“Si finalmente esta reforma entra en vigor- continúa- toda la protección frente a la inmigración ilegal o irregular que venga hacia nuestras fronteras queda a la buena voluntad de Marruecos. El 15 de septiembre hemos visto que esa buena voluntad se ha producido y Marruecos movilizó entonces a sus efectivos frenando la llegada, aunque ya sabemos todos que esto no ha sido siempre así.
Cuando a Marruecos le ha interesado, ha mirado a otro lado e incluso, como ocurrió en 2021, que indujo el asalto masivo a Ceuta” asevera.
El diputado por Ceuta continúa defendiendo su oposición, así como la del Partido Popular, a la reforma de esta Ley, aprobada por los populares en 2015, pues opina que “lo que nosotros no podemos es depender de la buena voluntad de un tercero, y en este caso las devoluciones en caliente ya habían sido denunciadas por las oenegés en los tribunales y las sentencias fueron favorables, porque un país debe tener la capacidad de defenderse y proteger sus fronteras”.
El ceutí prosigue enumerando las posibles causas que alientan esta reforma ante un pacto con Bildu: “Por un lado, tenemos esa gran ofensa a la democracia española, luego tenemos el que pidan desproteger a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de modo que se las pueda insultar con unas multas irrisorias y luego añaden el tema del rechazo a las devoluciones en caliente, que es ponerle la alfombra roja a toda la inmigración irregular hacia España”.
De hecho, asegura que ya, sin ninguna reforma sobre esta ley, se están viendo cambios, por ejemplo, en la población que reside en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, cuando tradicionalmente había sobre todo subsaharianos y argelinos y en estos momentos, la cifra de marroquíes va aumentado como población de origen.

Reuniones con asociaciones y sindicatos

Celaya afirma que durante esta semana, parlamentarios de Ceuta y Melilla tienen planteada una serie de reuniones con sindicatos y asociaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al hilo de la reforma propuesta de la Ley de Seguridad Ciudadana en tanto de las consecuencias que podrían tener en el ejercicio de esta profesión. "Tenemos pensado reunirnos con todas las asociaciones y sindicatos de la Policía Nacional y Guardia Civil para tratar este tema. Nosotros vamos a hacer todo lo posible en las Cortes para que no salga adelante esta reforma", concluye el diputado nacional por Ceuta.

Las claves

Despropósito

• Dejar en manos de "terceros"

Si finalmente esta reforma entra en vigor, "toda la protección frente a la inmigración ilegal o irregular que venga hacia nuestras fronteras queda a la buena voluntad de Marruecos", afirma el diputado.

Reuniones

• Con asociaciones y sindicatos

"Tenemos pensado reunirnos con todas las asociaciones y sindicatos de la Policía Nacional y Guardia Civil para tratar este tema. Nosotros vamos a hacer todo lo posible en las Cortes para que no salga adelante esta reforma" concluye.

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Las oenegés firmantes del documento han denunciado “numerosas devoluciones en caliente y vulneraciones a los derechos humanos en las dos ciudades de Ceuta y Melilla”.

Se han hecho echo de “las irregularidades cometidas durante aquella jornada”, asegurando que las mismas “vienen dándose de manera sistemática desde hace tiempo”.

También han querido poner el foco “en la responsabilidad del estado español y de la Unión Europea ante violaciones a la legislación nacional e internacional, y planteamos una serie de exigencias que posibiliten el uso de vías legales y seguras para migrar”.

El objetivo de esta comunicación que han querido hacer pública no es más que “concienciar a los legisladores, a quienes aplican las leyes y a la sociedad en general para promover una política que respete la dignidad humana”.

El pasado 26 de agosto, la "policía española retenía violentamente" a más de 60 personas en la frontera del Tarajal en Ceuta y, pocas horas después, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado llevaron a cabo una "devolución colectiva" a Marruecos, según estas organizaciones

En fechas similares, en Melilla, se produjo un incidente en el que una embarcación fue embestida por la Guardia Civil en aguas españolas, resultando en una "devolución en caliente" en colaboración con las fuerzas marroquíes. "Estas prácticas ilegales suceden de manera constante en las dos ciudades fronterizas", señalan estas asociaciones.

