El acusado, conducido por la Policía Nacional desde la prisión, donde se encuentra desde que ocurrieron los hechos, reconoció su culpa y aceptó una pena de un año y nueve meses de prisión por un delito de robo con violencia en grado de tentativa, así como el pago de una multa de un mes, con una cuota diaria de cinco euros, por un delito leve de lesiones.

La pena quedó sustituida por la expulsión de España durante un periodo de cinco años. Es otro de los ciudadanos marroquíes que entró de manera irregular durante la avalancha registrada a finales de julio.

Golpeó al menor para robarle diez euros

Los hechos ocurrieron sobre las 18:00 horas en las inmediaciones de un parque infantil situado en la avenida Cañonera Dato, junto a la Estación Marítima.

El condenado se acercó a un menor de 15 años, también marroquí, y, con la intención de apoderarse de los diez euros que llevaba, comenzó a golpearle repetidamente en la cara.

El asalto no llegó a consumarse porque un agente de la Policía Nacional que se encontraba de servicio en las proximidades sorprendió la agresión e intervino inmediatamente. Su actuación permitió frustrar el robo y detener al acusado.

Como consecuencia de los golpes, el menor sufrió un enrojecimiento en la parte derecha del rostro. Las lesiones precisaron una única asistencia facultativa y dos días para su curación, sin que quedaran secuelas.

En prisión provisional desde agosto

El acusado permanecía en prisión provisional desde el 28 de agosto de 2026, situación en la que se encontraba desde que fue detenido por estos hechos.

La cifra de expulsiones supera las 500 personas, según los datos recogidos en el balance al que hace referencia esta información. Entre los delitos que han dado lugar a estas condenas figuran varios atentados contra miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como contra militares que participaron en las actuaciones desarrolladas durante aquellos días.

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Ahora mismo la ciudad se ha convertido en una especie de gran CETI con distintos campamentos abiertos. Una visión que es lamentada por muchos ceutíes, aunque negada por el Gobierno de España, que insiste en contrarrestar esa concepción.

La ministra Saiz ha explicado en su intervención este lunes en Barcelona en el foro World in Progress (WIP) de Prisa que desmontar estas plazas extraordinarias "será una señal muy importante" de que vuelve la normalidad en Ceuta meses después de la entrada masiva.

7.500 plazas habilitadas

Saiz ha reivindicado que, tras la crisis, se pasó de 500 plazas de acogida temporal a las más de 7.500 actuales, que se irán desmontando porque gran parte de los expedientes de retorno ya no deben concluirse, porque muchos de ellos ya han vuelto a Marruecos.

Los retornos voluntarios son considerados por el Gobierno como expedientes cumplidos, aunque no se hayan finalizado.

"Hay una importante cifra de retornos a Marruecos de unas 13.000 personas. Esos son expedientes que ya no tienen que concluirse porque se han producido esos retornos", ha dicho Saiz, quien ha destacado la colaboración con las entidades sociales que han gestionado estos centros de acogida.

La respuesta humanitaria

La portavoz del Ejecutivo ha defendido la respuesta del Gobierno en Ceuta ante los que querían una respuesta desde el odio: "El gobierno de España, la respuesta que ha dado desde el primer momento, la ha dado desde algo tan elemental como la legalidad, por supuesto, pero también la humanidad".

“Estamos trabajando para que se vayan desmontando de la manera más rápida. El Estado ya estaba en Ceuta, teníamos un centro de estancia temporal, que es un centro humanitario”, ha dicho.

“Hay una importante cifra de retornos, son expedientes que no tienen que concluirse”, ha explicado la ministra.

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La iniciativa ha sido anunciada por la consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, durante su comparecencia para presentar el proyecto de Presupuestos Generales de la Ciudad para 2027.

La propuesta se enmarca en las medidas que el Ejecutivo local pretende impulsar para reforzar la seguridad y la protección de la frontera, recurriendo a herramientas tecnológicas que permitan disponer de información anticipada sobre posibles movimientos o acontecimientos en el entorno de Ceuta.

Para financiar este tipo de actuaciones, la Ciudad contempla una partida específica dentro de un fondo estratégico que busca dar respuesta tanto a las necesidades extraordinarias derivadas de la emergencia como a futuros proyectos considerados prioritarios.

Un fondo de 4,3 millones para seguridad y proyectos estratégicos

Según ha detallado Chandiramani, la Consejería de Hacienda ha articulado un fondo denominado 'Ceuta no se rinde', dotado con 4,3 millones de euros. Esta cantidad permitirá afrontar los gastos extraordinarios que puedan continuar generándose a partir del próximo 1 de enero como consecuencia de la situación de emergencia.

No obstante, la partida también tendrá una finalidad de carácter estratégico. Entre sus objetivos figura financiar iniciativas relacionadas con el crecimiento económico, la seguridad y el reforzamiento de la frontera. Para desarrollar estos proyectos, el Gobierno local contará con la participación de Procesa.

Es precisamente en el ámbito de la seguridad fronteriza donde se sitúa el posible desarrollo del nuevo mecanismo de alerta temprana, una iniciativa que todavía se encuentra en fase de estudio y sobre la que el Ejecutivo no ha concretado, por el momento, plazos ni características técnicas.

Inteligencia Artificial para anticiparse a posibles situaciones en la frontera

La intención es aprovechar las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías y la Inteligencia Artificial para disponer de un sistema capaz de proporcionar información sobre lo que sucede en el entorno de la ciudad.

El objetivo sería contar con herramientas que permitan identificar posibles movimientos de personas hacia la frontera y anticiparse a escenarios que puedan comprometer la seguridad.

Durante su intervención, la consejera explicó que la Administración General del Estado ya dispone de mecanismos para recibir este tipo de avisos, mientras que el Gobierno de Ceuta considera conveniente desarrollar también un sistema propio que permita contar con una alerta temprana ante posibles acercamientos a la frontera.

Chandiramani no quiso avanzar más detalles sobre cómo se articularía esta herramienta, al tratarse todavía de una iniciativa que está siendo analizada. Sí quiso dejar claro que la propuesta no responde a una falta de confianza en los organismos estatales que ya trabajan en materia de seguridad e inteligencia.

