El proceso de desvinculación del hotel municipal del Grupo Meliá deberá dirimirse, en lo que a sus números se refiere, en la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid. La cadena hotelera que prestaba el nombre ‘Tryp’ reclama a la Ciudad 300.000 euros y esta ha solicitado una auditoría todavía no cerrada que sitúa sus reivindicaciones en un millón por “cantidades no cobradas”, según explicó ayer el consejero de Turismo en respuesta a una interpelación de Caballas.
Ramos se comprometió a llevar al Consejo de Administración de la sociedad municipal el futuro del hotel para intentar “consensuarlo”.
Mientras tanto se mantendrá la estructura de gestión actual, “con un gerente de la sociedad [Alberto Solano] y un director que es el mismo que había antes [José Ávila]”, entre otras cosas porque sus resultados arrojan menos gastos y más ingresos que antes. El Gobierno no prevé volver a recurrir a asesoramiento externo como se hizo “durante dos meses” con ‘Think Hotel’ para “encauzar el proceso de desafiliación, que no era fácil porque ‘Meliá’ llevaba reservas, gestión, motores de búsqueda, contabilidad, almacén...”.
“Conseguimos seguir en todos los motores de búsqueda sin que ni el personal, que se ha mantenido y no ha perdido condiciones laborales, ni los clientes sufriesen perjuicios”, se felicitó Ramos, que subrayó que la Ciudad rescindió “voluntariamente” el acuerdo que tenía con ‘Meliá’ porque “ya no era beneficioso para la Administración”.
Ahora, mientras se resuelve el arbitraje abierto, la prioridad del Ejecutivo que preside Juan Vivas pasa por consolidar la buena senda trazada y por “trabajar con el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) del Estado para, ahora que ya hay Gobierno de la Nación, acometer las mejoras que necesita una infraestructura con 20 años de antigüedad que hay que adecuar y dotar de tecnologías más eficientes”, adelantó Ramos, que detalló que Procesa “tiene muy adelantado el proyecto” para efectuar “una renovación total” de las instalaciones.
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