El Congreso de los Diputados aprobó el pasado 14 de noviembre la Ley de eficiencia del servicio público de justicia.

Una enmienda del PNV al texto y votada por error por Bildu y ERC, va a permitir un cambio en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la LECrim, con el que se van a agilizar los desahucios en casos de ocupación por allanamiento de morada.

La modificación, que se ha bautizado popularmente como nueva ley antiokupas, ya consta en la Ley de Eficiencia de la Justicia que se ha remitido al Senado.

Juicios rápidos para echar a los okupas

La enmienda presentada por el PNV plantea modificar el artículo 795.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que los delitos de usurpación de morada, regulado en el artículo 245 del Código Penal, y allanamiento de morada, recogido en el artículo 202 del mismo texto legal, pasen a tramitarse mediante el procedimiento abreviado, también conocido como juicios rápidos.

Este cambio busca acelerar la resolución de estos casos, incluyendo los desahucios que puedan derivarse de ellos, tal y como informa COPE.

El procedimiento abreviado es un mecanismo procesal penal diseñado para agilizar la instrucción, el juicio y la resolución de delitos específicos. Se aplica a aquellas infracciones que conllevan penas de hasta nueve años de prisión, según lo establecido en el artículo 757 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En el caso de los desahucios tramitados bajo este procedimiento, una vez que el infractor es detenido, el juez está obligado a convocarlo a comparecer en un plazo máximo de 72 horas.

Durante este tiempo, la policía judicial se encarga de elaborar los informes y recopilar la documentación necesaria para avanzar en el proceso.

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Con esta iniciativa, el Partido Popular busca reforzar los derechos de más de 40.000 abogados y miles de procuradores adscritos al Turno de Oficio, profesionales que prestan un servicio esencial para garantizar la Justicia Gratuita en toda España.

“Estamos aquí para reivindicar una cuestión de justicia, de equidad y de dignidad para todos los profesionales del Turno de Oficio. Ellos merecen respeto, reconocimiento y una retribución justa por su labor fundamental en nuestro Estado de Derecho”, afirmó la senadora Moreno.

A través de esta moción, el Partido Popular exige mejoras urgentes en la dotación de recursos, una actualización de los honorarios y una remuneración puntual para estos profesionales, que llevan años soportando condiciones precarias debido a la falta de compromiso del Gobierno.

Aprobación de la moción y falta de apoyo del PSOE

La moción presentada por el Partido Popular ha sido aprobada en el Senado, aunque sin contar con el respaldo del PSOE, que decidió abstenerse.

“Esta abstención resalta la falta de apoyo del grupo socialista para una medida esencial que busca dignificar el trabajo de los profesionales del Turno de Oficio, fundamentales para el acceso a la Justicia de los ciudadanos en condiciones de igualdad”, denuncian los populares.

Agravios comparativos entre comunidades

Isabel Moreno expuso los “escandalosos” y “desproporcionados” agravios comparativos en las retribuciones del Turno de Oficio entre las comunidades gestionadas por el Ministerio y aquellas con competencias transferidas en Justicia.

Por ejemplo, en el territorio gestionado por el Ministerio, la retribución para un juicio de delito leve es de 94 euros, mientras que en la Comunidad de Madrid asciende a 208 euros, un 120% más. En procedimientos de medidas provisionales, la diferencia es aún más impactante: 72 euros frente a 416 euros en Madrid, un 480% superior.

Cuatro puntos clave de la propuesta del Partido Popular

La moción del Partido Popular insta al Gobierno a abonar todas las actuaciones del Turno de Oficio, muchas de las cuales actualmente no son reconocidas ni remuneradas en el territorio gestionado por el Ministerio.

También reclama actualizar los pagos, que a menudo se demoran meses, generando incertidumbre económica para los profesionales.

Actualizar los honorarios, que llevan décadas sin revisión, dejando a estos abogados y procuradores en una situación de desprotección.

Reformar la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita de 1996, que necesita adaptarse a las demandas actuales y dignificar el trabajo de estos profesionales.

La senadora Moreno también recordó que, tras seis años de gobierno de Pedro Sánchez y cuatro ministros de Justicia, “esta situación, que afecta directamente al Estado de Derecho y a la dignificación de los profesionales del Turno de Oficio, no ha sido prioritaria en la agenda progresista del Ejecutivo”.

El Partido Popular insta al cumplimiento de la normativa vigente

El Partido Popular reclama al Gobierno que cumpla con el Decreto 72/2018, que regula las subvenciones para la prestación de asistencia jurídica gratuita, y que emprenda reformas normativas para garantizar una justa compensación a estos profesionales.