En este sentido, manifestó la confianza del Gobierno local en instituciones como el CNI, así como en los responsables de Defensa y en los cuerpos policiales, entre ellos la Policía Nacional y la Guardia Civil. Sin embargo, defendió la conveniencia de ampliar los mecanismos de protección disponibles: “Cuantas más medidas de protección tengamos, mejor”.

A partir de la dotación presupuestaria prevista, la Ciudad estudiará qué sistemas de alerta temprana podrían implantarse y qué soluciones tecnológicas resultarían más adecuadas para cumplir esa función.

Una apuesta que, según la consejera, es viable en el contexto tecnológico actual y que persigue ofrecer mayores garantías de seguridad y tranquilidad a los ciudadanos de Ceuta.

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El dirigente popular ha criticado la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez y le ha reprochado que no haya realizado gestiones diplomáticas con Marruecos para resolver la situación.

"¿Cómo es posible que todavía haya 15.000 invasores en Ceuta y que el Gobierno haya sido incapaz de sentarse con las autoridades marroquíes y gestionar este asunto? Allí sigue todo igual", ha manifestado durante una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press.

Feijóo ha defendido también el trabajo realizado por su partido en las instituciones europeas y ha reivindicado su contribución para conseguir que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se pronunciara sobre la situación de la ciudad autónoma.

En este sentido, ha recordado que Von der Leyen afirmó en su discurso sobre el estado de la Unión que un ataque a Ceuta suponía un ataque a Europa y condenó lo que calificó como una "invasión".

El líder popular ha explicado que representantes de otros países europeos, entre ellos Alemania y Austria, le trasladaron su sorpresa ante el hecho de que el PP solicitara un pronunciamiento en defensa de la integridad territorial española mientras, según su relato, el Gobierno de Sánchez no consideraba que esta estuviera siendo atacada.

"Es el mundo al revés", ha lamentado.

"Firmeza" en las relaciones con Marruecos

Durante la entrevista, Feijóo también ha abordado las relaciones entre España y Marruecos. El dirigente del PP ha asegurado que está dispuesto a mantener una política de "buena vecindad y lealtad" con el país vecino, aunque ha insistido en que la firmeza debe ser una exigencia para cualquier presidente del Gobierno.

"Marruecos lo sabe", ha afirmado, asegurando que ha mantenido esa misma posición en todas sus interlocuciones relacionadas con el reino alauí.

En su opinión, la situación de Ceuta necesita una respuesta diplomática entre ambos países que permita resolver la permanencia de las personas que entraron irregularmente y avanzar en su retorno a Marruecos.

En este contexto, Feijóo ha asegurado que España ha sido el único país que no ha firmado el reglamento europeo de retorno, una cuestión que ha utilizado para reclamar un cambio en la política migratoria del Ejecutivo.

El retorno de migrantes y las nuevas medidas europeas

El presidente del PP también se ha referido a una nueva directiva de emergencia en la que trabaja la Unión Europea para responder a situaciones en las que se instrumentalice la inmigración con el objetivo de alterar una frontera o invadir un país.

Según ha explicado, esta normativa contemplaría que, ante circunstancias de esas características, se procediera al retorno automático de adultos y menores al país de origen y a la suspensión del derecho de asilo.

"Esto es lo que tenemos que hacer, y esto es nuestro trabajo", ha defendido Feijóo, que considera necesario que España se adapte a este tipo de herramientas comunitarias para afrontar situaciones como la vivida en Ceuta.

Feijóo promete recuperar la reputación internacional de España

Por otro lado, el dirigente popular ha asegurado que España atraviesa un momento de "extraordinaria dificultad" y considera que el país ha perdido una "enorme reputación internacional".

Feijóo se ha mostrado convencido de que esta situación puede cambiar si se produce una alternancia política después de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

A su juicio, un Gobierno respaldado por una mayoría sólida en el Congreso y el Senado permitiría impulsar reformas y recuperar una política exterior centrada en los intereses de España, en lugar de los intereses particulares del presidente del Gobierno.

También ha defendido la necesidad de recuperar el diálogo parlamentario sobre las posiciones internacionales del país, reforzar las relaciones con sus aliados y desarrollar una política exterior más activa dentro de la Unión Europea.

"La reputación que hemos perdido la vamos a volver a ganar en meses", ha asegurado el líder del PP.

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Una entrada que puso en jaque la seguridad de todo el país, pero cuyo esclarecimiento parece toparse con trabas más que con facilidades.

¿Quiénes conocieron las alertas y de qué forma actuaron? Esa es una de las claves para entender las consecuencias posteriores de una invasión que no solo ha tenido graves consecuencias económicas para la ciudad, sino también emocionales.

El último auto dictado por la jueza Tardón está plagado de mensajes que dan lugar a interpretaciones sobre el discurrir de la investigación y las serias dificultades que están asomando en el camino.

Trabas derivadas de la falta de información para avanzar en las investigaciones bajo la excusa de lo comprometido, de lo secreto.

Las vagas respuestas del CNI y la ocultación de identidades en la Guardia Civil

Tardón ha pedido que se desclasifiquen más informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), toda vez que sigue habiendo dudas no esclarecidas lo que impide que se pueda acceder a información relevante.

La única posibilidad de dar ese paso es pedir al Consejo de Ministros que actúe cooperando con la administración de Justicia, salvaguardando lo que afecte a la seguridad nacional. Una seguridad que, en el caso de esta investigación, ha quedado dañada.

“¿A qué personas, organismos e instituciones se informó por parte del CNI de las informaciones que se hubieran obtenido, en qué momento y cuál fue el procedimiento empleado para ello?”.

Esto preguntó Tardón, pero todavía desconoce quién es el etiquetado como «punto de contacto» de la UCE-3 de la Guardia Civil para llamarlo a declarar. Para la propia jueza “resulta incomprensible” no conocer la identidad de esos agentes con quienes el CNI tuvo contacto por WhatsApp los días 27, 28 y 29 de julio.

