Hay que tener en consideración que las entidades bancarias aplican calendarios propios para adelantar el pago de esta prestación económica de la Seguridad Social.

Estas son las fechas previstas según cada entidad bancaria

Teniendo en cuenta esa información, se indica que para noviembre de 2026, los días de cobro previstos varían según cada entidad:

Para los clientes del Banco Santander el ingreso se tiene previsto durante la noche del lunes 23 de noviembre. En CaixaBank el abono será el martes 24 de noviembre. Un día después, es decir, el 25 de noviembre, se hará el pago para los clientes del BBVA. Mientras que quienes tengan domiciliada la prestación en Unicaja tendrán que esperar hasta el último día hábil del mes: el lunes 30 de noviembre.

Requisitos de la prestación y condiciones del pago mensual

El Ingreso Mínimo Vital se configura como un derecho subjetivo a una prestación económica que garantiza un nivel mínimo de renta a personas solas o unidades de convivencia que carecen de recursos básicos.

Su meta principal es prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social, favoreciendo la inclusión laboral mediante incentivos al empleo.

"Opera como una red de protección dirigida a permitir el tránsito desde una situación de exclusión a una participación en la sociedad. Contendrá para ello en su diseño incentivos al empleo y a la inclusión, articulados a través de distintas fórmulas de cooperación entre administraciones", explica el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El pago de la prestación es mensual y se realiza mediante transferencia bancaria a la cuenta del titular. Asimismo, el derecho a cobrar la ayuda nace el primer día del mes posterior a la fecha de presentación de la solicitud.

Por último, el beneficio es intransferible, por lo que no puede ser objeto de embargo, cesión ni garantía.

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La Seguridad Social establece que las pensiones se abonan en 14 pagas anuales: doce mensualidades ordinarias y dos extraordinarias, que se ingresan en junio y noviembre. Estas pagas adicionales tienen, en condiciones normales, el mismo importe que una mensualidad habitual.

En octubre, el sistema de la Seguridad Social abonó 10.565.782 pensiones a cerca de 9,6 millones de personas, con un desembolso total de 14.540 millones de euros, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La previsión es que las entidades bancarias adelanten el ingreso de noviembre durante la última semana del mes, antes de que termine el calendario habitual de pago de la Administración.

¿Qué día se cobrará la paga extra?

Aunque la Seguridad Social establece el abono de las pensiones a mes vencido, numerosas entidades financieras adelantan el dinero a sus clientes para que puedan disponer de él antes de finalizar el mes.

En noviembre de 2026, los ingresos adelantados se concentrarán previsiblemente entre el 23 y el 27 de noviembre, aunque la fecha concreta dependerá de cada banco y de su calendario de pagos.

Entre las entidades que adelantan habitualmente las pensiones se encuentran Bankinter, Unicaja, Banco Santander, Banco Sabadell, Ibercaja, CaixaBank, BBVA, ING y Abanca.

• Bankinter: 23 de noviembre
• Unicaja: 23 de noviembre
• Banco Santander: 24 de noviembre
• Banco Sabadell: 24 de noviembre
• IberCaja: 24 de noviembre
• CaixaBank: 25 de noviembre
• BBVA: 25 de noviembre
• ING: 26 de noviembre
• Abanca: 27 de noviembre
• Laboral Kutxa: 27 de noviembre

Por tanto, no todos los pensionistas recibirán el dinero el mismo día. Conviene consultar el calendario de cada entidad para conocer cuándo estará disponible la mensualidad ordinaria junto con la extraordinaria.

Este adelanto bancario no modifica el derecho a cobrar la paga extra, sino que permite disponer del dinero antes de que se complete el calendario ordinario de abonos de la Seguridad Social.

¿Cuánto dinero recibirán los pensionistas?

Una de las principales dudas es la cantidad que llegará a las cuentas durante noviembre. La respuesta depende de la pensión que cobre cada persona, ya que la paga extraordinaria equivale, con carácter general, a una mensualidad ordinaria completa cuando se ha generado el derecho durante todo el periodo correspondiente.

Por ejemplo, una persona que tenga una pensión mensual de 1.000 euros recibirá otros 1.000 euros correspondientes a la paga extra. De esta manera, el ingreso total del mes alcanzaría los 2.000 euros.

