Así, la primera salida fue sobre las 22:40 horas, cuando cinco profesionales del equipo de Bomberos, en dos vehículos, acudieron a Juan Carlos I para apagar las llamas que se habían originado en un coche. No fue un acto vandálico, sino un fallo en el motor, tal y como han explicado a El Faro sus propietarios. Pudo incluso ser una tragedia, ya que han contado que el conductor del coche pudo salir momentos antes al ver que algo no funcionaba.

En concreto, según han contado, por la tarde fueron al mecánico "y todo iba bien", pero ya más tarde y de vuelta a casa el coche "empezó a sacar humo". El conductor no se dio cuenta, pero las personas que le veían le avisaban de lo que ocurría, por lo que ya se paró, salió del coche y poco más tarde explotó el motor, que tuvo un fallo. Cuando Bomberos acudió, empleó 1.000 litros de agua en un servicio que concluyó a las 23:10 horas.

No habían pasado ni cinco minutos de terminar ese servicio cuando se alertó de otro, en este caso en la zona del Polígono La Chimenea, cuando se registró una quema de rastrojos en la que el equipo de Bomberos empleó una media hora, también movilizando a cinco profesionales del SEIS en dos vehículos, con otros 500 litros aproximadamente de agua empleados.

De esta forma, se ha repetido esta quema de rastrojos e hierbas que comienza a ser habitual y que no cesa, sea cual sea la estación del año, sea cual sea la hora. Ha sido esta una semana intensa para Bomberos con salidas en todas las noches, especialmente centrados en la barriada del Príncipe, donde se tuvo que actuar tres noches consecutiva en la calle Fuerte. 

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El fin último de esta iniciativa que promueven desde Fomento y Turismo es el de conseguir, de esta forma, el mejorar las condiciones mediante las que se puede acceder al recinto en cuestión. Estas condiciones estarían destinadas a mejorar tanto para el tráfico rodado como peatonal. La forma de conseguirlo, en principio, sería mediante el asfaltado de los dos ramales que conectan la zona con la avenida Tarajal.
También ocurriría lo mismo con la continuación del acerado paralelo en el ramal principal, que sería precisamente el situado más al norte y el cual, en la actualidad, también presenta ciertas deficiencias que, tal y como apuntan desde la Ciudad y por lo que pretenden llevar a cabo este proceso de mejora, precisan de ser subsanadas. Todo ello, prosiguen en su comunicado, se hará además de por todo lo anterior, también con el propósito de mejorar las condiciones para la accesibilidad de dichas entradas al recinto previamente mencionado.

Las obras cuentan con un presupuesto total de 62.260 euros, ha explicado el Gobierno de Ceuta. Están pensadas para llevarse a cabo con un plazo de ejecución de tres meses según han indicado, asimismo, sus promotores. Una actuación que, como han anunciado, ha sido finalmente adjudicada a Construcciones y Obras Farkhani.

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La licitación será exclusivamente electrónica y el presupuesto asciende a 80.000 euros, siendo el plazo de ejecución de tres meses, conforme a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la contratación.

Con esta intervención se pretende mejorar las condiciones de acceso al recinto tanto de tráfico rodado como peatonal mediante el asfaltado de los dos ramales que conectan con la Avenida Tarajal y la continuación del acerado paralelo en el ramal principal, el situado más al norte, que ahora mismo se encuentra incompleto y en evidente estado de deterioro.

Asimismo, se procederá al asfaltado de ambos ramales, que cuentan con un acabado de hormigón que presenta numerosas irregularidades. Todo ello respetando las dimensiones que presentan en este momento, que tras la intervención y culminando las zonas inacabadas, quedarán más definidas.

Del igual modo, se continuará el acerado existente, con acabado de hormigón impreso imitando el corte de la piedra irregular, que se considera un material adecuado en este caso por sus capacidades de resistencia y durabilidad, así como sus propiedades de antideslizamiento y la facilidad de limpieza que permite.

Por último, se sustituirán los quitamiedos metálicos actuales situados en el ramal secundario, que se encuentran inservibles para cumplir su función, por un nuevo modelo, de hormigón armado.

El plazo para la presentación de proposiciones finaliza el próximo día 27 de mayo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público.

Hay que indicar también que uno de los objetivos de la Consejería de Fomento y Turismo es impulsar las licitaciones electrónicas de obras públicas necesarias para contribuir a la recuperación de la actividad económica y social de la ciudad.