Que no se haya atendido la petición de su señoría supone un lastre en la investigación, una piedra en el camino para Tardón. “Impide poder conocer la identificación de tales funcionarios a los que esta instrucción debe poder llamar a declarar, puesto que su testimonio resulta esencial para su esclarecimiento”, recoge en el último auto notificado a las partes.

El contenido de las informaciones

No se sabe quiénes son esos agentes, pero es que tampoco se sabe el contenido de las comunicaciones y contactos que mantuvo el CNI con el que fuera jefe del gabinete de la Delegación del Gobierno, Gonzalo Sanz, sobre asuntos relacionados con la seguridad alusivos al 30 y 31 de julio.

Ni contenidos, pero tampoco fechas. Y eso es lo que precisamente quiere conocer su señoría.

Siendo esto grave, más aún es el bloqueo que existe en torno a un asunto que interesa: lo que sabía Marruecos y los contactos que mantenía con España.

 ¿Qué sabía Marruecos?

“¿Mantiene el Centro Nacional de Inteligencia contacto habitual con los Servicios de Inteligencia marroquíes en relación con las diferentes cuestiones respecto de la inmigración irregular de entrada en España desde el Reino de Marruecos, y especialmente, se comparten avisos o alertas sobre posibles movimientos de presión migratoria hacia la frontera española?”, preguntó Tardón al CNI.

“En caso afirmativo, ¿tienen lugar de forma periódica y habitual o de forma ocasional en relación con momentos o sucesos concretos?”, añadió.

A estas alturas de la investigación, el CNI ha facilitado una respuesta escueta en la que se limita a referir que “mantiene un flujo de intercambio frecuente con los Servicios de Inteligencia de Marruecos sobre diferentes ámbitos, incluyendo el de la inmigración irregular”.

“Respecto de los posibles avisos o alertas se aporta tan sólo una de las más de 20 notas que se dicen dirigidas a la DGED y DGST, cuyo contenido, además, aparece censurado con los mismos tachones que presentaba cuando se incorporó a la documentación desclasificada en el Consejo de Ministros del día 8 de septiembre de 2026”, recoge su señoría.

Hasta el momento, la jueza no tiene referencias concretas a cómo era ese flujo de intercambio de datos entre los agentes españoles y los servicios de inteligencia de Marruecos. A estas alturas de la investigación se desconoce qué contenidos se intercambiaron entre servicios y qué alertas concretas tenía el vecino país sobre lo que estaba sucediendo.

Los grupos de Facebook y WhatsApp que movieron todo

Por esto mismo, Tardón quiere la desclasificación de las notas emitidas y recibidas por parte de ambos servicios de inteligencia respecto de la inmigración irregular de entrada en España desde el reino de Marruecos que se hubieran efectuado durante todo el mes de julio.

Quiere saber esto, pero también la identidad de los titulares de los grupos de WhatsApp y Facebook desde los que se estuvo fomentando la entrada masiva de personas en Ceuta.

La búsqueda de la verdad que persigue la Audiencia Nacional no se antoja fácil toda vez que los datos de envergadura para avanzar son difíciles de obtener.

Qué personas sabían y qué

Tardón ha vuelto a pedir la desclasificación de informes al considerar que saber su contenido es “imprescindible”, más si cabe cuando se trata de conocer qué personas pudieron tener conocimiento “personal y muy relevante” de los hechos investigados.

“La información cuya desclasificación se interesa presenta una relación directa, inmediata y objetiva con el objeto del procedimiento, resultando imprescindible para la averiguación de la verdad material y para el ejercicio efectivo de la potestad jurisdiccional constitucionalmente atribuida a los Jueces y Tribunales”, expone Tardón.

Los límites de lo judicial y lo secreto

“La jurisprudencia constitucional ha venido señalando de forma reiterada que el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24 de la Constitución comprende el derecho de los órganos jurisdiccionales a disponer de los medios necesarios para cumplir la función constitucional que les ha sido encomendada, resultando incompatible con dicho mandato la existencia de ámbitos exentos de control jurisdiccional cuando se encuentran en juego la persecución de ilícitos penales y la averiguación judicial de los hechos”, considera.

La jueza habla claro en este último auto sobre hasta dónde deben establecerse las líneas de lo que se protege como secreto cuando es determinante para averiguar hechos de tanta relevancia como los ocurridos en Ceuta, al ponerse en el punto de mira la seguridad nacional, la de todo un país.

“Las potestades constitucionalmente atribuidas a Jueces y Tribunales no pueden quedar subordinadas a decisiones unilaterales de otros poderes del Estado cuando ello determine la imposibilidad material de practicar diligencias esenciales para una investigación penal en curso”, advierte Tardón.

“Ciertamente, el ordenamiento reconoce la existencia de intereses públicos dignos de especial protección, entre ellos los vinculados a la defensa nacional, la seguridad del Estado o la actividad de inteligencia; sin embargo, tales intereses no operan en un plano de prevalencia automática frente a la función jurisdiccional, sino que exigen una ponderación individualizada en cada caso concreto”, recoge.

“Cuando la información interesada presenta una relación directa, objetiva y relevante con los hechos investigados, y cuando además no existen fuentes alternativas que permitan alcanzar el mismo resultado probatorio, el deber constitucional de colaboración con la Administración de Justicia adquiere su máxima intensidad, legitimando que el órgano instructor promueva los mecanismos legalmente previstos para hacer posible el acceso jurisdiccional a dicha información”, reseña.

¿Quieren todos los poderes saber la verdad?

La clave radica en qué se persigue aquí. ¿Quieren todos los poderes saber la verdad?, ¿existe una cooperación para ello?, ¿hasta dónde llega el límite de lo secreto cuando sobre la mesa se están poniendo cuestiones de estado?

El recelo de los servicios de inteligencia es claro, deben proteger lo suyo ante injerencias de otros países. Pero en este caso el límite entre la protección y el poder avanzar en una investigación es clave.