Los últimos datos oficiales, correspondientes a octubre, sitúan la pensión media del sistema en 1.376,14 euros mensuales, mientras que la pensión media de jubilación alcanza los 1.577,6 euros.

Esto significa que, tomando como referencia esas medias, la paga extraordinaria de un pensionista de jubilación con una prestación equivalente a la media supondría otros 1.577,6 euros. No obstante, estas cifras son orientativas y no representan la cantidad que recibirá cada beneficiario.

En la nómina de octubre, las pensiones de jubilación concentraron 10.692,9 millones de euros, mientras que las prestaciones de viudedad supusieron 2.289,8 millones. También se destinaron 1.333,8 millones a incapacidad permanente, 184,6 millones a orfandad y 38,8 millones a prestaciones en favor de familiares.

Los pensionistas que no recibirán una paga extra separada

Aunque la mayoría de los beneficiarios de pensiones contributivas tienen derecho a las dos pagas extraordinarias, existe una excepción importante.

Se trata de las personas que perciben una pensión de incapacidad permanente derivada de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional. En estos casos, las pagas extraordinarias no desaparecen, sino que están prorrateadas en las doce mensualidades ordinarias.

Por este motivo, estos pensionistas no recibirán un segundo ingreso extraordinario en noviembre, ya que esa cantidad se encuentra incorporada en los pagos que perciben cada mes.

El resto de pensionistas que tengan derecho a las 14 pagas recibirá la mensualidad habitual junto con la extraordinaria correspondiente a noviembre, una de las dos fechas señaladas en el calendario anual de la Seguridad Social.

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El Gobierno aprobará previsiblemente este martes un paquete de medidas para mejorar las prestaciones sociales, con cambios que afectan a las mujeres que sufren patologías asociadas a la menopausia, las víctimas de violencia de género, las pensiones de viudedad y las ayudas destinadas a menores.

Según publica este lunes El País y ha confirmado EFE, las medidas se recogerán en un decreto ley impulsado por el Ministerio de Seguridad Social que deberá ser convalidado por la Diputación Permanente en el plazo de un mes.

Cambios en las bajas por menopausia y violencia de género

El decreto ampliará la incapacidad temporal para las mujeres que padezcan patologías asociadas a la menopausia y para las víctimas de violencia de género. En estos casos, la prestación será del 60 % de la base reguladora hasta el día 20 de baja y del 75% a partir de entonces.

La empresa abonará el salario correspondiente al primer día. Desde el día siguiente, la Seguridad Social asumirá el pago de la prestación, según la información facilitada por el Gobierno.

Más facilidades para cobrar la pensión de viudedad

Otra de las novedades afectará a las pensiones de viudedad para las parejas de hecho. La existencia de hijos en común será suficiente para acreditar la realidad de la pareja y acceder a esta prestación, un requisito que, según el teletipo, estaba generando problemas.

Además, el decreto permitirá revisar durante los próximos 12 meses las solicitudes que fueron denegadas.

También se ampliará la protección de los padres y madres que cuidan de menores con cáncer o enfermedades graves. Ambos progenitores podrán recibir la prestación de forma alternativa o simultánea. En los casos de mayor vulnerabilidad, podrá mantenerse más allá de los 26 años si la persona afectada presenta una dependencia de grado III o una discapacidad especialmente elevada.

Pensiones por terrorismo y ayudas a menores

El paquete contempla asimismo mejoras para las pensiones extraordinarias derivadas de actos terroristas, que no podrán situarse por debajo del equivalente a dos salarios mínimos interprofesionales, fijado en 2.442 euros. Esta cuantía supone un incremento del 36% respecto a la cantidad anterior.

La protección también se ampliará para los huérfanos y huérfanas por violencia de género. Las prestaciones contributivas tendrán un mínimo equivalente a dos veces el salario mínimo interprofesional, mientras que las no contributivas podrán alcanzar hasta esa misma cuantía.

Por último, el Gobierno prevé reforzar el Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, destinado a proteger a los menores cuando uno de sus progenitores incumple sus responsabilidades económicas. Para ello, se triplicará el anticipo máximo por beneficiario, que pasará de 100 a 300 euros, y también se ampliará su duración.

