Se imponen medidas cautelares para el llamado M.O.A., ‘Monito’, tales como la prohibición de abandonar el territorio nacional, así como firmar los días 1 y 15 de cada mes en el juzgado.

La medida se acordó tras la comparecencia para la prórroga de prisión que se celebró en el juzgado de instrucción número 2. Allí la representante del Ministerio Fiscal solicitó que se mantuviera la prisión provisional, medida a la que se adhirió la Acusación Particular. Ahora recurrirá el auto dictado, a cuyo contenido ha tenido acceso este periódico.

En el caso de los demás presos preventivos por el crimen de Dris Amar, los llamados ‘Castaña’, ‘Popis’ y ‘Colombo’, siguen en la cárcel, pero por otras causas distintas a la del asesinato ya que pesan sobre ellos condenas por la comisión de otros delitos.

Los tres procedimientos judiciales abiertos

La Audiencia ordenó que la causa abierta tras el asesinato del cabo de Regulares se desglosara en tres procedimientos distintos.

Así, habrá un juicio por Tribunal de Jurado por delito de asesinato y sus conexos de tenencia ilícita de armas y grupo criminal; otro distinto también con Jurado por delito de allanamiento de morada; y un tercer juicio seguido con tribunal profesional por atentado, tentativa de homicidio contra dos policías nacionales, tenencia ilícita de armas y grupo criminal.

Hace dos meses se celebró en la Audiencia la prórroga prisión por esos disparos a policías de la Udyco, acordándose allí que únicamente M.O.A. quedara libre. Este extremo no se llevó a la práctica porque seguía privado de libertad por la pieza del asesinato, de la que ahora se acordado también su libertad.

De acuerdo con la investigación policial, el llamado ‘Monito’ se encontraba fuera del garaje donde asesinaron a Dris Amar ejerciendo un rol de vigilancia, mientras que los demás implicados habrían ejecutado un plan preconcebido para acabar con la vida del militar.

Tal y como se recoge en el auto judicial, “sin dejar de reconocer la existencia de indicios bastantes y razonables sobre la participación del investigado en los hechos descritos en el auto de prisión, y siguiendo las pautas jurisprudenciales anteriormente señaladas” se considera “que la situación personal del mismo debe modificarse, teniendo en cuenta el transcurso de cerca de dos años desde que fue acordada la medida y la culminación de la instrucción, pudiendo alcanzarse los fines que en su día se señalaron mediante medidas menos restrictivas de los derechos del investigado”, justifica.

La única calificación fiscal conocida

De los 3 procedimientos judiciales en los que se desglosó la causa abierta tras este crimen, se conoce únicamente una calificación fiscal, la alusiva al delito de allanamiento de morada.

Están acusados los llamados ‘Castaña’ y ‘Popis’, ya que se adentraron en la vivienda de una vecina para ocultarse de la Policía.

Mientras el apodado ‘Colombo’ era prácticamente llevado en volandas por los agentes al poco tiempo de perpetrarse el crimen, ‘Castaña’ y ‘Popis’ se escondían en casa de una mujer en contra de su voluntad, allanando así su morada de forma violenta y reteniéndola.

Para cada uno de los acusados, el Ministerio Público solicita 2 años de cárcel, así como la prohibición de comunicación y acercamiento a la dueña de la vivienda allanada por un periodo superior en 5 años a la pena de prisión, marcándose además una distancia de alejamiento de 100 metros.

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Según ha informado la Guardia Civil, los dos detenidos contaban con sendas órdenes internacionales de detención, activas desde el pasado mes de septiembre.

La investigación de la muerte de los agentes David Pérez y Miguel Ángel González en el puerto de Barbate, a cargo de la Guardia Civil, está siendo dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de esa localidad gaditana.

Las dos nuevas detenciones se suman a la practicada el pasado 19 de septiembre, cuando Karim El Baqqali, de 32 años y acusado de ser el piloto de la narcolancha que atacó a la embarcación de los agentes, fue apresado en esa misma localidad.

