La Policía Nacional y la Policía Municipal de Madrid han desalojado esta madrugada la acampada instalada en la Puerta del Sol para reclamar soluciones a la crisis de la vivienda.

La intervención se ha saldado con dos personas detenidas por desobediencia y resistencia a la autoridad y, según las fuentes policiales y de la Delegación del Gobierno, se ha desarrollado sin disturbios ni episodios de violencia.

El operativo comenzó en torno a las tres de la mañana, momento en el que alrededor de 300 personas se encontraban durmiendo en el lugar. Según la Delegación del Gobierno, fueron desalojadas un total de 334 personas.

Un dispositivo con 400 agentes

En la actuación participaron 220 agentes de la Policía Nacional y 180 de la Policía Municipal, además de efectivos de bomberos y personal de Servicios Sociales. Las tiendas de campaña fueron desmontadas y los servicios de limpieza del Ayuntamiento de Madrid se encargarán de trasladarlas a depósitos municipales, donde podrán ser retiradas por quienes las reclamen.

Fuentes de la Delegación del Gobierno han destacado que el desalojo se desarrolló sin violencia y han agradecido la coordinación y profesionalidad de los cuerpos y servicios participantes. En un comunicado, la institución ha señalado que la intervención permitió completar la operación sin alteraciones violentas del orden público y bajo los principios de oportunidad, congruencia y proporcionalidad.

La Delegación también ha defendido que su actuación estuvo orientada a garantizar el ejercicio pacífico de los derechos fundamentales, proteger a las personas y los bienes y recuperar el uso ordinario de la Puerta del Sol. Según ha indicado, el desalojo se planteó como último recurso.

Una acampada iniciada el 26 de septiembre

La protesta comenzó el pasado 26 de septiembre en el kilómetro cero de Madrid, con el objetivo de reclamar soluciones a la crisis de la vivienda. La acampada se inició después del desahucio y posterior fallecimiento de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que había vivido durante siete décadas de alquiler en el mismo domicilio.

Parte de los organizadores ya había anunciado que la acampada se disolvería progresivamente para preparar la huelga general prevista para el próximo día 11.

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El acusado, conducido por la Policía Nacional desde la prisión, donde se encuentra desde que ocurrieron los hechos, reconoció su culpa y aceptó una pena de un año y nueve meses de prisión por un delito de robo con violencia en grado de tentativa, así como el pago de una multa de un mes, con una cuota diaria de cinco euros, por un delito leve de lesiones.

La pena quedó sustituida por la expulsión de España durante un periodo de cinco años. Es otro de los ciudadanos marroquíes que entró de manera irregular durante la avalancha registrada a finales de julio.

Golpeó al menor para robarle diez euros

Los hechos ocurrieron sobre las 18:00 horas en las inmediaciones de un parque infantil situado en la avenida Cañonera Dato, junto a la Estación Marítima.

El condenado se acercó a un menor de 15 años, también marroquí, y, con la intención de apoderarse de los diez euros que llevaba, comenzó a golpearle repetidamente en la cara.

El asalto no llegó a consumarse porque un agente de la Policía Nacional que se encontraba de servicio en las proximidades sorprendió la agresión e intervino inmediatamente. Su actuación permitió frustrar el robo y detener al acusado.

Como consecuencia de los golpes, el menor sufrió un enrojecimiento en la parte derecha del rostro. Las lesiones precisaron una única asistencia facultativa y dos días para su curación, sin que quedaran secuelas.

En prisión provisional desde agosto

El acusado permanecía en prisión provisional desde el 28 de agosto de 2026, situación en la que se encontraba desde que fue detenido por estos hechos.

La cifra de expulsiones supera las 500 personas, según los datos recogidos en el balance al que hace referencia esta información. Entre los delitos que han dado lugar a estas condenas figuran varios atentados contra miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como contra militares que participaron en las actuaciones desarrolladas durante aquellos días.

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Allí fue donde los de Ceuta tuvieron que soportar un aluvión de insultos, ofensas, e incluso agresiones, que llevaron al partido a suspenderse en tres ocasiones diferentes. La última, y definitiva, con una invasión de pista incluida cuando el marcador reflejaba un 6-4 a favor del Rusadir.