Las medidas forman parte de un decreto ley que el Ejecutivo prevé aprobar este martes y que deberá superar posteriormente el trámite de convalidación parlamentaria.

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Esta compensación económica, que perciben 95.499 jubilados a nivel estatal, está regulada en la disposición adicional primera de la reforma de pensiones de 2021 y tiene como objetivo corregir las penalizaciones aplicadas a jubilados anticipados a los que les habrían correspondido mejores condiciones con la normativa posterior.

En concreto, la regulación afecta a aquellas personas que accedieron a la pensión contributiva de jubilación de forma anticipada involuntaria –como máximo cuatro años antes de la edad ordinaria– o voluntaria –hasta dos años antes– entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2021.

La diputada de Podemos Martina Velarde registró una pregunta parlamentaria en el Congreso para conocer el número de beneficiarios y el Ejecutivo ha registrado una respuesta parlamentaria donde detalla que el número de pensiones beneficiadas fue de 95.499 a 1 de mayo de 2026.

Condiciones de acceso al plus para jubilados

Para poder ser beneficiario de esta plusvalía con efectos desde el 1 de marzo de 2022, la ley exige acreditar los siguientes requisitos:

• Al menos 44 años y seis meses de cotización.
• O bien un mínimo de 40 años cotizados si la cuantía de la pensión era inferior a los 900 euros a fecha de 1 de enero de 2022.

Asimismo, es imprescindible que el importe de la pensión inicial reconocida en su momento resultara inferior al que habría correspondido de haberse aplicado los coeficientes reductores vigentes desde el 1 de enero de 2022. La cuantía del complemento equivale, precisamente, a esa diferencia.

Según recoge el texto normativo, este plus económico se abona repartido en 14 pagas al año, ostenta la naturaleza jurídica de pensión de jubilación y queda integrado en la misma a todos los efectos legales, incluida la aplicación del límite máximo de pensiones.

Eliminar penalizaciones

Recientemente, el Congreso ha admitido a trámite una proposición de ley de Podemos que precisamente pide eliminar los coeficientes reductores en la jubilación anticipada cuando se acrediten 40 o más años cotizados.

Además de eliminar esas penalizaciones, el texto que se admitió a trámite tenía carácter retroactivo, de manera que las personas que ya se jubilaron puedan reclamar el recálculo de sus prestaciones y se puedan beneficiar de un plus en su pensión.

De momento, el texto sólo se ha admitido a trámite y tiene por delante todo el procedimiento legislativo habitual que, de culminarse, tardaría varios meses.

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Se trata de una iniciativa que se viene desarrollando en los últimos años en distintos puntos de España, también en Ceuta. El contrato tendrá una duración inicial de un año, aunque los pliegos contemplan la posibilidad de establecer hasta cuatro prórrogas de 12 meses cada una, por lo que el servicio podría mantenerse durante un máximo de cinco años.

Lo que se pretende con esta medida es investigar a trabajadores de empresas asociadas a Cesma y a trabajadores autónomos adheridos a la mutua que se encuentren en situaciones susceptibles de seguimiento. Entre ellos figuran personas en situación de incapacidad temporal, empleados cuya situación pueda dar lugar a una valoración de incapacidad permanente en cualquiera de sus grados y perceptores de otras prestaciones de la Seguridad Social gestionadas por las entidades colaboradoras.

Las pesquisas también podrán afectar a trabajadores de empresas asociadas a otras mutuas o a autónomos cuando Cesma tenga la obligación de prestarles asistencia sanitaria o recuperadora en virtud de los convenios suscritos con otras entidades.

Indagaciones previas

¿Y a qué se dedicarán estos detectives? Pues fundamentalmente a comprobar si una persona que se encuentra de baja o percibe una prestación realiza alguna actividad laboral por cuenta propia o ajena, desarrolla actividades que puedan resultar incompatibles con sus dolencias o con la prestación que recibe, o ha podido realizar alguna actuación fraudulenta para obtener o conservar una ayuda.

El procedimiento previsto comienza cuando la mutua remite una solicitud de investigación. Los detectives deberán abrir entonces el correspondiente expediente y anotarlo en el Libro de Registro diligenciado por Seguridad Privada del Ministerio del Interior.

