguiente escalafón.

Para los investigadores, el señalado como cabecilla de la organización, que sigue fugado de la justicia, sí mantenía una relación con la policía local que figura como acusada, al haber “coincidencias en viajes” y detalles de una vida compartida en la vivienda. Es decir, no había una ruptura de pareja como se quiere hacer valer por parte de su defensa.

Declaración de un agente del OCON SUR

Esta tarde se ha contado también con la declaración de otro agente de la Benemérita, instructor de un grupo operativo del OCON SUR con sede en Cádiz a quien la Policía Judicial de Ceuta pidió apoyo en el marco de la investigación emprendida contra esta organización al detectar que tenía repercusión con la Península, habiéndose iniciado contactos con gente de Tarifa.

El componente de la Guardia Civil ha recordado la importancia del petaqueo en el mundo del narcotráfico ya que las narcolanchas deben recibir apoyo al verse obligadas a permanecer en alta mar por ser un género prohibido. Para que sigan allí “se les tiene que atender”. Existe por lo tanto una alianza de organizaciones que necesita una parte logística, ya que volver a tierra supondría perder entre 300.000 o 400.000 euros.

Para investigar la embarcación de cuya investigación partió todo se tuvo que sonorizar, aplicándose por vez primera en Ceuta unos medios que no se habían visto con anterioridad y que fueron facilitados por OCON-SUR. Así se obtuvo gran cantidad de información que fue determinante para los investigadores ya que los acusados no tenían conocimiento de que se les estaba grabando hasta que lo descubrieron.

Eran medidas de control que estaban surgiendo y que nunca se habían aplicado en Ceuta, marcando un antes y un después en una investigación que fue muy compleja.

Para el OCON, el cabecilla de la trama era el líder de todo, manteniendo contactos en Marruecos y alianzas fuertes con organizaciones a las que enviaba petacas. Usaban líneas telefónicas que alteraban cada cierto tiempo y con titularidad ficticia.

El mensaje enviado: ¿quién avisó de la investigación?

La investigación sufrió un auténtico varapalo que impidió que pudieran dar con la droga que perseguían desde un principio. Alguien externo envió un mensaje de texto, un SMS, con el que alertó a todos los miembros de la organización de que sus líneas estaban intervenidas. Alguien les ayudó, alguien que sabía perfectamente qué investigaba la Guardia Civil y que supuso un golpe a todo el trabajo hecho.

Se estaba ante una organización delictiva con asociación de personas constituida, con funciones de criterio, que buscaban un beneficio económico y que contaban con gente que les ayudaba si tenían una investigación policial. Esa gente que les alertó de que “los teléfonos estaban intervenidos”.

Era una organización que no tenía reparo en introducir hachís en España porque su finalidad y su modus operandi era el tráfico de drogas, tal y como aseverado el que fuera miembro del OCON.

En los registros llevados a cabo ha recordado que se hallaron evidentes muestras de que el cabecilla tuvo que salir corriendo, algo supo que le alertó, ya que dejó sus armas, su riñonera, sus teléfonos móviles… dinero, tarjetas.

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Esa labor logística es básica y así lo recoge la Guardia Civil en varios informes que ha remitido a los juzgados de Ceuta. El petaqueo es un problema que debe obtener una respuesta judicial resumida en penas mayores. Esa aspiración reclamada por los agentes es compartida por la Fiscalía.

Esta mima semana, la fiscal superior, Ana Tárrago, reclamaba mayores penas para los “delitos logísticos del narcotráfico” tales como “el transporte y depósito de la gasolina para el abastecimiento de las narcolanchas”.

En informes trasladados a los juzgados, la Guardia Civil de Ceuta ha informado del “verdadero problema” que suponen los ‘petaqueros’ desde hace ya tiempo.

Las organizaciones dedicadas al narcotráfico operan en el triángulo conformado entre Marruecos, Ceuta y el Estrecho. Disponen de embarcaciones recreativas que son las que apoyan a las narcolanchas encargadas de traficar con grandes cantidades de hachís. Esos enlaces ejercen una labor determinante para que todo funcione adecuadamente.