#OperacionesGC | Detenidos 2 tripulantes de la narcolancha utilizada en el asesinato de 2 agentes de la @guardiacivil en #Barbate #Cádiz.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 9 de febrero en la bocana del puerto del municipio gaditano, donde también resultaron heridos otros 4… pic.twitter.com/Wgh9H3ySA0

— Guardia Civil (@guardiacivil) November 8, 2024

Aquella detención se produjo tras siete meses de complejas investigaciones que incluyeron un giro en las pesquisas ya que, en el mes de mayo, los investigadores determinaron que la narcolancha que pilotaba Francisco Javier M. P., alias Kiko el Cabra, no fue la que embistió y mató a los agentes en el puerto de Barbate, como se pensaba inicialmente.

Las investigaciones se enfocaron entonces hacia otra narcolancha que había sido intervenida el 17 de marzo por agentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Huelva, cuando navegaba a 20 millas náuticas al sur de la playa de La Antilla, con 94 garrafas de gasolina y que tenía daños compatibles con el choque que causó la muerte a los dos agentes.

Los investigadores identificaron entonces a su piloto, Karim El Baqqali, y establecieron que iba acompañado por otras tres personas.

El mismo día de la detención de El Baqqali se decidió emitir sendas órdenes internacionales de detención contra sus tres acompañantes, dos de los cuales han sido detenidos ahora.

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El pasado mes de julio, el CNP ya hizo público un vídeo con los 10 fugitivos más buscados por diferentes juzgados nacionales e internacionales, de los cuales se han conseguido encontrar a tres de ellos.

Los delitos por los que se les busca son aquellos con las penas más graves, como homicidios, asesinatos, violaciones, abuso sexual de menores de edad o tráfico de drogas conectado a criminalidad organizada de alto perfil.

Es por ello que cualquier persona que pueda aportar algún dato que facilite su colaboración puede hacerlo de forma confidencial a través del correo electrónico losmasbuscados@policia.es.

Los más buscados

José Manuel Canela Vázquez, de 50 años, es conocido como “Ferramache” y está considerado uno de los capos de la droga (concretamente del hachís) más importantes de la provincia de Huelva. Se le busca desde el año 2013 y tiene a sus espaldas un largo historial de condenas contra la salud pública.

El fugado mide 1,73 metros, tiene la piel blanca, los ojos castaños y el pelo castaño y rapado, acusando una marcada alopecia. Es altamente peligroso y tendente a la evasión, tiene una complexión atlética.

 Segundo Cousido Vieites tiene 42 años y fue condenado en sentencia firme a una pena de 32 años de prisión por abusar de menores de edad utilizando su condición de profesor de religión. El fugitivo tenía a su cargo a numerosos menores ya que organizaba diferentes actividades y campamentos.

Los hechos por los que se le busca ocurrieron en 2019, en la localidad de Cambados, con motivo de unas jornadas de peregrinación a Santiago de Compostela. Aprovechaba su situación de superioridad y la confianza que depositaban los menores en él para abusar de ellos. Cousido Vieites mide 1,80 metros, es de complexión grande, tiene la piel blanca y tanto sus ojos como su pelo son de color oscuro. No presenta alta peligrosidad, pero sí alto riesgo de evasión.

Alberto Severo De Sousa Madureira, de 53 años, es buscado desde marzo del pasado año por un delito de homicidio. Existe en curso una investigación por una muerte violenta, al haberse encontrado un cuerpo sin vida en un domicilio de Sant Sadurni d’Anoia (Alt Penedès).

El fugitivo es la pareja del fallecido y se encuentra huido. Es de complexión delgada, piel blanca, pelo castaño y ojos marrones. Tiende a la evasión.

Jesús Heredia Iglesias fue condenado a 15 años de prisión por un delito de asesinato y a 1 año de prisión por tenencia ilícita de armas. Los hechos por los que se le reclama sucedieron en el año 2009, en un bar de la localidad de Talavera de la Reina, cuando el fugitivo y otra persona terminaron con la vida de un tercero al que atacaron con un cuchillo y dispararon en reiteradas ocasiones tras una discusión que tuvo lugar en el local.