“Es responsabilidad del Ejecutivo asegurar que todos los españoles puedan acceder a la Justicia Gratuita en igualdad de condiciones y que nuestros abogados del Turno de Oficio reciban una retribución justa y actualizada”, concluyó Isabel Moreno.

Con esta moción aprobada en el Senado, “el Partido Popular reafirma su compromiso de luchar por una Justicia accesible y equitativa, que respete y valore a los profesionales que dedican su labor a defender los derechos de todos los ciudadanos, lamentando la falta de apoyo del PSOE en una causa que debería ser de consenso para todos”, concluye.

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Sus manifestaciones han servido para justificar, por ejemplo, de dónde procede el dinero con el que se adquirieron los famosos caballos de pura raza que, a juicio de los investigadores que analizaron el patrimonio de los acusados, estarían asociados a esa necesidad de ‘lavar’ dinero.

Así, el padre de los dos fugados en este procedimiento, tanto el considerado cabecilla que pudo escapar justo antes de que la Guardia Civil irrumpiera en su chalé de la barriada de Postigo como su hermano, ha normalizado la adquisición de los equinos y de propiedades en Málaga. Todo mediante préstamo avalando a su nieto (hijo de uno de los fugados), extremo que este verificó.

Manifestó también que él era el auténtico titular de la ganadería. Ambos, abuelo y nieto, negaron saber el paradero de los dos fugados a los que la Justicia no ha podido sentar en el banquillo y que están en busca y captura desde 2019, se supone que ocultos en el extranjero.

¿Dónde están los fugados?

Esa fuga constituye la sombra de toda esta operación y, de hecho, en varias declaraciones de agentes de la Benemérita se ha deslizado el malestar que supuso que más de año y medio de investigaciones terminaran no teniendo el efecto deseado (nunca se encontró droga) porque alguien alertó a los procesados de que estaban siendo investigados.

Alguien que, además, sabía de cuándo se iban a ejecutar las entradas y registros, y que logró informar con tiempo suficiente al cabecilla para que escapara del chalé. Cuando los agentes entraron, ya no estaba.

Ha habido cierta tensión en el interrogatorio cuando el fiscal ha preguntado al padre de los dos fugados si sabía por qué se les buscaba. “No lo sé”, ha dicho. “Por narcotráfico”, le ha espetado el fiscal. “No interesa saber la verdad”, ha respondido enojado el testigo.

Escuchas y seguimientos

A lo largo de la tarde han declarado también agentes de la Guardia Civil que formaron parte de operativos de vigilancia, seguimientos, controles a embarcaciones… además de otros que estuvieron controlando y transcribiendo escuchas.

De esas conversaciones han indicado que se derivaba la existencia de una operativa con embarcaciones, se hablaba de problemas de logística con esas lanchas. “Eran conversaciones que apuntaban a que se dedicaban al narcotráfico. Son propias de quienes se dedican a esto”, ha recalcado uno de los integrantes del Instituto Armado.

Con esa operativa se refieren al petaqueo, el aprovisionamiento de gasolina, el pretendido de hachís… Los agentes han destacado que los acusados usaban un lenguaje que resultaba difícil de entender, en clave, pero que se normalizaba cuando se sentían no controlados, por ejemplo, estando en la embarcación que usaban para el petaqueo y que no sabían que estaba siendo vigilada por la Benemérita hasta que se hallaron los dispositivos colocados con autorización judicial.

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Recuerda el sindicato que todas las comunidades autónomas con competencias transferidas han negociado instrucciones o resoluciones que evitan precisamente esas “disfunciones” que se siguen produciendo en el ámbito de la gestión.

Tras la reciente toma de posesión de la nueva directora general del Servicio Público de Justicia, desde CCOO le transmitieron verbalmente “nuestra exigencia de negociar este importante aspecto de las condiciones de trabajo”.

Ahora, vuelven a formular por escrito esta exigencia poniendo de manifiesto a dicha directora general la necesidad de negociar y regular esas comisiones de servicio y sustituciones para todos los cuerpos en el ámbito de gestión del Ministerio de Justicia.

Años denunciando y exigiendo medidas

De hecho, es algo que se ha hecho en todas las comunidades autónomas con competencias transferidas, “máxime cuando existe una regulación en el propio ámbito no transferido para el cuerpo de LAJ (Instrucción 2/2013, de la Secretaría General de la Administración de Justicia, de la que también exigimos su negociación y modificación) y no para el resto de cuerpos funcionariales”.