“La eventual clasificación de la información solicitada como materia secreta o reservada no constituye un obstáculo jurídico absoluto que impida a este órgano judicial promover su desclasificación cuando resulte necesaria para la investigación de hechos presuntamente delictivos”, recoge su señoría en el auto.

“La doctrina sentada por el Tribunal Supremo en las Sentencias del Pleno de la Sala Tercera de 4 de abril de 1997 parte precisamente de la premisa contraria: la existencia de materias clasificadas constituye una institución legítima de protección de intereses esenciales del Estado, pero ello no elimina la necesidad de someter las decisiones adoptadas en este ámbito a los principios constitucionales que rigen la actuación de todos los poderes públicos ni excluye la intervención jurisdiccional cuando resulte necesaria para preservar derechos, intereses o funciones constitucionalmente protegidos”, apunta.

“No puede extraerse la conclusión de que la declaración de secreto oficial genere un espacio inmune al control jurisdiccional o permita excluir de forma absoluta el conocimiento de información imprescindible para una investigación penal”, concreta.

“Una interpretación de tal naturaleza resultaría difícilmente conciliable con los artículos 24 y 117 de la Constitución, en la medida en que permitiría que la mera decisión administrativa de clasificar determinada documentación produjese, de hecho, una limitación insuperable de la potestad jurisdiccional de investigar delitos”.

Hay un precedente con la desclasificación de anteriores documentos bajo autorización del Consejo de Ministros. Algo que “pone en evidencia” que conocer esos datos “resulta plenamente compatible con las exigencias de la seguridad y la defensa del Estado”.

“La cuestión no consiste en determinar si la documentación objeto de solicitud puede estar válidamente clasificada, sino en valorar si, atendidas las concretas circunstancias concurrentes, el mantenimiento de dicha clasificación resulta compatible con las exigencias derivadas de una investigación penal en curso respecto de hechos de singular relevancia institucional y jurídica”.

“En el presente caso, la información solicitada es relevante para la investigación y no afecta a la seguridad del Estado, pues la misma se ha visto vulnerada precisamente en el marco de los hechos objeto del procedimiento y la autoría de ese ataque a la seguridad del Estado es lo que pretende averiguarse con la investigación en curso”, considera.

Pero hay más, es que esa información resulta indispensable para que se puedan esclarecer los hechos, ya que pueden ayudar a determinar “qué autoridades conocían y desde qué momento la convocatoria de entrada masiva del día 30 de julio”.

Ayudará a saber “qué decisiones se adoptaron o dejaron de adoptarse a la vista de esa información y cuál fue la actuación de las autoridades del reino de Marruecos”.

“No existen otros medios de investigación menos gravosos para obtenerla, como lo demuestra la insuficiencia de los dos requerimientos previos. Todo ello sin perjuicio de las cautelas que el Consejo de Ministros estime procedentes para preservar la información no relacionada con el objeto del procedimiento”.

El 27 de octubre, Tardón dio 15 días al Gobierno para desclasificar informes y obtener los datos que necesita para continuar. Ya se ha consumido casi la mitad del tiempo. La postura del Gobierno es delicada, más aún cuando su gestión de la crisis está en el punto de mira.

Y no solo en base a puras críticas de otros partidos, sino a las declaraciones que se han ido conociendo de testigos que señalan a las alertas que se trasladaron a los ministerios y a cómo Interior era consciente de la presión previa a la entrada masiva que ya sufría la ciudad.

La gestión del Gobierno de España y el papel que jugó Marruecos son actores de peso y envergadura suficientes como para convertir este asunto en el de mayor relevancia judicial del momento.

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En un comunicado, denuncia que la ciudad continúa sufriendo las consecuencias de una crisis sin precedentes, y apunta a la “incapacidad” del Gobierno de Pedro Sánchez por ofrecer una respuesta “eficaz, contundente y definitiva”.

Sin obviar las críticas también al presidente local, Juan Vivas, el dirigente de Vox en la ciudad, Juan Sergio Redondo, etiqueta estos 3 meses como los equivalentes a “noventa días de abandono, improvisación, incompetencia y cobardía política, durante los cuales los ceutíes han tenido que soportar las consecuencias de una catástrofe que pudo y debió evitarse”, explica.

“Han pasado tres meses y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cómo es posible que una ciudad española, frontera sur de Europa, haya podido verse sometida a semejante situación sin que ninguno de sus responsables políticos haya asumido todavía una sola responsabilidad?”.

Para el dirigente de Vox, lo ocurrido el pasado 30 de julio no puede analizarse como un episodio aislado, sino como “la culminación de décadas de dejación de funciones, de renuncias políticas y de una irresponsable política de apaciguamiento frente a Marruecos”.

 La crisis previa de 2021 que de nada sirvió

Ya hubo una crisis previa, la de mayo de 2021. Pero, lamenta Vox, esa experiencia “no sirvió para adoptar medidas estructurales” que garanticen la seguridad.

“Cinco años después de aquella primera invasión, Ceuta seguía sin disponer de las infraestructuras fronterizas que necesitaba, sin unos espigones capaces de impedir las entradas masivas y sin una estrategia de prevención y respuesta a la altura de las amenazas que se cernían sobre nuestra ciudad. Y lo más grave es que quienes tenían la obligación de actuar conocían perfectamente nuestra vulnerabilidad”.

Vox apunta como “principal culpable” de todo esto al presidente Pedro Sánchez, aunque desliza críticas a Vivas por no haber impulsado “una respuesta eficaz a nuestras vulnerabilidades fronterizas”. Lo dice a pesar de conocer que la institución municipal no tiene competencias en la materia.

Redondo critica que Vivas sea presentado como “el gran defensor de Ceuta” cuando, mantiene, “sigue sin poder explicar por qué nuestra ciudad continúa expuesta a las mismas amenazas. No se puede premiar políticamente el fracaso ni transformar la incompetencia en heroicidad mediante propaganda”, denuncia.

El desgaste de la ciudadanía

La formación política expone también el “desgaste para la ciudad, sus vecinos, su actividad económica y los profesionales encargados de garantizar la seguridad” que ha supuesto la entrada masiva.

