Precisamente la agravante de reincidencia es la que ha pesado para que la Fiscalía se opusiera a una posible suspensión de la condena. Fue el mismo criterio que lo llevó a prisión preventiva tras su puesta a disposición judicial el pasado 20 de agosto.

F.B. ya fue condenado por el Juzgado de lo Penal 1 por otro delito similar y consumado. Aunque en este no terminó de llevarse a efecto, se ha evidenciado esa reiteración en las prácticas delictivas del mismo corte.

El acusado, que fue conducido esposado por la Policía Nacional, reconoció los hechos y asumió la pena impuesta por la magistrada, lo que evitó la celebración de la vista oral que había sido señalada para este jueves al aplicarse la figura jurídica de la conformidad.

¿Qué es lo que sucedió?

F.B. asumió que en la noche del 20 de agosto se encontraba en las inmediaciones de la playa de Benítez, en donde intimidó a otro compatriota residente en el CETI para apropiarse, sin éxito, de su teléfono móvil.

Dijo que lo iba a matar mientras le increpaba utilizando para ello una llave.

La Policía Nacional lo detuvo y al día siguiente entró en prisión preventiva, ya que contaba con antecedentes, además de que, siendo un súbdito argelino, existía el riesgo de fuga y reiteración delictiva si era puesto en libertad.

El joven, que necesitó de la ayuda de un intérprete, escuchó la relación de hechos probados, los reconoció y atendió así la condena impuesta, algo rebajada respecto de la inicialmente solicitada por la Fiscalía de dos años de cárcel.

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Los hechos se produjeron el pasado fin de semana, cuando el ahora preso preventivo fue detenido por la Policía Local por tocamientos a una menor de 14 años de edad. Tras su arresto fue puesto a disposición judicial, ordenándose su entrada en prisión preventiva en la cárcel de Mendizábal a la espera de esa vista.

Se le relaciona con la comisión de un delito de agresión sexual perpetrado contra menor de 16 años (en este caso tiene 14).

Intervención policial

El implicado es un residente del CETI de origen argelino a quien se le detuvo por su presunta relación con los hechos acontecidos el pasado fin de semana.

Tras su presentación en el juzgado, se dictó auto de entrada en prisión preventiva al considerarse la existencia de fundamento para acordar esta medida, la más grave puesto que supone la privación de la libertad de manera temporal hasta que se desarrolle el proceso judicial oportuno.

Se ha notificado dicha incidencia a la dirección del centro de estancia temporal de inmigrantes al tratarse de uno de sus residentes.

Tipología del delito de acuerdo con el Código Penal

La agresión sexual es un delito que consiste en la realización de actos que atentan contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento, como sucedió en este caso en concreto. Constituye, de hecho, uno de los delitos sexuales recogidos en el Código Penal.

De acuerdo con las penas estipuladas, la comisión de delitos de agresión sexual a menor de 16 años puede conllevar condenas de dos a 6 años de cárcel.

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En datos, en 15 días se ha registrado la entrada de 44 personas que o bien han sorteado la doble valla que separa Ceuta de Marruecos o bien han cruzado a nado bordeando el espigón del Tarajal.

¿Y cuál es la comparativa respecto a 2023? Se ha registrado un aumento del 126% por vía terrestre, ya que han entrado 1.273 personas más, de acuerdo con los mismos datos recogidos por Interior.

Por mar, es decir, a bordo de embarcaciones, la situación es distinta. De acuerdo con los datos oficiales, del 1 al 15 de noviembre entraron 28 personas de esta forma, mientras que en el mismo periodo de 2023 fueron 60, es decir, ha habido un descenso del 53,3%.

En 15 días han entrado 7 personas por esta vía, es decir, utilizando embarcaciones que han sido intervenidas por las fuerzas de seguridad.

Lo que no se cuenta

Estas son las estadísticas que maneja el Ministerio del Interior, estadísticas basadas en los datos de las personas que quedan registradas como interceptadas y trasladadas al CETI o a centros de menores.