Este tipo de medidas es importante para evitar, por ejemplo, la aprobación de forma arbitraria, irregular o improcedente de una comisión de servicio. Se trata de poner orden en lo que puede convertirse en un “comodín” o “atajo” para contratar a determinadas personas.

CCOO-Justicia lleva años denunciando situaciones bastante cuestionables y reclamando claridad en el sistema de adjudicación. Hoy, incongruentemente, se sigue reclamando lo mismo de años atrás.

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Según ha detallado Antonio Pastor, magistrado del Juzgado de Primera Instancia Instrucción nº 5 de Ceuta, “para el que no conozca este programa, hay dos tipos de intercambios: los bilaterales, que son, digamos, los que estamos haciendo esta semana aquí en Ceuta. Es decir, un grupo de jueces de Ceuta estuvimos el pasado mes de junio allí viendo las diferentes instituciones judiciales en la ciudad de Pisa. Y ahora, son ellos a los que les toca” conocer el sistema judicial de España en Ceuta.

Y, por otro lado, se encuentran los intercambios “que pueden ser de corta o de larga duración. Corta o larga duración suelen ser unilaterales, pero la diferencia entre unos y otros es que los de corta duración, igualmente, trata de fomentar el intercambio de autoridades judiciales, pero de una o dos semanas”.

“Mientras, los intercambios judiciales de larga duración, como su propio nombre indica, lo que trata es de, digamos, hacer intercambios en las diferentes instituciones judiciales europeas, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con un periodo que abarca entre los cuatro y los seis meses”, señala Pastor.

Así, entre los jueces de Ceuta que ya vivieron esta experiencia en Pisa se encuentran Antonio Pastor Ranchal, Rubén Salinas Vel, Miguel Ángel Fernández Lupiáñez y Miguel Ángel Cano Romero, mientras que los jueces italianos que han llegado hasta la ciudad son Luca Pruneti, Marco Zinna y Alexia De Durante, que durante estos días están conociendo las diferentes instituciones judiciales, la Jefatura Superior de Policía y el Centro Penitenciario, entre otras áreas.

Una apretada agenda que aporta una gran cantidad de beneficios, como conocer a otros compañeros y fomentar, comparar y poder cotejar los diferentes sistemas judiciales.

En relación a esto último, el juez Pastor señala que, en el caso del sistema judicial italiano, “hay que recordar que nuestro derecho, el derecho español, tiene mucha semejanza con el derecho italiano porque ambos provienen del derecho romano”.

Aún así, también hay diferentes. “Por ejemplo, cuando nosotros estuvimos en Pisa el pasado mes de junio, una diferencia muy importante es que son los fiscales del Ministerio Público a quienes les compete llevar a cabo la instrucción de las causas judiciales, totalmente diferente a lo que ocurre en España, donde son los jueces de instrucción los que la llevan a cabo de las diferentes causas penales”.

“Aquí son los fiscales los que acusan, mientras que allí en Italia son ellos los que lideran la investigación, siendo los jueces italianos, en el ámbito penal, los que tratan de preservar el cumplimiento de los derechos fundamentales de los diferentes detenidos”, añade Antonio Pastor.

Esta es la primera vez que se lleva a cabo este tipo de programa aquí en Ceuta, por lo que queda abierta la puerta a futuros intercambios. Tanto que, “seguramente, el próximo año unos compañeros de Polonia, que de hecho ya me están pidiendo también hacer un intercambio con ellos, a ver si conseguimos que efectivamente puedan venir aquí y que nosotros, en un futuro, también podamos acudir allí a Polonia y conocer el sistema judicial polaco, que quizás pueda tener muchas más diferencias que el italiano”, ha adelantado Pastor.

Cabe destacar que esto no es un programa muy conocido, pero aporta una gran riqueza tanto a nivel personal como en el ámbito profesional, tal y como ha asegurado uno de los jueces italianos, Luca Pruneti, juez civil del Tribunal de Pisa.

Pruneti ha manifestado que “es interesante, por ejemplo, en estos días, ver, al lado de los jueces, de los colegas españoles, que tratan los procesos, los juicios penales y civiles, las diferencias y las medidas adoptadas para afrontar problemas que son comunes en los derechos en la vida judicial”.

En ese sentido, Luca ha hablado de cuáles son esas diferencias más notables, entre las que se encuentran “las funciones de las funciones de la causa pública, así como que aquí hay un proceso especial con jurados”. Asimismo, ha contado que allí hay muchos procedimientos penales con drogas.