El fugitivo tiene 46 años, mide 1,64 metros y es altamente peligroso, pudiendo portar armas de fuego o armas blancas. Tiene el pelo castaño o rubio, liso, la piel blanca y los ojos azules.

Álvaro Pasquin Mora, de 32 años, está buscado desde el año 2020 por un delito contra la libertad sexual. El fugitivo mide 1,70 metros, es de complexión delgada, moreno de pelo, piel blanca y ojos negros.

Llama la atención la gran cantidad de tatuajes que tiene; en ambos costados, piernas y antebrazos, así como una frase en el pecho en la que se puede leer “la suerte está echada”.

Baltasar Vilar Durán, apodado “Saro”, está condenado a 45 años de cárcel por delitos de tráfico de drogas. Su especialidad consiste en la conducción de planeadoras y se le vincula con el narcotráfico colombiano.

Tiene 67 años, la tez blanca, la cara alargada, los ojos azules, y el pelo de color castaño y canoso. Mide 1,71 metros y es de complexión delgada. Llama la atención el gran tamaño de sus orejas y su nuez prominente. Se caracteriza por una especial capacidad evasiva gracias a sus contactos.

Marek Dawid Legiec, se encuentra reclamado por las autoridades de Polonia por delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal, al adquirir grandes cantidades de sustancias estupefacientes.

Tiene 32 años, es de complexión atlética, con ojos marrones, tiene un lunar en la sien izquierda y tatuajes en las piernas, cuello y brazos, con uno significativo en el codo que representa una tela de araña.

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Al ponente le surgió esta pregunta al ver que, en los registros oficiales, no hallaba casos ejecutados por ciudadanos de estos países. Su intención era ver también a estos criminales. Sus resultados son fruto del estudio de 24 casos, que ha comparado con otros cometidos en Occidente.

“Son igual de sanguinolentos”, resume. “Existen factores culturales y sociales que pueden influir en esta falta de visibilidad, pero su comportamiento es tan violento como en otras partes del mundo”, especifica.

Mismas acciones

El criminólogo recorre 20 años de asesinatos en esta charla. Estima que, una de las razones por las que estas cifras no están plasmadas de forma visible no es otra que el hecho de que “el concepto de asesino en serie, especialmente hace 20 años, no era mediáticamente relevante en estas regiones. Mientras, en los territorios occidentales ya formaba parte del discurso público y de las investigaciones”, expone.

“Suelen compartir rasgos comunes, en concreto, un patrón repetitivo, un modus operandi específico o una motivación, que puede variar desde el poder hasta el placer”, comenta.

Sí se da una diferencia entre estas naciones. Se trata de aquellas situaciones en los que la víctima es una mujer. “Las pesquisas pueden tardar más en comenzar debido a barreras culturales o sociales”, incide. “Sin embargo, por lo demás, estos casos son igual de complejos e interesantes”.

La persona tras el “monstruo”

Una de las tendencias más habituales es concluir que un asesino en serie es un “monstruo” o padece un trastorno. Al ser consultado por este asunto, Garriga lo corrobora. “Esta percepción facilita un mecanismo de defensa que permite distanciarse de la inquietante realidad de los crímenes violentos”, señala.

“La creencia de que solo aquellos con patologías evidentes pueden perpetrar actos tan atroces es una forma de proteger la sensación de seguridad personal”, detalla. A pesar de ello, esta reflexión dista de los datos. “Muchos no los presentan”, afirma.

“Esto lleva a la incómoda realidad de que individuos sin características visibles de anormalidad pueden ser capaces de llevar a cabo crímenes extremadamente violentos, lo que desafía nuestras concepciones sobre la naturaleza del mal y la normalidad en la conducta humana”, apostilla.

“True crime”

Hay una creciente fascinación por conocer de cerca este tipo de delitos. De hecho, recientemente ha surgido la figura del “true crime” en el que se relatan esta clase de historias a través de contenidos en internet u otros formatos. La explicación que hay detrás estriba en la reacción que estos actos provocan en la ciudadanía.