No se habla de la hilera de intentos de pase que tienen lugar de forma constante y que no quedan constatadas en ningún registro. Conocer esos datos es lo que ayuda a tener una consideración real y ajustada de lo que ocurre en la frontera sur.

Solo una vez se contó ese dato, lo hizo la propia delegada del Gobierno, Cristina Pérez, coincidiendo con el intento de entrada masiva de personas en agosto con noches constantes de pases por el espigón.

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En sentencia, a cuyo contenido ha tenido acceso El Faro, se considera probado que el procesado era trabajador del centro de estancia temporal de inmigrantes en octubre de 2019. Fue entonces cuando se ofreció a una de las residentes del centro para llevarla en su coche particular al instituto a donde acudía la hija que esta tenía. En el trayecto le dijo que le gustaba y le propuso mantener relaciones.

Se considera probado que le puso la mano sobre la de ella, mientras esta la tenía sobre su pierna, que llegó a rozar. “Pero no se ha acreditado”, deja claro el tribunal, “la comisión por parte del acusado de acto alguno de carácter sexual que pudiera ser calificado como delictivo respecto de la denunciante”, apunta en la resolución.

Para llegar a esta conclusión, el tribunal ha valorado las declaraciones que pudieron escucharse en el acto de juicio oral celebrado en la Audiencia sin llegar a prueba alguna de que se pudiera haber incurrido en un delito de esta índole.

Se valoraron las manifestaciones de la propia denunciante y acusado, pero también de personal del centro incluido el antiguo director.

Solo rumores

Analizada toda la prueba practicada, la Sala ha considerado que “no es posible alcanzar la más mínima convicción acerca de los hechos denunciados”.

“No existe ninguna prueba de acto alguno atentatorio de la libertad sexual de la denunciante que, en el acto del juicio, no ha podido más que negarlo afirmando que no existió más que una proposición sin forzamiento alguno y sin llegar tampoco a ningún acto sexual”, lo que “ni siquiera se ha intentado”.

Lo que, a juicio de la Audiencia, se deduce de toda la prueba que se practicó en la vista oral es “la existencia de rumores” dentro del CETI contra el acusado y una mala relación con las trabajadoras sociales que, “influenciadas por ello, aconsejaron una denuncia a todas luces infundada y excesiva, que nos lleva a afirmar la inexistencia de pruebas suficientes capaz de desvirtuar la presunción de inocencia que asiste a todo acusado”.

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“Me voy entre la vida y la muerte”, dice la canción que acompaña la grabación de su marcha. Estos seis protagonistas han dejado este lunes las instalaciones del Jaral a golpe de música, grabándose en vídeo y arrastrando a otros residentes a los que aún no les toca marchar.

Han querido compartir este vídeo con El Faro de Ceuta, entonando una canción que se ha viralizado entre los inmigrantes hasta el punto de convertirse prácticamente en una bandera representativa para todos ellos.

Indican que han permanecido unos tres meses en el CETI, hasta conocer que les tocaba el turno de marchar al otro lado del Estrecho. En sus manos el pasaporte y la resolución que permite este pase.

Una marea musical que arrastra a los jóvenes

Portando sus maletas de viaje y mostrando sus papeles han arrastrado a otros compañeros del CETI en su baile con el que se han despedido de la que ha sido su casa.

La música que les acompaña se ha convertido en bandera de los movimientos migratorios. Tras las letras y melodías se habla de inmigración, pero también de la tierra extranjera a la que uno va cuando se exilia de su país.

Se recuerda la tristeza de dejar atrás a una madre, pero también se habla de las oportunidades que se encuentran y que su país no ha ofrecido. “Me voy entre la vida y la muerte”, se entona.

Los jóvenes han dejado atrás un centro a golpe de música. En un vídeo que han compartido con este medio demuestran la alegría compartida a golpe de bailes con otros compañeros subsaharianos que han compartido los módulos en este tiempo de estancia en Ceuta.

