Precisamente la agravante de reincidencia es la que ha pesado para que la Fiscalía se opusiera a una posible suspensión de la condena. Fue el mismo criterio que lo llevó a prisión preventiva tras su puesta a disposición judicial el pasado 20 de agosto.

F.B. ya fue condenado por el Juzgado de lo Penal 1 por otro delito similar y consumado. Aunque en este no terminó de llevarse a efecto, se ha evidenciado esa reiteración en las prácticas delictivas del mismo corte.

El acusado, que fue conducido esposado por la Policía Nacional, reconoció los hechos y asumió la pena impuesta por la magistrada, lo que evitó la celebración de la vista oral que había sido señalada para este jueves al aplicarse la figura jurídica de la conformidad.

¿Qué es lo que sucedió?

F.B. asumió que en la noche del 20 de agosto se encontraba en las inmediaciones de la playa de Benítez, en donde intimidó a otro compatriota residente en el CETI para apropiarse, sin éxito, de su teléfono móvil.

Dijo que lo iba a matar mientras le increpaba utilizando para ello una llave.

La Policía Nacional lo detuvo y al día siguiente entró en prisión preventiva, ya que contaba con antecedentes, además de que, siendo un súbdito argelino, existía el riesgo de fuga y reiteración delictiva si era puesto en libertad.

El joven, que necesitó de la ayuda de un intérprete, escuchó la relación de hechos probados, los reconoció y atendió así la condena impuesta, algo rebajada respecto de la inicialmente solicitada por la Fiscalía de dos años de cárcel.

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Y no solo hizo eso, sino que en una de esas ‘visitas’ acudió conduciendo un vehículo sin tener carné.

Ahora la magistrada titular del Juzgado de lo Penal número 1 le ha condenado por la comisión de dos delitos leves de daños a multas de 1 mes con cuota diaria de 5 euros, además de incurrir en un tercer delito contra la seguridad vial en la modalidad de conducción sin permiso.

A esa condena añade el abono de 686 euros en concepto de responsabilidad civil por los daños ocasionados en expositores y mercancía producto de esos sucesos correlativos acontecidos.

¿Qué es lo que ocurrió?

La historia que ha terminado con esta resolución judicial se retrotrae a marzo de 2023 cuando, en distintos días, el hombre acudió al establecimiento para causar daños e intimidar a los responsables con amenazas sin que existiera una razón para ello.

En una de esas incursiones acudió conduciendo un vehículo tipo furgoneta cuando no podía hacerlo porque se le había retirado el permiso. Una medida que conocía ya que se le había notificado.

El hecho del que ya condenado reconociera la comisión del delito llevó a que pudiera aplicarse la figura jurídica de la conformidad, sin que fuera necesaria la celebración de la vista oral para la que se habían citado a distintos testigos.

El acuerdo entre las partes permite este tipo de condenas dictadas in voce, toda vez que se ha contado con el reconocimiento expreso de la comisión del delito por parte de la persona que figura como acusada en el procedimiento.

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Aquello nunca se esclareció, pero sí la autoría de los daños que se ocasionaron el día anterior tras la incursión en las instalaciones de dos varones para, presumiblemente, efectuar una sustracción que resultó frustrada.

El pasado julio se pudo condenar a uno de esos implicados en los daños ocasionados al romper una cámara de vigilancia, imponiéndose una multa de 1 mes con cuota diaria de 5 euros por delito leve de daños.

El otro acusado sigue fugado de la justicia, en busca y captura. Este jueves se celebró vista judicial en ausencia del prófugo tras varias suspensiones. Y se hizo en el Juzgado de lo Penal número 1 para mantener que el llamado M.S. había actuado de común acuerdo con el ya condenado, ya que ambos quedaron plenamente identificados en las grabaciones obtenidas de cámaras de seguridad.

Fiscalía pide que se le condene a esa misma pena por la comisión de un delito leve de daños además del abono de 115 euros en concepto de indemnización por los destrozos que provocó.