¿Qué son devoluciones en caliente?

En cuanto a lo que se entiende por "devoluciones", estas entidades enfatizaron sobre la importancia de utilizar el término adecuado para describir estas prácticas, ya que usar otros conceptos implica "minimizar el accionar estatal y su consecuente responsabilidad".

Ceuta

En referencia a lo ocurrido en Ceuta, explicaron que "algunos medios se refieren a deportaciones", que son procedimientos legales establecidos que permiten a las personas afectadas apelar la decisión.

No obstante, insistieron en que en estas situaciones se trata de "devoluciones en caliente y devoluciones colectivas" que, insisten estas ONG, "vulneran" tanto la normativa nacional como internacional en materia de protección internacional e infancia.

Estas acciones, indicaron estas organizaciones, "contravienen dos principios fundamentales del derecho internacional: el principio de no devolución y la prohibición de expulsiones colectivas".

Las entidades firmantes recordaron que ambos principios están recogidos en la Convención de Ginebra de 1951, la Convención Internacional de Derechos Políticos y Civiles, la Convención contra la Tortura, el Convenio Europeo por los Derechos Humanos y el Protocolo número 4 del mismo, además de la Convención de Derechos del Niño.

Las recientes sentencias sobre devoluciones en el mar

Destacaron, asimismo, que el incumplimiento de estas normativas se refleja en las recientes sentencias del Juzgado Contencioso Administrativo nº 2 de Ceuta, que han declarado ilegal aplicar devoluciones en caliente en el mar.

"Los juzgados confirman que en estos casos deben aplicarse procedimientos de devolución ordinaria con todas sus garantías, como la asistencia letrada e intérprete, que en una devolución en caliente nunca se proporcionan", añaden estas ONG

Estas asociaciones subrayan que estas resoluciones son fundamentales, ya que "las entradas por vía marítima son una constante en Ceuta, especialmente en los últimos meses", y proporcionan un marco jurídico para la actuación de la Delegación de Gobierno.

Melilla

En cuanto a Melilla, No Name Kitchen, Solidary Wheels, Asociación Elín y EXMENAS mencionan que también se repiten estas situaciones, destacando lo ocurrido el 24 de junio de 2022, cuando "se llevaron a cabo devoluciones colectivas en caliente con extrema violencia". Denuncian que, a más de dos años de los hechos, "no se ha realizado una investigación transparente y efectiva de lo sucedido".

Además, critican que, tras ejecutar estas prácticas ilegales de devolución, "las autoridades españolas se desentienden de lo que sucede al otro lado de la valla, como si no les concerniera". Indicaron que lo que ocurre en el lado marroquí tiene un nombre: "externalización de la frontera española y europea", de la cual también son responsables las autoridades españolas.

Finalmente, recordaron que en abril de 2024 el Parlamento Europeo aprobó el nuevo Pacto de Migraciones y Asilo. A su juicio, este conjunto de medidas legislativas "irresponsables con los derechos humanos" busca consolidar la creciente militarización de Frontex, la Agencia Europea de Fronteras, y acelerar las políticas de externalización para gestionar el control migratorio. Explicaron que "estas políticas reflejan el aprovechamiento descarado por parte de los Estados que históricamente han ocupado posiciones de poder para influir en la soberanía de otros Estados con economías dependientes, saqueadas y sumergidas, como suelen ser los países de origen y de tránsito". "Hablamos de negociaciones entre dos partes desiguales, con poderes diferentes y pesos desequilibrados a la hora de poder decidir de manera autónoma", concluyeron.

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Desde que la ley de protección de la seguridad ciudadana introdujo esta figura jurídica, el Ejecutivo ha venido aplicándola en Ceuta y Melilla "sin límite geográfico", han apostillado desde Coordinadora de Barrios, No Name Kitchen y Servicio Jesuita de Migrantes (SJM), quienes han querido hacer pública estas sentencias.