La primera vez fue a falta de 15:33 minutos para la finalización del encuentro. Así lo recoge el acta redactada por el árbitro del partido, que detalla como se activó el ‘Protocolo de actuación sobre la violencia verbal’ cuando un grupo de aficionados del equipo local comenzó a “proferir cánticos racistas hacia un jugador del equipo visitante”, afirma, “dirigiéndose a este con el sonido de “Uh uh uh” imitando al mono”.

Una invasión de campo fue la gota que colmó el vaso: "No se garantizaba la seguridad"

Más adelante, expresa que, a falta de 3:24 minutos para el final del partido, se vio obligado a suspenderse el encuentro por segunda vez, “debido a que el mismo sector del público comenzó a gritar ‘Puta Ceuta’ en repetidas ocasiones”. Eso sí, desde el Puerto Atlético aseguran que “el tiempo no paraba y seguía contando”.

Ya, por último, cuando el Rusadir anotó el 6-4, se produjo una invasión de campo en la que incluso se llegó a agredir a un jugador del equipo ceutí. Faltaba 1:16 para acabar el partido. Fue en ese momento cuando “se produce una invasión de pista de unos 20 aficionados desde diferentes zonas del graderío los cuales se abrazaban a los jugadores locales durante la celebración de un gol de su equipo”, refleja el acta.

Aun así, “pese a que no se garantizaba la seguridad de los componentes de ambos equipos y cuerpo arbitral, poniendo en peligro la integridad física de todos”, continúa el acta, “se ordena abandonar de forma definitiva la superficie de juego, suspendiendo el partido finalmente”.

Sin embargo, no acabó ahí la cosa. El acta también explica como “cuando accedemos a los vestuarios, en la entrada de los mismos, varios aficionados del equipo local que habían entrado por el acceso de deportistas increpan y amenazan a los jugadores visitantes siendo expulsados de forma inminente por el conserje de las instalaciones”.

Tuvo que intervenir la Policía Nacional

Incluso asegura que varios futbolistas locales accedieron al interior del vestuario del Puerto Atlético, lo que llevó a la intervención del delegado de equipo del Rusadir para “separar y sacar del vestuario a 4 de sus jugadores, no pudiendo identificar el árbitro a estos jugadores”.

Por último, el acta también recoge como una persona que “dice ser directivo del club local y que no podemos identificar” se dirigió al árbitro del encuentro para decirle que “no tendríais que haber suspendido el encuentro”, a lo que después añadió “Me cago en tus muertos, hijo de puta, si te meto un puñetazo te mato”.

Una situación indeseada por todos que, para la salida del pabellón Lázaro Fernández por parte del Puerto Atlético y del equipo arbitral, se requirió la presencia de la Policía Nacional.

Una suspensión que, volviendo al plano deportivo, se traduce en un 0-0 concedido provisionalmente atendiendo al reglamento de la Real Federación Española de Fútbol, aunque no se descarta la posibilidad de que termine concediéndole la victoria automática al Puerto Atlético.

 "Si queremos una categoría bonita, esto no se puede permitir"

Aunque eso ahora mismo es lo de menos. “Si queremos una categoría bonita, esto no se puede permitir”, comentó el entrenador del CD Puerto Atlético al respecto.

Todo un infierno en el que tuvo que pasar el equipo de Ceuta en su visita a Melilla que todos esperan que no vuelva a suceder, en un partido en el que no deja de ser un deporte y en el que, sus protagonistas, no dejan de ser niños.

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Un inmigrante recibió un disparo en un pie, teniendo que ser tratado en el hospital universitario. Es el CNP el que investiga lo sucedido, siendo un episodio que se enlaza con otros casos registrados con anterioridad, con inmigrantes heridos por disparos, como ocurrió a finales de agosto.

Fue entonces cuando dos jóvenes de Marruecos fueron alcanzados por disparos de pistola de aire comprimido. A pesar de las actuaciones policiales, la población migrante que se encuentra en el Príncipe es elevada, tanto los que pernoctan en la calle como los que siguen ocultos en pisos patera tanto del propio Príncipe Alfonso como Felipe.

Los agentes tratan de esclarecer lo que rodea a este caso para lo que será necesario la declaración de la víctima.

Reyertas de madrugada en Gran Vía, antiguo hospital y el puerto

Este ha sido el suceso más grave ocurrido en esta pasada madrugada en la que también se han registrado incidentes que han derivado en la movilización de recursos policiales tras llamadas al 112, teléfono único de emergencias.