Lo que recogieron las cámaras de seguridad

 La Defensa argumentó que su patrocinado no había estado en el lugar, pero las grabaciones lo sitúan en ese espacio físico y temporal. Tanto él como el ya condenado accedieron tras pasar por un arbusto a un garaje hasta colarse finalmente por la ventana que daba a un baño.

Dentro del edificio judicial rompieron una cámara de vigilancia, pero no lograron llevarse en ese momento nada porque aún quedaban trabajadores en el interior que los sorprendieron.

En un principio, se les acusaba de un delito de robo con fuerza en local fuera de las horas de atención al público en grado de tentativa, así como de un delito leve de daños por el que se les pedía 1 año de prisión y 3 meses multa con cuota diaria de 10 euros.

No se les pudo vincular con el robo de dos ordenadores ocurrido en un episodio delictivo registrado solo 24 horas más tarde. El juicio quedó visto para sentencia.

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El Congreso de los Diputados aprobó el pasado 14 de noviembre la Ley de eficiencia del servicio público de justicia.

Una enmienda del PNV al texto y votada por error por Bildu y ERC, va a permitir un cambio en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la LECrim, con el que se van a agilizar los desahucios en casos de ocupación por allanamiento de morada.

La modificación, que se ha bautizado popularmente como nueva ley antiokupas, ya consta en la Ley de Eficiencia de la Justicia que se ha remitido al Senado.

Juicios rápidos para echar a los okupas

La enmienda presentada por el PNV plantea modificar el artículo 795.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que los delitos de usurpación de morada, regulado en el artículo 245 del Código Penal, y allanamiento de morada, recogido en el artículo 202 del mismo texto legal, pasen a tramitarse mediante el procedimiento abreviado, también conocido como juicios rápidos.

Este cambio busca acelerar la resolución de estos casos, incluyendo los desahucios que puedan derivarse de ellos, tal y como informa COPE.

El procedimiento abreviado es un mecanismo procesal penal diseñado para agilizar la instrucción, el juicio y la resolución de delitos específicos. Se aplica a aquellas infracciones que conllevan penas de hasta nueve años de prisión, según lo establecido en el artículo 757 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En el caso de los desahucios tramitados bajo este procedimiento, una vez que el infractor es detenido, el juez está obligado a convocarlo a comparecer en un plazo máximo de 72 horas.

Durante este tiempo, la policía judicial se encarga de elaborar los informes y recopilar la documentación necesaria para avanzar en el proceso.

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Este juicio ha finalizado con la lectura de los informes de todas las partes, así como el derecho a la última palabra que rechazó la acusada.

El primero en comenzar con su informe ha sido el Ministerio Fiscal que ha solicitado una sentencia condenatoria ya que a su juicio han quedado acreditado los hechos.

Mantiene que la acusada, durante su relación laboral con la entidad Notarios de Ceuta SC, se apropió de diversas sumas de dinero entre el 1 de enero de 2016 y el 19 de enero de 2012, aprovechándose de la confianza que los notarios depositaron en ella.

Así, considera que queda probado que, mediante la manipulación del sistema informático Óptima, y ocultando los cobros en una carpeta denominada "facturas especiales", la acusada desvió cantidades por un valor estimado pericialmente en, como mínimo, 292.327,94 euros, sin que estos cobros fueran reflejados en la contabilidad oficial de la notaría, siendo incorporados a su patrimonio personal.

En cuanto a la declaración de la acusada, Fiscalía ha recalcado que, a pesar de su declaración exculpatoria, “consideramos que su intento de eludir responsabilidades carece de fundamento y credibilidad”.

Además, el Ministerio Público ha señalado al tribunal que la acusada ha variado “sustancialmente el contenido de lo declarado durante el plenario en comparación con sus manifestaciones ante el juez de instrucción”.

“Allí apuntó a que las causas del descuadre contable podían deberse a una triple causa: que otros compañeros pudieran haber cogido el dinero, que la caja se encontraba en un lugar accesible y el dinero podía haber sido sustraído por un tercero, así como al hecho de que los gastos de la notaría (correspondientes a libros jurídicos, taxis o limpiadora) se detraían de la caja que custodiaba”.