Unas devoluciones en caliente no solo en el perímetro fronterizo de la valla, sino también en el mar, en islotes y archipiélagos o en el centro de la ciudad, han concretado estas entidades. en un comunicado de prensa conjunto.

Contra esta práctica, el juez "se posiciona" en sus recientes sentencias "confirmando" a la administración que este rechazo de naturaleza "tan excepcional" sólo está previsto en el perímetro de la valla y recordando que en el resto de ubicaciones "deberá emplear el procedimiento de devolución ordinaria con todas sus garantías", explican estas organizaciones.

En los asuntos analizados por el juzgado, "ha quedado acreditado que los litigantes fueron interceptados por la Guardia Civil en el mar mientras trataban de acceder a la costa ceutí y, posteriormente, fueron devueltos a Marruecos sin haber podido tener asistencia letrada ni intérprete", advierten desde las tres ONG.

Estas entradas por vía marítima son una constante en la ciudad de Ceuta, con especial intensidad en los últimos meses, por lo que estas resoluciones proporcionan el marco jurídico "con el que debe actuar la Delegación de Gobierno en las devoluciones de las personas".

Y, aunque las resoluciones no son firmes todavía, suponen un avance en el reconocimiento de la irregularidad de estas prácticas y de los derechos que tienen las personas que acceden a territorio español.

Coordinadora de Barrios, No Name Kitchen y el Servicio Jesuita a Migrantes, asociaciones que han representado a los litigantes, exigen el cese de esta práctica -declarada ilegal por los juzgados-, reclaman el reconocimiento de todas las garantías procedimentales a las personas extranjeras y recuerdan que el control de fronteras es una responsabilidad del estado que debe ejercerse con pleno respeto a los Derechos Humanos.

De la preocupación a un paso fundamental

Javier Baeza, presidente de la Coordinadora de Barrios, traslada la preocupación porque "cada vez son más frecuentes prácticas dirigidas a cercenar derechos de las personas migrantes. El estado de derecho es más sólido cuando ampara los derechos de las personas más vulnerables”.

Por su parte, Francesca Fusaro, miembro de No Name Kitchen, considera que esta sentencia es "un paso fundamental para la lucha por los derechos humanos de las personas migrantes; y, sobre todo ahora, queremos subrayar que el no respeto de estos derechos humanos por parte de las autoridades pone en riesgo la vida de miles de personas en el mar, con el resultado de muchas muertes y desapariciones sin respuesta”.

Asimismo, Javier Moreno Gómez, abogado del SJM, manifiesta que no se trata "sólo de que la actuación administrativa por la cual se devolvió a nuestro representado sea contraria a derecho, sino también de que existan mecanismos suficientes y eficaces para que dichas actuaciones sean prevenidas por un lado y rindan cuentas de su actuación sin someter necesariamente a una persona a un procedimiento judicial”.

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En concreto, el TS consideró que las autoridades españolas actuaron con "absoluta inobservancia" de la Ley de Extranjería e incumplieron el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe las "expulsiones colectivas de extranjeros".

"Yo no tengo ningún inconveniente en corresponsabilizarme como miembro de la Administración General del Estado, pero vuelvo a decir, lean la sentencia, lean otras sentencias, y entonces se dice que el Ministerio del Interior, por cuestión simplemente competencial, no tuvo ninguna intervención y les diré quién y dónde recae la tutela de los menores y quién dispone en ese respecto", ha asegurado Grande-Marlaska en el Pleno del Senado.

En todo caso, el titular de la cartera de Interior ha subrayado en su turno de réplica que "siempre", ante una resolución judicial, sacan "las conclusiones necesarias para trabajar en un futuro mejor".

También ha expuesto que la sentencia del TS dice que "el acuerdo con Marruecos para la prevención de la migración irregular de los menores y su retorno asistido tenía efectos jurídicos, lo que derivó en que no excluía, bajo otra interpretación judicial, la necesidad de un expediente individualizado".

