La situación afecta especialmente a la circulación desde Los Rosales y la avenida Lisboa, cuyos accesos permanecen cortados debido al avance de los trabajos. Los más afectados, los vecinos de Vicedo Martínez.

Esta circunstancia obliga a los conductores a buscar una ruta alternativa para llegar a la zona, con las consiguientes molestias para los residentes.

En estos momentos, la única opción para acceder es un camino de tierra situado justo detrás del centro de menores de La Esperanza. Se trata de una vía provisional que está permitiendo el paso mientras continúan las obras, pero cuyo estado y condiciones ya han despertado las primeras críticas vecinales.

Un camino de tierra en el punto de mira

Uno de los principales motivos de preocupación es el estado del camino alternativo. Los vecinos cuestionan que esta sea una solución adecuada para garantizar el acceso durante el tiempo que duren los trabajos, especialmente teniendo en cuenta las características del terreno y la ausencia de una superficie asfaltada.

Las quejas también se centran en la señalización del recorrido provisional. A juicio de los residentes, el itinerario no está indicado correctamente, lo que puede dificultar que los conductores identifiquen con claridad por dónde deben circular para llegar a su destino. Esta situación añade incertidumbre a los desplazamientos en una zona que ya se encuentra condicionada por las obras.

A estas dificultades se suma la preocupación por la llegada de las lluvias. Los vecinos advierten de que, si las precipitaciones hacen acto de presencia, el camino de tierra podría convertirse en una vía prácticamente impracticable, complicando todavía más el tránsito y el acceso a la barriada.

La lluvia, una preocupación añadida

El temor de los residentes es que las condiciones del terreno empeoren con el agua y que el itinerario provisional deje de reunir las condiciones necesarias para permitir una circulación adecuada.

Una situación que, según señalan, podría agravar los problemas que ya están sufriendo durante el desarrollo de los trabajos.

Mientras tanto, las obras de Hadú continúan avanzando por tramos, con el primer sector ya abierto al tráfico y el segundo todavía en ejecución. La evolución de los trabajos mantiene condicionado el acceso a la zona y obliga a los conductores a adaptarse a los cambios en la circulación.

Los vecinos esperan que se tengan en cuenta sus quejas sobre la señalización y las condiciones del camino alternativo, especialmente antes de que las precipitaciones puedan empeorar su estado.

Por el momento, el acceso provisional sigue siendo la opción disponible para llegar a la zona afectada por los cortes.

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Ha denunciado que estas prácticas, además de la competencia desleal que provoca a quienes cumplen con la ley, pueden generar peligro para quienes hacen esos trabajos, habitan las casas objeto de reforma ilegal y los vecinos cercanos.

Merelo ha incidido además en los fallos estructurales derivados de ese tipo de obras.

El consejero responsable del área de Urbanismo, Rafael Martínez Peñalver, no ha obviado la dura realidad que ha repuntado con motivo de la entrada masiva de finales de julio.

“Reconocemos el problema, la presión es mayor ahora”, ha indicado. Ya antes de la entrada masiva había problemas. Estos se constatan con datos estadísticos.

Desde octubre de 2019 hasta la actualidad, se han tramitado 850 expedientes de disciplina urbanística, es decir, una media de 200 al año.

El notable aumento en septiembre con 143 denuncias

Solo en el mes de septiembre se han tramitado 143 denuncias. Un dato de peso, si se compara con esas 200 al año, lo que viene a evidenciar el “gran efecto de la invasión”.

En el 50% de los casos se actúa por oficio, los demás por denuncia particular. El personal es insuficiente a la vista de la proliferación de las obras, lo que hizo que la Ciudad Autónoma solicitara en julio y agosto más plantilla.

Se espera contar con un arquitecto, un arquitecto técnico y un jurídico, para tramitar los expedientes de manera más ágil.

Actuación rápida si la obra se sorprende en plena ejecución

Peñalver ha indicado que la Policía local, el GOA especialmente, está haciendo labores de vigilancia específicas y administrativas. No se ha hecho un protocolo concreto, pero sí prevalece una forma de actuar con Obimace para identificar las obras en ejecución y poner pie en pared.