A partir de ese momento se realizarán las indagaciones previas sobre la persona objeto del seguimiento. Entre las actuaciones contempladas figuran la comprobación de los datos de identificación facilitados y la obtención de información adicional que pueda resultar relevante para el caso, como vehículos utilizados, posibles garajes, otros domicilios o teléfonos, relaciones con empresas, información publicada en boletines oficiales y comprobaciones sobre el domicilio y la localización del investigado.

Una segunda fase estará centrada en las observaciones y seguimientos para determinar qué actividades realiza la persona investigada. Los detectives podrán comprobar, entre otras cuestiones, sus movimientos, la deambulación, la capacidad para cargar pesos o los movimientos de las extremidades y del tronco, así como otros aspectos relacionados con las limitaciones alegadas.

Reportajes sobre los investigados

También se pretende comprobar si el trabajador por cuenta propia que solicita una prestación por cese de actividad está desempeñando algún trabajo o si está realizando las actuaciones que le hayan sido requeridas por la persona responsable designada por la mutua.

Los resultados de las investigaciones deberán quedar recogidos en un informe suficientemente detallado y concreto para que CESMA pueda determinar si existen elementos que indiquen que el investigado está realizando una actividad laboral o alguna otra actuación incompatible con la prestación que percibe o con las limitaciones alegadas.

El expediente contempla que los informes vayan acompañados de reportajes gráficos y videográficos, así como de cualquier otra prueba que pueda obtenerse durante la investigación. Este material podrá ser utilizado por los servicios de la mutua para valorar cada caso y, si finalmente el asunto acaba en los tribunales, como elemento probatorio.

Los límites establecidos

Los detectives contratados deberán además ratificar sus investigaciones ante un juzgado o tribunal cuando el procedimiento haya sido judicializado y su presencia sea necesaria.

La contratación establece, no obstante, límites expresos a los métodos empleados durante las indagaciones. Estos profesionales acreditados no podrán utilizar medios personales o técnicos que vulneren el derecho al honor, la intimidad personal o familiar, la propia imagen o el secreto de las comunicaciones.

De esta manera, el servicio pretende proporcionar a Cesma elementos objetivos que permitan comprobar determinadas situaciones relacionadas con las prestaciones de la Seguridad Social y facilitar, cuando corresponda, la adopción de las medidas que procedan. El expediente no parte de que exista fraude en los casos investigados, sino que plantea el recurso a detectives privados como mecanismo de control y verificación ante posibles situaciones irregulares.

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Qué plantea la propuesta para jubilarse con 40 años cotizados sin penalización

La iniciativa para jubilarse con 40 años cotizados sin penalización pretende que las personas con una carrera de cotización de 40 años o más puedan prejubilarse sin penalización, eliminando los coeficientes reductores que actualmente afectan a la cuantía de la pensión en los supuestos que plantea la reforma.

Para saber cómo jubilarse con 40 años cotizados sin penalización, la propuesta fija en esos 40 años de cotización el punto a partir del cual no se aplicarían esos recortes. Belarra defendió la medida.

Belarra planteó la cuestión preguntando: "¿Cómo es posible, señorías, que en pleno siglo XXI, que en la cuarta economía del euro, que con una macroeconomía que, como dice el propio presidente del Gobierno, va como un cohete, sigamos teniendo en España a personas que han cotizado más de 40 años a la seguridad social que ven recortada su pensión?".

Belarra sostuvo después que penalizar estas carreras "es una absoluta injusticia" y lo vinculó a un sistema diseñado "para exprimir a la gente hasta la última gota, para asfixiar a la gente".

PSOE y Sumar respaldan tramitar la ley

Para jubilarse con 40 años cotizados sin penalización, PSOE y Sumar han respaldado la admisión a trámite de la iniciativa. Alberto Mayoral y Aina Vidal anunciaron el apoyo de sus grupos.

El PSOE cambia su posición respecto a hace meses, cuando votó en contra de una enmienda de Podemos con el mismo objetivo. Mayoral lo justificó señalando que hay que atender a quienes "eran muy mayores para reincorporarse al mercado laboral y demasiados jóvenes para no ser penalizados".

Mayoral defendió que "Tenemos que dar un debate serio sobre esas largas carreras de cotización" y reprochó al PP que en 2013, con Mariano Rajoy, se elevaran a 35 los años para la jubilación voluntaria.