Marlaska recibe críticas a su gestión migratoria de derecha a izquierda del Senado

Desde el PP a la Izquierda Confederal pasando por los aliados parlamentarios de EH Bildu, ERC y PNV, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha recibido este miércoles en el Senado duras críticas a su gestión en materia de inmigración, calificada de "improvisada", "permisiva" y plagada de "vergüenzas" como la del aeropuerto de Barajas, según EFE.

Tras comparecer dos veces en el Congreso en los últimos dos meses -a finales de enero ante la Comisión de Interior y en diciembre en el pleno-, el titular de Interior ha acudido al Senado a petición del PP para dar cuenta de la crisis migratoria en Canarias, donde 2023 ha cerrado con un récord de llegadas a las islas con más de 40.000 personas.

Aunque con argumentos distintos, todos los senadores, salvo el socialista, han replicado la intervención de Marlaska con críticas tras los varapalos judiciales del Tribunal Supremo por la devolución a Marruecos de menores llegados a Ceuta en agosto de 2021, el hacinamiento de los solicitantes de asilo en el aeropuerto de Barajas o la polémica con Frontex.

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La presentadora ha preguntado al titular de Exteriores acerca de que si España va a asumir algún tipo de responsabilidad política por el retorno de estos 55 marroquíes a su país de origen, de donde partieron entre las miles de personas que entraron a la ciudad autónoma de manera irregular en la crisis de mayo de aquel año.

"El Gobierno, por supuesto, respeta todas las resoluciones judiciales e intenta actuar siempre dentro de la legalidad, eso es lo que se busca", ha contestado Albares a Barceló al final de la entrevista, cuando la periodista ha planteado abordar esta cuestión doméstica.

En cualquier caso, ha continuado el ministro, su homólogo en Interior, Fernando Grande-Marlaska, tiene previsto acudir este martes en el Congreso. "Estoy seguro de que él dará todos los detalles que sean necesarios", ha añadido.

Marlaska comparece en el Congreso un día después de conocerse la sentencia

Marlaska tendrá hoy que hacer frente a las polémicas decisiones adoptadas tras la crisis migratoria de 2021 ya que comparecerá en la Cámara Alta del Parlamento tan solo un día después de conocerse la sentencia del Supremo que ratifica que la devolución de menores no acompañados de Ceuta a Marruecos fue "ilegal".

Alrededor de 12.000 personas cruzaron la frontera entre ambos países en aquella primavera saltándose todos los controles y, de esas, unas 1.500 eran menores. España decidió devolverlos y ahora el Supremo dice que se vulneraron los derechos de esos niños.

El PP ha pedido la dimisión de Marlaska. "La política migratoria de este Gobierno enmienda a la totalidad lo que el propio PSOE defendía cuando estaba en la oposición", ha asegurado la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo, que ha recordado cómo Marlaska defendió en su momento "la devolución inmediata y por unos cauces legalmente establecidos, que ahora el Supremo dice que no han existido".

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"¿Qué más tiene que pasar para que Sánchez le destituya?", se pregunta el PP en un comunicado que reproduce EFE y en el que anuncia que pedirá la comparecencia del ministro en el Congreso y el Senado para que dé explicaciones sobre su política migratoria, que "ha quedado hoy retratada" tras el "varapalo" del Supremo.

En su sentencia, el Alto Tribunal ha confirmado que la devolución, llevada a cabo por la Delegación del Gobierno, fue ilegal por la "absoluta inobservancia" de la Ley de Extranjería y porque lo prohíbe "de manera lapidaria" el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

"La política migratoria de este Gobierno enmienda a la totalidad lo que el propio PSOE defendía cuando estaba en la oposición", ha asegurado la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo, que ha recordado cómo Marlaska defendió en su momento "la devolución inmediata y por unos cauces legalmente establecidos, que ahora el Supremo dice que no han existido".

El PP ha precisado que la "durísima" sentencia del Supremo se suma a otros escándalos del ministro y considera que "es incomprensible que siga formando parte del Gobierno de España".

23 inmigrantes muertos en un intento de salto a la valla de Melilla

Se ha referido a lo ocurrido en la valla de Melilla en junio de 2022, cuando al menos 23 inmigrantes murieron en un intento de salto masivo desde Marruecos; a la anulación por parte del Supremo del cese del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, y a la "desprotección de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" que, según esta formación, ha ocasionado su política.

