La (injusticia) de la justicia

• El Supremo ha hecho saltar todas las alertas al declarar nulo un juicio por fallos en la grabación

• En Ceuta ya se ha vivido esta situación en muchas ocasiones, es una guinda más de la NOJ

Esta semana saltaban todas las alarmas. El Tribunal Supremo confirmaba la anulación de un juicio de abusos sexuales por fallos en la grabación. La condena de nueve años a un anciano quedaba anulada ordenándose la repetición del juicio por la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. Cuando los magistrados del Alto Tribunal echaron mano de las grabaciones del acto de juicio oral era imposible entender lo que había ocurrido, por lo que se acordó aplicar el acuerdo de Pleno no Jurisdiccional de 24 de mayo de este año, por el cual se constató que el sistema de grabación al ser insatisfactorio debía ser complementado por un sistema de estenotipia. Lo sucedido ha servido para llenar páginas y páginas de periódicos cual novedad de un asunto que, en Ceuta, no lo es tanto. En nuestra ‘plaza judicial’ eso de las grabaciones defectuosas, de las videoconferencias imposibles de entender y de los testimonios que más parecen voces de ultratumba que declaraciones ajustadas a derecho ha dado pie a la declaración de varias nulidades, ordenándose la repetición de los juicios si antes no se ha podido, a modo de alternativa, llevar a cabo un expediente de reconstrucción de hechos en el que intervienen todas las partes para ponerse de acuerdo en lo manifestado pero no grabado, sin necesidad de llegar al extremo de tener que volver a citar a testigos, acusados y demás. Los perjuicios son enormes y lo son para todas las partes, ya no solo se trata del gasto económico derivado de la necesidad de repetir un juicio, sino del tiempo perdido por testigos que declararon en su día y que tienen que volver a hacerlo ahora, amén de la pérdida de la espontaneidad de un juicio inicial en el que las partes pierden muchos de sus recursos porque ya han sido expuestos con anterioridad. Es como si el avance tecnológico se volviera en contra de una justicia que sufre su propia injusticia. La Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ya ha dictado varios autos de nulidad bien por deficiencias en las grabaciones o por inexistencia de las mismas a la hora de estudiar los recursos de apelación interpuestos. Las actas escritas de los juicios perdieron su espacio con la llegada de las nuevas tecnologías; sin la existencia de grabaciones no existen otras alternativas a la hora de poder valorar la prueba. La Audiencia lo ha dejado reflejado en múltiples autos mucho antes de la pronunciación, ahora, del Supremo. “No existe otra alternativa... aunque desde luego, se podría haber evitado con la diligencia precisa de quienes tuvieran la responsabilidad de efectuar técnicamente la grabación y controlar, siquiera mínimamente, que la misma se había realizado correctamente, lo que habría evitado este enorme perjuicio no solo para los justiciables, sino para la Administración de justicia por el dispendio en medios en referencia, principalmente, a la suma de horas de dedicación perdidas indebidamente por todos los operadores que hemos intervenida en la causa”, advirtió hace ya tres años el magistrado Fernando Tesón en un auto de nulidad dictado por la Audiencia respecto a un juicio de faltas. Y como este muchos más. Juicios de todos los ámbitos, civiles pero también penales. Incluso juicios con Tribunal de Jurado que se han visto expuestos a una posible declaración de nulidad porque testimonios claves no habían sido bien grabados, como ocurrió con el testigo protegido en el caso del crimen de Tafa Sodia. Ahora el Supremo dictamina que ante los “déficit en la captación de imágenes, especialmente en lo relativo al sonido”, se debe reclamar la presencia del letrado de la Administración de Justicia, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y la correspondiente acta escrita. “Mientras no sea posible garantizar un óptimo funcionamiento del sistema que reduzca los errores a lo meramente anecdótico, es necesario intensificar las cautelas y compatibilizar los nuevos sistemas con otros que, sin frenar el avance tecnológico, garanticen los fines del proceso”. El Alto Tribunal sufre en sus propias carnes lo que no es más que el ejemplo del estado en que se encuentra el sistema judicial. Y Ceuta no es una excepción, ya que lleva años aguantando una situación crítica a la que no se le pone remedio pero que, incongruentemente, es conocida por quienes tienen en sus manos la búsqueda de soluciones. En su última visita a Ceuta, el abucheado ministro de Justicia, Rafael Catalá, se llevó un documento resumen con los problemas de la NOJ. Los parlamentarios ceutíes también conocen esas quejas. Jueces, abogados, procuradores, el juez decano, fiscales y hasta los sindicatos del ramo son conocedores del quiebro del sistema, asumen que no funciona como debiera. La justicia no recibe lo que ella imparte. La implantación de la NOJ no ha sido ni siquiera evaluada. Es precisamente lo que se ha pedido al Ministerio, que se cumpla con la última fase de implantación de la Nueva Oficina Judicial, que pasa por comprobar al detalle los resultados al objeto de subsanar las deficiencias detectadas. “Nos encontramos con un abandono absoluto en la culminación de la implantación, probablemente por la equívoca información que llega al Ministerio”, alertó en uno de sus escritos el magistrado Tesón. “Cualquier comprobación objetiva de la situación actual pondría en entredicho el cúmulo de tergiversaciones que se vienen produciendo en lo que podría haber sido una mejora para la Justicia en Ceuta”. Los problemas de la NOJ son evidentes e inciden en la problemática judicial. La nulidad de los juicios por los fallos de las grabaciones son solo un punto dentro de la hilera de desastres que se han ido sucediendo en estos años de implantación. “Con la NOJ se ha llevado a cabo en Ceuta una distribución de efectivos absolutamente demencial, en estos momentos salvo los juzgados de lo Penal, Vigilancia y Menores, el resto se halla con problemas serios de carencia de personal”, se denunció. Los avances sobre el papel han llevado a retrocesos efectivos en el día a día, la realidad no es la que se plasma en los informes degenerando en situaciones de colapso y desatención considerados ya históricos.