Sumar también respalda la tramitación, aunque Aina Vidal considera "excesivamente rígido" establecer los 40 años como frontera para evitar la penalización. Su planteamiento pasa por un mecanismo gradual que valore años cotizados, meses de anticipación, causa de jubilación y discriminaciones laborales.

Qué ocurre en otros países europeos

El debate sobre cómo jubilarse con 40 años cotizados sin penalización incorporó ejemplos de otros países europeos. La portavoz del PNV, Idoia Sagastizabal, y el portavoz de EH Bildu, Oskar Matute, coincidieron en considerar injustos los coeficientes reductores para carreras largas y señalaron que existen medidas diferentes en otros países.

Sagastizabal explicó que Alemania contempla una jubilación sin coeficientes reductores con 45 años de seguro. También señaló que Portugal permite jubilarse desde los 60 años sin penalización a quienes acrediten 48 años de cotización, o 46 en determinados casos.

Matute, por su parte, indicó que en Francia se protegen las carreras largas de cotización para quienes comenzaron a trabajar muy jóvenes, de manera que puedan jubilarse con el 100% de la pensión entre dos y cuatro años antes de la edad legal establecida.

El debate sobre jubilarse con 40 años cotizados sin penalización incluye la posición del PP sobre una parte de la propuesta. Paniagua señaló que su partido no está de acuerdo con que la reforma se extienda a las prejubilaciones voluntarias, una posibilidad que considera "inasumible".

Apoyos y críticas a la iniciativa de Podemos

ERC y Junts también han avanzado su apoyo. Jordi Salvador recordó que la reforma ya se intentó impulsar con PSOE y Unidas Podemos en el Gobierno y no prosperó.

Josep Maria Cervera anunció su voto a favor y reprochó a Podemos que, cuando gobernó con el PSOE, "cerraron los ojos e hicieron como si no pasara nada" manteniendo la penalización.

El PP también considera injusto mantener coeficientes reductores para carreras largas. Sin embargo, Miguel Ángel Paniagua reprochó a Podemos que la reforma del sistema de pensiones se realizó cuando sus representantes estaban "sentados en el Consejo de Ministros".

El PP rechaza extender la medida a las prejubilaciones voluntarias

Paniagua señaló que su partido no está de acuerdo con que la reforma se extienda a las prejubilaciones voluntarias, una posibilidad que considera "inasumible".

También cuestionó sus efectos retroactivos "amplísimos sin ni siquiera haber aportado ningún impacto económico, ni dato, ni análisis de ningún tipo".

Vox rechazó la propuesta. Juanjo Aizcorbe la calificó de "un paripé sin escrúpulos" y sostuvo que una reclamación "muy seria" se ha reducido a siete páginas "que no se sostienen".

La frontera de los 40 años

Aizcorbe también cuestionó que Podemos haya situado la frontera en los 40 años sin explicar el motivo y puso el foco en quienes no llegan a ese periodo. Según expuso, una persona con 39 años y 11 meses cotizados mantendría durante su jubilación el coeficiente reductor incluso si la prejubilación fuera involuntaria.

Como ejemplo, señaló que, con la redacción actual de la ley, una persona con derecho a una pensión de 2.000 euros mensuales que adelante cuatro años su jubilación involuntariamente, por causas de fuerza mayor o por haber sido víctima de un ERE, seguiría perdiendo 560 euros al mes si no alcanza los 40 años de carrera.

Así, la propuesta debatida en el Congreso sitúa jubilarse con 40 años cotizados sin penalización como el elemento central para responder a cómo jubilarse con 40 años cotizados sin penalización, pero el texto todavía está en fase actual de admisión a trámite y el debate parlamentario mantiene posiciones diferentes.

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El Congreso de los Diputados ha convalidado este miércoles el real decreto ley de medidas de apoyo a Ceuta, un paquete que prevé movilizar 309 millones de euros durante lo que queda de 2026.

La iniciativa ha salido adelante con 304 votos a favor, 33 en contra y siete abstenciones, con el respaldo de todos los grupos salvo Vox, que ha votado en contra, y Junts, que se ha abstenido.

El vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha defendido durante el debate que la norma es “clave” para dar pasos destinados a “devolver Ceuta a la normalidad”. El real decreto será tramitado ahora como proyecto de ley.