“Sin embargo, en su declaración ante este tribunal negó que el dinero pudiera faltar por algunas de dichas razones, aduciendo que, en su opinión, no faltaba ninguna cantidad porque todo se trata de un error contable y que el sistema informático podía haber fallado creando supuestos descuadres”.

Fiscalía cree en una sentencia condenatoria

Para el fiscal, no hay duda de que tiene que recaer una sentencia condenatoria porque “los testimonios testificales y la abundante prueba pericial han demostrado que tales afirmaciones son inconsistentes”.

De las declaraciones de los notarios, Fiscalía ha señalado que coincidieron en exponer que, al tener “delegadas en sus empleados” las funciones del programa informático, “desconocían” que existiera un apartado sobre facturas especiales hasta el 9 de enero de 2012, cuando descubren “el desfalco” a partir de la factura 1866 emitida a la constructora Al Andalus.

Sobre la actitud de la acusada el día que le comunicaron su despido y las razones del mismo, Fiscalía señala que los notarios coinciden en que “estaba tranquila y no aparentó sorpresa”, que el resto de empleados siguen trabajando en la notaría puesto que jamás “han dudado de su probidad” y que fueron indemnizados por Berkley Insurance salvo en la cuantía correspondiente a la franquicia.

“Especialmente significativa fue la anécdota contada por uno de los notarios, quien habiéndose destapado ya el asunto internamente, pero desconociéndolo la acusada, el 12 de enero de 2012 le preguntó por un billete de 500 euros que unos hermanos habían entregado por una provisión de fondos, billete que no se encontraba en la caja metálica sino en un sobre que la acusada tenía guardado y oculto en su puesto de trabajo”.

Los notarios confirmaron que se reunían una vez al mes para hacer las liquidaciones y comprobar las cuentas y lo hacían pidiendo el listado de facturas cobradas, las pendientes de cobro, hojas de caja, los extractos de los ingresos bancarios y el listado de gastos.

“Obviamente era imposible que detectaran el desfalco en esas reuniones mensuales toda vez que las propias hojas de caja estaban viciadas de origen ya que eran elaboradas por la persona responsable de las sustracciones de dinero, que omitía en las mismas incluir las cantidades apropiadas, y que no contaban con la información de las facturas especiales, que eran desconocidas por ellos mismos y el resto de empleados”.

Fiscalía ha querido destacar que no se puede dejar pasar por alto el contexto económico durante el cual se produjeron los hechos, eran los años del boom inmobiliario, había mucho volumen de trabajo en la notaría y las cantidades “apropiadas correspondientes a las 295 facturas especiales no representaban, en realidad, un porcentaje importante de las beneficios totales, lo cual unido a un exceso de confianza en la acusada y a la ausencia de mecanismos de control propició que el desfalco pudiera pasar desapercibido durante muchos años”.

“La acusada ideó dos sistemas para apropiarse de fondos: uno era no apuntar en la hoja de caja diaria las cantidades cobradas en metálico correspondientes a las provisiones de fondos y quedarse con el dinero, y la otra estaba relacionada con el cobro de cheques entregados en pago por las gestorías, en cuyo caso las asignaba a facturas abonadas en metálico quedándose con su importe, es decir, camuflaba facturas pagadas en metálico con otras abonadas mediante cheque, metiendo el importe de las mismas en el apartado especiales”.

En el mismo sentido, sobre las declaraciones de los restantes testigos y empleados de la notaría, Fiscalía ha afirmado que “corroboraron las declaraciones de los notarios, coincidiendo en la concreción de las funciones de la acusada, en que ella era la persona encargada de la caja y los cobros, en que gozaba de la confianza de los notarios y en el desconocimiento de la pestaña de facturas especiales”.