La Policía informa a Urbanismo lo que ve y prepara un decreto de demolición, para intervenir con rapidez. Si “pillamos la obra en la ejecución” se puede demoler de inmediato, ya que “el problema es cuando está avanzada”.

“La legislación parece que premia a quien hace la obra con celeridad, porque si se consolida lleva un procedimiento judicial que lo eterniza”, ha concretado el consejero.

Vox denuncia que hay barrios que se parecen más a los de Marruecos

Merelo ha indicado que la respuesta que se dé tiene que ser igual de extraordinaria que el problema existente. “La respuesta institucional es insuficiente, las obras ilegales son una constante en la ciudad, ya lo eran antes de la invasión”.

“Si nos damos un paseo por barriadas observamos claramente que su aspecto es más de un barrio de Marruecos que una ciudad española. Esta lacra se ha extendido durante décadas y ahora dicen que van a resolver la problemática”, ha criticado la diputada.

“Cualquier obra ilegal ejecutada ahora mismo va a ser perseguida, si logra consolidarse se tardará mas, pero se actuará”, ha insistido Peñalver.

Hasta el momento “hemos demolido 14 obras, y tenemos en mente continuar”, ha reseñado.

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La Delegación del Gobierno ha aclarado este miércoles que los trabajos responden a actuaciones de drenaje y que no están relacionados con cuestiones de seguridad de las instalaciones, tampoco con la situación de crisis que atraviesa la ciudad.

Mejorar la infraestructura

La intervención tiene como finalidad mejorar las infraestructuras y las canalizaciones encargadas de gestionar el agua, tanto la procedente de la lluvia como aquella que pueda circular por las capas subterráneas.

El objetivo es proteger la carretera y las propias instalaciones frente a posibles daños derivados de la acumulación o filtración de agua.

Además, la llegada de las primeras lluvias hace que esta intervención cobre más relevancia.

Una zanja que atraviesa parte de la zona

En las imágenes puede verse como parte del asfalto ha sido levantado para permitir el desarrollo de los trabajos.

Grandes fragmentos de asfalto y piedras permanecían acumulados junto a la calzada, mientras varias señales de stop balizaban la zona para alertar de la prohibición del paso.

La actuación comienza en las inmediaciones del acceso peatonal de la frontera y se prolonga hacia el interior del paso fronterizo. En la zona se podían observar los trabajos sobre el pavimento y la apertura de una zanja que recorre parte del vial.

No afecta a los traslados

La intervención se realiza en un espacio especialmente transitado, donde a diario pasan numerosos peatones y vehículos vinculados al funcionamiento del paso fronterizo, aunque no afecta a los traslados en ninguno de sus tipos.

Por ello, las medidas de seguridad y la delimitación de la zona de obras permiten mantener el tránsito por los espacios habilitados mientras avanzan los trabajos.

Según ha informado Delegación del Gobierno, las obras se limitan al drenaje, actuaciones que forman parte de las labores destinadas al mantenimiento y mejora de las infraestructuras.

Canalización

La finalidad es actuar sobre el sistema de drenaje para facilitar la evacuación del agua y evitar que esta pueda terminar afectando a la superficie de la carretera.

El correcto funcionamiento de estos sistemas resulta especialmente importante en zonas donde las precipitaciones pueden generar acumulaciones de agua.

Una canalización adecuada permite reducir el riesgo de inundaciones y proteger las diferentes capas que conforman el pavimento.

Prevenir problemas estructurales

Además, este tipo de intervenciones busca prevenir problemas estructurales y evitar que el agua pueda provocar erosiones, deslizamientos o deterioros en la vía.

En este sentido, uno de los principales objetivos es impedir que las filtraciones alcancen las capas superiores de la carretera y terminen comprometiendo su estabilidad.

Cuestión de mantenimiento

La actuación, por tanto, responde a una cuestión de mantenimiento de las instalaciones y de prevención.

Desde Delegación del Gobierno desvinculan expresamente estos trabajos de cualquier actuación relacionada con la seguridad fronteriza.

Mientras las máquinas continúan levantando parte del pavimento para poder intervenir en las canalizaciones subterráneas, el paso fronterizo mantiene su actividad habitual.