Redondo ha querido destacar especialmente el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas. “Si Ceuta no ha sufrido consecuencias todavía más graves, ha sido gracias al sacrificio, la profesionalidad y la entrega de nuestros policías, guardias civiles y militares, que han tenido que suplir sobre el terreno las carencias de quienes debían dirigir políticamente esta crisis”, indica.

"Ni una sola represalia contra quienes han cumplido con su deber"

En este sentido, el presidente de Vox ha advertido de que su formación no aceptará que los profesionales que han intervenido en los dispositivos de seguridad terminen pagando las consecuencias de las decisiones adoptadas por sus superiores políticos. “Ni una sola represalia contra quienes han cumplido con su deber. Quienes deben dar explicaciones no son nuestros agentes ni nuestros militares, sino los responsables políticos que han permitido llegar hasta aquí”.

Vox insiste en que la crisis de Ceuta debe abordarse fundamentalmente como una cuestión de soberanía, integridad territorial y seguridad nacional. “Durante tres meses han intentado convencernos de que estábamos ante un problema humanitario y asistencial, cuando lo que se ha puesto en cuestión es la capacidad del Estado para controlar sus propias fronteras y garantizar la seguridad de sus ciudadanos”.

Para el dirigente de Vox, la respuesta pasa por recuperar el control efectivo del territorio, reforzar de manera permanente la presencia policial y militar, acometer las infraestructuras de protección fronteriza pendientes y ejecutar las expulsiones que legalmente correspondan. “Ceuta no necesita más declaraciones de solidaridad ni más visitas institucionales. Necesita decisiones, autoridad, seguridad y un Gobierno dispuesto a defender cada metro cuadrado de territorio español”.

Responsabilidades políticas

Finalmente, Redondo ha denunciado la ausencia de responsabilidades políticas tras una crisis que, a su juicio, debería haber provocado una profunda revisión de la actuación de todas las administraciones implicadas.

“Lo verdaderamente escandaloso es que, tres meses después, quienes no supieron prevenir la invasión, quienes fueron incapaces de reaccionar durante sus primeras horas y quienes han demostrado su incompetencia durante su gestión continúan ocupando sus despachos como si nada hubiera sucedido”.

“Que nadie se equivoque. Los ceutíes no vamos a olvidar lo que ocurrió el 30 de julio, ni el miedo, ni la incertidumbre, ni el abandono que padecimos. No vamos a permitir que se pase página sin responsabilidades y, mucho menos, que quienes contribuyeron a este desastre pretendan presentarse ahora como nuestros salvadores”.

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Esta importante obra de ingeniería ha movilizado una inversión total pública y privada de 54.000 millones de dírhams, cifra que la Agencia EFE sitúa en unos 5.000 millones de euros.

El evento inaugural fue presidido por el príncipe heredero Mulay Hasán, actuando por altas instrucciones del rey Mohamed VI en la comuna de Iaâzzanène, ubicada en la provincia de Nador.

Así es Nador West Med: visión estratégica y datos oficiales

De acuerdo con la Agencia de Noticias MAP, el inicio de las operaciones en la terminal de contenedores responde a una prioridad nacional impulsada por el monarca marroquí para dotar al país de una infraestructura diversificada, altamente competitiva y de proyección internacional.

El desarrollo de este polo no solo persigue modernizar la capacidad portuaria del país, sino también consolidar un nuevo polo de crecimiento industrial y logístico capaz de atraer inversiones productivas y romper el aislamiento de la zona.

La agencia oficial MAP detalla que la recién inaugurada Terminal Este (Oriental) cuenta con 1.520 metros lineales de muelle, un calado de 18 metros y una superficie de 70 hectáreas de explanadas.

Con una inversión específica de 5.000 millones de dírhams, la concesión para su explotación y mantenimiento durante 25 años ha sido otorgada al consorcio formado por Marsa Maroc (cuarto operador africano) y Terminal Investment Limited, filial del gigante armador MSC. Se prevé que para el año 2030 esta terminal alcance una capacidad operativa de 3,5 millones de contenedores.

Asimismo, MAP informa sobre el plan de expansión del puerto, que incluye la Terminal Oeste (Occidental), con una capacidad de 1,8 millones de contenedores (TEU), 900 metros de muelle y 38 hectáreas de explanada.

Esta segunda infraestructura, concedida al grupo integrado por Marsa Maroc y CMA CGM (tercer armador mundial) por una inversión de 3.000 millones de dírhams, entrará en funcionamiento en abril de 2027. Con ambas terminales operativas, la capacidad global de contenedores del complejo alcanzará los 5,3 millones de unidades.

Elementos clave

En el ámbito del impacto socioeconómico y de conectividad, los informes de la Agencia MAP destacan los siguientes elementos clave:

• Generación de empleo: creación a corto plazo de 14.000 puestos de trabajo directos y 20.000 indirectos, orientados principalmente a la inserción profesional de los jóvenes.
• Parque industrial adyacente: desarrollo de una plataforma industrial y logística de 700 hectáreas, con la movilización de 12.000 millones de dírhams en inversión privada.
• Redes de transporte de conexión: construcción de un ramal ferroviario de 49 km entre Selouane y Nador West Med, sumado a una conexión por autopista de 105 km desde Guercif.
• Otras terminales especializadas: una terminal de mercancías diversas (3 millones de toneladas para diciembre de 2028), una de graneles (7 millones de toneladas para junio de 2027) y una terminal de carga rodada (ro-ro) para 400.000 unidades (entregada en septiembre de 2026).
• Polo energético: integración de una planta de gas natural licuado (GNL) con capacidad de 5.000 millones de metros cúbicos y una terminal de hidrocarburos de 25 millones de toneladas para abril de 2027.

Capacidad de contenedores

En cuanto al desarrollo de la capacidad de contenedores del complejo Nador West Med, este se articula a través de dos grandes infraestructuras complementarias —la Terminal Este (Oriental) y la Terminal Oeste (Occidental)— que en su conjunto permitirán alcanzar una capacidad total de 5,3 millones de contenedores.