“Es más, preguntado a uno de los notarios sobre si existía alguna supervisión o control del libro de provisiones de fondos, manifestó que no existía porque ella gozaba de la máxima confianza y que piensa que la acusada se aprovechó de ello”.

“Los empleados de la notaría mencionaron que no accedían al programa Óptima con perfiles propios, sino que usaban una contraseña y usuario común para todos, y que dicho programa funcionaba de manera satisfactoria sin generar problemas”, ha detallado.

Particularmente revelador ha sido para el fiscal el testimonio de uno de los trabajadores, que, como representante sindical, estuvo presente en el momento de la notificación de la carta de despido a la acusada, quien no mostró actitud de sorpresa ni hizo ningún gesto, lo cual “sugiere que era consciente de las irregularidades que se le imputaban”, ha señalado.

Sobre la declaración de los peritos de la Acusación y Judicial, Fiscalía ha afirmado que dejaron “claros ejemplos” de que la acusada se “apropió del dinero”.

Por todo lo expuesto, Fiscalía entiende que se ha acreditado que “la acusada era la única responsable del registro de provisiones y el manejo de las hojas de caja diarias, y que las irregularidades detectadas se limitaron a las facturas exclusivamente gestionadas por ella. Además, el sistema informático no presentó errores que justificaran tales descuadres, como se ha detallado en el informe pericial”.

Habrá abusado de la confianza que los notarios tenían en ella para cometer actos delictivos en su propio beneficio. Su posición dentro de la notaría y el alto grado de libertad y confianza que le fueron otorgados fueron instrumentales para la realización de su plan ilícito. Este abuso de confianza no solo constituye un elemento clave en la comisión del delito de apropiación indebida, sino que también agrava su responsabilidad penal. La confianza es un pilar fundamental en las relaciones laborales y profesionales, especialmente en entornos que manejan asuntos de tanta relevancia legal y económica como una notaría”, ha finalizado.

La Acusación Particular y Michael Ignatieff

La Acusación Particular se adhirió al informe del Ministerio Fiscal y habló de la alocución de Michael Ignatieff, Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2024, señalando el ejemplo del zorro que el letrado ve semejante al “desfalco” de la acusada con los notarios.

“Se ha producido un ataque directo al patrimonio de los notarios. Empezamos a tirar del hilo y se ha acontecido un escándalo muy grande”.

La Acusación Particular ha seguido en la misma línea y ha puesto varios ejemplos de fábulas para aclarar lo sucedido en esta causa que ha sentado a una empleada de la notaría en el banquillo de los acusados.

Ha explicado que la dilación indebida “es inexistente”. “No ha prescrito porque no se ha cometido el delito fiscal. Pero aquí a quién estamos juzgando a los notarios o la empleada que se ha quedado con el dinero de ellos. Tuvimos prudencia para que esta causa siguiera adelante, ya que nos encontramos con un instructor de la causa que señalaba que era insoportable seguir sin avanzar después de tantos años”.

Asimismo, ha alabado el papel tanto del perito judicial como el de la Acusación Particular, criticando al de la Defensa porque solo “balbuceó sin aclarar nada”.

Sobre la acusada, esta parte ha explicado que solo ha tenido palabras de desvíos, pero no ha seguido una línea de defensa, “no ha mantenido una tesis”.

“Ha tenido tantas excusas que solo nos ha faltado que hoy viniera diciendo que nunca ha trabajado en esa notaría o que nunca ha llevado la caja”, ha ironizado el letrado.

Para terminar, el letrado de la Acusación Particular volvió a ironizar señalando que se reunieron 3 notarios y como no sabían cómo despedir a la empleada “se inventaron un desfalco de 292.000 euros”.

“¿Ustedes se piensan después de ver los 3 notarios que ellos son capaces de hacer todo esto para despedir una señora? ¿Esa tesis tiene lógica? Ellos actuaron como tenían que actuar y lo pusieron en conocimiento de las autoridades”.

La Defensa insistió en el desorden en la notaría

El letrado de la Defensa ha señalado que las dos partes han hecho saber que hay una sentencia en el Juzgado de lo Social pero que eso “no tendría” por qué afectar en esta causa.