Estos jueces de España y Italia tienen todavía por delante unos días para seguir aprendiendo unos de otros y conocer mejor las similitudes y diferencias de ambos sistemas judiciales, así como enriquecerse “no solo en lo jurídico, sino en lo cultural”.

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El razonamiento jurídico de dicha exención está en la Ley 22 de diciembre de 1955 de bases sobre el régimen económico y financiero de Ceuta y Melilla.

En el caso que ha motivado esta conclusión cuyo contenido es importante conocer, el recurrente consideraba que, por cuanto se refiere a estas operaciones comerciales, la Ley del 55 está vigente y así lo reconoce el Tribunal.

A pesar del transcurso de casi setenta años desde la promulgación de la Ley, resultan de actualidad alguno de los párrafos de sus Exposición de Motivos.

Las claves

“La naturaleza ha dotado a Ceuta y Melilla de excepcionales condiciones, y su valoración en todos los órdenes ha de ser obra de España siguiendo la ley natural que la Geografía y la Historia nos señalan, para que las generaciones venideras puedan desarrollar su actuación sobre las bases firmes de un régimen adecuado a estos territorios, de plena e inalienable soberanía española”.

“En el sector de la economía pública, las bases sexta, séptima, octava y novena, establecen las normas aplicables del sistema impositivo consistentes en confirmar y ampliar las desgravaciones requeridas por las especiales características de estos territorios, para que, dentro de sus justos límites con plena efectividad, hagan posible la creación de riqueza”.

Pues bien, el Tribunal Económico, en la Resolución que comentamos, repasa los aspectos más destacables de la singularidad del régimen especial en relación a los impuestos generales de nuestro sistema tributario.

Sin duda, resoluciones como la comentada y otras anteriores del propio Tribunal Económico Administrativo, así como sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia y del Tribunal Supremo, vienen a enriquecer y completar nuestro singular régimen fiscal, con criterios interpretativos rigurosos desde el punto de vista jurídico, pero no instructivos, inspirándose en la intencionalidad del legislador y en el espíritu de la Ley.

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Los hechos ocurrieron en mayo del año pasado

En un principio, se les acusaba de un delito de robo con fuerza en local fuera de las horas de atención al público en grado de tentativa, así como de un delito leve de daños por el que se les pedía 1 año de prisión y 3 meses multa con cuota diaria de 10 euros.
No se les pudo vincular con el robo de dos ordenadores ocurrido en un episodio delictivo registrado solo 24 horas más tarde.
Ahora la Justicia sigue manteniendo en busca al otro acusado al que se debe juzgar para que de esta forma se cierre el capítulo de un robo que fue sonado en nuestra ciudad.
De todas formas, el ahora condenado deberá hacer frente al pago de la multa, de no hacerlo tendría que cumplir la pena correspondiente en la prisión de Mendizábal. El acusado fue condenado tras dos suspensiones previas por no dar con ninguno de los dos autores.

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El Ministerio de Justicia ha dado un paso decisivo en la modernización de la Administración de Justicia con la creación de 105 nuevas plazas de personal especializado en tecnologías.

Esta iniciativa busca fortalecer la Dirección General de Transformación Digital de la Administración de Justicia (DGTDAJ) con la incorporación de profesionales altamente capacitados en el Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado.

En concreto, según han informado desde el Ministerio de Justicia, los nuevos profesionales se ubicarán por primera vez en las sedes judiciales de 24 provincias del denominado 'territorio ministerio', que incluye las comunidades de Extremadura, Baleares, Murcia, Castilla-La Mancha y Castilla y León y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

La transformación digital llega al ministerio de Justicia

En estas sedes prestarán servicios tecnológicos considerados críticos, como es el caso de la asistencia a jueces, fiscales o letrados, durante la celebración de vistas y actos procesales celebrados a través de videoconferencia o medios telemáticos, han informado desde el ministerio.

Este ambicioso plan de refuerzo tecnológico se enmarca dentro de la estrategia de transformación digital que está llevando a cabo el Ministerio de Justicia, con el objetivo de optimizar los procesos, mejorar la eficiencia y acercar la justicia a los ciudadanos.

La incorporación de estos nuevos perfiles especializados permitirá a la DGTDAJ afrontar con mayores garantías los desafíos que plantea la digitalización de la justicia.