“Nos sentimos fascinados por ellos porque exploran los límites más oscuros de la conducta humana, generando curiosidad y rechazo a la vez. Queremos entender qué los impulsa, cómo piensan y qué los lleva ejecutar acciones tan extremas”, cuenta. Advierte que, en relación a estas divulgaciones es necesario ser cauto. “Puede llevar a la glorificación de su figura o minimizar el sufrimiento de las víctimas”, comenta.

“Además, compartir detalles innecesarios o inexactos puede distorsionar la percepción pública y motivar a otros a imitar estos comportamientos. Por eso es esencial abordar el tema con responsabilidad, asegurando que la información sea precisa y libre de sensacionalismo”, menciona.

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Se trata de uno de los dos asuntos que se seguirán bajo Tribunal de Jurado, el correspondiente a un delito de allanamiento de morada por el que están acusados los llamados H.M.A., alias Castaña, y A.D.A., conocido como Popis.

Tal y como mantiene la Fiscalía, de acuerdo con la información judicial a la que ha tenido acceso El Faro, ambos actuaron de común acuerdo para adentrarse en la vivienda de una vecina, ubicada en el antiguo Poblado Legionario, al objeto de evitar que la Policía Nacional los detuviera.

Esa noche todo el barrio estaba blindado de agentes, no solo habían asesinado al cabo Dris sino que también habían intentado matar a dos policías nacionales de la Udyco que accedieron al garaje al escuchar los disparos.

Mientras el apodado ‘Colombo’ era prácticamente llevado en volandas por los agentes al poco tiempo de perpetrarse el crimen, ‘Castaña’ y ‘Popis’ se escondían en casa de una vecina en contra de su voluntad, allanando así su morada de forma violenta y reteniéndola.

La petición de cárcel de la Fiscalía

Fiscalía considera que hay indicios suficientes como para considerarlos culpables de un delito que se debe seguir, por su tipología, bajo Tribunal de Jurado, haciendo hincapié además en el estrés postraumático que esta acción generó en la dueña de la vivienda que prácticamente fue víctima de un auténtico asalto.

Para cada uno de los acusados, el Ministerio Público solicita 2 años de cárcel, así como la prohibición de comunicación y acercamiento a la dueña de la vivienda allanada por un periodo superior en 5 años a la pena de prisión, marcándose además una distancia de alejamiento de 100 metros.

De igual manera la Fiscalía reclama una indemnización de 10.422 euros en concepto de responsabilidad civil por las secuelas ocasionadas.

La vivienda que buscaban de camuflaje

Ocultos en esa casa, los dos acusados confiaban en que la Policía Nacional abandonara el Príncipe para, finalmente, escapar del lugar. Pero los agentes, lejos de dejar el barrio, no cesaron en la búsqueda de todos los que, a su juicio, estaban implicados en tan terrible suceso.

Y fue así como lograron dar primero con ‘Colombo’, y después con ‘Popis’ y ‘Castaña’, quienes habían sido reconocidos por miembros de la Udyco. Los agentes se adentraron en todos los portales de las viviendas del antiguo Poblado Legionario hasta dar con la que pretendía servir de particular camuflaje bajo amenazas y por la fuerza.

Habrá un juicio por Tribunal de Jurado por esta causa, como también habrá otro por delito de asesinato y sus conexos de tenencia ilícita de armas y grupo criminal. Serán los jurados los que determinarán la culpabilidad o no de los acusados.

Un tercer juicio, el único que se seguirá con tribunal profesional, será por delitos de atentado, tentativa de homicidio contra dos policías nacionales, tenencia ilícita de armas y grupo criminal.

El tribunal del mayor órgano judicial en nuestra ciudad lo decidió así, estimando el recurso que presentó la Fiscalía contra el auto dictado por el Juzgado número 2, celebrándose por tanto 3 juicios, aunque con la misma prueba.

Se argumentó la complejidad de la causa derivada de la existencia de múltiples tipos penales con diferentes grados de ejecución y participación.