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La situación lo exige dados los episodios de vandalismo que se suscitan y que no solo obtienen la denuncia de usuarios y propios trabajadores, sino que también se ha sumado la queja pública emitida por la asociación de vecinos del Príncipe que ha hecho un llamamiento a los padres para que actúen.

Desde la empresa de autobuses se ha tenido que pedir ayuda a la Policía Local para que se cuente con su presencia en la parada establecida junto al Edificio Polifuncional de Puertas del Campo, coincidiendo con el periodo ajustado a la salida de los institutos.

Además, han puesto auxiliares de apoyo en las líneas 4 y 8 entre las 13:30 y las 14:30 horas, y se han presentado ya dos denuncias por insultos, agresión a los auxiliares y por acceder sin pagar.

Política de seguridad necesaria

Son, no obstante, gestos insuficientes. La política de seguridad pasa por instaurar cámaras en todos los vehículos de servicio público.

A las quejas de las líneas 4 y 8, que se suceden coincidiendo con la salida de los institutos, se suman las que también ocurren en la línea 5, con quejas de jóvenes a las que molestan algunos residentes del CETI. La falta de denuncias lleva a que no se puede ejercer una acción de envergadura, incluso prohibiendo entradas en los vehículos de servicio público.

“Estos actos no solo afectan al servicio, sino que también están poniendo en riesgo la seguridad de nuestros hijos e hijas, así como la de aquellos que utilizan este transporte diariamente. Hacemos un llamamiento directo a los padres y madres: es vital que estén atentos al comportamiento de sus hijos en el transporte público. Este problema no es solo de la empresa de autobuses ni de las autoridades", solicitaron desde la asociación de vecinos del Príncipe.

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Para el portavoz de Vox, “el efecto llamada es brutal desde que Vivas lanzó una llamada de socorro a otras comunidades pidiendo acogida”, señalando que la inmigración ilegal ha crecido “casi un 150%, en total 2.162 inmigrantes ilegales más para alegría y lucro de las mafias de personas”.

Por ello, ha recalcado que “es necesario poner fin a todas las políticas de efectos llamadas” que han provocado la muerte de muchas personas al intentar cruzar y que “pretenden convertir Ceuta y Melilla y las Islas Canarias en centros de desembarco desde donde repartir inmigrantes ilegales por toda España, poniendo en riesgo el propio futuro de los españoles”.

Tras esta exposición, Redondo ha trasladado una serie de medidas a implantar para acabar con la inmigración ilegal. Entre ellas, “rechazar la políticas de puertas abiertas a la inmigración ilegal alentada por el PP y el PSOE” y “exigir al Gobierno de la Nación la inmediata expulsión de todos los inmigrantes ilegales que se encuentren en nuestra ciudad e iniciar los trámites para la repatriación de los menores no acompañados”.

También ha pedido “rechazar la apertura de cualquier centro de acogida e instar al Gobierno al cierre del CETI de Ceuta; declarar la Ciudad Autónoma de Ceuta como región que no apoya a las asociaciones y oenegés que colaboran con el mafias del tráfico de seres humanos y la inmigración irregular”. Esto además de “destinar el importe de las ayudas recibidas para este fin a trasladar a los inmigrantes a los países de origen o a Bruselas”.

Asimismo, ha solicitado celebrar “una consulta popular en la que se plantee la expulsión de todos los inmigrantes ilegales que se encuentran en nuestra ciudad”, al igual que “promover las modificaciones legales para evitar el fraude en el empadronamiento” por parte de los inmigrantes ilegales.

“Copiar y pegar las propuestas que les mandan a nivel nacional”

A todo esto, Fatima Hadmed, del MDyC, le ha respondido asegurando que lo único que hacen es “copiar y pegar las propuestas que les mandan a nivel nacional y no proponen nada para mejorar la vida de los ceutíes”.