“Las lanchas los usan como enlaces asociados al narcotráfico y se emplean para transportar petacas, víveres, trajes de neopreno, teléfonos móviles y objetos necesarios si se pasa un tiempo elevado en alta mar”, reconoce la Guardia Civil de Ceuta en un informe interno al que ha tenido acceso este periódico.

Tiempos de espera, carga y descarga en alta mar

“Es bien conocido que las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, en el momento de hacer la actividad delictiva, permanecen un tiempo en alta mar en una zona de espera. Allí aguardan para cargar el hachís en una embarcación y trasladarlo hasta el lugar del desembarco. Esos lugares, los de espera, carga y descarga, son concertados con miembros de la red”, explica el Instituto Armado.

Precisamente, el hecho de estar tiempos prolongados en alta mar, además en condiciones adversas, hace necesario que las personas que aguardan con la embarcación a la espera de ser cargada de hachís requieran de apoyo y suministros o incluso relevo de tripulantes.

Es ahí donde cobran un papel esencial los ‘petaqueros’. Trabajan a sueldo para los narcos, sin ellos no podría funcionar esa cadena que conforma un negocio millonario que se hace cada vez más fuerte y violento en el Estrecho.

¿Qué sucede? Ahora mismo burlan una acción judicial que debería ser mayor. El suministro de gasolina a las narcolanchas se castiga, a lo sumo, como una infracción administrativa, pero su función tiene el mismo peso que, por ejemplo, un piloto detenido en pleno pase. Ambas acciones son necesarias y relevantes, pero una se escapa cual serpiente ante la falta de una legislación más dura que evitaría que acciones de la Guardia Civil emprendidas en la lucha contra los narcos quedaran en nada.

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Tal y como avanza Europa Sur, la investigación se inició en 2016 por un juzgado de Pamplona, igual que sucedió con ‘la Monte’. Se fueron abriendo piezas separadas ordenándose intervenciones telefónicas de las que fueron desprendiéndose más pruebas. Según la estrategia de una de las defensas, el juzgado no era competente para investigar unos hechos cometidos en otro lugar.

En el juicio señalado para este lunes en la Audiencia Provincial de Algeciras, se pide un total de 345 años de prisión y multas que ascienden a 1.040 millones de euros. Los delitos son tráfico de drogas y posesión ilegal de armas de fuego.

A Abdellah Ell Haj Sadek el Membri, conocido como Messi del hachís, se le busca desde abril de 2019. La Fiscalía le señala como el “jefe de toda la logística, que ejercía el mando principal dentro de la organización”. Cuantiosas informaciones lo han situado en el norte de Marruecos, copartícipe de fiestas y partidos de fútbol en Castillejos.

Entre sus funciones estaba el negociar con los proveedores de la droga y los posteriores traslados.

Hay 26 acusados como presuntos miembros del clan que trasladaba la droga procedente de Marruecos mediante el uso de embarcaciones. Entre febrero de 2016 y enero de 2107, ese clan alijó hachís al menos en nueve ocasiones.

Cinco personas están ubicadas en el escalafón principal de la organización criminal. El resto de acusados se encargaban de coordinar las descargas de los alijos de hachís.

De ellos, otros cuatro se encargaban del transporte de la droga a las guarderías y su custodia, preparándolos para la carga y ocultándolos tras el alijo.

Para los cinco pertenecientes a la cúpula, la Fiscalía pide 15 años de prisión; para cuatro, la pena es de 10 años de prisión y para los 17 restantes, otros 5 años.
En cuanto a los delitos por armas de guerra, se piden 10 años de cárcel para los cinco principales acusados y 5 años para el resto. A uno de los acusados se le atribuye también delito de lesiones y atentado a la autoridad.

A por la nulidad de las escuchas, suspendida la vista

La primera sesión del juicio se ha centrado en el debate sobre la nulidad de las escuchas lo que afectaría, como pasó en ‘la Monte’, a buena parte del procedimiento.

Así se ha pedido la nulidad de las intervenciones en líneas telefónicas que ordenó un juzgado de Pamplona.

La vista se ha suspendido hasta este martes para deliberar sobre este asunto. Se aduce una vulneración de los derechos fundamentales, acogiéndose a la doctrina del fruto del árbol envenenado.

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