De nuevo se tuvo que intervenir en el club Los Delfines ante la entrada de inmigrantes saltando el vallado. No es la primera intervención de este tipo. Además, patrullas de la Policía tuvieron que intervenir en la Gran Vía ante una pelea entre varios inmigrantes, que viene a sumarse a las que se están repitiendo en estos últimos días.

La finalización de la Marina Española, a la altura del antiguo hospital de la Cruz Roja, fue otro de los puntos a donde tuvo que acudir la Policía para contener una reyerta entre inmigrantes.

Otra, también de madrugada, se produjo en el asentamiento del puerto, teniendo que derivarse una ambulancia hacia una de las carpas ubicada en el Muelle de la Puntilla en donde, tras un enfrentamiento, uno de los acogidos había resultado herido.

Detención por resistencia

En otra de las intervenciones, la Policía Local detuvo a un inmigrante por resistencia y acometida contra uno de los agentes.

Esta hilera de sucesos se suma a los que están ocurriendo prácticamente a diario, relacionados de manera directa con la población migrante que se encuentra en la ciudad tras la entrada masiva.

Las incidencias registradas en el 112 se han disparado. Son datos objetivos ajenos a cualquier valoración política. Es inseguridad pura y dura, no subjetiva como la interpreta el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

La misma tiene repercusiones después a nivel judicial y policial, debido a la absorción de recursos. Esta situación ha provocado que se desaconseje la celebración en los montes de la Mochila. De hecho, se tiene constancia de que solo 7 familias han decidido acampar acudiendo a García Aldave y una caseta se ha instalado en Aranguren.

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Y lo ha hecho en forma de sentencia, condenándole por un delito continuado de hurto en grado de tentativa a 18 meses de prisión, así como a indemnizar a la empresa Carrefour con 537 euros.

En sentencia, a cuyo contenido ha tenido acceso El Faro, deniega el beneficio de la suspensión de condena, decretando cinco días para entrar voluntariamente en prisión.

La pena impuesta es la máxima que recoge el Código Penal para este tipo de delitos, decisión que se ha sustentado en la hoja histórico penal del acusado, a quien le constan dos condenas por delitos leves los días 19 y 1 de junio de 2026 y otra condena por un delito de hurto el 20 de marzo de este año; además de otras seis condenas por delitos varios.

“Su trayectoria delictiva denota que pretende hacer del hurto su medio de vida y su total indiferencia por el patrimonio ajeno”, sentencia su señoría.

Los hechos recogidos en sentencia: el vicio de hacerse con altavoces

En el caso de marras, el ahora condenado acudió en distintas ocasiones durante el mes de septiembre de este año al establecimiento Carrefour, en donde se apoderó, quitando previamente la alarma, de varios altavoces expuestos para su venta, ocultándolos entre sus prendas y abandonando el local tras rebasar la línea de cajas sin abonar su importe.

El día 16 de septiembre, a las 09:34 horas, se apoderó de un altavoz valorado en 149 euros y ese mismo día, sobre las 21:08 horas, de otro valorado en 299,99 euros.

El día 23 de septiembre, a las 19:14 horas, se apoderó de un altavoz valorado en 89 euros.

El día 26 de septiembre, sobre las 11:45 horas, cogió otro altavoz valorado en 149 euros, que ocultó bajo sus prendas y con el que rebasó nuevamente la línea de cajas sin efectuar su pago.

Las declaraciones del vigilante y un policía nacional

Esta última sustracción fue advertida por el vigilante de seguridad del establecimiento, quien interceptó al acusado y recuperó el altavoz, quedando el mismo en poder de Carrefour.

Era un auténtico vicio hacerse siempre con esos elementos. En el relato de hechos probados se describen cuatro acciones, todas ellas próximas en el tiempo, con la misma dinámica, lugar y circunstancias.

Se trata de sustracciones que individualmente no superan los 400 euros. Tres fueron consumadas y la última intentada, “si bien el que tengan un grado distinto de ejecución no es obstáculo para apreciar la continuidad delictiva”, mantiene su señoría.

La condena se ha basado en las testificales del vigilante de seguridad y de un agente de Policía Nacional. “Son plenamente creíbles por cuanto no existe ningún motivo para dudar o intuir que los testigos mienten. Además, fueron testimonios detallados, coherentes, complementarios y persistentes”, explica en sentencia.