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La nueva ruta canalizaría la entrada y salida de porteadores por el ‘Tarajal I’

La Unidad Central de Seguridad Privada de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana acaba de remitir a los presidentes del ‘Tarajal I’, Chimenea y Alborán el informe de idoneidad sobre los planes de seguridad presentados. En el mismo se plantean una serie de objeciones y recomendaciones que deberán rectificar para su definitiva implantación y, en la cual, ya se encuentran trabajando. Dicho informe distingue una ausencia en la ubicación de las medidas o elementos físicos específicos relativos a la canalización de los flujos de personas, así como una descripción más exhaustiva relativa a las medidas de seguridad concretas a adoptar. “Se aprecia que en los tres planes se hacen propuestas o se aconseja la disposición de determinadas medidas o actuaciones, cuando quizás lo acertado sería describir las medidas concretas, ya sean de tipo personal organizativas físicas y electrónicas, y en su caso dedicar otros apartados a las posibles medidas de mejora”, reza el documento.
El informe emitido alude, además, a la recomendación de construir un Departamento de Seguridad “para los cuatro polígonos” que conforman el Tarajal, al frente del cual se encontraría el Director de Seguridad, “que se encargaría de la supervisión y la correcta aplicación de los Planes de Seguridad analizados”. Una figura que aspiraría a convertirse en el “interlocutor válido” en sus relaciones con la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad conforme a los dispuesto en la Ley 5/2014 del 4 de abril, de Seguridad Privada.

Los planes de seguridad se implantarán a lo largo del presente abril

La ronda de contactos que en los últimos meses han mantenido representantes de las comunidades de propietarios y la sede de la plaza de los Reyes parece dar sus frutos. Entre los acuerdos mantenidos por ambas partes, los polígonos acataron la obligatoriedad de presentar su plan de seguridad antes de que finalizase el 2018, requisito fundamental impuesto por la Delegación del Gobierno cuyo incumplimiento hubiese conllevado la apertura de un expediente sancionador que contemplaba desde una multa de 600.000 euros hasta el cierre de todas las naves.

La mancomunidad

La creación de una mancomunidad de propietarios es el fin último de los planes de seguridad. Un proyecto que contempla la anexión de todos los polígonos en uno y situaría a una única persona encargada de gestionar la recaudación y posterior inversión del ‘peaje’ que abonan los porteadores. Un gestor con carácter rotatorio entre las diferentes comunidades de propietarios. Sin embargo desde el principio la ‘Fase II’ rechazó cualquier unión con el resto de comunidades. El polígono de Dadi se niega a renunciar a su propio sistema de financiación (a través del tique que vende a los porteadores), y por tanto, que sea una única persona la encargada de gestionar la recaudación de las cuatro comunidades.

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Tanto los polígonos de Alborán como de La Chimenea siempre se opusieron a la directriz del Gobierno, hasta el punto de que llegaron a los tribunales bajo la advertencia de que se enfrentaban a cuantiosas sanciones por desatender su solicitud. Entre los acuerdos mantenidos por ambas partes, los polígonos acataron la obligatoriedad de presentar su plan de seguridad antes de que finalizase 2018, requisito fundamental impuesto por la Delegación del Gobierno cuyo incumplimiento hubiese conllevado la apertura de un expediente sancionador que contemplaba desde una multa de 600.000 euros hasta el cierre de todas las naves.

De esta forma, los dos polígonos más conflictivos en este asunto han puesto de manifiesto su voluntad de contribuir y sumar para que la contratación del plan de seguridad, un asunto enquistado desde hace años, se solucione de forma definitiva. La Fase II fue el único polígono en cumplir con las indicaciones de la Delegación del Gobierno acerca de la obligatoriedad de contar con un plan de seguridad y, hacia finales de 2017, gravar con una tasa el tránsito de mercancía a Marruecos que cruza su recinto.

Se extenderá un único ticket que permitirá el libre tránsito entre todos los polígonos

En aquel momento, la Fase I también amagó con sumarse a la propuesta del polígono colindante sin que fructificase, hasta que la semana pasada depositó el suyo ante la Delegación del Gobierno. Las instancias competentes tendrán que determinar ahora si cumple con los requisitos contenidos en la normativa vigente, al igual que el recién registrado por La Chimenea.

