Por el suelo

PP y PSOE han hecho de la mentira su condición. Su palabra rueda por suelo carente por completo de valor. Aliados en la traición, unidos en la incompetencia y socios en la corrupción, han encontrado en nuestro pueblo una víctima abúlica, fatigada y descreída, adicta al engaño en una singular suerte de masoquismo colectivo. Este deprimente estatus ha sido el desenlace de un proceso alentado por una ciudadanía desprovista de los atributos éticos más elementales. Cada mentira era saludada con un aplauso y respaldada con un voto. Ante la innegable eficacia electoral de la dialéctica de la trapacería, el PP, y a rebufo el PSOE (travestido en segunda marca del PP), fueron perdiendo la vergüenza y el pudor hasta convertir la falacia en su forma de expresión natural. Lo hacen henchidos de felicidad.
La semana pasada han celebrado un Pleno de la Asamblea para facilitar la construcción de nuevos centros docentes. Así lo han explicado. Se puede uno mover libremente entre la indignación y la carcajada, según el estado de ánimo del momento. La moción que han aprobado, además del habitual panegírico relatando las inconmensurables cualidades del mejor Presidente de cualquier institución que hayan visto los tiempos, no recoge ni un solo acuerdo con eficacia jurídica. Han redactado un barullo de trivialidades, sometidas a cláusulas abstractas no vinculantes y destinadas a su inmediata evaporación, cuyo único objetivo es aparentar preocupación donde sólo hay desinterés. Como siempre.
El único hecho cierto, dramáticamente constatable, es que entre PP y PSOE, virtuosos en la gestión y paradigmas de la mutua lealtad, no han construido un colegio de primaria en Ceuta desde hace más de quince años, a pesar del incesante aumento de la población escolar. Ante el clamor de la comunidad educativa protestando por esta inconcebible situación, se han visto en la obligación de fingir y pergeñar conjuntamente una patraña que calme el ambiente. Pero la verdad es tozuda y resiste los intentos de exterminio. Sus acciones los delatan. Para construir colegios no encuentran parcelas y topan con una serie interminable de trámites administrativos muy bien recitados por el Delegado del Gobierno. En cambio, para construir una prisión han hallado doscientos cincuenta mil metros cuadrados inmediatamente, y han simplificado tanto el expediente que han entrado por la fuerza en una propiedad privada y han demolido edificios sin mostrar autorización alguna, al más puro estilo del oeste. El Delegado es la ley, como en los viejos tiempos de Franco. Obsérvese la diferencia. En la macro prisión, ellos tienen un gran interés porque les resuelve su problema. Descongestionan otras cárceles y concentran a todos los penados de origen marroquí muy cerca de su país. Por ese motivo todo fluye a gran velocidad: no hay límite presupuestario (el movimiento de tierras estaba previsto en siete millones de euros, y ya va por veinte), ni obstáculo alguno que los frene. Por el contrario, la construcción de nuevas escuelas sólo redundará en la calidad de la enseñanza de un puñado de jóvenes de barridas periféricas. El destino de estas personas poco o nada les importa.
Al menos este insultante paripé ha servido para situar en un primer plano de actualidad el surrealista conflicto del suelo en nuestra Ciudad. Otra de esas cuestiones que nos transportan en el tiempo haciéndonos inimitables. El suelo público, como su propio nombre indica, es de todos. Su única e insoslayable función es servir al interés general. No se puede entender una propiedad pública disociada de una finalidad concreta. Excepto en Ceuta. El cuarenta por ciento del suelo (en números redondos) es “propiedad” del ministerio de defensa. Sin embargo, el suelo realmente afectado a la defensa nacional a penas alcanza el diez por ciento. Una simple aplicación de los principios constitucionales básicos obligaría a una devolución inmediata del treinta por ciento ocioso al pueblo de Ceuta para dedicarlo a equipamiento y dotaciones deficitarias (colegios, vivienda, etc). A pesar de ello, los dos partidos que se alternan en el Gobierno, han consentido, y siguen consintiendo, que el ejército mantenga “sus propiedades” y se comporte como una inmobiliaria privada que especula con el suelo de todos los ceutíes para obtener beneficios ilegítimos, sin considerar ello supone el estrangulamiento de nuestro futuro. Esto sería impensable en cualquier otro ministerio. Pero, aunque parezca increíble, la sombra del ejército como un poder independiente ajeno al devenir democrático (reminiscencias de la dictadura),  sigue oscureciendo nuestra vida pública. El famoso “habrá un día en que todos….” (homenaje al inolvidable Labordeta), sigue vigente treinta años después en una ciudad excéntrica condenada a vivir en la extemporaneidad.