• Terminal Este (Oriental): es la primera infraestructura del complejo en entrar en funcionamiento. Cuenta con 1.520 metros lineales de muelle, un calado de 18 metros y una superficie de 70 hectáreas de explanadas. La inversión ejecutada asciende a 5.000 millones de dírhams (equivalentes a unos 454 millones de euros según datos aportados por la Agencia EFE). La concesión para su explotación y mantenimiento durante 25 años ha sido adjudicada al consorcio compuesto por Marsa Maroc y Terminal Investment Limited (filial de MSC, primer armador mundial de contenedores). Se contempla que para el año 2030 esta terminal alcance su máxima capacidad operativa con 3,5 millones de contenedores.
• Terminal Oeste (Occidental): corresponde a la segunda fase de contenedores del proyecto, cuya entrada en servicio está prevista para abril de 2027. Dispondrá de 900 metros lineales de muelle y 38 hectáreas de explanadas. Su desarrollo movilizará una inversión de 3.000 millones de dírhams (alrededor de 272 millones de euros según EFE) y su explotación se ha concedido al grupo formado por Marsa Maroc y CMA CGM (tercer armador marítimo mundial). Una vez operativa, aportará una capacidad propia de 1,8 millones de contenedores (TEU).

Perspectiva internacional y el contexto regional

Por su parte, la Agencia EFE enmarca la puesta en marcha de Nador West Med dentro de un contexto geopolítico y comercial de gran calado para el Mediterráneo occidental, poniendo de relieve la proximidad geográfica a Melilla, analizando el puerto como una pieza fundamental de la competición logística y del comercio marítimo internacional.

La Agencia EFE complementa la información económica facilitando la conversión de las cifras financieras oficiales a la moneda europea:

• La inversión global del complejo de 54.000 millones de dírhams equivale a aproximadamente 5.000 millones de euros.
• La Terminal Oriental moviliza 5.000 millones de dírhams, lo que representa unos 454 millones de euros.
• La Terminal Occidental supone 3.000 millones de dírhams, equivalentes a 272 millones de euros.

Además, el reporte de EFE conecta el desarrollo de Nador West Med con la estrategia global de infraestructuras de Marruecos, citando la ampliación de Tánger Med, enclave portuario situado próximo a Ceuta.

Según EFE, el gobierno marroquí busca duplicar la capacidad de Tanger Med hasta alcanzar los 20 millones de contenedores anuales, lo que situaría a esta infraestructura entre los diez puertos más importantes del mundo. Como antecedente de este crecimiento, señala que Tanger Med registró en el año 2025 un tráfico de 11,1 millones de contenedores, lo que supuso un incremento del 8,4 % respecto al ejercicio anterior.

Así se integra Nador West Med en el eje estratégico marítimo

La articulación de Nador West Med no debe entenderse de manera aislada. La Agencia MAP subraya que este nuevo enclave portuario busca consolidar la complementariedad estratégica con el polo de Tanger Med.

De forma paralela, la visión estratégica proyecta extender este modelo logístico hacia la fachada atlántica mediante el megaproyecto Dajla Atlántico, orientado a reforzar la proyección africana de Marruecos y ofrecer a las naciones del Sahel una salida directa al comercio internacional.

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El marroquí A.N. formuló esa solicitud de protección internacional y se encontraba en uno de los recursos habilitados para inmigrantes en el puerto.

La Policía Nacional lo localizó paseando por Benítez y lo llevó hasta la frontera. Llevaba en su muñeca la pulsera que acredita que ya está filiado y registrado policialmente. También los papeles de la cita para registrar y formalizar su solicitud de protección que mostró a los agentes.

Ahora se encuentra en Casablanca, sin entender cómo ha terminado allí cuando todavía no ha podido realizar siquiera los trámites.

La cita con una obligación de comparecencia que no puede cumplir

En el documento policial que ha trasladado a este periódico se indica textualmente que tenía que comparecer ese 5 de diciembre y que, en el caso de no hacerlo sin aportar una causa justificada, “dejará de tener la condición de solicitante de protección internacional”, perdiendo cualquier derecho, también “el de permanencia” ya que “podrá ser devuelto a su país de origen”.

El problema es que no le han dado ni siquiera la oportunidad de cumplir con este trámite porque ya lo han devuelto a Marruecos.

Indica que lo entregaron por la puerta “al lado de la playa”, con más personas. Es decir, la del espigón.

"Tengo pruebas de que solicité el asilo"

“Tengo pruebas de que solicité asilo”, explica en una entrevista con este periódico, mostrando el documento que le entregó la Policía hace un par de semanas y que mostró a los agentes para que no lo devolvieran a su país. “Sin embargo, fui expulsado a la fuerza”, añade.

Ahora se encuentra en Casablanca. En su expediente para solicitar asilo incluyó motivos económicos y vulnerabilidad sanitaria. Su historia, de hecho, salió publicada en medios de Marruecos cuando su vivienda, como otras, quedó derrumbada.

Este barbero cruzó a Ceuta unos días antes de la entrada masiva. Ahora estaba viviendo en las carpas del puerto a la espera de que sus trámites se resolvieran.

Cómo lo detuvieron

“Había salido temprano a dar un paseo hacia la playa Benítez cuando, pasadas las once de la mañana, me detuvieron. Me dijeron que necesitaban comprobar mis huellas dactilares. Me llevaron al Tarajal y me devolvieron a Marruecos; aunque les mostré mi expediente, no quisieron escuchar”, explica sobre su detención.

“Les supliqué, pero nada. Estoy destrozado por dentro y no sé qué hacer”, añade. En su historial no aparece ninguna vinculación con hechos delictivos que hubieran forzado una expulsión judicial.

Le entregaron teniendo cita para asilo el día 5 de diciembre, sin que su expediente hubiera terminado.

Alejado en autobuses hacia el sur

Cuando llegó a Marruecos, la Policía del vecino país llevó a todos los inmigrantes entregados en autobuses hasta Fquih Ben Salah.

