Toda la oposición y otros agentes no políticos como UGT han solicitado durante los últimos meses cambiar el nombre del estadio municipal.
El Gobierno que preside Juan Vivas considera que el Pleno “podrá cambiar” el nombre del estadio de fútbol municipal “pero sin tomar como base la Ley de Memoria Histórica”. Para emitir tal pronunciamiento el Ejecutivo local del PP se remite a un párrafo de un informe emitido hace exactamente un año por “los servicios técnicos de la Ciudad” en el que se concluyó que “el nombramiento del estadio con el nombre del citado futbolista [Alfonso Murube] se trata de un recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados en la contienda civil”.
“Por tanto”, remacha el dictamen, “queda incluido en la excepción de la Ley de Memoria Histórica de 2007, en base a la que no sería preceptiva la modificación del nombre”.
El Gobierno local ha trasladado esta explicación como resumen de su actuación tras el debate en el Pleno, en julio del año pasado, de una propuesta de la coalición Caballas para pasar a denominar el campo de fútbol con el nombre de Mohamed Ali Amar ‘Nayim’.
Durante la discusión de la iniciativa, el presidente Vivas se comprometió a que encargaría un informe “acerca de si la actual denominación cumple o no con la Ley de la Memoria Histórica”.
El PSOE abogó por convocar “una encuesta popular” para decidir la denominación del campo municipal planteando “varios nombres de personas de Ceuta de reconocido prestigio en el mundo del fútbol entre los que se encontraría, por supuesto, el de ‘Nayim’ entre las alternativas para que los aficionados, los clubes y la ciudadanía en general decidan”.
En nombre de Ciudadanos, Javier Varga opinó que “no es de recibo que el campo siga manteniendo su denominación actual” y propuso rebautizarlo como ‘Estadio Municipal Ciudad de Ceuta’.
El XI Congreso Regional de UGT escribió, en abril, el último capítulo de este tema al aprobar una Resolución que comprometió al sindicato a pedir a la Ciudad “que retire el actual nombre que lleva el estadio municipal, que es el de una persona cuyo único mérito era precisamente el de ser un falangista, y se ponga el que entendemos le corresponde, ‘Estadio Municipal Alcalde David Valverde’, en referencia al alcalde socialista que puso en marcha su construcción”.
Las menciones de “recuerdo privado”, exentas
El informe técnico en el que se basa la Ciudad para eximir la denominación del estadio municipal de la Ley de la Memoria Histórica se basa en que esta dice, en el apartado 2 de su artículo 15, que la obligación de retirar alusiones a la sublevación militar franquista, la Guerra Civil y la represión de la Dictadura posterior “no será de aplicación cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados o cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la Ley”. Lo del ‘Alfonso Murube’ se interpreta como “un recuerdo privado sin exaltación de los enfrentados”.
Caballas pide el nombre del autor del dictamen para “denunciarle”
El portavoz de Caballas en la Asamblea, Mohamed Ali, anunció ayer que solicitará formalmente a la vicepresidenta Primera de la Asamblea, Rocío Salcedo, que es quien firma la respuesta oficial a la propuesta presentada en julio del año pasado por la coalición al Pleno, “que señale al técnico que supuestamente ha elaborado un informe en el que considera la denominación del estado municipal como un ‘recuerdo privado’ para denunciarle por incumplir la Ley de la Memoria Histórica”.
“En caso contrario denunciaremos a Salcedo, que es quien se hace cargo de la respuesta”, advirtió Ali en declaraciones a este periódico. El diputado ha tildado de “vergonzoso” que “la denominación oficial de una infraestructura municipal, un recurso público abierto a la ciudadanía, se pueda considerar como un ‘recuerdo privado’ para homenajear a una persona cuyo único mérito reconocido es haberse alistado a las fuerzas falangistas para participar activamente en el Golpe de Estado contra el régimen republicano constitucional siendo futbolista del equipo local”.
El Supremo archivó este verano una causa abierta a la actual senadora del PP Rita Barberá, ex alcaldesa de Valencia, al entender que no constaba una “orden directa y expresa” que hubiese desatendido para cumplir con la Ley de la Memoria Histórica.
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