La situación de los investigados

La investigación llevada a cabo por la Policía Nacional para dar con los presuntos implicados, con desempeño de uno u otro rol, llevó a las detenciones de los apodados ‘Castaña’, ‘Popis’, Colombo’ y ‘Monito’.

Todos están cumpliendo prisión preventiva desde hace 2 años, habiéndose mantenido esas medidas privativas de libertad al menos en lo que se refiere al procedimiento seguido por el asesinato del cabo Dris.

Fiscalía considera que todos ellos actuaron de común acuerdo en la madrugada en la que fue asesinado el cabo de Regulares.

Cada uno se habría repartido una serie de roles: el de vigilancia (en el caso de M.O.A., ‘Monito’) y el de ejecución de un “plan preconcebido para acabar” con la vida del militar (en el caso de H.M.A. ‘Castaña’, A.D.A., ‘Popis’ y A.A.L., ‘Colombo’).

Para la Fiscalía, los cuatro investigados formaban parte de una organización dedicada, entre otras actividades, a disparar armas de fuego para atemorizar y atentar contra la vida e integridad física de los miembros de otra organización.

Sumario por los disparos a policías de la Udyco

Esa misma noche dos policías nacionales de la Udyco que se encontraban en la barriada accedieron al garaje en donde fueron recibidos a disparos sufriendo una tentativa de homicidio.

Por este suceso en sí se sigue un Sumario respecto del que sí hay novedades, ya que el tribunal de la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ha dictado auto por el que ordena la puesta en libertad del apodado ‘Monito’. Pero es una libertad que no resulta efectiva porque sigue preso preventivo por la muerte del cabo Dris.

La Sala fundamenta esa medida en que debería haber “motivos bastantes”, es decir, “existencia de una base indiciaria de las conductas con relevancia penal que se imputen a la persona contra la que se siga el procedimiento” para mantenerlo en prisión.

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“Estimado señor presidente Juan Vivas:

Me dirijo a usted con el más profundo respeto y urgencia, en calidad de madre preocupada por la situación actual que me afecta.

Hace algún tiempo, durante una reunión, después de la noticia del asesinato de mi hijo, usted me aseguró que estaría disponible para cualquier necesidad que pudiera surgir y que siempre podría contar con su ayuda.

Hoy, me veo en la necesidad de solicitar una audiencia urgente con usted para discutir un asunto de gran importancia y urgencia.

La situación que enfrentamos requiere de su intervención inmediata. Confío plenamente en su compromiso y en las palabras de apoyo que me brindó en aquella ocasión.

Estoy segura de que, con su ayuda, podremos encontrar una solución adecuada y justa para el problema que nos aqueja.

Agradezco de antemano su atención y espero poder contar con una respuesta favorable a mi solicitud. Quedo a su disposición para coordinar una reunión en el momento que usted considere oportuno”.

Atentamente:

Asma, madre de Mohamed Alí.

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Según ha informado AUGC en una nota de prensa, la Audiencia Nacional ha admitido a trámite un recurso contencioso-administrativo "contra la denegación arbitraria de la celebración de un Pleno extraordinario del Consejo de la Guardia Civil" solicitado por esta asociación profesional del Instituto Armado, una iniciativa respaldada por otras asociaciones.

La petición de Pleno se adoptó tras el doble asesinato de los agentes que fueron embestidos cuando se acercaron en una zódiac a la zona en el puerto de Barbate donde varias narcolanchas se refugiaban del temporal.

Lo que AUGC propuso fue analizar lo ocurrido "desde el punto de vista de la prevención de riesgos y abordar las medidas correctoras que procedan y eliminen, o minimicen el riesgo ante actuaciones futuras, sin perjuicio de depurar las responsabilidades que procedan".

Con su demanda, AUGC requiere al Ministerio del Interior que "remita copia íntegra de todas las actuaciones, resoluciones, comunicaciones, actos administrativos, actos de trámite, correos electrónicos que se hayan producido en órganos del Departamento en relación con la petición de celebración de Pleno extraordinario del Consejo de la Guardia Civil".