“Salimos a las 17:00 horas y llegamos a las 23:00. Al no tener dinero para regresar a mi ciudad, dormí cerca de la estación hasta la mañana siguiente. Luego me encontré con una mujer mayor que me ayudó a obtener un permiso de viaje, gracias a lo cual pude volver a casa”, explica.

Sus circunstancias para pedir asilo no son meramente económicas, también alude a una situación de vulnerabilidad.

Denuncias de oenegés

Esta misma semana, las oenegés Elín y la Coordinadora de Barrios para el Seguimiento de Menores y Jóvenes han denunciado redadas policiales en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta y la devolución a Marruecos de inmigrantes que, según afirman, tenían recursos pendientes y medidas cautelares en vigor.

Las entidades han constatado el caso de dos ciudadanos yemeníes, uno de ellos identificado como Yaseen S. A. Según la abogada que lleva su caso, ambos fueron trasladados por la fuerza a Youssoufia, a más de 230 kilómetros al sur de Casablanca, despojados de su dinero y pertenencias y detenidos por la Policía marroquí por estancia irregular.

Las entidades afirman que la letrada y otros abogados de la Coordinadora de Barrios advirtieron por escrito a la Jefatura Superior de Policía de Ceuta y al CETI de que no debían ser devueltos porque el plazo para recurrir seguía abierto y se había presentado un recurso. También señalan que la denegación de protección contaba con el criterio contrario de ACNUR.

La diferencia de esas denuncias y este caso en concreto es que a A.N. ni siquiera ha podido acudir a la cita dada por la Policía para los trámites de asilo. Es decir, a él no se le ha denegado, lo pidió, pero ni siquiera se ha tramitado.

Interior mantiene que todas las devoluciones se están haciendo tras estar denegado el asilo, pero en este caso, ni siquiera se ha esperado a ello.

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A la hilera de políticos, policías, guardias civiles e incluso marroquíes con cierta sospecha sobre su papel real en la invasión, se irán sumando más declaraciones en los próximos días. En breve se conocerá a quién o quienes llama Tardón a su despacho.

Quedan pesos pesados: desde el exdelegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, hasta el número 1 en Interior, el ministro Fernando Grande-Marlaska.

En las últimas declaraciones conocidas se ha apuntado claramente hacia ese ministerio, hacia sus dirigentes por el conocimiento que tuvieron de lo que estaba pasando en Ceuta días antes de esa entrada masiva.

Hubo llamadas a Madrid. Y no solo porque el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, lo manifestara. También lo ha hecho el propio Gonzalo Sanz hasta el punto de confesar que parece que esos toques de atención estaban molestando en unos ministerios que debían estar de vacaciones porque no reaccionaron.

Agentes "dinamizadores" marroquíes

No lo hicieron hasta que ya era demasiado tarde. Tardón conoce de momento las declaraciones de los escalafones más bajos.

Quedan más, también faltan conocer informes del CNI que ayuden a entender qué información se compartía con Marruecos, toda vez que se ha constatado la existencia de hasta 24 agentes “dinamizadores” que estuvieron en el vecino país guiando a los miles y miles de inmigrantes que entraban sin traba alguna.

El CENIF recoge su presencia en vídeos y fotos que demuestran que nada se hizo por garantizar el blindaje de la frontera.

No se ha llegado siquiera a abrir el melón de este grave asunto. Tres meses después de la entrada masiva, hay demasiadas incógnitas por esclarecer.

El plan del ejército que nunca se activó

Una, muy grave, la constatación de que la Comandancia General disponía de un operativo ya preparado para este tipo de contingencias y actualizado tan solo 15 días antes de la invasión.

Con recibir una orden, el Ejército se hubiera activado al momento para intervenir porque nadie les tiene que explicar qué hacer.

Sus agentes conocen el protocolo y estaban preparados para ello. El mismo día 30, cuando las entradas iban a más y se temía lo peor, el Ejército solo esperaba la orden para desplegarse y actuar.

Había un plan de contingencia defensivo que contemplaba una respuesta coordinada de las unidades de la Comandancia General de Ceuta para contener incidentes asimétricos o de «zona gris». No se autorizó su aplicación.

La orden de acudir a la frontera no se recibió hasta la tarde de ese 30 de julio, pero además la recibió mermada. Solo se desplegaron, no actuaron. Los vehículos parados frente al espigón con soldados que veían la entrada de miles y miles de personas sin capacidad de intervención. Así se les tuvo.

La tropa estuvo acuartelada durante todo el día, pero se impidió que se desplazaran a la frontera hasta la tarde. La imagen nada tuvo que ver con la de la crisis de mayo, la de 2021. No solo eso. Se impidió al Ejército intervenir y se permitió que ni Policía ni Guardia Civil estuvieran coordinados.

Descoordinación de Interior

Esta semana quedó plenamente constatado con las declaraciones del teniente coronel Lobo y el inspector jefe de la Policía, Fages. No hubo coordinación alguna, cada uno obró como pensó que debía. Lo más grave es que la Policía tiene un protocolo que se realizó en 2021 tras la primera gran crisis, no se puso en práctica.

No hubo efectivos suficientes, tampoco coordinación. No hubo nada. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, faltó a la verdad al narrar una escena completamente distinta a la que se deduce de las manifestaciones ofrecidas ante la jueza Tardón por ambos mandos.

Tres meses después

Miles de inmigrantes permanecen en Ceuta y no se ha producido ninguna devolución por vía administrativa.

Además, tampoco “se ha repatriado a ningún menor. Es algo que nosotros venimos exigiendo y solicitando tanto al Gobierno como a la Delegación. Se han iniciado Informes de Situación del Menor para el proceso de repatriación en 73 casos y no nos consta ninguna respuesta por parte del Reino de Marruecos”, explicó la Ciudad.

Marruecos difundía esta semana una información que apuntaba a repatriaciones que no se han llevado a cabo. Es falso.

A día de hoy hay 3.626 menores bajo tutela de la Ciudad, “lo que supone una sobreocupación del 12.400% y 125 veces la capacidad ordinaria, que se cifra en 29”.