Además, ha respondido punto por punto a cada una de las medidas propuestas por Vox, manifestando que “es un disparate lo que ustedes proponen aquí”.

Por su parte, Alberto Gaitán ha dicho que “es un clásico debatir sobre la inmigración en el pleno” y que esta es una propuesta que la plantean “tal cual” en diferentes ayuntamientos de España para alentar “al miedo”.

En cuanto a la solicitud del cierre del CETI, ha manifestado que es “todo un despropósito”, señalando que “pretenden que volvamos a lo que teníamos hace 30 años, inmigrantes habitando en las calles, en las Murallas, sin poder ser trasladados a la Península. Eso explotó. ¿Eso es lo que quieren, que estén en nuestra ciudad sin posibilidad de salida?”.

Por todo ello, ha finalizado su intervención trasladando que, una vez más, “vuelven a no plantear soluciones, proponen medidas que vulneran las normas nacionales e internacionales y manifestando lo poco que les importa la ciudad de Ceuta”.

Redondo ha respondido a todas estas intervenciones asegurando que  “vamos a seguir trayendo estas propuestas todas las veces que haga falta porque los ceutíes tienen que conocer las políticas del PP y el PSOE que se están aplicando y que están poniendo en peligro la seguridad de los ciudadanos”.

Asimismo, ante la petición de Gaitán de que dé nombres de las asociaciones que trabajan con las mafias según Vox, Redondo ha manifestado que “le corresponde al gobierno identificar a las oenegés que se lucran con el sufrimiento de miles de personas  y que colaboran activamente con las mafias que animan a los inmigrantes a cruzar la frontera”.

En cuanto al cierre del CETI, ha asegurado que lo que quieren es que “se convierta en un resort para los inmigrantes ilegales”, sacando a relucir una noticia en la que, supuestamente, los trabadores del centro manifiestan que los inmigrantes son clientes con gimnasio gratis y taxi a las mezquitas. Algo que para Redondo, “fomenta el efecto llamada”.

Por todo ello, ha insistido que “no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras asaltan nuestras fronteras, crece exponencialmente el número de inmigrantes ilegales y se pone en riesgo la seguridad de nuestros barrios”. Todo ello, “sin hacer nada y viendo como los españoles se quedan desamparados”, ha concluido su intervención.

La votación ha concluido con el rechazo a esta propuesta con 18 votos en contra y tres favor.

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Al reconocer los hechos se aplicó una rebaja de la condena a 4 meses

Fue en septiembre cuando se anunció la colocación de los primeros a través de la Consejería de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos que dispuso 30 contenedores inteligentes de última generación destinados a la recogida de aceites vegetales de uso doméstico, así como otros 30 para residuos textiles.
La explotación de este servicio incluye la recogida y realización de campañas de difusión, comunicación, sensibilización y seguimiento de su implantación en Ceuta, por un importe global que ronda los 200.000 euros.
Por ley se establece que a partir de 2025 todos los municipios en España deben recoger selectivamente residuos textiles.
En esta ley se prohíbe la destrucción de excedentes textiles y se prioriza la reutilización, siendo el objetivo principal preparar el 55% de los residuos textiles para reusarlos en 2025, aumentando al 60% en 2030 y al 65% en 2035.

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El partido defiende la implantación de una USECIC como entidad “especializada en la acción rápida y con la suficiente flexibilidad para actuar tanto en momentos especiales como según las necesidades de la Comandancia como refuerzo a sus compañeros”.

Esta propuesta de Vox constituye una de las reclamaciones de Jucil y de hecho en la Comandancia de la Guardia Civil se estaba analizando su puesta en marcha, sin que nada se haya comunicado al respecto.

Las USECIC son una nueva unidad de la que se nutre Ceuta con agentes de fuera al no tener estas competencias para disponer de una propia, como sucede en otras Comandancias del resto del país.

Su apoyo ha sido clave, por ejemplo, en la valla con respaldo a los GRS. Su constitución forma parte de una de las propuestas de Vox.