Una obra que, a simple vista, deja durante estos días una imagen diferente de uno de los puntos más transitados de la ciudad, con el pavimento abierto pero con una actividad que no cesa.

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Los localistas denuncian que hasta el próximo 17 de octubre no van a comenzar las actuaciones de asfaltado, cuando "el Ejecutivo local anunció públicamente que las obras estarían finalizadas para el mes de septiembre".

Retraso en el asfaltado de San José-Hadú

Por ello, MDyC ha exigido, en nota de prensa, al Ejecutivo que "cumpla con los plazos de la rehabilitación integral de San José-Hadú y que comience ya el asfaltado del primer tramo".

“Ahora nos encontramos con que, en pleno mes de octubre, ni siquiera se han comenzado a asfaltar las calles”, señalan desde la formación, que comparten “la frustración y la sensación de abandono” que sienten tanto los vecinos de la barriada, como los comerciantes que tienen allí establecidos sus negocios.

Vecinos y comerciantes denuncian el abandono

“Ya no se puede someter a la barriada a más agravios además de los que llevan soportando el último año y medio”, añaden.

La formación también recuerda que este mismo lunes solicitaron a Procesa que “no dilataran más en el tiempo” la convocatoria de las ayudas a los comerciantes que llevan esperando desde junio a que se abra la siguiente línea de ayudas, y que la respuesta de la sociedad municipal es que la nueva convocatoria saldría publicada en las mismas semanas.

Finalmente, desde MDyC advierten al Ejecutivo que las barriadas de la periferia, que "se han visto gravemente afectadas por la situación migratoria actual", “no pueden seguir pagando la falta de compromiso y soportando el incumplimiento sistemático de los plazos” en las actuaciones que llevan pendientes durante toda la legislatura.

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El anuncio, oficializado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) tras no haberse podido notificar en persona al promotor, expone un historial de infracciones que combinan la ocupación ilícita de terrenos públicos con un peligro latente para la seguridad.

Obras sin licencia ni seguridad junto al Hotel Continental

La voz de alarma la dio la Policía Local tras constatar que los trabajos anexos al Hotel Continental continuaban avanzando de forma acelerada pese a denuncias previas.

La inspección realizada por los técnicos municipales reveló la construcción de dos casetones de fábrica de bloques de 18 y 10 metros cuadrados, una caja de escalera, movimientos de tierra y la demolición no autorizada del muro matriz que separaba las parcelas colindantes.

Las actuaciones en el entorno del Hotel Continental se estaban llevando a cabo con una ausencia total de garantías técnicas: no existía proyecto de ejecución, ni dirección facultativa, ni estudio de seguridad y salud, ni plan de gestión de residuos.

Al carecer de cálculos y supervisión profesional, la estructura representaba un riesgo directo tanto para los ocupantes como para las viviendas adyacentes y los usuarios de la vía pública.

Usurpación de terreno municipal y afección al litoral

El impacto de esta edificación va más allá de la falta de licencias. Las inspecciones determinaron que la edificación adosada al Hotel Continental usurpaba suelo de titularidad municipal –con obras valoradas en más de 44.000 euros– e invadía de forma flagrante la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre.

A esta vulneración de la Ley de Costas se suma la afección a la carretera nacional N-352, dado que uno de los módulos vulneraba la franja de protección viaria del Estado sin la correspondiente autorización.

Tanto la Delegación del Gobierno como el Servicio de Vigilancia de Costas urgieron a la Administración autonómica a reponer la franja costera a su estado original, recordando que la normativa prohíbe incrementos de volumen o nueva edificación en este perímetro protegido.

Plazo de seis días para la demolición y derivaciones judiciales

Ante la imposibilidad legal de regularizar las obras, la resolución autonómica ordena al promotor la inmediata demolición de todo lo construido y la restitución de los terrenos.

La orden concede un margen de días para ejecutar la demolición, cuyo coste técnico se ha estimado en 15.000 euros más IPSI. En caso de incumplimiento, la propia Ciudad asumirá la demolición de forma subsidiaria y le repercutirá los costes al infractor.

Además del precintado de la instalación y la retirada de maquinaria, el expediente ha trascendido el ámbito administrativo.