El método de financiación de la seguridad sería a través de un pago aún por definir. No obstante, la intención es incrementar el ‘peaje’ que abonan los porteadores, en base al proyecto planteado para todas las naves. De esta forma, con un único ticket podrán trabajar libremente por los diferentes polígonos. Tampoco estaría en una zona pública como ocurre en la actualidad con el ‘Tarajal II’, sino que se acomodaría dentro de los polígonos. La recaudación se destinaría a sufragar la seguridad y, una vez satisfecho su coste, el resto se invertiría en introducir mejoras en los polígonos, también en materia de seguridad, que comprenderían desde una renovación de las infraestructuras a la introducción de cámaras de vigilancia.

Una mancomunidad de propietarios con un único gestor

La creación de una mancomunidad de propietarios es el fin último de estos planes de seguridad, intención manifiesta desde la Delegación del Gobierno teñida de obligatoriedad. Un proyecto que conllevará a que todos los polígonos se anexen y cuenten con una única persona encargada de gestionar la recaudación y posterior inversión del ‘peaje’ que abonan los porteadores. Un gestor con carácter rotatorio entre las diferentes comunidades de propietarios. Asimismo, la idea planteada por la sede de la plaza de los Reyes es que esta mancomunidad se organice antes de que comiencen a funcionar los diferentes planes de seguridad para que, con el inicio de los mismos, ya se encuentren anexados.

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La Fase I y la Fase II del Tarajal han resuelto caminar juntos en el diseño del plan de seguridad para sus polígonos, el cual ha sido largamente demandado por la Delegación del Gobierno. Bilal Dadi, presidente de la Fase II, adelantó que este dispositivo restringirá el acceso al paso Tarajal II y a la Puerta Norte ya que los únicos comerciantes que tendrán derecho a pasar sus mercancías a Marruecos por esos dos puntos serán aquellos que contraten la seguridad. Los promotores del plan de seguridad quieren tenerlo listo en 15 días ya que la plaza de los Reyes les puso un plazo que rechazan incumplir.
Los dos polígonos que en estos momentos trabajan en ese sentido han resuelto la instalación de una puerta que “aislará” a los otros dos restantes que se han opuesto a los requerimientos de la Delegación. Este acceso, como avanzó Dadi, “segmentará” los polígonos por la zona donde se encuentra el antiguo puente del Biutz. Serán los vigilantes de la empresa que contraten las fases I y II quienes se ocupen del control de la entrada y salida por esa puerta. No obstante, este portavoz sí precisó que si La Chimenea y Alborán se unen a ellos, los impulsores del plan de seguridad lo ampliarán para darles cabida y coordinar así entre todos la salida por Tarajal II y Puerta Norte.
Pero las medidas que emprenderán sendos polígonos no cesan ahí. El presidente de la Fase II desveló que preparan una modificación de la normativa que les regula a través de la cual ejercerán el control del tránsito (entrada y salida) de personas y mercancía “legal que sea de propietarios, de comerciantes de los polígonos”. Su propósito es acabar con la potestad malinterpretada por aquellos que entienden que pueden descargar vespas y camiones sin comprobación alguna. Al tratarse de un recinto privado, apostilló Dadi, en su zona tan solo entrarán las mercancías de comerciantes “dados de alta legalmente en nuestros polígonos”.
Para su comprobación la factura tendrá que coincidir con la empresa donde el vehículo va a descargarla y, aunque concuerden, “si nosotros sabemos que es fraudulenta, esa vespa o camión no entra”. A partir de ese momento, la Policía se podrá llevar el cargamento para ejecutar el correspondiente registro, proceder a su identificación y, cuando la autoridad dé el acuerdo, recibirá paso. Aunque admiten que no acabarán con la totalidad del fraude, Dadi estimó que con estas medidas pueden reducirlo en un 70 o 80 por ciento aunque su horizonte es acabar con el bulto de las consignas irregulares que, denunció, ejercen una competencia desleal.
La implantación de un ‘peaje’ a la mercancía facilitará la financiación de la seguridad privada. La mecánica consistiría en la entrada del cliente, que cogería la mercancía, saldría y, al llegar al paso, pagaría una tasa de “uno o dos euros”, como la resumió el presidente de la Fase II. La empresa a la que han encargado el proyecto tiene implantación “nacional”, está “libre de deudas”, carece de “vinculaciones políticas” y, sobre todo, se ha comprometido “a contratar a personas de Ceuta”.
Las fases I y II respondieron 'sí' al plan de seguridad exigido por la Delegación del Gobierno, sin embargo, es un asentimiento “con condiciones”. ¿Cuáles? “La apertura de la Puerta Norte porque, si la Administración General del Estado no la abre, no habrá seguridad en nuestros polígonos”, advirtió Dadi. En la reunión que los presidentes de los propietarios mantuvieron con Nicolás Fernández Cucurull, el delegado se comprometió a cumplir con este asunto que los comerciantes consideran “innegociable”. Esta es la “base” de todo el proceso iniciado por las fases I y II ya que sus empresarios “buscan clientes” que adquieran sus artículos, “no porteadores”.