Hasta 5.000 euros para los autónomos

Una de las principales medidas económicas contempla un fondo de 36,6 millones de euros en ayudas directas para autónomos y empresas. Los trabajadores por cuenta propia podrán recibir 5.000 euros, mientras que las empresas tendrán ayudas de entre 10.000 y 150.000 euros, en función de su facturación. El Gobierno calcula que la medida puede beneficiar a unos 2.500 autónomos y 1.500 empresas.

Las solicitudes comenzaron el 14 de septiembre a través de la Agencia Tributaria y el Ejecutivo había previsto que los primeros pagos pudieran comenzar a principios de octubre. Durante la defensa del decreto, Cuerpo avanzó que la Agencia Tributaria había recibido 633 solicitudes y que esperaba iniciar los abonos el 6 de octubre, según EFE.

El paquete incluye además 14 millones de euros para revitalizar el pequeño comercio y el sector turístico, con medidas como bonos al consumo. En materia laboral, también contempla la posibilidad de solicitar un ERTE con exenciones del 100% en las cotizaciones para las empresas cuya actividad se haya visto interrumpida, prestaciones extraordinarias por cese de actividad y aplazamientos de cuotas al 0,5%.

Más bonificaciones y facilidades fiscales

El decreto incorpora también medidas de carácter permanente que se aplicarán tanto a Ceuta como a Melilla. Entre ellas figura el incremento del 50% al 75% de la bonificación de las cuotas empresariales a la Seguridad Social para trabajadores con contrato indefinido que desarrollen actividades formativas.

Asimismo, aumenta del 50% al 60% la bonificación en el Impuesto de Sociedades para determinadas entidades residentes y facilita a los autónomos la deducción de gastos de difícil justificación en el IRPF.

Críticas desde la oposición y los socios

El debate parlamentario también ha estado marcado por las críticas al decreto. El PP lo ha calificado de “propaganda” al considerar que no devuelve la normalidad a los ceutíes, mientras que Vox ha defendido que la solución pasa por retornar a Marruecos a los migrantes.

Por su parte, Junts ha acusado al Gobierno de dedicar “cientos de millones de euros para tapar su incapacidad”. Entre los socios del Ejecutivo también se han planteado objeciones: Bildu ha considerado que las medidas “no son acertadas”, el PNV ha reclamado “rapidez, transparencia y sencillez” en la gestión de las ayudas, Podemos ha lamentado que se hable “poco de la clase trabajadora” y Coalición Canaria ha cuestionado si el paquete será suficiente, según publica EFE.

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La organización empresarial considera que el criterio comunicado por la Tesorería General de la Seguridad Social no responde plenamente a lo que se había solicitado y puede reducir de forma considerable el alcance de una medida aprobada para hacer frente a la situación extraordinaria que atraviesa la ciudad.

El nuevo porcentaje, aprobado mediante el Real Decreto-ley 22/2026, de 1 de septiembre, eleva del 50 al 75 % las bonificaciones para los contratos indefinidos y de sustitución por incapacidad temporal e incorpora además al sector de la construcción entre los beneficiarios.

Sin embargo, el criterio recogido en el Boletín RED del pasado 8 de septiembre establece, según las organizaciones empresariales, una limitación vinculada a la fecha de contratación.

CECE defiende que el 75 % debe aplicarse desde el 1 de septiembre de 2026 a todos los contratos que cumplan los requisitos y permanezcan en vigor, incluidos los suscritos antes del 1 de septiembre de 2023.

La patronal ya trasladó esta petición al SEPE el pasado 7 de septiembre y ha mantenido contactos tanto con este organismo como con la Seguridad Social para reclamar una aclaración.

Riesgo para las plantillas más antiguas

El problema planteado por las organizaciones empresariales es que los contratos indefinidos formalizados antes de septiembre de 2023 quedarían fuera de la nueva mejora y mantendrían únicamente la bonificación del 50 % vinculada a los Planes Integrales de Desarrollo Socioeconómico de Ceuta y Melilla, cuya vigencia termina en 2026.