La asociación ha explicado que "no descarta" volver a realizar la petición de celebración de pleno extraordinario en los próximos días, como consecuencia del cambio habido en la cúpula de la Guardia Civil al volver Mercedes González a la Dirección General, al entender que tendría "una magnífica oportunidad de ponerse al lado de los guardias civiles y de sus familias".

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El nuevo fallo se dicta tras una estimación parcial del recurso presentado por la Defensa.

Tal y como se recoge en la sentencia, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso El Faro de Ceuta, se reduce también la prohibición de aproximarse a la víctima a menos de 100 metros a un periodo de 19 años y medio, cuando la Audiencia lo estableció en 21 años y 3 meses. Esa prohibición afecta también a mantener cualquier tipo de comunicación verbal o telemática.

A dichas penas se suma el pago de una indemnización a la víctima que ahora se fija en 18.050 euros mientras que la Audiencia la había fijado en poco más de 32.000.

Los hechos que llevaron a la celebración de este juicio, en julio de 2023, se remontan al 28 de septiembre de 2017 en las inmediaciones del Pantano, a la altura del CETI. Allí se encontraba la víctima junto a dos de sus sobrinos de 4 y 5 años de edad, circunstancia que aprovechó el condenado para apuñalarle por la espalda para que no pudiera defenderse con la intención de acabar con su vida.

Además de atacarle con un arma blanca con la que le causó varios cortes le azuzó con un perro para que le mordiera. Una de las heridas comprometió la función respiratoria por lo que existió riesgo de perder la vida de no llevarse una rápida actuación médica.

Tras permanecer varios días sin poder hacer actividades, la víctima ha sufrido la permanencia de cicatrices en su cuerpo que “empeoran en su conjunto su imagen anterior de una forma no nimia pero tampoco especialmente relevante”, considera el máximo órgano judicial en Ceuta.

La valoración del TSJA tras estudiar el recurso

La Audiencia destacó como clave para dictar la condena la declaración de la víctima. Ahora el TSJA apunta en su sentencia que “atendida la entidad y significación incriminatoria de la prueba sobre la autoría de las lesiones que presentaba la víctima, no es cierto que exista resquicio alguno susceptible de albergar una duda razonable sobre dicho extremo” ni “tampoco se aprecia ningún error en la valoración de las diferentes pruebas” sino por el contrario “una razonable y ponderada evaluación conforme a las reglas de la lógica, a las máximas de la experiencia y a las reglas del comportamiento humano”. Se considera, por tanto, que no se conculcó el derecho fundamental a la presunción de inocencia.

La descripción de todos los hechos que se entrelazaron en esta agresión no solo fue descrita de forma coherente, sino que además resultó corroborada por distintas vías: hay una documentación médica y la pericial forense que coinciden, por ejemplo, con la dinámica de la agresión; están las manifestaciones de trabajadores del CETI que acudieron a auxiliar a la víctima, por ejemplo.

En las distintas declaraciones ofrecidas por la víctima siempre ha sido persistente sin caber contradicciones ni apreciarse ambigüedades o vaguedades.

Se aprecia una eximente de anomalía o alteración psíquica

El TSJA también desestima el motivo del recurso referente a la calificación penal de la conducta, que fue concretada en un delito intentado de asesinato.
“No cabe duda de la acción atribuida al acusado consistente en atacar con un cuchillo a la víctima, cuando estaba de espaldas y desprevenida, interin daba de comer a los caballos allí presentes, dándole diversas puñaladas, una de las cuales le causó una lesión que comprometió gravemente su vida”.

Esto “constituye una acción indudablemente presidida por un dolo homicida, que, al concurrir una evidente alevosía sorpresiva, integra el elemento subjetivo propio de un delito de asesinato en grado imperfecto de ejecución, con independencia de que los motivos personales del acusado para llevar a cabo tal acción no hayan podido ser conocidos”.