La Ciudad Autónoma ha remitido las actuaciones a la Fiscalía de Área de Ceuta por si los hechos fuesen constitutivos de un delito sobre la ordenación del territorio del artículo 319.1 del Código Penal.

Asimismo, se ha dado traslado a la Inspección de Trabajo tras detectarse durante las inspecciones la presencia de operarios extranjeros indocumentados trabajando en la obra sin medidas de seguridad.

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“La obra ha sufrido alguna pequeña incidencia, pero no mucha, también en consecuencia con lo que pasó”, ha indicado Alejandro Ramírez, como portavoz del Ejecutivo local, al término del Consejo de Gobierno celebrado este martes.

“Lo principal ahora mismo de esa actuación es realizar el asfaltado del primer tramo, que esto nos permitiría ya poder abrirlo al público y continuar ya con los pequeños detalles, terminaciones en el entorno de esa primera fase”, ha reseñado en declaraciones a los periodistas.

“Este asfaltado tiene también cierta consonancia, está relacionado con la campaña de asfaltado que teníamos previsto haber iniciado justo después de la feria”.

Reunión de coordinación para plantear el final de las obras

El Gobierno plantea fechas para el punto y final de esta actuación de envergadura poniendo las miras en este año, al objeto de que en diciembre se pueda echar el cierre.

“Precisamente hoy ha tenido lugar una reunión de coordinación de los servicios técnicos con los responsables de la planta de asfaltado y la intención es poder retomar toda esta campaña durante las dos primeras semanas del mes de octubre”, ha concretado Ramírez.

“La primera actuación que se va a realizar es en Hadú, dentro de esta obra, con lo cual esperemos que dentro de los preparativos previos que ya se están haciendo para echar ese asfaltado, entendemos que como máximo en las próximas 2 semanas ya se puede asfaltar ese primer tramo, se puede abrir, se puede continuar con el segundo para que esa obra finalice para el mes de diciembre.

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El protocolo de actuación implica a la Policía Local, Urbanismo y Obimace. Persigue agilizar la detección y la demolición de manera inmediata de obras que se están ejecutando o iniciando su ejecución de manera ilegal.

“El procedimiento establece que, una vez que la Policía Local detecta una obra irregular, informa a la Consejería de Urbanismo, elabora el informe técnico y dicta el decreto de demolición, para que Obimace de manera inmediata actúe con sus propios medios”, ha expuesto el portavoz del Gobierno local, Alejandro Ramírez.

“El objetivo es intentar intervenir con rapidez, mientras las obras se encuentran todavía en fase de ejecución. Y, una vez que queda ya consolidada en esos supuestos, sí hay que hacer ya el trámite, el expediente completo, y no se puede hacer la demolición de manera inmediata”.

“A día de hoy, en esta semana, se han procedido ya en torno a siete u ocho demoliciones en los últimos días, a través de este procedimiento”, ha concretado Ramírez. 

Control sobre la venta ambulante en el Trampolín

El Consejo de Gobierno ha acordado, además, un incremento de los medios para estas actuaciones, tanto por parte de Policía Local, la Consejería de Urbanismo y también la empresa municipal Obimace.

La Ciudad no solo planta cara a la guerra de las obras ilegales, también sabe que dentro de sus labores está la lucha contra las ordenanzas municipales y, en especial, los focos creados en asentamientos como el del Trampolín en donde se vende de todo.

Así, se ha pedido a la Secretaría de Estado de Seguridad la puesta en marcha de una acción conjunta para acabar con esas prácticas.

Apoyos en materia de seguridad para poder intervenir

“En materia de seguridad, también el consejero de Presidencia y Gobernación se va a poner en contacto en el día de hoy con la Secretaría de Estado de Seguridad, al objeto de trasladar una actuación de manera conjunta por parte de la Policía Local, junto con el apoyo que sea necesario por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, al objeto de llevar a cabo actuaciones en el cumplimiento de las ordenanzas municipales en relación a la situación que se vive a día de hoy en la playa del Trampolín”, ha apostillado Ramírez.

No solo preocupa la venta ambulante en esta zona, sino también el excesivo ruido, pero la Policía Local necesita el apoyo de la Nacional para intervenir en este punto por si se producen incidentes, instando a que se cumplan las ordenanzas incluso en este asentamiento.