Además, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por su parte, pedirá en la Diputación Permanente la celebración de un pleno extraordinario en el que comparezca Marlaska para dar explicaciones sobre distintas cuestiones.

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Este subsahariano fue uno de los miles de inmigrantes que entraron en Ceuta en la crisis migratoria de mayo de 2021, cuando Marruecos no puso obstáculos a la entrada masiva de personas de forma irregular (en su inmensa mayoría súbditos marroquíes) en esta ciudad española en el norte de África.

La fotografía inmortalizada por la Agencia EFE tuvo un notable impacto internacional y muestra al joven siendo asistido por Luna Reyes, una voluntaria de la Cruz Roja española, una vez llegó agotado a la trístemente célebre playa del Tarajal.

Abdou recibió "decepcionado" la decisión de la Justicia europea de no admitir la demanda presentada por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), relató este martes a EFE la coordinadora del área jurídica de esta organización, Elena Muñoz.

El rechazo en esta instancia europea, ante la que no se puede recurrir, cierra la puerta a otras como Naciones Unidas, explicó la abogada de CEAR, al entender el tribunal que no hubo violación del convenio europeo de Derechos Humanos ni de una normativa europea que prohíben expulsiones colectivas de migrantes, los conocidos en España como rechazos en frontera o devoluciones en caliente.

Devuelto a Marruecos pocas horas después en plena crisis migratoria de mayo de 2021

El senegalés fue devuelto a Marruecos por efectivos de las fuerzas de seguridad españolas a las pocas horas de entrar nadando a la ciudad autónoma, sin haber contado con auxilio de abogado ni intérprete, en lo que asociaciones de apoyo a inmigrantes, entidades como el Defensor del Pueblo en España y la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, han estimado que se trata de una práctica que vulnera derechos como el de asilo.

La imposibilidad "en la práctica" de pedir un visado, aunque exista "sobre el papel", aboca a muchos migrantes a intentar llegar a la Unión Europea por otras vías "más complicadas", advirtió Muñoz, de CEAR.

Las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, soportan una fuerte presión migratoria al ser las únicas fronteras terrestres de la Unión Europea en África, con saltos a la valla fronteriza como el que ocurrido en 2022 en el que murieron al menos 23 inmigrantes.

Aunque tras de sí  se cierre "una puerta más", Abdou mantiene su proyecto migratorio para alcanzar Europa desde Marruecos, donde permanece desde la devolución de España, aseveró la coordinadora en CEAR.

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El Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) no puede pronunciarse directamente sobre el salto masivo de la verja de Melilla en junio, pero insiste en que es imperativo respetar los derechos de los inmigrantes incluso cuando cruzan las fronteras ilegalmente.

Preguntado por el salto masivo de la valla de Melilla el pasado 24 de junio, el presidente del CPT, Alan Mitchell, explicó que este organismo, que trabaja sobre los centros de detención en los países del Consejo de Europa para examinar las condiciones de las personas privadas de libertad, no ha hecho ninguna visita a esa ciudad española para comprobar la situación.

En la conferencia de prensa de presentación del informe anual de este comité de expertos, Mitchell precisó que su trabajo se asienta en los elementos factuales que recopilan durante sus visitas, pero aun así quiso añadir un comentario con carácter general a las cuestiones sobre Melilla.

"En cualquier circunstancia -subrayó-, cuando las fuerzas del orden detienen a un individuo al cruzar una frontera legal o ilegalmente, tienen que respetarse plenamente los derechos de esa persona".

También destacó que la prevención de la tortura y de los malos tratos "es un derecho no derogable, es un derecho absoluto que tiene que respetarse en cualquier circunstancia".

Crítica a las devoluciones en caliente

Quien sí viajó a Melilla tras los incidentes del 24 de junio, en noviembre, fue la comisaria de derechos humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, quien en una primera reacción criticó las devoluciones en caliente a Marruecos de 470 migrantes "sin que se respetara ningún procedimiento legal".