Ocultaba los altavoces entre sus prendas tras quitar las alarmas

El vigilante contó que se dieron cuenta de la dinámica del acusado porque apareció una caja de un altavoz vacío, revisaron las cámaras y lo identificaron. Lo que hacía era anular la alarma y pasar por la línea de caja con el altavoz oculto entre las prendas.

El policía nacional que declaró aseveró que él vio las grabaciones de las cámaras del día de los hechos y de las ocasiones anteriores.

Frente a la contundencia de la prueba de cargo, el acusado ni siquiera compareció en el juicio, que pudo celebrarse en ausencia al ser la pena solicitada menor de dos años.

Si bien es cierto que hubo una incidencia en la descarga de las grabaciones y algunas no se pudieron recuperar al haber transcurrido el tiempo, esto no quitó credibilidad a los testigos de cargo, “máxime cuando el último altavoz fue hallado en posesión del acusado”.

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Los hechos se produjeron a la altura de Parques Argentina, cuando los funcionarios se dirigían a la comisaría de San Juan de Dios.

Los policías observaron cómo un individuo arrebataba de manera violenta de la oreja un teléfono móvil a una mujer y, acto seguido, le propinaba un guantazo.

Ante lo que estaban presenciando, los dos agentes de la UPR no dudaron en intervenir pese a encontrarse fuera de servicio, identificándose como policías y procediendo a controlar la situación.

La actuación permitió detener al individuo y evitar que el episodio pudiera ir a mayores.

Posteriormente, los agentes pudieron comprobar que el hombre y la mujer eran pareja, por lo que los hechos fueron puestos en conocimiento de los servicios policiales correspondientes.

El detenido se encuentra en situación irregular

El arrestado es un ciudadano marroquí que se encuentra en Ceuta en situación irregular, según las comprobaciones realizadas tras su identificación. La mujer, por su parte, cuenta con DNI español.

La intervención se produjo de manera prácticamente casual, cuando los dos agentes se encontraban camino de su puesto de trabajo. Al observar la agresión, actuaron de inmediato y procedieron a la detención del hombre.

El arrestado fue detenido como presunto autor de un delito de violencia de género, quedando a disposición de la Policía Nacional para la práctica de las correspondientes diligencias antes de su puesta a disposición judicial.

Una intervención fuera de servicio

La actuación de los dos agentes de la UPR, una unidad especializada en la prevención y reacción ante situaciones que puedan alterar la seguridad ciudadana, permitió intervenir rápidamente ante unos hechos que se estaban produciendo en plena vía pública.

Los funcionarios tuvieron que actuar pese a no encontrarse en ese momento realizando servicio, ya que se dirigían a incorporarse a su puesto en la comisaría de San Juan de Dios.

La rápida intervención permitió controlar al presunto agresor y proceder posteriormente a su arresto.

Ahora serán las diligencias policiales y judiciales las que determinen las circunstancias concretas de lo sucedido y las posibles responsabilidades penales del detenido.

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Bajo el pretexto de solicitar apoyo para “Eliska, la niña bailarina”, los ciberdelincuentes intentan engañar a los usuarios para que accedan a un enlace fraudulento y tomen el control de sus dispositivos móviles.

¿En qué consiste la estafa de “Eliska, la niña bailarina”?

Las autoridades han aclarado de forma contundente que la niña bailarina en realidad no existe y que la petición de voto es únicamente un señuelo diseñado para cometer una estafa.

El engaño comienza al recibir un mensaje en el que se pide participar o votar en un supuesto concurso.

Al hacer clic en el enlace adjunto, el usuario pone en riesgo la seguridad de su teléfono móvil, lo que permite a los atacantes obtener acceso no autorizado al dispositivo.

El modus operandi: suplantación de contactos de confianza

El elemento central que hace especialmente peligrosa a esta campaña de ciberdelincuencia es la suplantación de identidad. Los atacantes no envían el mensaje desde números desconocidos, sino que utilizan las cuentas comprometidas de personas que la víctima ya tiene guardadas en su agenda telefónica, como su madre, su pareja o su hermano.

Al recibir la notificación desde la cuenta de alguien de total confianza, la persona baja la guardia e ingresa al enlace. Una vez que los ciberdelincuentes se apoderan del dispositivo o de la cuenta, el sistema malicioso vuelve a enviar automáticamente el mensaje fraudulento a toda la lista de contactos del afectado, generando una cadena de mensajes fraudulentos que se propaga masivamente.