Se interesa una sentencia absolutoria, y si existiese una sentencia condenatoria tenía que aplicarse una atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.

Se ha silenciado por las dos partes de la acusadora las trabas que ha puesto la Acusación Particular. “Hemos pedido hasta la saciedad que se pusieran encima de la mesa todas las pruebas”.

“En la causa hay 39 recursos, y multitud documentos para pedir testigos. De todo eso, se nos ha denegado hasta el 90%. En muchas ocasiones hemos tenido que hacer más trabajo de acusación que de defensa”.

“Nos hemos enfrentado a un Vía Crucis continuo para conseguir la documentación. Tenemos que dejar constancia hay una prueba admitida en instrucción y la acusación no ha consentido. Esta prueba era importante ya que se desmontaría el modus operandi, ya que era un testigo que señalaba que había 20 facturas especiales marcada un sábado después de que el viernes cesara un notario”.

El letrado de la Defensa ha seguido insistiendo con el atenuante de la reparación del daño ya que se pagó 40.000 euros y se puso constancia de los notarios. “No existe agravante que expone el Ministerio Público”.

Además, que ya por la aseguradora ha pagado ya 252.000 euros por lo que es “injusto” que los notarios soliciten los “292.000 euros”.

Sobre los hechos, la Defensa ha señalado que ha quedado acreditado que existían 3 cuentas. “Una cuenta profesional, de provisiones y una de cuentas”. “Aquí se ha hablado de cuentas globales, cuando en el de provisión hay ingresos profesionales y nadie ha aportado nada”.

Respecto a las facturas especiales, la Defensa critica que la Acusación tiene que demostrar, pero “no con suposiciones por qué aparece en las facturas especiales”. “Los ordenadores no tenían clave, pero la parte de contabilidad si tenían clave. Ahí no podía acceder la acusada”.

En ese dictado especiales, el letrado señala que qué sentido tiene que hubiera 15 con un importe de 0 euros. “Esas son condonadas, pero aparecían en las cobradas. ¿Cómo se cobra algo a 0 euros?”.

Además, ha señalado que hay 10 especiales en un tiempo en el que la acusada “no estaba trabajando”. “Llegaron a señalar que podría haber un colaborar, pero nadie lo acreditaba. También el perito de la Acusación que no había ni una factura especial cuando ella no estaba, y eso es mentira y así lo hemos acreditado con la documentación”

En la misma línea, ha hablado que existía un “gran descontrol” y que hay 65 facturas que no se puede acreditar de ninguna de las maneras. “No hay documentación de esas especiales, ni un solo papel”.

“Se nos acusado indefensión desde el principio con el modus operandi de la Acusación. Cuando no hay hoja de caja, de dónde se saca el dinero para que esos días haya ingresos en el banco”.

Asimismo, ha puesto encima de la mesa el caso de Al Andalus señalando que era “imposible” que la acusada hiciera ese día la hoja de caja cuando se encontraba en el hospital. “Estaba realizándose una operación quirúrgica y eso está acreditado ahí”.

También ha desconfiado de los listados, ya que hay 134 facturas de pendiente de cobro de los familiares tanto de los notarios como sus empleados. “Cómo puede estar un denunciante en pendiente de cobro de una hipoteca que ya tiene”.

“Otro ejemplo más sobre el descontrol, que está documentado, son casos objetivos. Cuando la acusada estaba de viaje o por baja de enfermedad: ¿Cómo puede haber 86 hojas de caja? Ya lo explicó la acusada que cuando volvía tenía que hacer todo aunque no existiera hojas de caja de algunos días”.

El letrado de la Defensa también ha mencionado “irregularidades” por parte de los notarios. “Por qué no se le puso una trampa a la acusada para pillarla in situ. No hay absolutamente nada”.

Defendiendo a la acusada, el letrado ha señalado que ella no era “la única” que tocaba la caja ya que también lo hacía otro compañero que lo admitió en esta Sala.