De mantenerse este criterio, a partir del 1 de enero de 2027 numerosos contratos indefinidos podrían quedarse sin bonificación, afectando especialmente a los trabajadores con mayor antigüedad en las plantillas. CECE considera que esto supondría dejar fuera precisamente al empleo que las empresas llevan años manteniendo.

La patronal advierte además de que la coexistencia de distintos porcentajes de bonificación dentro de una misma empresa generaría diferencias en función de la fecha de contratación y podría provocar distorsiones entre empresas del mismo sector, al soportar costes laborales diferentes dependiendo de la antigüedad de sus trabajadores.

También PYMES Melilla pide corregir el criterio

La misma preocupación ha sido trasladada este jueves por la Federación de Empresarios PYMES Melilla, que ha presentado un escrito ante la Tesorería General de la Seguridad Social para solicitar la rectificación del criterio incluido en el Boletín RED 11/2026.

La patronal melillense ha valorado positivamente el incremento de la bonificación y la incorporación de la construcción, pero considera que la interpretación administrativa es contraria al espíritu y al texto de la norma. Según sostiene, el Real Decreto-ley no establece una limitación temporal por la fecha de formalización del contrato y la nueva redacción reconoce la bonificación del 75 % para los contratos elegibles que estén en vigor.

PYMES Melilla reclama por ello que se corrija el criterio antes de su implantación informática, prevista para la semana del 28 de septiembre, y apela al principio de jerarquía normativa para defender que una instrucción técnica no puede introducir condiciones que no figuran en una norma con rango legal.

Las dos organizaciones empresariales coinciden así en reclamar una solución que permita que la mejora de las bonificaciones tenga el mayor alcance posible y beneficie también a las empresas que ya vienen sosteniendo el empleo en Ceuta y Melilla.

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Esta acción legal, registrada el pasado 17 de agosto, surge como respuesta directa a las consecuencias de la emergencia migratoria sufrida a finales de julio, que ha derivado en una sobrecarga asistencial y un clima de inseguridad sin precedentes.

Imposición de jornadas y falta de refuerzos

Desde la organización sindical se denuncia que, a pesar del incremento masivo de la presión asistencial, Ingesa sigue sin contratar personal de enfermería adicional para paliar la situación.

En lugar de reforzar las plantillas, la administración está recurriendo a la imposición de jornadas adicionales, concretamente en horario de 17:00 a 21:00 horas, sumándose a la jornada habitual de mañana.

SATSE pone el foco en la irregularidad de estas instrucciones, las cuales se están transmitiendo mediante órdenes verbales y mensajes de WhatsApp.

Bajo una falsa apariencia de "voluntariedad –donde supuestamente solo se permite elegir el día", la administración está obligando de facto al personal a prestar servicios en horarios y centros diferentes al suyo habitual", según esta organización sindical.

El sindicato subraya que esta obligatoriedad carece de un respaldo administrativo formal y por escrito, lo que deja a los trabajadores en un vacío legal y desprotegidos ante cualquier eventualidad.

Riesgo extremo en la atención domiciliaria

Uno de los puntos más críticos de la denuncia presentada por la secretaria general de SATSE en Ceuta, Elisabeth Muñoz Vallejos, es que ponen en riesgo su seguridad personal en la atención domiciliaria.

La situación de las calles, marcada por la aglomeración de personas no identificadas en situación de extrema necesidad, ha generado un entorno de inseguridad para las enfermeras que deben realizar atención domiciliaria.

El sindicato destaca los siguientes puntos críticos que motivan la denuncia:

• Inseguridad ciudadana: Existe un riesgo real para la integridad física de los sanitarios debido a la tensión social derivada de la crisis migratoria en las zonas de actuación.
• Falta de respaldo jurídico: La empresa envía a las trabajadoras a realizar funciones fuera de su zona de salud habitual sin una orden escrita que las respalde legalmente en caso de incidentes laborales.
• Vulneración de derechos: Se está forzando la asistencia fuera del horario ordinario bajo coacción, desvirtuando el concepto de servicios voluntarios.

Exigencias de SATSE

Ante este escenario, SATSE exige a Ingesa la paralización inmediata de las órdenes verbales y la formalización de cualquier requerimiento de servicio extraordinario por los cauces legales pertinentes. No se puede permitir que la gestión de una crisis de tal magnitud recaiga exclusivamente sobre las espaldas de unas profesionales ya exhaustas y sin el amparo de la seguridad necesaria para ejercer su trabajo.