Recomendaciones clave de la Policía Nacional para evitar la estafa

Para frenar la propagación de este fraude en WhatsApp y proteger la información confidencial, la Policía Nacional enfatiza las siguientes pautas fundamentales de prevención:

• No hacer clic en enlaces sospechosos: evita abrir vínculos recibidos por mensajería, incluso si provienen de contactos conocidos.
• Proteger datos confidenciales: nunca compartas datos personales o bancarios, códigos de verificación ni tu número de teléfono.
• Verificar la autenticidad por otra vía: si tienes dudas sobre un mensaje recibido de un familiar o amigo, contacta directamente con esa persona mediante una llamada telefónica u otro medio alternativo antes de pulsar cualquier enlace.

Medidas de ciberseguridad adicionales y cómo actuar si has sido víctima

Además de actuar con precaución, la Policía Nacional sugiere adoptar medidas activas para reforzar la ciberseguridad en las aplicaciones de mensajería. Entre ellas destaca la activación de la verificación en dos pasos, una herramienta imprescindible para bloquear accesos no autorizados a la cuenta.

Asimismo, se recomienda mantener siempre actualizado el sistema operativo del teléfono móvil.

En caso de haber caído en el engaño y ser víctima de esta estafa, las autoridades recuerdan que es primordial interponer la correspondiente denuncia ante la Policía Nacional.

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Denuncian que siguen en la calle, en el grupo además de adolescentes de entre 16 y 17 años, hay niños más pequeños que no alcanzan los 10.

Al grito de “¡queremos centro de menores!”, el grupo ha emprendido ruta hacia la sede de la Jefatura en donde han expuesto carteles y pancartas en donde recogían sus reclamaciones.

“Somos menores de edad y necesitamos protección, queremos entrar en un centro”, exponen.

"Queremos un lugar seguro donde dormir"

Dicen que quieren “un lugar seguro donde dormir”, ya que de momento siguen en la calle esperando ser filiados por la Policía Nacional.

Duermen cerca de la sede policial, moviéndose desde el entorno de la plaza vieja hasta este punto para esperar a que la Policía les llame. Hoy han conducido una protesta hacia la propia sede.

“Pedimos que escuchen nuestra situación, respeten nuestros derechos y nos ayuden e una solución”, recoge en un escrito una de las pancartas que les han dado para que las muestren.

"La Policía no me ha filiado por saturación institucional"

Otro adolescente porta un folio en el que se indica que quieren protección y que sus datos los tienen las oenegés que trabajan en Ceuta. “La Policía no me ha filiado por saturación institucional, pero solicito la protección del menor”, recoge ese papel.

“Tengo documentación que acredita que soy menor no acompañado, no quiero volver a Marruecos”.

Los menores han protestado en una concentración que procedía desde el Paseo del Revellín y en dirección a la Jefatura en donde se han quedado exponiendo a gritos cuál es su situación.

Según su declaración llevan tres meses en la calle sin un refugio durmiendo donde pueden, sin comida, sin dinero, sin nada. Antes se encontraban en los asentamientos que fueron desmantelados por la Policía. Viven en la calle, pero insisten en que no pueden volver a Marruecos.

Niños pidiendo a las puertas de los supermercados

Los menores que están en la calle piden dinero a las puertas de los supermercados. Usan a los más pequeños para buscar que alguien les dé algo.

Son chicos que están en la calle porque no han entrado en los recursos de la Ciudad porque previamente deben ser filiados por la Policía.

Hay más de 3.600 acogidos, pero en la calle quedan muchísimos todavía.

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Sindicatos han comunicado ya a sus afiliados lo ocurrido. Las quejas no se han hecho esperar por lo que ya se comenta en los corrillos policiales: habrá reconocimientos para algunos elegidos, cuando todos son los que han trabajado en un hecho tan extraordinario como el ocurrido el 30 y 31 de julio, hecho calificado de invasión por los propios policías.

El malestar es evidente, sobre todo tras el trabajo llevado a cabo por todos los agentes, no solo por unos pocos, que al final van a ser los que serán propuestos a la orden al mérito policial con distintivo blanco.