Los puestos de mercadillo que se han levantado en el Trampolín venden de todo: desde alimentos hasta ropa de todo tipo. El problema es que cada vez hay más tiendas, más inmigrantes y mayor foco de tensión lo que deriva en que hacer cumplir las normas como en cualquier otro lugar sea harto complicado.

Además de la venta, preocupa y mucho la alimentación ya que las comidas que se hacen no respetan ninguna norma sanitaria pudiendo derivar en incidencias en este ámbito para la salud de los consumidores.

“La Policía Local no va a detener a esas personas, pero sí poder desalojar toda la venta ambulante que hay allí, igual que la ha hecho en la zona de la Almadraba hace unos días”. De esas sanciones podrían derivarse expedientes de expulsión.

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Según relatan, el incidente se produjo el pasado miércoles, alrededor de las 12:45 horas, cuando el vehículo se disponía a abandonar la zona de obras.

De acuerdo con el testimonio de los residentes, la grúa del camión permaneció abierta durante la maniobra y terminó impactando contra dos farolas situadas en la bajada de la antigua cárcel. Tras el golpe, el conductor y la persona que le acompañaba habrían recogido los cables que quedaron tendidos en el suelo, apartándolos a un lado, y abandonaron posteriormente el lugar.

Desde entonces, la zona permanece a oscuras durante las noches, según aseguran los vecinos. Explican que el jueves ya comprobaron que no había iluminación y que la situación se ha mantenido durante los días siguientes. Ante ello, aseguran haber contactado con el servicio de alumbrado para solicitar una reparación, sin que hasta el momento, según su versión, se haya producido ninguna actuación.

Una semana sin solución

Los residentes aseguran que han realizado varias llamadas y han dejado incluso mensajes de voz, pero lamentan no haber recibido respuesta ni una fecha para solucionar la avería. “Nadie ha venido a arreglar las farolas”, explica una de las vecinos, que señala que el problema se mantiene desde la noche del miércoles.

La preocupación aumenta, según trasladan, por la situación que se vive actualmente en el entorno de la antigua cárcel, donde continúan los trabajos para la instalación de nuevas carpas destinadas al alojamiento de inmigrantes. En estos momentos, ya hay cerca de 900 inmigrantes instalados en la zona, mientras las obras continúan para ampliar las instalaciones.

Los residentes consideran especialmente preocupante que el acceso a la antigua cárcel, la cuesta y el entorno de las carpas permanezcan sin iluminación, especialmente durante la noche. Aseguran que en los últimos días han observado la presencia de nuevas personas procedentes también de otros alojamientos próximos, lo que, unido a la falta de luz, incrementa su sensación de inseguridad.

“Por la noche, la oscuridad empeora la situación”

Los vecinos sostienen que la falta de alumbrado agrava una situación de inseguridad que ya venían denunciando. A su juicio, la oscuridad dificulta la visibilidad en una zona con tránsito de personas y vehículos y genera una mayor sensación de desprotección entre quienes viven en Los Rosales.

“Estamos sin luz en la entrada de la antigua cárcel”, lamentan los residentes, que reclaman que las dos farolas sean reparadas cuanto antes. Insisten en que el problema no se limita a una cuestión de comodidad, sino que afecta directamente a la seguridad y tranquilidad de los vecinos durante la noche.

Por ello, los afectados reclaman una respuesta urgente por parte de los responsables del alumbrado y de las obras, así como una solución definitiva a la avería. Mientras tanto, aseguran que continúan esperando que se restablezca la iluminación en este punto de Los Rosales, donde, según denuncian, llevan varios días soportando la oscuridad sin que nadie haya acudido a reparar las farolas.

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Una resolución de la Consejería de Urbanismo y Transporte ha destapado este caso de ocupación e infracción de la legalidad que ha activado a los servicios técnicos.

Todo comenzó cuando una llamada al teléfono de emergencias 112 alertó a las fuerzas de seguridad de que se estaba llevando a cabo una reforma sospechosa en los bajos del Grupo Miramar, donde intuían que un local se estaba acondicionando para vivir en él.