Para hacer frente a esto, la Ciudad tiene activados un total de 22 recursos. Tres de ellos son estructurales, siete estaban en la desescalada de crisis anteriores y doce se han creado desde el 1 de agosto.

En cuanto al total de inmigrantes que permanecen a 31 de octubre en la ciudad, desde la Ciudad informan que hay un total de 7.500 personas alojadas en los diferentes campamentos instalados por el Gobierno.

Datos sobre inmigrantes

A esto hay que sumarle que “estimamos ahora mismo que en torno a unos 3.000 o 4.000 puedan ser los que queden todavía fuera de estar en algún alojamiento de los que ha creado el Gobierno. De menores no sabría decir las cifras. En torno a 400, 500 nos dicen que podría haber todavía en las calles”, informó la Ciudad.

“Es algo que sorprende todavía, que cumplidos tres meses desde que se produjo la entrada, aún los ciudadanos no sepamos cuántas personas quedan en la ciudad sin estar, por lo menos, con un cierto control”, lamentan.

Tan solo conocen las “cifras de devoluciones voluntarias, que sigue estando en unos 13.215, y las expulsiones porque alguno haya cometido algún tipo de delito, que estaba ya en 608”.

Sin embargo, “en cuanto a procedimientos ordinarios de devolución siguen dando una cifra que ahora mismo es de cero”.

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Tal y como han señalado desde el Gobierno de la Ciudad son miles de inmigrantes los que aún permanecen en la ciudad, muchos de ellos en las calles, y no se ha producido ninguna devolución por vía administrativa.

Además, tampoco “se ha repatriado a ningún menor. Es algo que nosotros venimos exigiendo y solicitando tanto al Gobierno como a la Delegación. Se han iniciado Informes de Situación del Menor para el proceso de repatriación en 73 casos y no nos consta ninguna respuesta por parte del Reino de Marruecos”.

Los menores acogidos por la Ciudad

Como consecuencia de esto, ha anunciado el consejero Alberto Gaitán, las cifras de menores acogidos en los diferentes recursos de la Ciudad siguen aumentando.

A día de hoy estamos con un total de 3.626 menores, “lo que supone una sobreocupación del 12.400% y 125 veces la capacidad ordinaria, que se cifra en 29”.

Para hacer frente a esto, la Ciudad tiene activados un total de 22 recursos. Tres de ellos son estructurales, siete estaban en la desescalada de crisis anteriores y doce se han creado desde el 1 de agosto.

En definitiva, “una situación que no se puede soportar, por eso nos quedamos perplejos cuando desde el Gobierno se dice que esto se le pregunte a Vivas”.

¿Cuántos inmigrantes quedan en la ciudad?

En cuanto al total de inmigrantes que permanecen a 31 de octubre en la ciudad, desde la Ciudad informan que hay un total de 7.500 personas alojadas en los diferentes campamentos instalados por el Gobierno.

A esto hay que sumarle que “estimamos ahora mismo que en torno a unos 3.000 o 4.000 puedan ser los que queden todavía fuera de estar en algún alojamiento de los que ha creado el Gobierno. De menores no sabría decir las cifras. En torno a 400, 500 nos dicen que podría haber todavía en las calles”, informan los consejeros Gaitán y Ramírez.

“Es algo que sorprende todavía, que cumplido ayer tres meses desde que se produjo la entrada, aún los ciudadanos no sepamos cuántas personas quedan en la ciudad sin estar, por lo menos, con un cierto control”, lamentan.

Devoluciones por vía administrativa

Al preguntarle si en este tiempo se ha producido ya alguna devolución de inmigrantes por vía administrativa desde la Ciudad aseguran que “no nos consta”.

Tan solo conocen las “cifras de devoluciones voluntarias, que sigue estando en unos 13.215, y las expulsiones porque alguno haya cometido algún tipo de delito, que estaba ya en 608”.

Sin embargo, “en cuanto a procedimientos ordinarios de devolución siguen dando una cifra que ahora mismo es de cero”.

 El fin de la declaración de situación excepcional

Por otro lado, cabe destacar que el 31 de diciembre sería el punto y final de la declaración de situación excepcional en Ceuta. Sin embargo, desde el Gobierno local creen “que se va a tener que prorrogar”.

Como han lamentado, “solo hay que centrarse en los datos que nos están ofreciendo y en los trabajos que están realizando para la devolución de estas personas. Como volvemos a insistir, la principal causa que permita volver a la normalidad que tenía esta ciudad y volver a tener su situación estable es que se produzcan las devoluciones de todas las personas que entraron irregularmente, incluidos, hay que decirlo, también los menores no acompañados”.

“Y visto que después de tres meses la cifra de devoluciones por procedimientos ordinarios es de cero, nos hace mucho dudar de que se vayan a producir más de quince mil devoluciones en prácticamente un mes y medio o mes aproximadamente que quedan”, lamentado Alejandro Ramírez.

En esa línea, Alberto Gaitán ha añadido que “cuando se le ha pedido reiteradamente que se nos digan plazos, una cronología de cuándo vamos a volver a la normalidad, nunca hay respuesta por parte del Gobierno de la Nación”.

Sensación de vacío y un cambio esperado

Ante todo esto, desde el Gobierno han expresado que “la sensación de vacío la tenemos ya desde hace bastante tiempo. Es decir, aquí hemos visto como a partir del tercer día de que se produjo la entrada el Gobierno cambia de decisión. Aquí se hicieron devoluciones los primeros tres días y deciden cambiar radicalmente de actuación y declararlo como una crisis migratoria”.

Por este motivo, esperan “que haya un cambio importante a finales de noviembre. Ceuta, además, lo necesita, porque la situación que tenemos ahora mismo no ha cambiado ni un ápice desde que el Gobierno decidió tramitar todo esto de manera ordinaria y sin los medios suficientes”.

“Y, como digo, la situación de vacío creo que la tenemos todos los ceutíes desde el primer momento y esperemos que haya un cambio a finales de noviembre”, ha sentenciado Alejandro Ramírez.

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