Los problemas de la NOJ

• En Ceuta no se ha culminado el proceso de implantación de la NOJ. Las Upads, después de haberse reducido en número de funcionarios a la mínima expresión, se han de dedicar a la tarea más importante de la NOJ como es la tramitación de las causas, asumiendo funciones que según el diseño inicial no les correspondía, ya que el Scop no ha entrado en funcionamiento. No pueden cumplir su función de apoyo al juez.
• A las Upads se las carga continuamente con tareas propias de la ejecución en interpretaciones muy restrictivas de  la competencia del Servicio de Ejecución, sucede por ejemplo con la llamada ejecución atípica de las sentencias absolutorias, o los pronunciamientos que no aparezcan literalmente en el fallo de las sentencias, no se ejecutan por el SCEJ.
• Respecto a uno de los principales fines de la NOJ (evitar los personalismos en los órganos judiciales) se ha producido el efecto contrario, al desmantelamiento de las plantillas, que pueden quedar reducidas a 2 ó 3 funcionarios, en periodos de vacaciones, ausencias... se le añaden dos gravísimos problemas: el equipo de apoyo no existe y hay una falta de control en el acceso a la bolsa de interinos y preparación de sus integrantes.
• En el llamado septiembre negro de 2014, que se registró en la Audiencia, se obligó a la suspensión de juicios por la no operatividad del sistema debido a la NOJ. La responsabilidad del trámite de una Sección de la Audiencia Provincial se vio en manos de un solo funcionario. Hubo un caso de suspensión de un juicio que se había citado a agentes de Asuntos Internos que dejaron todas sus funciones para nada.
• Falta la última fase de la implantación, como es la evaluación del funcionamiento de la NOJ. Una forma de saber qué funciona y qué no, al objeto de poder poner en marcha soluciones a los problemas denunciados y que han sido valorados por todos los colectivos de la clase judicial. Nunca se estuvo tan de acuerdo en denunciar los mismos problemas.

Expediente digital, grabaciones...

• En el caso del expediente digital, se ha iniciado sin tener en cuenta las necesidades de los magistrados y no se actúa con soluciones ante las continuas caídas del sistema que han llegado a causar la suspensión de juicios. Tampoco se ha instalado un VPN (túnel encriptado) para trabajar desde casa, como se hizo desde el principio en la Audiencia Nacional.
• No se controla adecuadamente que el índice de acontecimientos esté correcto, con lo que el juez se ve obligado a abrirlos para conocer su contenido y en los recursos de apelación penal contra autos, no se remiten los testimonios que marca la ley , con la excusa de que a través del visor se puede controlar todo lo que provoca un freno al trabajo.
• No se supervisa responsablemente la calidad de las grabaciones videográficas, a pesar de la prohibición legal de su transcripción. De esto parece ahora haberse dado cuenta el Supremo al dictar la primera sentencia de nulidad, pero es algo de lo que se ha estado quejando el grueso de distintas esferas judiciales habiendo precedentes de nulidad de juicios.
• Es preciso que alguien se haga responsable de la dirección de la oficina, que coordine con eficacia los distintos servicios, dando la importancia que corresponda a cada unidad (incluyendo las Upads), que asuma de verdad la jefatura de personal, que actúe de oficio (no a instancia de los jueces, que tienen otro cometido) y en el día a día, con conocimiento directo de los problemas, procurando su solución.
• En Ceuta, con un número de funcionarios, incluyendo a los letrados de la Administración de Justicia (antiguos secretarios), que ronda los 160 para trece órganos, se funcionaba antes de la implantación de la NOJ de manera más que aceptable. La distribución actual de los efectivos es considerada por las altas instancias de “demencial”.