Sobre los peritos, la Defensa ha señalado que son peritajes “contaminados”. “El primer perito que estaba en la causa, ya fallecido, tenía trato personal con los denunciantes, así como el señor que declaró ayer de parte. Además, el perito actual ha ido mutando, cambiando su discurso según interesaba”.

La acusada: "Ya dejé todo claro"

Antes de quedar visto para sentencia, la acusada ha tenido derecho a la última palabra, pero señaló que “no quiero hacer uso de ella porque ya en mi declaración dejé todo claro”.

Así el tribunal tendrá que dictar sentencia en torno a este asunto para el que se han reservado varias jornadas de vista oral.

Mientras que la Defensa solicita la absolución, por parte de la Acusación se pide una pena de 3 años y medio de prisión, así como multa de 12 meses a razón de 12 euros diarios. En concepto de responsabilidad civil se solicita una indemnización de 292.000 euros

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En sentencia, a cuyo contenido ha tenido acceso El Faro, se considera probado que el procesado era trabajador del centro de estancia temporal de inmigrantes en octubre de 2019. Fue entonces cuando se ofreció a una de las residentes del centro para llevarla en su coche particular al instituto a donde acudía la hija que esta tenía. En el trayecto le dijo que le gustaba y le propuso mantener relaciones.

Se considera probado que le puso la mano sobre la de ella, mientras esta la tenía sobre su pierna, que llegó a rozar. “Pero no se ha acreditado”, deja claro el tribunal, “la comisión por parte del acusado de acto alguno de carácter sexual que pudiera ser calificado como delictivo respecto de la denunciante”, apunta en la resolución.

Para llegar a esta conclusión, el tribunal ha valorado las declaraciones que pudieron escucharse en el acto de juicio oral celebrado en la Audiencia sin llegar a prueba alguna de que se pudiera haber incurrido en un delito de esta índole.

Se valoraron las manifestaciones de la propia denunciante y acusado, pero también de personal del centro incluido el antiguo director.

Solo rumores

Analizada toda la prueba practicada, la Sala ha considerado que “no es posible alcanzar la más mínima convicción acerca de los hechos denunciados”.

“No existe ninguna prueba de acto alguno atentatorio de la libertad sexual de la denunciante que, en el acto del juicio, no ha podido más que negarlo afirmando que no existió más que una proposición sin forzamiento alguno y sin llegar tampoco a ningún acto sexual”, lo que “ni siquiera se ha intentado”.

Lo que, a juicio de la Audiencia, se deduce de toda la prueba que se practicó en la vista oral es “la existencia de rumores” dentro del CETI contra el acusado y una mala relación con las trabajadoras sociales que, “influenciadas por ello, aconsejaron una denuncia a todas luces infundada y excesiva, que nos lleva a afirmar la inexistencia de pruebas suficientes capaz de desvirtuar la presunción de inocencia que asiste a todo acusado”.

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El magistrado titular del Juzgado de lo Penal número 2 ha sentenciado con 3 años y 2 meses de prisión a la profesora marroquí Fatima B. Considera probado que el pasado 17 de mayo intentó embarcar a bordo de un vehículo modelo Peugeot de su propiedad en cuyas ruedas se habían distribuido 109 bloques de hachís que pensaba destinar a la venta a terceras personas o a su donación.

Su compañero de viaje y de vida sentimental, Yasir A., iba de copiloto en ese vehículo, pero su señoría considera que no hay pruebas que motiven su implicación en un delito contra la salud pública por lo que ha dictado en su beneficio sentencia absolutoria.

“No hay base para pensar que tuviera participación”, expone en la sentencia a cuyo contenido ha tenido acceso El Faro. Los intereses del joven han estado defendidos por el abogado, Jorge Gil Pacheco.

Así termina este caso, con condena y absolución en un juicio que para llegar a su resolución final ha pasado por dos suspensiones previas y una celebración que tuvo lugar la semana pasada.

¿Por qué una condena sí y otra no?