Qué es lo que ha pasado para provocar este malestar policial

Ha ocurrido lo siguiente. Tras una reunión mantenida entre sindicatos y el jefe superior de la Policía sobre la concesión de medallas por la crisis registrada, se ha informado que se entendió erróneamente que iba a proponer a todos los integrantes de la plantilla para recibir esa medalla.

En algunas brigadas se ha dado la instrucción para que todos los funcionarios rellenarán la propuesta para medalla.

Propuestas solo para algunos componentes de la Policía Nacional

Pues bien, ahora se comunica que esa instrucción no es correcta y que se comunicará por parte de las distintas brigadas quiénes deben presentar dichas propuestas.

De momento algunos sindicatos han comunicado lo sucedido, pero no se ha remitido una denuncia formal sobre lo que ha pasado o sobre cuál va a ser ahora la reacción que adopten tras lo que se difunde como error.

La ‘excusa’

Tras esa situación que ha causado desagrado entre los agentes, se ha comunicado lo que podría entenderse como una ‘excusa’.

Y es que los sindicatos han informado a sus afiliados que, siguiendo instrucciones del mismo jefe superior, se anuncia que se va a realizar la propuesta para ingreso en la OMP correspondiente al aniversario de la Policía Nacional.

Por eso se pide que los jefes de brigada propongan a los funcionarios que consideren y eleven esa petición al jefe superior para que dé el visto bueno.

La propuesta de medallas ya no deja rastro de la invasión, sino que se alude al aniversario.

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La situación obligó a movilizar a efectivos policiales, especialmente a agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), que tuvieron que hacer frente a una complicada intervención para recuperar el control del recinto.

Los incidentes estuvieron protagonizados por inmigrantes que llegaron a Ceuta durante la entrada masiva de finales de julio y que posteriormente fueron filiados e incorporados a este dispositivo de acogida.

Lo que comenzó como un enfrentamiento terminó convirtiéndose en una reyerta de importantes dimensiones, con agresiones y momentos de gran tensión para los trabajadores que desempeñan allí sus funciones.

Durante los altercados, un vigilante de seguridad resultó agredido, mientras que varias trabajadoras estuvieron expuestas a intentos de agresión. La situación obligó a actuar a los policías, que se encontraron con un escenario especialmente complicado por el número de personas concentradas y la violencia que se estaba produciendo.

Un despliegue decisivo de la UPR

La intervención recayó principalmente en un subgrupo de la UPR, cuyos integrantes tuvieron que desplegarse para contener los enfrentamientos y evitar que la situación fuera a más.

Los agentes realizaron un dispositivo policial de gran intensidad, con una actuación coordinada que permitió hacer frente a los participantes en la reyerta y restablecer el orden.

La dificultad del operativo no era menor. En el recinto se concentra una población que supera las 1.500 personas, circunstancia que obliga a extremar las medidas de seguridad en cualquier intervención de estas características.

Los policías tuvieron que actuar en un entorno especialmente complejo, con numerosos individuos alrededor y un escenario en el que existía riesgo de que los incidentes se extendieran.

La actuación de los componentes de la UPR fue especialmente meritoria por la rapidez y contundencia con la que tuvieron que responder ante los hechos.

Los efectivos consiguieron controlar una situación de elevada tensión, proteger a los trabajadores que se encontraban en el lugar y evitar que el enfrentamiento adquiriese mayores dimensiones.

Palos preparados y tres detenidos

Uno de los aspectos más preocupantes del incidente fue la existencia de palos que, según la información recabada, estaban escondidos y preparados para utilizarlos cuando llegasen los agentes. Este detalle elevó la peligrosidad de la intervención y obligó a los policías a extremar las precauciones durante el despliegue.

El operativo terminó con la detención de tres personas relacionadas con los hechos: un ciudadano de nacionalidad argelina y otros dos de nacionalidad marroquí.

Los arrestos se produjeron después de la intervención policial para controlar los disturbios y restablecer la seguridad en el asentamiento.

La actuación de este subgrupo de la Unidad de Prevención y Reacción vuelve a poner de manifiesto la importancia del trabajo que realizan estas unidades policiales en escenarios de especial dificultad.

En esta ocasión, los agentes tuvieron que intervenir en un recinto masificado, con trabajadores amenazados, un vigilante agredido y personas que, presuntamente, habían preparado objetos contundentes ante la llegada de la Policía.

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