“El acusado no contento con las puñaladas asestadas a su sorprendida víctima, en cuya secuencia profirió insultos al tiempo que le decía que lo iba a matar en lengua árabe, no dudo en azuzarle los cánidos que le acompañaban, protagonizando uno de ellos dos mordidas”.

Solo se estima el motivo relacionado con la inaplicación de la eximente de anomalía o alteración psíquica.

“Así las cosas, y pese a la conclusión alcanzada por la sala de instancia en torno a la fabulación o exageración de síntomas de afectación mental (habló de secuestro, de haber colaborado activamente con el Centro Nacional de Inteligencia en la operación "Cesto" contra el yihadismo…), el tribunal considera que la sintomatología exhibida por el acusado “es compatible con las características que definen el trastorno de la personalidad” por lo que entienden “que sus capacidades volitivas estaban mermadas el día de los hechos”.

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El juez ha decretado este viernes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para Karim El Baqqali, acusado de ser el piloto de la narcolancha que mató a dos agentes en Barbate (Cádiz).

Inicialmente el juez le atribuye dos delitos de asesinato, cuatro delitos de asesinato en grado de tentativa, seis delitos de atentado, un delito de contrabando y un delito de pertenencia a organización criminal.

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Barbate (Cádiz) ha ordenado el ingreso en prisión de Karim Baqqali a petición de la Fiscalía, a la que se han adherido el resto de acusaciones personadas en la causa.

La orden de prisión se ha cumplido después de que Karim El Baqqali, que llevaba siete meses fugado y se entregó a la Guardia Civil en la madrugada del pasado jueves, haya declarado ante el juzgado, en una comparecencia en la que ha admitido ser el piloto de la narcolancha que el pasado 9 de febrero embistió en el puerto de Barbate una zódiac de la Guardia Civil, provocando el fallecimiento de dos agentes y lesiones a varios más.

Ha ingresado en la prisión de Puerto II, en El Puerto de Santa María (Cádiz).

Karim El Baqqali fue detenido este pasado jueves en la provincia de Cádiz.

El Baqqali ha admitido que fue él quien pilotaba la narcolancha, en lo que ha descrito como "un accidente". Este viernes, ante los investigadores, ha confesado que era el piloto de la narcolancha que embistió hasta seis veces la embarcación de los agentes, pero ha justificado que fueron maniobras para intentar evitar la colisión con la lancha de la Guardia Civil.

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De acuerdo con el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska, en esta categoría que se define como hechos graves se incluyen además del homicidio, las lesiones, los delitos contra la libertad, contra la integridad moral, contra la libertad sexual, así como “cualquier otro delito cometido con violencia o intimidación contra una pareja o una expareja”.

Igualmente, forman parte de esta categoría de victimizaciones el provocar un aborto a la víctima, lesiones al feto y los hechos cometidos sobre los hijos e hijas menores de las víctimas en un contexto de violencia vicaria.

Andalucía está a la cabeza con 25.806 victimizaciones; seguida por la Comunitat Valenciana, con 17.812; Madrid, con 17.382; Cataluña, con 9.240 y Canarias, con 8.297, siendo estos los territorios con un mayor número de mujeres víctimas de hechos graves en el ámbito de la violencia machista en 2023.

Les siguen Baleares (con 5.998 víctimizaciones), Murcia (5.687), Galicia (5.499), Castilla-La Mancha (5.382), País Vasco (4.879), Castilla y León (4.618), Aragón (3.330), Asturias (2.346), Extremadura (2.198), Navarra (1.861), Cantabria (1.410), La Rioja (875), Melilla (350) y Ceuta (254).

Adicionalmente, Interior contabilizó 228 victimizaciones en el extranjero.

El número de hechos graves registrados por este ministerio ha mostrado una tendencia creciente desde 2015, con la única excepción de 2020, cuando se produjo un descenso debido al confinamiento en el marco de la pandemia.

Fueron 123.452 en 2023, 112.446 en 2022, 98.230 en 2021, 87.475 en 2020, 90.674 en 2019, 83.437 en 2018, 80.597 en 2017, 77.562 en 2016 y 76.887 en 2015.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

Hay que recordar que en una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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