Según ha recalcado Justicia, el refuerzo de personal contribuirá a mejorar las prestaciones del servicio público de Justicia, a mejorar la cohesión territorial y favorecerá la conciliación, al facilitar que puedan ejercer sus funciones desde su lugar de residencia, sin necesidad de trasladarse a las ciudades en las que se ubican los servicios centrales de la DGTDAJ.

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Los jurados se enfrentan a un caso muy particular ya que deberán ahora dictar veredicto en torno a un crimen que está marcado por una clave importantísima: el acusado reconoce la autoría.

Se está, como se ha expuesto este mismo martes, ante un “asesinato de manual”.

Todas las partes coinciden en la relevancia de este gesto. En el hecho de que el llamado S.A.M. no solo acudió a la Policía Nacional a confesar el asesinato cuando el procedimiento estaba bajo secreto de sumario y por tanto nada se sabía de las investigaciones en curso, sino también en la confesión mantenida en Instrucción y este mismo lunes ante los miembros del Jurado.

El asunto estuvo protegido por la figura del secreto de sumario hasta incluso un mes después de la confesión de los hechos.

Una pistola semiautomática y un disparo mortal

El acusado, que no ha querido hacer uso de su derecho a la última palabra, se ha aferrado durante todo este tiempo a la misma máxima: él mató a Yalal ‘loco’ y lo hizo con una pistola semiautomática para la que no tenía licencia de armas.

Todas las partes han significado ante el Tribunal del Jurado que precisamente esa confesión mantenida es la que ha permitido el esclarecimiento del crimen.

Lo que ha ocurrido en la jornada de hoy ha marcado un nuevo panorama al renunciarse a todas las testificales menos a la declaración del médico forense y a un miembro de la Policía Nacional de Balística.

Así se ha verificado que la víctima murió de un disparo que le generó una hemorragia severa sin que diera tiempo a reparar las mortales consecuencias. Falleció por ese disparo que le desgarró la aorta.

El integrante de la Policía Nacional de la Unidad Científica ha confirmado que el disparo se hizo con un arma semiautomática, con munición de calibre 9 milímetros parabellum. El ataque fue dirigido hacia el coche.

Un caso "claro" para los jurados

Los jurados, una vez reciban el objeto del veredicto, se enfrentan a un asunto que “está claro”, como ha resaltado la Fiscalía, ya que el propio acusado ha reconocido los hechos.

Además, queda concretada esa “alevosía” ya que lo mató sin que la víctima pudiera defenderse haciendo uso de un arma para la que no tenía licencia.

Yalal ‘loco’ no pudo reaccionar ni defenderse, por eso se está ante un asesinato que todas las partes señalan.

El reconocimiento del crimen incidirá en la calificación jurídica, en la pena que dicte el magistrado Fernando Tesón, ya que se ha tratado de un gesto “útil” sin que sea habitual contar con este tipo de testimonios.

No solo existe esa declaración, sino que la manifestación del forense y del agente del CNP vienen a corroborar ese testimonio.

La "utilidad" del reconocimiento: la clave

La Defensa de S.A.M. ha resaltado ante el Jurado que su cliente ha confesado hasta en tres ocasiones los hechos, debiendo tenerse en cuenta la “utilidad” de ese reconocimiento ya que, precisamente, ha motivado que hayan sido necesarias más pruebas.

Se está ante “datos objetivos”: existió un asesinato, la víctima no pudo defenderse y ha existido colaboración para que el procedimiento pueda llegar a su fin.

Es un “asesinato de manual”, ha referido la propia Defensa que ha insistido en que el acusado nunca ha querido “desvirtuar la realidad” de unos hechos por los que deberá pagar.

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La conferencia trata el aumento de los juicios iniciados por consumidores y clientes, una situación que, según Pedro Vela Torres, magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, es grave en España y provoca el colapso en las instancias judiciales.

Este asunto radica de una directiva aprobada que, hasta el año 2008, no fue, por lo general, tenida en cuenta. Esta versaba sobre los clientes. Ya se hablaba de dos controles a la hora de firmar contratos, el de incorporación y el de abusividad.

Estos dos filtros consisten, el primero, en que el consumidor sepa con antelación cuáles son las cláusulas del contrato y sopesar su contenido y, el segundo, la determinación de aquellas partes del acuerdo que no han sido negociadas y que provocan un desequilibrio entre los derechos y obligaciones del contratante parte que contrata el servicio.

A estos mecanismos se ha agregado otro más reciente, el de transparencia. Es decir, la comprobación de que el consumidor ha sido informado del contenido del acuerdo que se va a firmar y asegurar que lo ha entendido.