El plan de seguridad, abierto a La Chimenea y Alborán

Los polígonos de La Chimenea y Alborán tienen oportunidad de sumarse al plan de seguridad que desarrollan las fases I y II con una empresa de seguridad privada, de modo que serían partícipes de la organización proyectada, hasta el momento, por solo dos de los cuatro polígonos del Tarajal. El 50 por ciento de los empresarios que rehúsan formar parte del proyecto ya manifestaron su negativa con anterioridad. Empresarios y Delegación del Gobierno acordaron a finales de julio la entrega del plan de seguridad en septiembre. Un instrumento que incluye, entre otros aspectos, el número de vigilantes necesarios, por dónde circularán los porteadores o los protocolos en caso de emergencia por si ocurriese una desgracia, algo que nadie desea. Las fases I y II están decididas a cumplir con los plazos marcados por la institución de la plaza de los Reyes, organismo al cual entregarán este ordenamiento del porteo en sus instalaciones. La Administración General del Estado remitirá este proyecto a la Policía Nacional, que se encargará de su aprobación definitiva y firma para que comience a funcionar, o bien, proponga las mejoras a acometer en el mismo. Las fases I y II confían en el trabajo de la empresa con la que han contactado.

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Los empresarios de los polígonos de La Chimenea y Alborán, en el Tarajal, exigieron ayer la apertura de la Puerta Norte –acceso que conecta la frontera con las naves–. Sus presidentes, Mohamed Ahmed y Achraf Benaisa, respectivamente, explicaron que, en días de poca afluencia de vehículos, los clientes suelen entrar y salir a pie por ahí para realizar pequeñas compras en las naves lo cual “aviva la economía que, de por sí, ya está muy tocada”.
Estos representantes criticaron el “capricho de la Delegación del Gobierno y la Ciudad Autónoma” de que la Puerta Norte permanezca cerrada, una medida que está provocando quejas por parte de los comerciantes y compradores que tienen que dar un rodeo hasta llegar a los almacenes.
Por otra parte, Ahmed rechazó que las filas de porteadores que cargan bultos de las consignas irregulares  discurran dentro de los polígonos porque esa mercancía, destacó, “es ajena a los empresarios del Tarajal” y procede de las “consignas ilegales”. El presidente de La Chimenea destacó que no van a admitir que las colas hacia el ‘Tarajal II’ pasen por dentro del recinto y, en todo caso, instó a las autoridades a “que las hagan fuera” de los polígonos.
Para hacer visible su malestar con el auge de los bultos que califican de fraudulentos así como por aquellas naves convertidas en consigna irregulares, tanto La Chimenea como Alborán han colocado pancartas con la que manifiestan su postura. “Queremos que las autoridades tomen cartas en el asunto y eliminen esta competencia desleal que está acabando con nuestros negocios”, denunciaron de forma pública Ahmed y Benaisa. Ambos solicitaron la colaboración de las administraciones.

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El polígono de Alborán ha presentado un recurso de alzada contra las resoluciones de la Delegación del Gobierno en las que insta a los empresarios a elaborar un plan de seguridad que contempla una dotación de vigilantes de seguridad.
La Chimenea tiene previsto emprender las mismas acciones que su compañero de recinto ya que el Gobierno de la Plaza de los Reyes remitió notificaciones individuales a cada uno de los polígonos con la misma exigencia. Sus representantes consideran que tanto la Fase I como II también impugnarán esas resoluciones gubernamentales.
Si agotan la vía administrativa sin un resultado favorable a sus pretensiones, los comerciantes están dispuestos a acudir al Contencioso Administrativo, “porque es ilegal la adopción de esa medida” por parte de la Delegación del Gobierno, según sus representantes.
Los empresarios relativizaron que sea de su competencia responsabilizarse “del orden público porque ese cometido pertenece al Estado”.
El recurso de alzada interpuesto por Alborán, según su portavoz, está fundamentado en la normativa de seguridad y niegan que estén obligados a sufragar la seguridad privada en el recinto donde están afincados sus negocios. Los empresarios están convencidos de que la razón obra en su poder.

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