Al personarse los agentes en la zona, confirmaron la sospecha: un local se está acondicionando para vivir en él de manera totalmente clandestina.

El origen: el tapiado de una ventana

La intervención policial tuvo lugar en Miramar Bajo. Una llamada alertó de que se estaban realizando modificaciones en la fachada, concretamente el tapiado de una ventana.

La Unidad de Seguridad Ciudadana de la Policía Local de Ceuta acudió al aviso de inmediato.

Al realizar la inspección ocular, la patrulla descubrió que un local se está acondicionando para vivir en él, procediendo a identificar a la persona que se encontraba promoviendo los trabajos, quien reconoció abiertamente que había ocupado el espacio con la intención de fijar allí su residencia, según figura en el BOE.

La gravedad del asunto radica además en que el inmueble afectado no es de propiedad privada. Según consta en el expediente administrativo, el bajo es de titularidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

Los informes técnicos posteriores confirmaron que el espacio carece de cualquier licencia y que la situación es inaceptable, ya que un local se está acondicionando para vivir en él sin el consentimiento del Ayuntamiento.

Obras ilegales en el local y multas de miles de euros

Los servicios técnicos municipales emitieron un informe de disciplina urbanística, detallando las características de la reforma ilegal.

En el documento técnico se indica que las obras consisten en el tapiado y cierre de huecos sin autorización oficial. El informe resalta con preocupación que un local se está acondicionando para vivir en él mediante alteraciones físicas no legalizables en un bien de dominio municipal.

Dado que un local se está acondicionando para vivir en él sin licencia de obras, la administración ha iniciado un expediente de disciplina urbanística para restaurar el estado original del inmueble.

Esta reforma ilegal conlleva duras sanciones para la promotora de los trabajos:

• Valoración de las obras: los trabajos de acondicionamiento ilegal se han tasado provisionalmente en 8.000 euros más el Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI).
• Sanción económica directa: se ha propuesto una sanción administrativa equivalente al 20% del valor de la obra, lo que asciende a una multa de 1.600 euros.
• Coste de demolición: la restauración de la legalidad urbanística y la devolución del local a su estado original supondrán un desembolso estimado en 7.800 euros más IPSI, que correrá a cargo de la infractora.

La Consejería ha ordenado la paralización inmediata de las obras para frenar el avance de la reforma, ya que un local se está acondicionando para vivir en él de manera ilegal. Si la promotora incumple la orden de suspensión de forma voluntaria, podría enfrentarse a un presunto delito de desobediencia a la autoridad.

El laberinto del Catastro y la antigua cesión vecinal

El caso ha sacado a la luz varias sorpresas burocráticas que los técnicos municipales intentan resolver. Por un lado, la Policía Local registró en su informe una referencia catastral errónea que corresponde a una vivienda particular de la primera planta, y no al bajo municipal afectado, tal y como publica el BOE.

Esto obliga a los técnicos a buscar la identificación correcta entre las distintas referencias de la planta baja del bloque de Miramar Bajo. Por otra parte, se investiga si el local afectado coincide con antiguos departamentos que la Consejería de Fomento cedió de forma temporal en régimen de precario a la Asociación de Vecinos de Miramar Bajo en el año 1998, una cesión de cinco años de la que se desconoce su vigencia actual.

A pesar de estas complejidades burocráticas, la orden de la administración es firme porque es evidente que un local se está acondicionando para vivir en él sin ningún tipo de habilitación legal ni título de posesión.

Plazo para presentar alegaciones

La resolución dictamina que un local se está acondicionando para vivir en él alterando de forma ilegal el patrimonio de Ceuta. La infractora tiene ahora un plazo de diez días hábiles para presentar sus alegaciones antes de que se proceda a la ejecución subsidiaria, lo que implicaría que la propia Ciudad de Ceuta derribará las obras de tapiado y pasará la factura de los gastos a la responsable de la ocupación ilegal.

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El contrato, con un presupuesto de 757.781,10 euros y un plazo de ejecución de seis meses, busca reordenar y reforzar el control de entrada y salida de vehículos y peatones autorizados a esta zona del puerto, uno de los puntos de mayor tránsito de mercancías y personas de la ciudad.