Fatima B. queda condenada, pero dicha pena será sustituida por la expulsión durante 5 años del territorio nacional tras cumplir las dos terceras partes de la misma u obtener el tercer grado de tratamiento penitenciario o la libertad condicional, salvo que se acredite en tal momento el arraigo suficiente en España.

Esta historia, una más enmarcada en las que surgen en torno al tráfico de estupefacientes, enfrentaba a una pareja que centró sus argumentos en negar su responsabilidad en el tráfico de drogas y en culparse mutuamente.

Ambos dijeron no saber nada del alijo de hachís y cada uno buscó en el otro la responsabilidad. ¿Cómo su señoría termina condenando a una sí y a otro no?

En sentencia se alude precisamente al cambio de versiones ofrecido por la ahora condenada, que pasó de atribuir en un inicio la colocación de la droga en su coche al responsable de un taller en Tetuán, a señalar, después, a su exnovio al que dibujó como una persona que le engañó.

Apunta su señoría a la “inverosimilitud y contradicción” de esta versión, lo que “invita a pensar que, obviamente, sabía de su presencia y tenía la intención de pasar la sustancia a la España peninsular para su entrega o venta”.

No es el caso del acusado, del que indica que conociera la existencia del alijo en el vehículo o lo hubiera colocado “no se puede explicar si él mismo no sabía cuándo habría de embarcar para su traslado, duda que desbarata los indicios apuntados de su conocimiento y connivencia”.

En la vista oral celebrada por estos hechos se leyeron las cartas de amor cruzadas que los acusados se enviaron estando en prisión en las que también se evidenciaba ese intento por culpar uno a otro del tráfico de hachís.

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En enero de 2022, los investigadores irrumpieron en la Jefatura Provincial de Tráfico en Barcelona, en donde sorprendieron al llamado M.M.A. realizando el examen teórico para la obtención del permiso B.

Simulaba ser otra persona, en concreto el llamado N.K.A., alias ‘Tayena’, con quien había acordado previamente suplantarle su identidad con el fin de que superara la fase escrita respondiendo a las preguntas del test por él.

¿Cómo lo pudo hacer? Al comienzo del examen aportó y exhibió el DNI de ‘Tayena’, logrando engañar a los responsables del examen. La Policía corroboró también otro caso de usurpación para esta práctica con otro individuo más.

La evidencia de las pruebas ha llevado al dictado de una condena por la comisión de dos delitos de falsedad documental. El Juzgado de lo Penal número 2 le ha impuesto por cada uno de ellos una pena de 6 meses de prisión, así como el pago de una multa de 6 meses con una cuota diaria de 6 euros.

La pena de cárcel queda suspendida durante un periodo de dos años, pero sometida al abono de la multa impuesta.

¿Cómo se descubrió todo?

Cuando la Policía sorprendió al ahora condenado, descubrió que portaba el DNI y el teléfono móvil de N.K.A., sin existir denuncia por la sustracción de ese documento y objeto.

Esta condena se dicta por un caso concreto, pero se enmarca en una investigación que ha llevado a la citación de hasta 40 personas en calidad de investigados por pagar por la realización de ese examen.

Los ceutíes que carecían de permiso de conducir contrataban los servicios médicos en Ceuta para obtener el certificado.

Después, y es aquí donde está la clave de esta investigación, optaban por inscribirse en la Delegación de Tráfico de Cataluña para hacer allí, en concreto en Barcelona, la prueba teórica.

La ecuación no le cuadraba a la Policía. ¿Cómo varones con residencia en Ceuta, además casi todos de la misma barriada, muchos de ellos con amplio historial delictivo, sin vínculos ni familiares ni laborales con Barcelona, terminan supuestamente yendo a examinarse hasta allí?

La respuesta es clara: no iban. Alguien hacía ese examen por ellos. El importante aumento de expedición de carnés de conducir entre delincuentes habituales que habían aprobado el teórico en Barcelona es lo que hizo saltar las alarmas.

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