En la presentación de las conclusiones preliminares (el informe definitivo se espera esta primavera) a finales de noviembre, Mijatovic señaló que España no debe contribuir a las violaciones de los derechos humanos cometidas por Marruecos.

En el salto masivo de la verja de Melilla de junio, al menos 23 inmigrantes murieron y muchos otros resultaron heridos.

De nuevo sin entrar en este caso particular, el presidente del CPT repitió varias veces en su conferencia de prensa que las expulsiones en caliente presentan "un riesgo de violencia real".

En su informe, el comité recuerda que en virtud de la convención que lo rige, y de la que son parte todos los países del Consejo de Europa las expulsiones forzadas colectivas "están prohibidas".

Ofrecer la posibilidad de pedir asilo

El CPT señala que tienen que habilitarse "procedimientos efectivos" para garantizar que los extranjeros interceptados o detenidos en la frontera o al entrar en un país miembro "sean identificados y registrados individualmente" y se los someta a un examen médico y a una evaluación de su vulnerabilidad.

También que se les ofrezca "a posibilidad de pedir asilo", que las decisiones para su expulsión sean "individualizadas" y se les permita utilizar las vías de recurso, y todo eso teniendo en cuenta "una evaluación individual del riesgo aparente de malos tratos" en caso de que se ejecute su expulsión.

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El pasado sábado cumplió 19 años en Castillejos, donde vive con sus padres y sus cuatro hermanos de un sueldo de albañil pensando en volver a España “como sea” en busca de “una vida mejor” que la que atisba en su país natal.
En mayo de 2021, todavía con 17 años, después de haber abandonado sus estudios en el primer semestre de Secundaria para ponerse a trabajar como ayudante de cocina en un restaurante, creyó haberla dejado atrás para siempre.
“Mi sueño era llegar a la otra orilla, es decir, a Ceuta, y se hizo realidad cuando mi amigo me llamó y me dijo: ‘Vamos, date prisa, Ceuta ha abierto’... Al principio no le creí, pero cuando llegamos a la frontera vi a unos jóvenes nadando, me arrojé al mar y media hora después me encontré en la playa de Ceuta... Llamé a mi familia para tranquilizarles y luego me dirigí al barrio del Príncipe, donde viven mis primos”, recuerda el principio de una odisea que duró cuatro meses.

La armonía conseguida en Santa Amelia se quebró a finales de julio de 2021

“Al día siguiente fui con un pariente a trabajar en la construcción y estuve tres jornadas hasta que me encontré con unos amigos y nos repartieron en distintos albergues”, amplía el joven, que terminó en Santa Amelia, uno de los equipamientos habilitados por la Ciudad Autónoma para dar cobijo a los más de mil niños sin compañía que se quedaron en Ceuta tras la crisis migratoria.
Según Chairi, en el polideportivo acondicionado con literas “al principio fue difícil encajar porque éramos unos 250 jóvenes, pero con el paso del tiempo empezamos a formar algo así como una familia”. “Sí, hubo problemas”, reconoce, “sobre todo por el idioma para comunicarnos con las personas que nos cuidaban, pero fuimos aprendiendo español y empezaron a incorporarse trabajadores que hablaban árabe”.
El chico recuerda con especial amargura los 45 días que pasó “encerrado como en una prisión” en el polideportivo. “Después de un mes y medio nos reunimos y nos levantamos: hicimos una huelga de hambre durante más de 72 horas y logramos que nos permitieran salir a sentarnos en la calle media hora, un alivio para la tortura que suponía permanecer dentro en una época tan calurosa”.