Demoliciones para ganar espacio y gálibo

Según el Pliego de Prescripciones Técnicas que ha aprobado la Autoridad Portuaria, la actuación se desarrollará en el acceso oeste del muelle de Poniente, desde la avenida Cañonero Dato hasta el interior del recinto. Las obras contemplan la demolición del muro de cerramiento exterior, de las antiguas perreras de la Guardia Civil, de la vieja torre de vigilancia y de parte de locales en desuso pertenecientes a la Autoridad Portuaria, para dar paso a un nuevo diseño de accesos con dos carriles de entrada y uno de salida, dimensionados para permitir el paso de vehículos de transporte especial y de gran tonelaje.

Cuatro zonas de actuación

El proyecto divide la actuación en cuatro zonas. En el punto de control de la Policía Portuaria se construirá un nuevo puesto de control cubierto por una marquesina metálica que protegerá tanto el carril de salida como los dos de acceso al recinto. En la zona asignada a la Guardia Civil se levantará un nuevo control de salida de vehículos, también con marquesina propia, en sustitución de las instalaciones actuales.

Una tercera actuación se centra en los propios accesos a los controles, con renovación del pavimento, la iluminación pública, las canalizaciones y la señalización horizontal y vertical, un trabajo que requerirá especial cuidado por la presencia de instalaciones de media tensión, fibra óptica, red de hidrantes, agua potable, saneamiento y pluviales en la zona. Por último, en el interior del muelle se ejecutará una rotonda remontable y se reordenarán los carriles para agilizar la circulación de entrada y salida.

Circulación segura para vehículos pesados y peatones

El pliego técnico señala que el objetivo de la actuación es garantizar un control íntegro de los accesos y las salidas del muelle de Poniente, con una circulación segura y fluida tanto para los vehículos pesados como para los peatones autorizados a entrar en la instalación portuaria. Los materiales y acabados previstos deberán resistir la intemperie propia de una zona marina y reforzar la protección frente a intrusiones, de acuerdo con la normativa vigente.

El gasto, aprobado por el presidente de la Autoridad Portuaria

El gasto fue aprobado por el presidente de la Autoridad Portuaria de Ceuta, Juan Manuel Doncel Doncel, el pasado 22 de julio, un día antes de la publicación oficial de la licitación. Según el informe justificativo firmado por Doncel, el expediente cuenta con toda la documentación preceptiva: informe de necesidad del contrato, nombramiento de responsable, certificado de existencia de crédito, el Pliego de Prescripciones Técnicas, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el informe jurídico del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Autoridad Portuaria.

Presupuesto y financiación

En cuanto a las cifras, el valor estimado del contrato asciende a 688.891,91 euros, mientras que el presupuesto base de licitación, ya con el Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI) del 10% incluido, se eleva a 757.781,10 euros. La obra no cuenta con financiación de fondos europeos.

Plazos y procedimiento de licitación

El procedimiento elegido es el abierto simplificado, de tramitación ordinaria, con presentación de ofertas de forma electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP). Las empresas interesadas tienen de plazo hasta el 12 de agosto, a las 19:00 horas, para presentar sus propuestas, mientras que la apertura de las ofertas económicas —en acto de carácter privado— está prevista para el 13 de agosto a las 10:00 horas.

Requisitos para las empresas licitadoras

Para poder optar al contrato, las empresas licitadoras deberán acreditar la clasificación empresarial G6-3, correspondiente a obras viales sin cualificación específica en el tramo de entre 360.000 y 840.000 euros, además de cumplir con los requisitos de solvencia técnica, profesional y económica-financiera fijados en el Pliego de Cláusulas Administrativas. La adjudicación se resolverá en función de dos criterios: el precio, que tendrá un peso del 80% en la valoración, y la calidad, con un 20%. Al adjudicatario se le exigirá una garantía definitiva equivalente al 5% del importe de adjudicación.

Las obras, que deberán ejecutarse cumpliendo la normativa de seguridad y salud laboral y garantizando una gestión adecuada de los residuos generados en las demoliciones, tendrán un plazo de ejecución de seis meses una vez formalizado el contrato con la empresa adjudicataria.

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