Otras propuestas de Vox: el cierre del CETI y apoyar las expulsiones

Pero hay más, también esta formación reclamará a la Asamblea un pronunciamiento para “rechazar la política de puertas abiertas a la inmigración ilegal alentada y promovida por el PP y el PSOE”. Una iniciativa que el partido ha llevado a todos los parlamentos autonómicos y ayuntamientos para exigir, en definitiva, una política de “billete de vuelta”.

“La irresponsabilidad por parte del Partido Socialista y el Partido Popular al apoyar y alentar la inmigración ilegal tiene consecuencias directas en la vida de los españoles, pese a que sus líderes y portavoces lo nieguen”, advierten.

En esta línea, la iniciativa persigue que la Asamblea realice una declaración para exigir al Gobierno la inmediata expulsión de todos los inmigrantes que se encuentren en nuestra ciudad, así como a iniciar los trámites para la repatriación de los Menores Extranjeros No Acompañados.

También para rechazar la apertura de cualquier tipo de centro de acogida “de inmigrantes ilegales” e instar al Gobierno de la Nación al cierre del CETI de Ceuta, o declarar Ceuta como región que no apoya a las asociaciones y ONG que colaboren con las mafias del tráfico de seres humanos y la inmigración ilegal.

Además de poner en marcha medidas como la de impulsar una consulta popular relativa al refuerzo de la seguridad ciudadana en la que se plantee la expulsión de todos los inmigrantes ilegales.

Conciliación laboral y familiar

En el marco de otras propuestas se incluye la de fomentar la conciliación laboral y familiar. Así llevará a pleno una iniciativa que persigue poner a las familias en el centro de las políticas públicas. Así, pide a la Asamblea que inste al Gobierno local a poner en marcha medidas como garantizar la gratuidad de la educación desde los 0 a los 3 años o establecer incentivos fiscales a aquellas empresas que implementen medidas para favorecer la conciliación.

Esta propuesta también reclama que se promuevan medidas de apoyo social, fiscal y laboral para facilitar que todo español pueda optar libremente por dedicarse al cuidado en el hogar de hijos menores o familiares con discapacidad o en situación de dependencia.

Además, propone instar a la Dirección Provincial de Educación de Ceuta a promover, siempre que sea posible, un reajuste del horario escolar con el objeto de hacerlo compatible con la jornada laboral de los padres, así como el establecimiento de aulas matinales.

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Tras su puesta a disposición judicial, reconoció los hechos y aceptó la pena de 6 meses de prisión por delito de amenazas, pena que queda en suspenso bajo la advertencia de que, de cometer un delito, deberá cumplirla. Con el reconocimiento de los hechos, esa sanción judicial queda rebajada en dos meses.

El varón fue arrestado por la Policía Nacional en la madrugada del pasado jueves al viernes, después de que desde el centro de estancia temporal alertaran de la generación de una algarada que podía desencadenar en problemas de mayor entidad.

La Policía desplazó a varias unidades hasta la zona, procediendo al arresto de este interno, de nacionalidad argelina. El suceso fue contenido inicialmente por la seguridad privada con la que cuenta el recinto del Jaral.

Sobreocupación de las instalaciones

El suceso se inició entre dos residentes, pero después afectó a los vigilantes del centro cuando acudieron a reducir al ahora condenado ya que este se enfrentó a ellos cuando lo redujeron.

Este suceso se enmarca en los repuntes críticos de enfrentamientos que se suceden en un centro que no deja de perder su sobreocupación, siendo predominantes las entradas en goteo de magrebíes.

A pesar de las salidas constantes a la Península, aunque ya no anunciadas pero que se llevan a cabo todas las semanas en distintos días -en su mayoría de argelinos y marroquíes-, la ocupación sigue superando las plazas oficialmente establecidas en este centro del Jaral cuya construcción supuso un giro radical respecto a las infraestructuras que en materia migratoria había dispuesto la administración central tanto en Ceuta como en Melilla.

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