La directiva legislativa relativa a clientes nació con la finalidad de garantizar los derechos de este ya que, en principio, se veía en situación de desventaja. Eran las empresas de telefonía, banca, luz o agua las que imponían sus condiciones sin que hubiera nada que hacer. Sin embargo, los tribunales son los que, a través de propuestas, han añadido modificaciones para afrontar los problemas actuales.

Crisis de 2008

La irrupción de la crisis de 2008 ha sido el punto de partida de un giro y, lo que surgió como un apoyo, se ha transformado en una fuente de numerosos juicios que han congestionado las salas judiciales civiles, tal y como apunta Vela.

Un ejemplo de ello es que, hace unos años, se llevaban a cabo 4.000 procedimientos en un año en este sentido. Actualmente, en lo que va de 2024, van a ser más de 16.000 casos en España. Ello se traduce en un incremento del 400%.

A ello se suman las distintas legislaciones en cada país o zona de Europa. Ello implica que, cada dictamen orientativo por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea debe ser adaptado posteriormente a el orden jurídico de cada nación.

Es esta la razón por la que, ante las problemáticas surgidas a raíz de los juicios por contratos, sobre todo vinculados a la cláusula suelo, los magistrados sugirieron diversos cambios para poder enfrentarse a estos casos y darles una salida.

Vela asegura que ello plantea nuevas cuestiones al no existir un procedimiento que sea común en todos los países. “Parece que el problema nunca se cierra”, ha señalado.

La llegada de la crisis económica y del euro provocaron que más reclamaciones arribaran a las salas judiciales. Lo que en un primer momento pasó desapercibido, con la pérdida de capacidad económica y de empleo, los consumidores descubrieron la existencia de la cláusula suelo y de lo que ello suponía para sus bolsillos.

Las personas que se quedaban en paro no podían pagar las cuotas de sus hipotecas. Ante el impago surgía un problema para ellas: su banco aplicaba un tipo de interés, una moratoria por la que la tarifa a entregar subía.

Otra de las condiciones por las que comenzaron a usar la vía judicial fue el llamado vencimiento anticipado. Ello quiere decir que a estos clientes se les exigía resolver todas las cuotas que les quedaban por pagar aún.

Nacimiento del control de transparencia en contratos

“Eso implosionó el sistema. Miles de reclamaciones”, ha indicado. A raíz de estas circunstancias es cuando se crea el control de transparencia ya que la justicia no podía servirse del filtro de abusividad. Este no permitía ningún tipo de intervención en el precio y la prestación estipulada por el banco.

Ello significa que estas cláusulas monetarias deben superar el mecanismo de transparencia. Si el consumidor no es informado ni es consciente de lo que estas cantidades y requisitos suponen para su economía, la cláusula puede entrar en un proceso de reclamación por parte del cliente.

Al no conseguir atravesar este filtro no se anula esa condición del contrato. Más bien ello permite poder revisar si hay abusividad en estos requerimientos que, en principio, no habían sido examinados por esta cuestión.

Un ejemplo de ello sería que, un cliente que paga durante 27 años la hipoteca y deja de hacerlo durante cinco cuotas, se le aplique el vencimiento anticipado. Este caso podría tratarse en los juzgados como un suceso abusivo.

Además de la anulación, tampoco pueden modificarse estas cláusulas. Es esta la razón por la que, si el cliente no puede hacerse cargo de este dinero extra marcado por el tipo de interés variable en la moratoria, no lo hará, pero sí tendrá que pagar el remuneratorio, es decir, el propio pago del préstamo fijo.

Contexto español

La clase media accedió masivamente a la vivienda a través de préstamos, unas concesiones que se otorgaban porque, a fin de cuentas, los bancos en la peor de los escenarios, se aseguraban de contar con su dinero. Si el impago proseguía, el propio piso podría ser adquirido y vendido para cumplir con este pago. “España es el segundo país con más propietarios”, ha especificado el magistrado.

Se permite que el demandante en ninguna de las fases participe y declare la abusividad de las cláusulas. Por tanto, un procedimiento que se cerró sin su involucración, puede volver a abrirse tiempo después. Ello hace que se atrasen los procedimientos de otras cuestiones civiles como lo son los divorcios.

Vela propone como medida para frenar esta congestión recurrir a otras vías que no sean judiciales para resolver estas cuestiones o presentar demandas colectivas en lugar de individuales a través de instituciones competentes. Es decir, que, todas estas reclamaciones de una misma naturaleza, sean llevadas a juicio por grupos en lugar de manera individualizada.

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