"No es solo una comunicación, es una denuncia en toda regla ante la Inspección", recalcan desde el sindicato, insistiendo en que la desidia de la administración está poniendo en jaque tanto la salud de los trabajadores como la calidad de la atención sanitaria en los centros de salud de Ceuta.

SATSE continuará vigilante y no descarta nuevas acciones si no se garantiza de inmediato la contratación de refuerzos y la protección física y jurídica de todo el personal de enfermería.

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La nómina de la prestación en la ciudad autónoma ascendió el mes pasado a 2.121.957,62 euros.

Una cuantía media por hogar superior a la del conjunto de España

En Ceuta, cada hogar perceptor del IMV recibió de media 627,57 euros mensuales, por encima de los 504,53 euros de media en el conjunto de España. Sin embargo, la cuantía media por beneficiario individual fue de 155,43 euros, algo inferior a los 165,36 euros de la media nacional.

Esta diferencia se explica por el tamaño de los hogares: en Ceuta hay 4,04 beneficiarios por cada prestación reconocida, frente a los 3,05 de media nacional.

De hecho, el 40% de los hogares ceutíes que perciben el IMV (1.294 de 3.221) tienen cinco o más miembros, un porcentaje muy superior al 17% registrado en el conjunto del país.

Crecimiento interanual por debajo de la media española

Respecto a julio de 2025, el número de prestaciones activas en Ceuta aumentó en 363, hasta las 3.221, lo que supone un incremento interanual del 12,70%.

El número de beneficiarios creció en 1.315 personas (+11,25%) en el mismo periodo, hasta las 13.005 actuales.

Ambos incrementos quedan por debajo del crecimiento registrado en el conjunto de España, donde las prestaciones subieron un 16,85% y los beneficiarios un 16,69% en el último año. En términos intermensuales, Ceuta sumó 64 prestaciones más (+2,03%) y 220 beneficiarios más (+1,72%) respecto a junio de 2026.

El complemento para la infancia, con mayor peso que en el resto del país

El Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), que refuerza el IMV con una ayuda adicional por cada menor a cargo, llegó en julio a 2.648 hogares ceutíes, el 82,2% del total de hogares perceptores en la ciudad. Esta proporción es notablemente superior a la media nacional, donde el CAPI alcanza al 69,7% de los hogares con IMV.

El complemento benefició en Ceuta a 5.736 menores (555 de 0 a 2 años, 803 de 3 a 5 años y 4.378 de 6 a 17 años), con una ayuda media de 66,28 euros por menor.

En conjunto, del total de 13.005 beneficiarios del IMV en la ciudad, 5.582 son menores de edad, el 42,9%, por encima del 40,6% que representan a nivel nacional.

Perfil de los hogares y los titulares

De los 3.221 titulares de la prestación en Ceuta, 2.175 son mujeres (el 67,5%) y 1.046 son hombres. La edad media de los titulares se sitúa en 44,86 años. En cuanto a la nacionalidad, 2.761 titulares son de nacionalidad española y 459 extranjera.

Por tipo de hogar, 452 son monoparentales (el 14% del total), 2.163 corresponden a otras unidades familiares con menores a cargo (67,1%) y 606 son hogares sin menores (18,8%). Desde junio de 2020, cuando se puso en marcha la prestación, en Ceuta se han producido 5.566 altas iniciales de prestaciones que han figurado en nómina, con un importe bruto acumulado de 102.010.386,43 euros.

Casi 2,7 millones de beneficiarios en toda España

A nivel nacional, el IMV llegó en julio a 879.225 hogares en los que viven 2.682.646 personas, con una nómina mensual de 473,3 millones de euros, según la misma estadística del INSS. En más de dos tercios de esos hogares conviven menores, que representan casi el 41% de los beneficiarios totales, más de un millón de niños, niñas y adolescentes.

El Ministerio destaca que el IMV, en marcha desde hace seis años como prestación de la Seguridad Social, ha llegado desde su inicio a casi 1,3 millones de hogares y ha beneficiado a más de 3,8 millones de personas en toda España, con el objetivo de garantizar un nivel mínimo de ingresos a los hogares en situación de vulnerabilidad.

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