“Todos lloraban, gritaban y estaban en shock ante la perspectiva de volver”

Las cosas fueron mejorando: “Después llegamos a un acuerdo con la directora para poder ir a bañarnos en la playa, doce menores con un trabajador por turno, y empezamos a conocer gente nueva y distintos lugares de la ciudad como la zona del puerto”, prosigue Chairi su relato cronológico del tiempo que pasó en Ceuta. “Terminamos siendo 117 menores que nos llevábamos bien con los trabajadores con buenos y malos momentos, imprimiéndonos un espíritu de hermandad y amor”, añade.
Hasta ahí “todo bien” estudiando, jugando y viendo televisión. La armonía se quebró, dice, cuando al grupo se sumó un colectivo de otras nacionalidades con entre 23 y 39 años. “Un día llegaron a golpear al director que estaba hablando con ellos y nosotros salimos en su defensa, aunque muchos de mis amigos e incluso yo salimos heridos en esa pelea violenta”, refiere uno de los episodios que exigió intervención policial en Santa Amelia.

“Los agentes comenzaron a arrestarnos y a dirigir muchas acusaciones contra nosotros por los disturbios pese a que solo estábamos defendiéndonos... Nos golpearon muy fuerte, nos quitaron nuestros teléfonos, ropas y mantas como castigo y nos dejaron así 62 horas”, lamenta.
Fue a finales de julio. Dos semanas después, justo después de la oración de mediodía, las autoridades locales iniciaron la actuación de “retorno asistido”, devolución al margen de la legislación española, que llevará al banquillo de los acusados por un presunto delito de prevaricación continuada a la exdelegada del Gobierno, Salvadora Mateos, y a la vicepresidenta del Ejecutivo local, Mabel Deu.

La “pesadilla”

“Llegaron decenas de policías y nos sumimos en un horror al saber que nos llevarían de vuelta a Marruecos... El tormento que vivimos ese día... Todos lloraban, gritaban y estaban en shock ante la perspectiva de perder todo lo que habíamos sufrido por encontrar un buen futuro”, repasa los momentos en los que la consejera dice haber oído hasta “aplausos” de alegría.
“Cuando supe que sería uno de los devueltos se me hincharon los ojos de tanto llorar y no cerré los ojos desde que escuché ‘Marruecos’.... No dormí ni comí porque el sueño que tenía ayer y se había hecho realidad se convertía en pesadilla”, compara el número 59 de la lista de 145 deportables que elaboró la Consejería de Presidencia.
“Llegó el lunes por la mañana y me sacaron a Marruecos en un momento de silencio y opresión... Qué difíciles fueron esos días, los del sueño que se convierte en pesadilla”, incide el joven, que “agradece” desde el otro de la valla “todo lo que hicieron quienes nos apoyaron en nuestro calvario y estuvieron a nuestro lado, muy buenas personas”.

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M.B., un inmigrante guineano, y R.A., de Camerún, presentaron sendas demandas en el TEDH alegando que España había violado el artículo 3 de la Convención Europea de los DDHH, pues ambos consideran que recibieron tratos "inhumanos o degradantes" por parte de las autoridades españolas.

Los jueces señalaron que la devolución de los dos inmigrantes se justificó porque no intentaron entrar en España siguiendo los procedimientos legales existentes y recalcaron que las heridas que sufrieron fueron causadas por las cuchillas de las concertinas de la valla fronteriza, a la que ellos subieron por voluntad propia.

"La Corte asevera que no hay suficientes indicios para concluir que los derechos de los demandantes, amparados bajo el Artículo 3, hayan sido violados, por la acción directa del Estado en cuestión (España)", señaló el fallo del Tribunal.

El inmigrante guineano, quien permaneció en territorio europeo después del acontecimiento y su demanda de asilo fue rechazada en 2020, había alegado que sufrió heridas al saltar la valla provocadas por la acción de la Guardia Civil española.

Mientras, el camerunés -actualmente residente en Francia- acusó a las fuerzas españolas de malos tratos. Los dos migrantes también acusaron a las fuerzas marroquíes de malos tratos.

La 'ley mordaza'

En febrero de este año, la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa (DDHH), Dunja Mijatovic, ha instado a España a modificar algunos artículos de la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, conocida como la 'ley mordaza', para adecuarlos a los estándares europeos. Respecto a los inmigrantes interceptados en Ceuta y Melilla Mijatovic hace hincapié en que la reforma de la ley "no introduce garantías claras contra la devolución –en caliente–, incluido el derecho a solicitar asilo, ni contra las expulsiones colectivas".

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